EEUU presionó a España para cambiar su voto sobre el bloqueo a Cuba

Estados Unidos presionó al Gobierno español para que modificara su posición en Naciones Unidas y dejara de apoyar la resolución que reclama el fin del embargo económico, comercial y financiero contra Cuba. Las gestiones se dirigieron al Ministerio de Asuntos Exteriores y formaron parte de una campaña diplomática más amplia de Washington destinada a reducir el respaldo internacional que tradicionalmente recibe La Habana en esta votación.

La presión no consiguió cambiar la posición de Madrid. España mantuvo su voto a favor de la resolución en la Asamblea General de la ONU del 28 de octubre. El texto salió adelante con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, aunque perdió una cantidad importante de apoyos respecto al año anterior.

El episodio revela una discrepancia relevante entre dos aliados. Washington buscaba romper una línea que España mantiene desde hace años: criticar la situación política y de derechos humanos en Cuba, pero rechazar al mismo tiempo un embargo estadounidense con efectos económicos y extraterritoriales. Esta vez, el intento estadounidense llegó de forma directa a Exteriores.

Washington pidió a España que cambiara su voto sobre Cuba

La gestión estadounidense se produjo ante el departamento dirigido por José Manuel Albares. Funcionarios de Estados Unidos trataron de convencer a España para que abandonara su apoyo a la resolución anual presentada ante la Asamblea General y modificara una postura mantenida durante décadas.

Según la información conocida sobre esos contactos, la delegación estadounidense trasladó a la parte española un documento de cinco páginas redactado en inglés, sin membrete ni firma, que recogía los argumentos de Washington. Entre las peticiones figuraba que España dejase de respaldar el texto contra el embargo.

Estados Unidos pretendía también que el Gobierno español reclamara públicamente cambios políticos a La Habana y evitara reforzar los argumentos utilizados por Cuba contra las sanciones. La iniciativa no se limitó a Madrid. Washington desplegó contactos con numerosos países para conseguir votos contrarios, abstenciones o ausencias durante la votación.

Un argumentario centrado en el Gobierno cubano

La Administración estadounidense sostiene que buena parte de la crisis que atraviesa Cuba procede de las deficiencias estructurales de su modelo económico, la falta de libertades y la gestión del Gobierno cubano. Washington defiende, además, que sus medidas buscan presionar a las autoridades y no perjudicar a la población.

Estados Unidos ha utilizado también la relación de La Habana con Moscú como argumento diplomático. Entre otros asuntos, Washington ha señalado la presencia de ciudadanos cubanos combatiendo junto a fuerzas rusas en la guerra de Ucrania y ha acusado al Gobierno cubano de mantener una posición favorable a Rusia.

Cuba rechaza frontalmente esa interpretación. El Gobierno de Miguel Díaz-Canel atribuye una parte sustancial de sus dificultades económicas a las sanciones y denuncia que el denominado bloqueo obstaculiza operaciones bancarias, comercio exterior, suministro energético e inversiones. La realidad es más incómoda para ambas narrativas: los problemas internos de la economía cubana conviven con restricciones estadounidenses que tienen efectos reales sobre su capacidad de operar en el exterior.

España mantuvo su rechazo al embargo pese a la presión

La gestión estadounidense no alteró el resultado en Madrid. España votó a favor de la resolución que pide poner fin al embargo, manteniendo así su posición tradicional en Naciones Unidas. Francia y Portugal también se situaron entre los países europeos que respaldaron el texto.

La iniciativa fue aprobada por trigésimo cuarta vez. Se trata, eso sí, de una resolución política de la Asamblea General y no tiene carácter jurídicamente vinculante. Su aprobación no obliga a Estados Unidos a retirar las sanciones ni modifica automáticamente la legislación estadounidense sobre Cuba.

Ese detalle es fundamental para entender por qué una votación tan desequilibrada puede repetirse durante años sin transformar la política de Washington. Parte del entramado jurídico del embargo está incorporado a leyes federales, por lo que el Congreso estadounidense tendría que intervenir para desmontar algunas de sus principales disposiciones.

España diferencia además dos asuntos que con frecuencia aparecen mezclados en la discusión política: su posición respecto al régimen cubano y su opinión sobre el embargo. Madrid puede reclamar reformas democráticas, respeto a los derechos fundamentales y libertades políticas en Cuba mientras considera que las sanciones generales no son el instrumento adecuado para conseguir esos objetivos.

La ofensiva de EEUU sí redujo los apoyos internacionales a Cuba

Washington no consiguió modificar el voto español, pero su campaña diplomática sí produjo resultados visibles en la Asamblea General. La resolución obtuvo 130 votos favorables, 17 contrarios y 25 abstenciones.

