Tarragona aprueba subir hasta un 150% el IBI de los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado este lunes, 26 de octubre de 2026, un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas de uso turístico. La medida pretende desincentivar la explotación turística de los pisos y favorecer su incorporación al mercado del alquiler residencial, en una ciudad donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los vecinos.

La subida será progresiva: un 50% para quienes tengan una vivienda turística, un 100% para los propietarios de dos o tres y un 150% para quienes posean cuatro o más. El pleno municipal ha dado luz verde a la modificación fiscal con el respaldo del PSC, ERC, En Comú Podem y los concejales no adscritos, mientras que Junts, PP y Vox han votado en contra. Sin embargo, el nuevo recargo todavía no puede darse por definitivo: su aplicación, prevista para el 1 de enero de 2027, depende de la convalidación de un real decreto ley estatal.

La decisión sitúa a Tarragona entre las ciudades que han optado por utilizar los impuestos municipales para intervenir en el mercado de la vivienda. El planteamiento del gobierno local es sencillo: que mantener un inmueble destinado a turistas resulte económicamente menos atractivo que incorporarlo al alquiler habitual. Otra cuestión, y ahí se concentra buena parte de la controversia, es si ese incremento fiscal conseguirá realmente que los propietarios cambien el uso de sus pisos.

Cuánto pagarán los propietarios: tres tramos según sus pisos turísticos

La modificación de la ordenanza fiscal número 14 establece un sistema de recargos que aumenta según la cantidad de inmuebles destinados al alojamiento turístico que tenga cada titular. No se aplicará, por tanto, la misma subida a un pequeño propietario que a quien gestione una cartera de varios apartamentos.

El recargo se calcula sobre la cuota líquida del IBI, es decir, el importe del impuesto después de aplicar las bonificaciones que correspondan. La diferencia puede ser considerable.

Por ejemplo, si una vivienda turística tiene actualmente un recibo anual de 400 euros, el resultado sería el siguiente: con un recargo del 50%, su propietario pagaría 600 euros; con uno del 100%, abonaría 800 euros; y con el máximo del 150%, el recibo alcanzaría los 1.000 euros.

Conviene aclararlo porque los porcentajes pueden llevar a confusión. Un recargo del 150% no significa pagar el 150% del impuesto original, sino el 250% de su importe. Dicho de otra manera, el propietario sujeto al tramo máximo tendrá que abonar dos veces y media lo que pagaba antes, siempre que la cuota ordinaria permanezca igual.

La medida afecta específicamente a los inmuebles residenciales destinados a alojamientos turísticos y no supone una subida generalizada del IBI para todas las viviendas de Tarragona.

El nuevo gravamen tendrá carácter anual. Según la regulación aprobada, se devengará el 31 de diciembre de cada ejercicio y el Ayuntamiento lo liquidará una vez comprobado que los inmuebles siguen destinados al alojamiento turístico.

La subida del IBI podría entrar en vigor en enero de 2027

Aunque el Ayuntamiento ya ha aprobado la modificación, todavía quedan trámites esenciales antes de que el recargo pueda aplicarse.

El principal obstáculo está en Madrid. La iniciativa municipal se ampara en el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que permite a los ayuntamientos situados en zonas de mercado residencial tensionado establecer recargos específicos sobre las viviendas turísticas.

La norma estatal contempla los tres niveles de incremento y deja a las corporaciones locales la posibilidad de regular su aplicación mediante las correspondientes ordenanzas fiscales.

Sin embargo, el decreto necesita superar el trámite de convalidación parlamentaria, previsto para el 18 de noviembre ante la Diputación Permanente del Congreso. Si no obtiene el respaldo necesario, la modificación aprobada en Tarragona quedará sin efecto.

También falta completar el procedimiento municipal. El acuerdo se someterá a un periodo de exposición pública de 30 días, durante el cual podrán presentarse reclamaciones. Si no las hay, la aprobación provisional se convertirá automáticamente en definitiva. En caso contrario, el pleno tendrá que resolver las alegaciones.

Por tanto, el 1 de enero de 2027 es la fecha prevista para la entrada en vigor, pero no constituye todavía una garantía de aplicación. Los propietarios no tienen que asumir que el nuevo recargo sea exigible por el mero hecho de que el pleno lo haya aprobado.

La presión de los pisos turísticos sobre el mercado del alquiler

La decisión del Ayuntamiento responde a una preocupación que va más allá del turismo. Tarragona afronta dificultades crecientes para ofrecer viviendas de alquiler a precios asumibles, especialmente para jóvenes y familias que buscan establecer su residencia habitual.

La concejala de Hacienda, Isabel Mascaró, ha defendido el incremento fiscal como una medida para proteger el derecho a la vivienda. Su argumento es que Tarragona debe seguir siendo una ciudad atractiva para los visitantes, pero sin comprometer las posibilidades de residencia de sus propios habitantes.

La responsable municipal ha rechazado que el objetivo sea aumentar los ingresos del consistorio. La prioridad declarada es recuperar viviendas para el alquiler residencial, haciendo menos rentable su explotación turística.

Los datos expuestos durante el pleno ilustran la dimensión del problema. Jordi Collado, concejal de En Comú Podem, ha señalado que los alojamientos turísticos de Tarragona han aumentado un 87% desde 2017.

