219.723 euros por la muerte de una joven tras omitir un TAC urgente

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha reconocido una indemnización de 219.723,74 euros a la familia de una joven de 24 años que falleció el 14 de agosto de 2025 tras sufrir una trombosis venosa cerebral que no fue diagnosticada a tiempo. La Administración sanitaria ha reconocido que la asistencia recibida no se ajustó a la práctica médica adecuada, después de que la paciente acudiera repetidamente a los servicios sanitarios por fuertes dolores de cabeza y vómitos persistentes.

Uno de los aspectos más graves del caso ocurrió cuando los propios facultativos solicitaron un TAC craneal urgente que nunca llegó a realizarse. Pese a la indicación de esa prueba, la joven regresó a su domicilio. Al día siguiente fue encontrada en el suelo, desorientada, y tuvo que ser ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

La resolución administrativa, fechada el 14 de octubre de 2026 y conocida este lunes 26, estima íntegramente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la familia. Los informes incorporados al expediente identifican deficiencias en la atención prestada tanto en el centro de salud de Suances como en el Hospital de Sierrallana, en Torrelavega.

La indemnización supone el reconocimiento de una asistencia sanitaria inadecuada, aunque no satisface todas las reclamaciones de los familiares. Los padres de la joven quieren saber por qué no se detectó antes la enfermedad, qué ocurrió con la prueba diagnóstica solicitada y qué responsabilidades deben asumirse.

Diez días de consultas médicas sin detectar la trombosis

Los antecedentes del caso se remontan al 20 de julio de 2025. La joven comenzó a acudir a los servicios sanitarios aquejada de cefaleas intensas, vómitos persistentes y un empeoramiento progresivo de su estado general.

Entre el 20 y el 30 de julio acudió hasta en cuatro ocasiones al centro de salud de Suances y otras tres al Hospital de Sierrallana. Sin embargo, las sucesivas consultas no permitieron identificar la trombosis venosa cerebral que estaba desarrollando.

En una de las primeras visitas a las urgencias hospitalarias, la impresión diagnóstica fue de gastroenteritis. La paciente recibió tratamiento para aliviar los síntomas, recomendaciones farmacológicas y seguimiento por su médico de Atención Primaria.

El problema es que los síntomas persistieron. La joven volvió a solicitar asistencia, pero las sucesivas valoraciones no condujeron a un diagnóstico que explicara el origen de los dolores de cabeza y los vómitos.

Según la documentación del expediente, su estado se fue deteriorando mientras recibía tratamientos sintomáticos y nuevas altas médicas.

La repetición de las consultas, unida a la intensidad y persistencia del dolor, constituye uno de los elementos fundamentales de la reclamación familiar. No se trataba de una única visita en la que resultó difícil identificar una enfermedad poco frecuente, sino de varias oportunidades de valoración clínica durante las cuales los síntomas continuaron empeorando.

El TAC urgente solicitado el 29 de julio que nunca se realizó

El episodio más controvertido tuvo lugar durante la madrugada del 29 de julio de 2025. Ante el cuadro clínico que presentaba la paciente, los servicios de urgencias solicitaron una tomografía axial computarizada (TAC) craneal urgente.

La prueba debía permitir estudiar posibles alteraciones intracraneales y orientar las siguientes decisiones médicas. Sin embargo, el TAC no llegó a practicarse y la joven volvió a ser enviada a casa.

La familia considera especialmente grave esta circunstancia: no solo habían acudido reiteradamente al sistema sanitario sin obtener un diagnóstico adecuado, sino que una prueba considerada urgente por los propios profesionales quedó sin realizar.

El 30 de julio, la paciente fue encontrada en el suelo de su vivienda, desorientada. Su situación había empeorado de manera crítica.

Fue trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde se confirmó una trombosis cerebral masiva. Permaneció ingresada durante aproximadamente dos semanas, con un cuadro de extrema gravedad y diversas complicaciones.

Finalmente, falleció el 14 de agosto de 2025, a los 24 años.

Los familiares sostienen que el retraso diagnóstico impidió comenzar a tiempo el tratamiento anticoagulante, favoreciendo la aparición de complicaciones que terminaron provocando su muerte.

El Servicio Cántabro de Salud reconoce una atención inadecuada

La resolución del SCS constituye el principal elemento administrativo de este caso. La Administración ha aceptado íntegramente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los familiares.

Los informes médicos incorporados al procedimiento concluyen que la asistencia dispensada en Suances y en Sierrallana no se prestó en el tiempo ni de la forma adecuados y que tampoco se ajustó a la práctica clínica habitual ni a los protocolos vigentes.

En términos jurídicos y sanitarios, la resolución reconoce que la actuación no respetó la denominada lex artis, es decir, los criterios profesionales exigibles conforme a los conocimientos médicos y las circunstancias de cada paciente.

Los informes también identificaron indicios de retraso diagnóstico en la valoración inicial que pudieron condicionar una demora en la administración del tratamiento indicado.

Esta precisión resulta importante. La documentación establece deficiencias asistenciales y una posible influencia de la demora terapéutica en la evolución de la enfermedad. No equivale, por sí sola, a demostrar que una actuación diferente habría garantizado la supervivencia de la paciente.

