Los Mossos pedirán permiso judicial para rastrear Blocus en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra pedirán autorización judicial para identificar a los responsables de Blocus, la plataforma anónima que convocó a través de las redes sociales la protesta del sábado 24 de octubre en Barcelona, que terminó con violentos disturbios, saqueos en una treintena de comercios y 130 detenidos. La investigación pretende descubrir quién organizó la convocatoria y cómo consiguió movilizar a cientos de jóvenes mediante TikTok, Telegram y WhatsApp.

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado este lunes, 26 de octubre, que la policía catalana solicitará la colaboración de las plataformas digitales para localizar a los autores de los mensajes y conseguir el cierre de los grupos utilizados para incitar a la violencia. El caso ha adquirido también una dimensión política a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición.

La investigación se centra en una movilización que inicialmente apelaba a mejorar las condiciones de los institutos, siguiendo el ejemplo de las protestas estudiantiles francesas. Sin embargo, aquella reivindicación acabó completamente desdibujada entre escaparates destrozados, robos y enfrentamientos con los agentes.

Parlon considera que los participantes más violentos no pretendían defender ninguna causa educativa. Su objetivo, según la consellera, era provocar desórdenes públicos, generar inseguridad y aprovechar el caos para cometer delitos. Una interpretación policial que no resuelve todavía la principal incógnita: quién estaba detrás de la convocatoria.

Blocus: de TikTok a los grupos de Telegram y WhatsApp

La convocatoria comenzó a circular durante la semana pasada a través de perfiles anónimos de TikTok que utilizaban el nombre de Blocus. Sus mensajes animaban a reproducir en ciudades españolas las movilizaciones estudiantiles francesas, especialmente las relacionadas con la mejora de las instalaciones educativas y la falta de recursos.

Los llamamientos incluían referencias a la calidad de la enseñanza y a la necesidad de contar con profesorado suficiente. Pero también proporcionaban códigos QR para acceder a grupos de Telegram y WhatsApp donde se difundían instrucciones para acudir vestidos de negro, ocultar el rostro y llevar material pirotécnico.

La policía intenta reconstruir esa cadena de difusión, desde las primeras publicaciones hasta los mensajes que pudieron facilitar la organización de los disturbios.

La consellera ha explicado que los promotores utilizaron identidades ocultas para distribuir instrucciones masivas. Los investigadores quieren averiguar quién administraba las cuentas, quién enviaba los mensajes y si existía algún grado de coordinación entre los distintos grupos.

Algunas de las cuentas de TikTok vinculadas a Blocus fueron eliminadas después de los incidentes, aunque eso no significa que haya desaparecido toda posibilidad de reconstruir su actividad. Los Mossos trabajan con las evidencias recopiladas y pretenden solicitar los datos necesarios a las plataformas mediante los procedimientos legales correspondientes.

La diferencia importa: rastrear publicaciones públicas no equivale a acceder a información privada de los usuarios. Para determinadas diligencias de identificación, la policía necesita autorización judicial. Y esa autorización, según lo anunciado este lunes, todavía debe solicitarse.

Los disturbios dejan 130 detenidos y una treintena de comercios afectados

El último balance de los Mossos eleva a 130 el número de detenidos, de los cuales 76 son menores de edad y 54 adultos. Entre los arrestados hay 123 hombres y siete mujeres. La mayoría no tenía antecedentes penales, según la información policial.

Los incidentes se concentraron en el centro de Barcelona, especialmente en las inmediaciones de la plaza de Catalunya y las principales calles comerciales. Varios grupos protagonizaron enfrentamientos con los agentes, destrozaron mobiliario urbano y atacaron establecimientos.

Una treintena de comercios sufrió daños o saqueos. Los investigadores han constituido un equipo conjunto de investigación encargado de analizar imágenes, grabaciones y otras pruebas para identificar a los responsables de los destrozos. La consellera no descarta nuevas detenciones conforme avance el examen del material recopilado.

La comisaria jefa de los Mossos, Silvi Catà, reconoció el domingo que la intensidad de los incidentes sorprendió a la policía. También explicó que entre los participantes había adolescentes menores de 14 años, que no pueden ser considerados penalmente responsables conforme a la legislación española.

La Fiscalía pide el internamiento de seis menores

La respuesta judicial ha comenzado con medidas especialmente dirigidas a evitar nuevos episodios de violencia.

La Fiscalía de Menores ha solicitado seis medidas de internamiento y otras 29 de libertad vigilada, acompañadas de restricciones para asistir a manifestaciones o concentraciones. Entre las medidas planteadas figura la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de estas reuniones en todo el territorio nacional.

Estas solicitudes deben ser examinadas por la autoridad judicial y no implican que todas hayan sido acordadas. Las medidas cautelares se valoran individualmente, según las circunstancias y los hechos atribuidos a cada menor.

Parte de los adolescentes que ya han comparecido ante la Fiscalía ha quedado en libertad, aunque puede volver a ser citada. Las comparecencias judiciales continuarán durante la semana.