El edil también ha advertido de la concentración de esta actividad: según las cifras que ha presentado, el 25% de los propietarios controla el 65% de las viviendas destinadas al turismo.

La Part Alta concentra una parte importante del problema

La Part Alta, el casco histórico de Tarragona, aparece como uno de los principales focos de esta transformación.

Según Collado, en esta zona ya existen más camas destinadas al alojamiento turístico que habitantes empadronados. Una situación que refleja hasta qué punto la actividad turística puede modificar el uso residencial de determinados barrios.

El debate no afecta únicamente al número de visitantes. La transformación de viviendas habituales en alojamientos temporales reduce los inmuebles disponibles para quienes quieren vivir durante todo el año en esas zonas.

El concejal republicano Xavier Puig ha situado en torno a 2.700 las viviendas turísticas de Tarragona, una cifra que considera excesiva para una ciudad de aproximadamente 145.000 habitantes.

Puig también ha advertido de la escasez de oferta residencial. Durante su intervención explicó que una consulta al portal Idealista mostraba apenas 27 viviendas disponibles en alquiler, aproximadamente la mitad con precios superiores a 1.280 euros mensuales. Se trata de una consulta puntual, no de un inventario completo del mercado, pero sirve para ilustrar las dificultades que denuncia ERC.

La cuestión es que el encarecimiento del IBI no crea viviendas nuevas. Lo que busca es modificar las decisiones económicas de los propietarios para que parte de los inmuebles turísticos vuelva al mercado residencial.

Junts, PP y Vox cuestionan la eficacia de la subida fiscal

El pleno extraordinario ha dejado una división política clara. PSC, ERC y En Comú Podem han permitido sacar adelante la modificación, acompañados por los concejales no adscritos. Junts, PP y Vox se han opuesto.

Las críticas se han concentrado en dos aspectos: la falta de estudios que permitan anticipar cuántas viviendas podrían recuperarse y la posibilidad de que la medida termine teniendo una finalidad principalmente recaudatoria.

El portavoz de Junts, Jordi Sendra, ha cuestionado la rapidez con la que se ha tramitado la propuesta. Ha acusado al gobierno municipal de actuar por motivos electorales y ha recordado que su formación apoyó anteriormente la moratoria de nuevas viviendas turísticas.

Sendra sostiene que subir impuestos no garantiza que aumente la oferta de alquiler habitual. También ha señalado que el Ayuntamiento prevé obtener 1,3 millones de euros con el recargo, según sus propias cifras, y ha reclamado información sobre el número de inmuebles que se espera recuperar.

Desde el PP, Marta Serrano ha calificado la iniciativa de punitiva y ha reprochado al ejecutivo municipal la ausencia de una evaluación que permita acreditar sus posibles beneficios.

Vox ha planteado objeciones similares. Su representante Judith Gómez considera que el incremento puede acabar trasladándose al precio de las estancias turísticas, sin modificar necesariamente el destino de las propiedades.

Gómez ha reclamado, además, una actuación sobre las aproximadamente 8.000 viviendas vacías que, según ha afirmado, existen en Tarragona.

ERC ha introducido un matiz importante. Aunque ha apoyado el recargo, también ha criticado la precipitación del gobierno socialista y ha reclamado una política de vivienda más ambiciosa, con mayor inversión pública y avances en la planificación urbanística.

El sector de los apartamentos turísticos también ha manifestado su oposición y reclama una justificación jurídica y fiscal suficiente, así como una evaluación del impacto de la medida.

El reto de Tarragona: convertir el recargo en más viviendas

La aprobación del nuevo IBI para pisos turísticos abre una etapa distinta en la política municipal de vivienda. El Ayuntamiento apuesta por utilizar la fiscalidad como herramienta para influir en un mercado en el que los ingresos del alojamiento turístico pueden superar los del alquiler residencial.

No es una prohibición de los pisos turísticos ni obliga a sus propietarios a destinarlos al alquiler habitual. Es un incentivo económico en sentido contrario: cuanto mayor sea la cartera de viviendas turísticas, más caro resultará mantener esa actividad.

Tarragona tampoco actúa de manera aislada. Barcelona ya ha impulsado una modificación fiscal similar, aprovechando la nueva habilitación estatal para incrementar el IBI de los inmuebles destinados al alojamiento turístico.

El gobierno del alcalde Rubén Viñuales sostiene que esta iniciativa forma parte de una política más amplia, que incluye la promoción de vivienda protegida y bonificaciones fiscales destinadas a favorecer su construcción.

La eficacia del recargo, sin embargo, tendrá que medirse con resultados. Será necesario comprobar cuántos propietarios abandonan el alquiler turístico, cuántas viviendas regresan al mercado residencial y si ese movimiento contribuye a ampliar la oferta disponible para los vecinos.

También puede ocurrir que una parte de los titulares asuma el incremento como un coste adicional de su actividad, especialmente si los ingresos turísticos siguen compensándolo. La medida no garantiza por sí sola una reducción de los precios del alquiler.

Por ahora, Tarragona ha aprobado una subida fiscal importante, pero condicionada a su viabilidad legal. El siguiente paso será superar la convalidación del decreto estatal y completar la tramitación municipal.

Después llegará la prueba decisiva: comprobar si cobrar más IBI a los pisos turísticos sirve para que más personas puedan encontrar una vivienda donde vivir en Tarragona.