Otro aspecto señalado por los especialistas fue la necesidad de considerar los antecedentes de consumo de anticonceptivos orales, que debieron valorarse como un factor de riesgo en presencia de los síntomas descritos.

La resolución supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. No debe confundirse con una condena penal contra profesionales concretos, que exigiría un procedimiento y una valoración jurídica diferentes.

Cómo se reparten los 219.723 euros de indemnización

La compensación económica reconocida por el Servicio Cántabro de Salud asciende exactamente a 219.723,74 euros, distribuidos entre los tres familiares incluidos en la resolución.

Cada uno de los padres recibirá 89.413,59 euros, mientras que la hermana de la fallecida percibirá 40.896,56 euros.

La cantidad responde a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la familia y estimada íntegramente por el SCS.

Este mecanismo permite exigir una reparación económica a la Administración cuando concurren los requisitos legales para atribuirle un daño causado por el funcionamiento de un servicio público.

En este caso, el reconocimiento económico llega más de un año después del fallecimiento. Para los familiares, sin embargo, la cuestión no se limita a la cuantía concedida: consideran necesario conocer cómo se produjeron los fallos asistenciales y evitar que se repitan.

Qué es una trombosis venosa cerebral y cuáles son sus síntomas

La trombosis venosa cerebral es una enfermedad poco frecuente que aparece cuando se forma un coágulo sanguíneo en las venas o los senos venosos encargados de drenar la sangre del cerebro.

La obstrucción dificulta la circulación venosa, puede aumentar la presión intracraneal y, en los casos más graves, provocar lesiones cerebrales, hemorragias y alteraciones neurológicas potencialmente mortales.

A diferencia de otros tipos de ictus, sus manifestaciones pueden desarrollarse progresivamente durante varios días. Esto complica el diagnóstico inicial, especialmente cuando los primeros síntomas son relativamente habituales en otras enfermedades.

El dolor de cabeza es su manifestación más frecuente. Puede acompañarse de náuseas, vómitos, problemas visuales, convulsiones, alteraciones de la conciencia o déficits neurológicos.

La persistencia de una cefalea intensa que no mejora con el tratamiento habitual, especialmente cuando aparece acompañada de vómitos o un empeoramiento progresivo, exige una valoración médica cuidadosa.

No significa que cualquier dolor de cabeza sea indicativo de una trombosis cerebral. Se trata de una enfermedad infrecuente. Lo relevante es identificar las señales de alarma y considerar los antecedentes clínicos que puedan aumentar la sospecha.

Entre los factores de riesgo conocidos figuran determinados trastornos de coagulación, el embarazo, el puerperio y el uso de anticonceptivos hormonales que contienen estrógenos.

Estos factores no implican que todas las personas que utilizan anticonceptivos estén expuestas a un riesgo elevado ni permiten establecer, sin un estudio individual, cuál fue la causa concreta de una trombosis.

Cuando existe sospecha clínica, las pruebas de imagen cerebral resultan fundamentales. La tomografía computarizada y la resonancia magnética, especialmente combinadas con estudios de las venas cerebrales, permiten confirmar o descartar la obstrucción.

El tratamiento suele incluir anticoagulantes para impedir la progresión del coágulo, además de las medidas necesarias para controlar las complicaciones.

Por eso el momento del diagnóstico es importante. La detección precoz permite iniciar antes el tratamiento adecuado, aunque el pronóstico depende de la gravedad y las características de cada caso.

La familia reclama responsabilidades más allá de la indemnización

Tras conocerse la resolución, los padres de la joven, Montserrat y Jesús, han expresado su indignación por la sucesión de consultas médicas y la falta de un diagnóstico oportuno.

Su reclamación se centra especialmente en las altas hospitalarias recibidas durante aquellos días y en la ausencia de la prueba urgente que había sido solicitada.

El abogado de la familia, Eduardo Curiel, que ha intervenido en el procedimiento a través de la Asociación El Defensor del Paciente, considera especialmente preocupante que una exploración diagnóstica indicada por urgencias no se llegara a realizar.

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, también ha reclamado una investigación rigurosa de lo sucedido y la adopción de medidas para evitar nuevos casos similares.

La organización sostiene que una indemnización económica no debería sustituir la investigación de los errores asistenciales ni impedir que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La decisión del Servicio Cántabro de Salud pone fin a la reclamación administrativa mediante el reconocimiento de la compensación solicitada, pero no despeja públicamente todos los interrogantes sobre las circunstancias en las que se atendió a la paciente.

Queda por esclarecer, entre otras cuestiones, por qué no se practicó el TAC urgente y qué falló en la sucesión de valoraciones médicas realizadas durante los días anteriores al ingreso definitivo.

La familia ha conseguido que la Administración reconozca que la atención sanitaria no fue adecuada. Ahora reclama algo diferente: explicaciones sobre las decisiones médicas que se tomaron mientras la joven acudía una y otra vez a los servicios sanitarios.

El caso de Cantabria deja un hecho especialmente relevante: hubo siete consultas sanitarias, una prueba urgente solicitada que no se realizó y una trombosis cerebral grave que acabó diagnosticándose cuando la paciente ya se encontraba en estado crítico. La indemnización reconoce el daño, pero los familiares insisten en que todavía deben aclararse las circunstancias que permitieron llegar a ese desenlace.