Colombia lleva al Congreso su rescate fiscal: recortes, IVA y deuda

El Gobierno de Colombia ha llevado al Congreso una amplia Ley de Rescate Económico con la que pretende contener el déficit, frenar el aumento de la deuda y reorganizar buena parte del gasto público. El proyecto combina recortes en el Estado, cambios profundos en el IVA, una rebaja gradual del impuesto sobre la renta empresarial y mayores cargas para determinados contribuyentes.

La iniciativa fue registrada el 29 de octubre como Proyecto de Ley 477 de 2026 en la Cámara de Representantes. El Ejecutivo sostiene que necesita actuar antes de que el deterioro de las cuentas públicas termine comprometiendo el crecimiento y el empleo. Pero hay una precisión importante: nada de lo anunciado está todavía en vigor. El Congreso puede modificar, recortar o incluso rechazar partes sustanciales del texto.

El Gobierno lleva su ajuste fiscal al Congreso

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, presentó la reforma junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, con un diagnóstico particularmente severo. Según Hacienda, el Estado ingresa de media unos 29 billones de pesos al mes y gasta más de 40 billones, mientras que el servicio anual de la deuda habría aumentado de 118 a 155 billones.

El Ejecutivo habla directamente de una «bomba de tiempo» fiscal heredada de la anterior Administración de Gustavo Petro. Su objetivo declarado es evitar una espiral de deuda, recuperar margen presupuestario y reducir el riesgo de una recesión. Hacienda sostiene incluso que, sin medidas correctoras, podrían perderse unos 360.000 empleos. Son proyecciones gubernamentales, no consecuencias que se hayan materializado.

El proyecto articula el ajuste alrededor de cinco grandes áreas: cuentas públicas, protección social, financiación sanitaria, inversión privada y lucha contra la corrupción y la evasión. En la práctica es bastante más que un simple plan de ahorro. También supone una reforma tributaria de considerable alcance.

El Estado promete apretarse primero el cinturón

El mensaje político elegido por el Gobierno es sencillo: antes de pedir más dinero a los ciudadanos, el propio Estado debe gastar menos. La propuesta contempla reducir un 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios, racionalizar compras públicas, revisar más de 250 transferencias y alrededor de medio centenar de fondos y vender activos estatales considerados improductivos.

El Ejecutivo plantea también un recorte del 20 % en determinados gastos de funcionamiento y medidas para contener el coste de la Administración. Salud, educación básica, agua potable y pensiones figuran entre las áreas que el Gobierno asegura que quedarán protegidas del ajuste.

Hay, sin embargo, cierta distancia entre el discurso y las cuentas del propio proyecto. El Gobierno sostiene que aproximadamente el 70 % del ajuste fiscal recaerá sobre el Estado, aunque el diseño de la reforma incorpora igualmente nuevos ingresos, impuestos y cotizaciones. No es un matiz menor: el plan se presenta como una cura de austeridad pública, pero también modifica cuánto pagan hogares, trabajadores y empresas.

Seis meses para reorganizar organismos públicos

Uno de los puntos de mayor alcance institucional permitiría al presidente disponer de facultades extraordinarias durante seis meses para fusionar, suprimir o reorganizar ministerios, superintendencias, agencias y otras entidades nacionales.

El plan permitiría también modificar plantillas y estructuras administrativas, aunque introduce protecciones para determinados trabajadores, entre ellos personas con discapacidad, padres y madres cabeza de familia sin alternativa económica y empleados próximos a la jubilación.

El Gobierno quiere, en definitiva, adelgazar estructuras estatales. Otra cosa será decidir qué burocracia sobra y cuál resulta imprescindible. Ahí suele terminar la parte sencilla de cualquier promesa de austeridad.

El IVA cambia y Hacienda promete devolverlo a los más vulnerables

La parte que puede sentirse con mayor claridad en los bolsillos es la reforma del impuesto sobre el valor añadido. Si el proyecto sale adelante en sus términos actuales, desde 2028 desaparecería buena parte de la tarifa reducida del 5 % y diversos productos actualmente excluidos o beneficiados pasarían a soportar el tipo general del 19 %.

Entre los bienes afectados figuran determinados alimentos y otros productos de consumo. El proyecto contempla además gravar con IVA las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico con independencia del importe de la operación.

El contrapeso es un nuevo sistema de devolución. Hacienda calcula que unos 19 millones de colombianos en situación de pobreza podrían recuperar íntegramente el IVA pagado en las compras registradas mediante factura electrónica. Otros aproximadamente 16,5 millones recibirían una devolución parcial de hasta el 50 %, dependiendo de su nivel de ingresos.

