Julio Martínez admite que pagó a las hijas de Zapatero sin encargos

El empresario Julio Martínez Martínez, conocido como ‘Julito’ y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, ha reconocido ante la Audiencia Nacional que continuó pagando a la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero cuando esta había dejado de prestar servicios a su consultora. Su declaración también señala al expresidente del Gobierno como una figura decisiva en la captación de clientes, los negocios en Venezuela y las gestiones relacionadas con el rescate público de la aerolínea.

El testimonio, prestado el pasado 21 de julio ante el juez José Luis Calama y cuya transcripción se ha conocido con mayor detalle durante octubre, aporta información sobre el funcionamiento de Análisis Relevante, la sociedad administrada por Martínez. El empresario sostuvo que Zapatero tenía una amplia red de relaciones políticas y empresariales que resultaba especialmente atractiva para sus clientes. También reconoció que la aerolínea Plus Ultra abonó aproximadamente 530.000 euros por las gestiones relacionadas con la obtención de financiación pública.

La frase más llamativa del interrogatorio llegó cuando Martínez intentó explicar el valor comercial de los contactos del antiguo presidente socialista: «¡Joder! Es que ha sido presidente del Gobierno y tiene grandes contactos en todos los sitios».

La declaración, recogida en una extensa transcripción judicial de la que se han difundido nuevos detalles, refuerza las sospechas de los investigadores sobre una posible estructura empresarial dedicada a rentabilizar la influencia del expresidente. Sin embargo, el testimonio también presenta importantes lagunas: Martínez reconoció que desconoce qué gestiones concretas habría realizado Zapatero ante las instituciones responsables del rescate.

Los pagos a las hijas de Zapatero que cuestiona el juez

Uno de los momentos más comprometidos del interrogatorio estuvo relacionado con Whathefav, la empresa de comunicación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente.

Martínez explicó que su consultora contrató inicialmente a esta sociedad para realizar trabajos de maquetación, presentación y distribución de informes. Según su versión, los servicios se prestaron correctamente durante la primera etapa de la relación comercial.

La situación cambió en 2022. El empresario admitió que dejó de haber encargos efectivos, pero los pagos continuaron mediante una iguala de aproximadamente 3.000 euros mensuales.

Martínez justificó el mantenimiento de esos abonos por la existencia del acuerdo y por tratarse de las hijas de Zapatero. El magistrado Calama no quedó convencido.

Las facturas y los servicios que investiga la Audiencia Nacional

El juez manifestó abiertamente sus dudas sobre las explicaciones recibidas y anunció que examinaría exhaustivamente las operaciones entre ambas sociedades para determinar si las facturas respondían a servicios reales.

La investigación no cuestiona únicamente que se mantuvieran unas cuotas sin nuevos encargos. También trata de establecer si determinadas operaciones comerciales pudieron utilizarse para canalizar dinero hacia el entorno familiar del expresidente.

Conviene distinguir ambas cuestiones. La existencia de un contrato de servicios con una cuota fija no constituye por sí misma una irregularidad penal. Lo relevante es determinar si existía una contraprestación legítima y cuál era el verdadero motivo de los pagos.

La agenda de Zapatero y los negocios en Venezuela

Julio Martínez describió al antiguo jefe del Ejecutivo como la persona que aportaba buena parte del valor comercial a Análisis Relevante.

Según declaró, era Zapatero quien facilitaba contactos y ayudaba a identificar posibles clientes, mientras él se ocupaba de materializar las relaciones comerciales y administrar la sociedad.

La investigación examina hasta qué punto esa actividad correspondía a una consultoría empresarial legítima o podía esconder un negocio basado en el tráfico de influencias.

Venezuela ocupa un lugar destacado en las pesquisas.

Martínez reconoció que su relación con las autoridades venezolanas dependía en buena medida de la posición y los contactos del expresidente. En particular, explicó que Zapatero le había presentado a Delcy Rodríguez, una figura fundamental para acceder a responsables de la Administración venezolana.

El empresario sostuvo que realizó gestiones comerciales relacionadas con sectores como la energía y el transporte de minerales. También aseguró que algunas operaciones las desarrolló por su cuenta, sin intervención directa de Zapatero.

Durante el interrogatorio, reconoció asimismo que había viajado varias veces a Venezuela con el expresidente y que, en determinadas ocasiones, transmitió peticiones políticas relacionadas con presos.

La cuestión judicial es relevante: una relación privilegiada con dirigentes extranjeros puede facilitar negocios perfectamente legales. Lo que se investiga es si esas relaciones se emplearon de manera ilícita para conseguir beneficios económicos o influir indebidamente en decisiones administrativas.

Plus Ultra: un rescate de 53 millones y una comisión del 1 %

La parte más delicada del caso afecta al préstamo público de 53 millones de euros concedido en 2021 a Plus Ultra, durante la pandemia.

