D.C. y Virginia demandan para frenar el arco de Trump de 76 metros

El Distrito de Columbia y Virginia han llevado a los tribunales el arco de triunfo de 76 metros que Donald Trump quiere levantar junto al Cementerio Nacional de Arlington. Ambos gobiernos presentaron este sábado una demanda federal para impedir que comiencen las obras de un proyecto presidencial que acumula varios frentes judiciales.

La acción busca actuar antes de que las máquinas entren en el terreno. Washington y Virginia sostienen que la construcción provocaría daños difíciles de revertir en una de las zonas más sensibles de la capital estadounidense, tanto por su valor histórico como por su importancia para el tráfico, los servicios de emergencia y la seguridad.

El plan de Trump contempla un monumento de unos 250 pies de altura, cerca de 76 metros, situado en Memorial Circle, junto al puente que cruza el río Potomac y conecta Washington con Arlington. La Administración quiere presentar el arco como una gran puerta monumental hacia el cementerio militar y como parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos.

Una demanda para impedir que las obras sean un hecho consumado

Los fiscales generales de Washington D.C., Brian Schwalb, y Virginia, Jay Jones, sostienen que el Gobierno federal debe detener el proyecto mientras los tribunales examinan su legalidad. La demanda pide una actuación urgente ante la posibilidad de que la Administración trate de poner en marcha la construcción antes de que exista una resolución judicial.

La jueza federal Tanya Chutkan decidió integrar esta demanda con otro procedimiento que ya tiene sobre la mesa, presentado por tres veteranos de Vietnam y un historiador especializado en conservación arquitectónica. La magistrada ha mostrado dudas sobre la urgencia con la que el Gobierno pretende avanzar con las obras.

El temor de los demandantes es bastante sencillo: que cuando llegue una sentencia sobre el fondo del asunto, parte de la construcción sea irreversible. No sería precisamente una discusión menor si para entonces ya se han excavado terrenos, modificado carreteras o levantado estructuras de hormigón junto a uno de los conjuntos monumentales más delicados de Washington.

D.C. y Virginia cuestionan la legalidad del arco de Trump

La demanda no se limita a discutir el gusto arquitectónico del presidente. El conflicto se centra en competencias federales, normas urbanísticas, protección histórica y evaluación ambiental.

Washington y Virginia alegan que el Congreso no ha autorizado expresamente el monumento y cuestionan que el Servicio de Parques Nacionales haya cumplido todos los procedimientos exigidos antes de transformar de manera permanente ese espacio.

También aparece en el litigio una vieja particularidad de la capital estadounidense: la normativa que limita la altura de buena parte de sus edificios. El arco proyectado alcanzaría aproximadamente 76 metros, muy por encima del límite de 130 pies, unos 40 metros, que durante más de un siglo ha contribuido a definir el perfil urbano de Washington.

La monumentalidad, en otras palabras, no elimina de un plumazo las normas urbanísticas que regulan precisamente esa monumentalidad.

Tráfico, emergencias y seguridad aérea

Uno de los argumentos más concretos afecta a la ubicación. Memorial Circle se encuentra al final del Arlington Memorial Bridge, una conexión fundamental entre Washington y Virginia y también una ruta utilizada en planes de evacuación y emergencias.

Los demandantes advierten de que las obras podrían prolongarse durante varios años y alterar tanto el tráfico cotidiano como el desplazamiento de vehículos de emergencia. También señalan posibles efectos sobre la contaminación, la escorrentía hacia el Potomac y la seguridad aérea en un espacio próximo al aeropuerto nacional Ronald Reagan.

Las autoridades de ambos territorios mantienen que el impacto no terminaría con la construcción. El nuevo monumento atraería visitantes y obligaría a reorganizar de forma permanente determinados movimientos de peatones y vehículos en una zona que ya soporta un intenso tráfico.

Un arco mucho más complejo que una estructura decorativa

El proyecto presentado por el Gobierno va bastante más allá de dos pilares y una bóveda monumental. La documentación contempla una construcción de cinco niveles revestida de granito, con diferentes espacios interiores.