En cuanto a los adultos, 49 de los 54 detenidos habían pasado a disposición judicial este lunes. La Fiscalía también ha solicitado restricciones para participar en concentraciones, advirtiendo de que el incumplimiento de las medidas cautelares podría motivar una petición de prisión provisional.

Los Mossos vigilan nuevas convocatorias para el 31 de octubre

La investigación no se limita a los sucesos del sábado. Los Mossos mantienen activos sus servicios de información ante la aparición de nuevas convocatorias asociadas a Blocus en distintas localidades catalanas.

El domingo se difundieron llamamientos para concentrarse en Granollers, Mataró y Girona. En Granollers, la policía identificó a 130 jóvenes, aunque no llegó a producirse la concentración anunciada. En Mataró fueron identificadas 16 personas, mientras que en Girona no se detectó la movilización prevista.

Este lunes también circuló una convocatoria para la plaza de España de Barcelona. Los Mossos desplegaron efectivos antidisturbios y alertaron a los comerciantes. La protesta no llegó a materializarse como se había anunciado.

La próxima fecha bajo vigilancia es el sábado 31 de octubre, después de que aparecieran nuevos mensajes en redes sociales convocando concentraciones en Barcelona y otras ciudades españolas. Los llamamientos también se han extendido a diferentes países europeos.

Interior pretende adelantarse a posibles incidentes mediante la identificación de perfiles, el seguimiento de convocatorias públicas y la evaluación de los riesgos. La intención es impedir que vuelvan a producirse saqueos y ataques contra los agentes.

Eso no significa que cada mensaje difundido bajo el nombre de Blocus proceda necesariamente de los mismos responsables. Precisamente, determinar qué cuentas están relacionadas y quién las administra forma parte de las investigaciones pendientes.

Los disturbios agitan la precampaña de las elecciones generales

Los sucesos han irrumpido en la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, cuya campaña oficial comenzará el 13 de noviembre.

Pedro Sánchez ha condenado los disturbios y ha trasladado su respaldo a los agentes y a los comerciantes afectados. Desde el Ejecutivo, los ministros Óscar Puente y Elma Saiz han señalado que la extrema derecha puede salir políticamente beneficiada de los episodios de violencia y de la percepción de inseguridad.

La oposición ofrece una interpretación muy distinta.

Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de alimentar la tensión política y la división. Vox, por su parte, ha responsabilizado al Ejecutivo de la situación de inseguridad y ha reclamado la expulsión de los extranjeros que hayan participado en los altercados, en los casos en que legalmente proceda.

Junts también ha exigido explicaciones al Govern y al Ayuntamiento de Barcelona por su actuación ante unos incidentes que sorprendieron a los cuerpos policiales.

El alcalde barcelonés, Jaume Collboni, ha prometido actuar contra los responsables de los destrozos y apoyar a los comerciantes perjudicados. También ha lamentado el uso electoral de los disturbios y ha reconocido que no existe una garantía absoluta de que puedan evitarse nuevos incidentes.

La discusión política ha avanzado, de momento, más deprisa que las conclusiones de la investigación. No se ha acreditado públicamente quién dirige Blocus ni que exista una organización política detrás de los disturbios.

La propia Núria Parlon ha pedido prudencia ante las especulaciones sobre posibles vínculos de los convocantes con grupos extremistas. Determinar la identidad de los promotores y sus motivaciones corresponde a la investigación policial, no al cruce de acusaciones entre partidos.

También conviene distinguir los disturbios de las movilizaciones pacíficas. La acampada por el derecho a la vivienda instalada en la plaza de Catalunya se desvinculó de los altercados. Sus participantes llegaron a proteger el espacio para impedir la entrada de los grupos violentos y permitieron refugiarse allí a algunas familias y personas mayores.

La identificación de los convocantes marcará el rumbo del caso

Los Mossos afrontan ahora una investigación con dos vertientes. Una consiste en atribuir responsabilidades individuales por los saqueos, daños y agresiones del sábado. La otra busca esclarecer si hubo personas que utilizaron deliberadamente las redes sociales para organizar y promover aquellos incidentes.

La autorización judicial anunciada por Interior permitirá, si se concede y en los términos que establezca el juez, avanzar en la identificación de los administradores y promotores de los mensajes investigados. La Generalitat también quiere exigir responsabilidades a las plataformas que alberguen grupos utilizados para incitar a actos violentos.

Queda por demostrar si Blocus funcionaba como una estructura coordinada, una red informal de perfiles anónimos o una etiqueta aprovechada por distintos grupos. La difusión masiva de una convocatoria no demuestra, por sí sola, la existencia de una dirección única.

Mientras tanto, Barcelona afronta los próximos días con vigilancia policial reforzada, comerciantes pendientes de nuevas convocatorias y decenas de procedimientos judiciales abiertos o en tramitación.

El balance de los disturbios ya es conocido: 130 detenidos y numerosos daños materiales. Lo que sigue sin conocerse es quién puso en marcha la movilización y qué responsabilidad puede atribuírsele por la violencia posterior. Esa es la cuestión que los Mossos quieren llevar ahora ante el juez, mientras los partidos convierten lo ocurrido en otro frente de una precampaña electoral especialmente tensa.