Un año antes había recibido 165 apoyos, siete votos en contra y 12 abstenciones. En apenas doce meses, por tanto, Cuba perdió 35 votos favorables. Alemania e Italia se abstuvieron, mientras otros países que anteriormente respaldaban la iniciativa optaron por votar en contra o apartarse del bloque favorable a La Habana.

El cambio resulta aún más llamativo al observar la evolución de los últimos años. En 2024, la resolución contra el embargo había conseguido 187 votos a favor. La habitual fotografía de Estados Unidos prácticamente aislado ante el resto de la comunidad internacional se ha deteriorado y Washington puede presentar esa reducción como una victoria diplomática parcial.

No necesitaba necesariamente derrotar la resolución, algo extremadamente difícil por la amplia mayoría acumulada durante décadas. Reducir su respaldo era ya un objetivo político importante. Y eso sí ocurrió.

El conflicto también afecta a empresas españolas y europeas

El desacuerdo entre España y Estados Unidos no se limita a la relación con el Gobierno cubano. Uno de los puntos que más preocupan en Europa es el alcance extraterritorial de determinadas sanciones estadounidenses, capaces de tener consecuencias para compañías de terceros países con negocios o inversiones vinculadas a Cuba.

La cuestión tiene especial relevancia para España por la histórica presencia de empresas españolas en la isla, especialmente en sectores como el turismo. La legislación estadounidense, incluida la Ley Helms-Burton, contempla mecanismos que pueden afectar a empresas extranjeras relacionadas con determinados bienes nacionalizados tras la revolución cubana.

La Unión Europea dispone desde 1996 de un denominado estatuto de bloqueo destinado a proteger a operadores europeos frente a la aplicación extraterritorial de determinadas normas de terceros países. Las restricciones relacionadas con Cuba forman parte desde hace décadas de esa disputa jurídica y comercial entre Bruselas y Washington.

Ese componente explica parte de la posición española. Para Madrid, el debate no consiste únicamente en apoyar o rechazar al Gobierno cubano, sino también en defender que Estados Unidos no extienda unilateralmente su legislación sobre empresas y ciudadanos sometidos a jurisdicciones europeas.

Trump ha endurecido de nuevo la política hacia La Habana

La presión ejercida sobre España encaja en una estrategia más amplia de la Administración de Donald Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, Washington ha reforzado su política hacia Cuba y ha vuelto a situar el aislamiento económico y diplomático de La Habana entre sus prioridades en América Latina.

Estados Unidos ha mantenido las restricciones financieras y las medidas dirigidas contra entidades relacionadas con las Fuerzas Armadas cubanas, además de defender internacionalmente la continuidad del embargo. La Casa Blanca pretende aumentar la presión sobre el Gobierno de Díaz-Canel y reducir el margen económico de las estructuras controladas por el Estado.

La disputa se ha extendido también al terreno energético. Cuba atraviesa una grave crisis eléctrica y de combustible, con apagones prolongados, dificultades de abastecimiento y problemas para mantener servicios básicos. La escasez de divisas y el deterioro de las infraestructuras energéticas se combinan con las dificultades para conseguir petróleo y financiación exterior.

La Habana responsabiliza principalmente a Washington; Estados Unidos culpa al sistema económico cubano. Entre ambas posiciones aparecen factores difícilmente separables. Cuba arrastra profundas ineficiencias internas, pero las sanciones limitan igualmente el acceso a financiación, comercio y energía. Reducir toda la crisis a una sola causa sirve para la propaganda, bastante menos para entenderla.

Madrid mantiene su línea pese al giro diplomático de Washington

El episodio muestra hasta qué punto Estados Unidos estaba dispuesto a utilizar su peso diplomático para modificar una votación que no produce efectos jurídicos inmediatos. El resultado explica parte de ese esfuerzo: Washington logró recortar de forma considerable el apoyo internacional a Cuba, aunque no consiguió convencer al Gobierno español.

España mantuvo finalmente su posición y respaldó el levantamiento del embargo. Esa decisión conserva una línea diplomática que combina la defensa de los derechos humanos y las reformas democráticas en Cuba con el rechazo a unas sanciones económicas de alcance general y, especialmente, a sus efectos extraterritoriales.

La votación del 28 de octubre deja así dos fotografías distintas. Cuba continúa reuniendo una mayoría amplia contra el embargo, aunque mucho menor que hace apenas dos años. Estados Unidos, por su parte, ha demostrado que puede erosionar ese respaldo mediante presión bilateral sobre sus socios. España escuchó los argumentos de Washington y mantuvo su voto.