El diseño incorpora una gran representación de Lady Liberty, una plataforma de observación, oficinas, zonas para personal, escaleras, ascensores y dependencias destinadas a la gestión del edificio. La Administración también ha señalado que el complejo podría desempeñar funciones relacionadas con la seguridad nacional.

Este último elemento ha añadido otra capa al debate. Chutkan ha mostrado especial escepticismo ante las explicaciones gubernamentales sobre la posible utilización del recinto con fines de seguridad, sobre todo por su proximidad a rutas aéreas y por la previsión de que el lugar reciba a miles de visitantes.

La oposición al arco también tiene una dimensión simbólica. El Cementerio Nacional de Arlington alberga las tumbas de cientos de miles de militares, veteranos y figuras públicas estadounidenses y forma parte de un paisaje monumental cuidadosamente diseñado alrededor del río Potomac.

Veteranos que participan en otro de los litigios sostienen que una estructura de semejantes dimensiones modificaría la experiencia de visitar el cementerio y rompería algunas de las líneas visuales históricas que conectan Arlington con monumentos situados al otro lado del río.

El Gobierno defiende justo la interpretación contraria. La Casa Blanca presenta el arco como un homenaje a los veteranos y a los estadounidenses muertos en servicio, además de como una obra destinada a conmemorar los 250 años de Estados Unidos.

Trump quiere, además, una escala difícil de pasar por alto. Con sus 76 metros de altura, el monumento sería considerablemente más alto que el Arco del Triunfo de París, una de las referencias arquitectónicas que han acompañado al proyecto.

La jueza cuestiona la prisa del Gobierno

Una parte decisiva de la batalla judicial gira alrededor del calendario. La Administración pretende obtener las autorizaciones necesarias para el proyecto y abrir inmediatamente después la puerta al inicio de las obras.

Chutkan ha cuestionado por qué resulta necesario comenzar tan rápidamente. La magistrada estudia si dicta una orden provisional que impida cualquier movimiento sobre el terreno mientras se resuelven las impugnaciones judiciales.

El Gobierno considera, por su parte, que retrasar el proyecto perjudicaría uno de sus planes prioritarios y mantiene que ha cumplido los requisitos legales necesarios.

La discusión, por tanto, ya no trata únicamente de si Trump puede construir su arco. Trata también de si puede empezar a construirlo antes de que los jueces decidan si tiene derecho a hacerlo.

El arco se suma a las disputas por la transformación de Washington

El monumento forma parte de una serie de proyectos impulsados por Trump para modificar algunos de los espacios más representativos de la capital estadounidense. Varias de esas iniciativas han terminado también ante los tribunales federales.

En el caso del arco de Arlington, la acumulación de demandas eleva considerablemente la presión jurídica. A la oposición de particulares y veteranos se añade la actuación conjunta de dos administraciones directamente afectadas, que pueden alegar perjuicios concretos sobre tráfico, seguridad, medio ambiente y planificación territorial.

Ese punto puede resultar especialmente importante. En litigios anteriores sobre proyectos presidenciales, los tribunales han debatido si quienes presentaban las demandas tenían realmente legitimación para recurrir. D.C. y Virginia intentan evitar ese obstáculo argumentando que los efectos de la obra recaerían directamente sobre sus territorios y sus servicios públicos.

Una carrera judicial antes de que empiecen las excavadoras

El futuro inmediato del arco de Trump dependerá de dos calendarios que avanzan casi en paralelo: el administrativo, con el Gobierno intentando cerrar las autorizaciones, y el judicial, con Chutkan estudiando si debe paralizar preventivamente las obras.

El proyecto puede acabar convirtiéndose en uno de los símbolos arquitectónicos más visibles del segundo mandato de Trump o quedar bloqueado antes de que comience la construcción. De momento, el presidente quiere levantar un enorme arco junto a Arlington y el proyecto ha terminado levantando primero una considerable montaña de litigios.