El Ejecutivo estima una devolución media próxima a 231.000 pesos mensuales entre los hogares cubiertos por el mecanismo. El cálculo se realizaría mediante la factura electrónica y el dinero debería llegar directamente a la cuenta del beneficiario; para quienes no dispongan de una se prevé un sistema alternativo de pago.

Aunque el nuevo modelo comenzaría plenamente en 2028, el Gobierno pretende realizar un primer pago anticipado en diciembre de 2027. La reforma ampliaría así la base del IVA para después devolver una parte del impuesto a millones de ciudadanos con menor capacidad económica.

Menos impuesto para las empresas, pero más costes por otros frentes

Las empresas reciben una de las rebajas fiscales más claras del proyecto. La tarifa general del impuesto sobre la renta empresarial pasaría del 35 % actual al 33 % en 2027 y posteriormente al 31 % desde 2028. El Gobierno pretende que esa reducción estimule la inversión, facilite la creación de empleo y mejore la competitividad del país.

También aparece un régimen específico para grandes inversiones, denominado RUGE, que ofrecería condiciones tributarias más favorables y estabilidad fiscal durante varios años a determinados proyectos que comprometan capital y generación de empleo en Colombia.

Pero la rebaja del impuesto sobre sociedades no significa necesariamente que todas las empresas vayan a pagar menos. El proyecto limita algunas exenciones sobre cotizaciones empresariales a salud, al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de modo que determinadas compañías asumirían mayores costes laborales.

El plan afecta asimismo a parte de los trabajadores. Quienes superen determinados niveles salariales afrontarían mayores aportaciones al sistema sanitario, con porcentajes progresivos según el nivel de ingresos. También se introducen cambios en la tributación de las personas físicas y límites a algunas deducciones y rentas exentas.

El Gobierno asegura que el grueso del esfuerzo recaerá sobre quienes tienen mayor capacidad económica. Según sus cálculos, el 10 % de la población con mayores ingresos aportaría el 97 % de los recursos exigidos a los hogares dentro del ajuste.

Salud, tabaco y alcohol también entran en la reforma

La Ley de Rescate Económico reserva otro bloque para reforzar la financiación de la sanidad. El Ejecutivo plantea movilizar alrededor de 30 billones de pesos durante cuatro años con el objetivo de mejorar la financiación del sistema y garantizar la atención y el suministro de medicamentos.

Parte de los nuevos ingresos llegaría de impuestos sobre productos considerados perjudiciales para la salud. La propuesta endurece la tributación del tabaco, el alcohol, los vapeadores y las bebidas azucaradas, con incrementos que también podrían repercutir sobre los precios finales pagados por los consumidores.

Son decisiones fiscales con una doble intención: recaudar y modificar hábitos de consumo. Aunque, cuando Hacienda y la salud pública coinciden en querer que algo resulte más caro, el consumidor suele ser el primero en enterarse.

La deuda abre una batalla política de gran alcance

Detrás de cada recorte, cada nuevo impuesto y cada devolución aparece el mismo problema: la evolución de las cuentas públicas de Colombia. El Gobierno calcula que, con la reforma, el déficit primario podría caer con rapidez durante los próximos ejercicios y la trayectoria de la deuda sería sensiblemente menos preocupante.

La propuesta endurece también la regla fiscal y establece mecanismos para contener el gasto cuando el endeudamiento se acerque a determinados umbrales. El objetivo es impedir que una desviación presupuestaria puntual termine consolidándose durante varios ejercicios.

No todas las previsiones tienen por qué cumplirse. Son escenarios construidos por Hacienda y dependerán del crecimiento económico, los tipos de interés y la recaudación efectiva, además del texto que finalmente salga del Congreso.

La Ley de Rescate Económico sigue siendo, de momento, un proyecto de ley. Debe superar el trámite parlamentario en la Cámara y el Senado antes de poder convertirse en norma, y durante ese recorrido sus impuestos, recortes, fechas y excepciones pueden cambiar sustancialmente.

La discusión promete ser intensa porque el paquete toca casi todos los nervios sensibles de una reforma fiscal: IVA, renta, cotizaciones, empleo público, empresas, salud y deuda. Al mismo tiempo baja determinados impuestos, sube otros, recorta estructuras administrativas y crea nuevos mecanismos de devolución.

El Gobierno quiere presentar el proyecto como una operación para sanear las cuentas antes de que el deterioro fiscal obligue a adoptar medidas todavía más duras. El Congreso tendrá que decidir cuánto queda de ese diseño y cómo se reparte el esfuerzo. La gran discusión económica que se abre en Colombia es precisamente esa: quién se aprieta el cinturón y cuánto.