Martínez declaró que el expresidente tuvo un papel relevante en la relación de la aerolínea con su consultora. Según su testimonio, Zapatero le transmitía orientaciones y estaba informado de las necesidades financieras de la compañía.

El empresario también confirmó que se había pactado una retribución equivalente al 1 % de la financiación conseguida, aproximadamente 530.000 euros.

De acuerdo con su declaración, esa cantidad se abonó en distintos plazos y mediante varias empresas. Martínez atribuyó al expresidente la recomendación de distribuir los cobros y aplazarlos ante la atención mediática que había despertado el rescate.

Uno de los extremos que más interesan a los investigadores es que Martínez aseguró haber conocido anticipadamente que Plus Ultra recibiría la financiación. Según su versión, fue Zapatero quien le trasladó esa información antes de la aprobación formal del préstamo.

Pero hay una diferencia importante entre lo que Martínez afirma y lo que está acreditado.

El empresario sostuvo que desconoce con quién habló Zapatero, si realizó alguna gestión ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y qué intervención concreta pudo tener en la decisión.

Esa falta de precisión provocó reiteradas preguntas del juez y de la Fiscalía Anticorrupción. No basta con atribuir una operación al prestigio o los contactos de un antiguo presidente: para establecer responsabilidades penales es necesario probar actuaciones concretas y su eventual carácter delictivo.

Zapatero niega haber intervenido en la concesión de la ayuda

José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado las acusaciones relacionadas con una supuesta intervención irregular en el rescate de Plus Ultra.

El expresidente sostiene que no habló con responsables del Gobierno ni de la SEPI para conseguir la aprobación de la financiación pública.

Sí ha reconocido haber facilitado un contacto con el Banco Santander cuando los responsables de la aerolínea buscaban alternativas para financiarse. Según su explicación, aquella gestión no tuvo relación con la posterior decisión administrativa de conceder el préstamo estatal.

También defiende que su actividad en Análisis Relevante consistía en prestar servicios de consultoría y que las cantidades percibidas respondían a trabajos profesionales.

En cuanto a sus hijas, ha sostenido que realizaron servicios efectivos y ha negado que su empresa funcionara como una sociedad instrumental destinada a recibir dinero por operaciones realizadas por él.

Estas explicaciones contrastan con distintos elementos recogidos en la investigación y con las declaraciones de Martínez, pero las sospechas judiciales no equivalen a hechos probados.

Las hijas de Zapatero declararán como investigadas en noviembre

La investigación también ha alcanzado directamente a Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

El juez Calama las ha citado para declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre de 2026, por su vinculación con Whathefav y las operaciones económicas examinadas en el procedimiento.

La sociedad recibió pagos de Análisis Relevante y de Inteligencia Prospectiva, otra empresa relacionada con personas del entorno empresarial venezolano.

Entre las cantidades investigadas figuran 239.755 euros procedentes de Análisis Relevante y otros 561.440 euros abonados por Inteligencia Prospectiva. La Justicia trata de determinar qué trabajos justificaban esos ingresos y si las operaciones económicas fueron auténticas.

Martínez también explicó ante el juez un pago de unos 21.000 euros vinculado al diseño de una marca de aceite para un proyecto empresarial que finalmente no prosperó como estaba previsto.

Estas operaciones son relevantes porque permiten analizar la actividad de Whathefav más allá de las cuotas mensuales. La existencia de servicios concretos podría justificar parte de la facturación, mientras que los pagos mantenidos sin actividad efectiva requieren aclaraciones adicionales.

La condición de investigadas permite a las hijas del expresidente ejercer sus derechos de defensa y no supone una declaración de culpabilidad.

La investigación busca pruebas sobre el verdadero papel de Zapatero

La declaración de Julio Martínez ha colocado bajo un escrutinio judicial más intenso las relaciones empresariales del expresidente, pero no resuelve por sí sola las principales incógnitas.

Los investigadores deben determinar si los pagos correspondían a servicios profesionales legítimos, si determinadas sociedades sirvieron para ocultar el destino de fondos y si existió alguna intervención irregular en la concesión del rescate de Plus Ultra.

La transcripción del interrogatorio ofrece un retrato especialmente significativo: un empresario que reconoce la importancia económica de su relación con un antiguo presidente, pero que no consigue concretar determinadas operaciones cuando el magistrado le exige explicaciones.

La influencia política no constituye automáticamente un delito, ni tampoco la actividad profesional de un expresidente. El problema aparece cuando esa influencia pudiera utilizarse indebidamente para obtener decisiones públicas favorables a cambio de contraprestaciones económicas.

Y ahí reside el núcleo del caso Plus Ultra: averiguar qué se hizo realmente a cambio del dinero.

Las próximas declaraciones, el análisis de los movimientos bancarios y la documentación contractual tendrán que aclarar hasta dónde llegó la intervención de Zapatero y qué responsabilidad, si la hubiera, corresponde a cada uno de los investigados.