El Constitucional polaco cita a sus jueces tras suspender a su cúpula

El Tribunal Constitucional de Polonia afronta una reunión decisiva para intentar recuperar su funcionamiento después de una crisis institucional que ha enfrentado al Gobierno de Donald Tusk con el presidente del país, Karol Nawrocki, y ha dejado al propio órgano judicial dividido. La jueza Anna Korwin-Piotrowska ha convocado para este martes, 3 de noviembre, a la Asamblea General de Jueces, tras asumir provisionalmente la dirección del tribunal y ordenar la suspensión de sus dos máximos responsables.

La convocatoria, anunciada este lunes, llega después de que Korwin-Piotrowska apartara cautelarmente durante un mes al presidente del Constitucional, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Ambos rechazan la legalidad de la medida y cuentan con el respaldo del sector judicial vinculado al partido conservador Ley y Justicia (PiS), que gobernó Polonia entre 2015 y 2023.

La reunión está prevista para las 15.30 horas en la sede del tribunal, en Varsovia, aunque la propia magistrada ha reconocido que todavía existen dudas sobre su celebración efectiva. El principal obstáculo es el número de jueces que deben asistir para que la Asamblea pueda adoptar acuerdos válidos. No es una cuestión menor: las dos facciones discrepan incluso sobre quién tiene derecho a participar en las decisiones.

La crisis tiene su origen inmediato en la negativa del presidente Nawrocki a tomar juramento a cinco de los ocho nuevos magistrados elegidos por el Parlamento, donde la coalición europeísta de Tusk dispone de mayoría. Esa decisión desencadenó una cadena de enfrentamientos sobre la legitimidad de los nombramientos, el acceso a la sede judicial y la autoridad para dirigir una institución encargada de garantizar la constitucionalidad de las leyes.

Una Asamblea de Jueces marcada por las dudas sobre su validez

La Asamblea General constituye el principal órgano colegiado de gobierno interno del Constitucional polaco. Está integrada por los magistrados del tribunal y tiene competencias sobre su organización, el funcionamiento institucional y determinadas decisiones relativas a la situación jurídica de sus integrantes.

Entre sus atribuciones figura la posibilidad de autorizar el levantamiento de la inmunidad judicial y pronunciarse sobre cuestiones que afectan a los mandatos de los magistrados. Algunas de estas decisiones requieren mayorías cualificadas.

Sin embargo, antes de abordar cualquier acuerdo, la Asamblea tendrá que resolver un problema fundamental: el quórum necesario para celebrar una sesión válida.

El Constitucional dispone de 15 plazas y la regla general exige la presencia de dos tercios de sus integrantes, es decir, diez jueces. La dificultad surge porque Święczkowski y Sochański están suspendidos provisionalmente y existe una controversia adicional sobre la legitimidad del magistrado Jarosław Wyrembak.

Korwin-Piotrowska considera que esas circunstancias deben tenerse en cuenta al determinar quiénes pueden participar. Una interpretación que excluyera a los tres magistrados permitiría calcular los dos tercios sobre doce integrantes y rebajaría el mínimo a ocho asistentes.

No existe consenso jurídico sobre esa lectura. Otros juristas defienden que la referencia legal sigue siendo la composición constitucional de quince miembros y que, por tanto, deben estar presentes diez jueces, independientemente de las suspensiones.

La propia Korwin-Piotrowska ha señalado que corresponderá a la Asamblea pronunciarse sobre esta cuestión. También ha admitido que la reunión podría no celebrarse si finalmente no se alcanza el quórum.

La suspensión de la cúpula judicial agrava el enfrentamiento

El último episodio de esta crisis comenzó el viernes 30 de octubre, cuando Anna Korwin-Piotrowska anunció que asumía provisionalmente las funciones de dirección del tribunal.

La magistrada justificó su intervención por las actuaciones de Święczkowski y Sochański, a quienes atribuye obstáculos para que los jueces recientemente elegidos puedan ejercer sus funciones, así como irregularidades en la organización interna del Constitucional.

Entre los problemas denunciados figuran la asignación de asuntos judiciales y las dificultades para convocar una Asamblea General que debía abordar cuestiones administrativas y presupuestarias.

La suspensión ordenada tiene carácter cautelar y una duración inicial máxima de un mes. No constituye una destitución definitiva ni resuelve por sí misma las posibles responsabilidades disciplinarias de los afectados.

Corresponderá a los órganos disciplinarios competentes examinar las actuaciones y determinar si existen motivos suficientes para mantener las suspensiones.

Los magistrados apartados rechazan tanto la legitimidad de Korwin-Piotrowska para dirigir el tribunal como la validez de sus decisiones. El sector próximo a PiS ha llegado a presentar lo ocurrido como un intento de golpe de Estado institucional, una acusación política que el Gobierno de Tusk rechaza.

El enfrentamiento entre Tusk y Nawrocki

La disputa judicial refleja una división política que lleva años condicionando las instituciones polacas.

El primer ministro Donald Tusk, al frente de una coalición liberal y proeuropea, sostiene que su Gobierno intenta restablecer el Estado de derecho después de las reformas judiciales impulsadas durante los mandatos de Ley y Justicia.

Enfrente está el presidente Karol Nawrocki, próximo a PiS, que considera ilegítimas las actuaciones dirigidas a sustituir a los responsables del Constitucional.

El choque alcanzó una dimensión especialmente visible durante el fin de semana. Nawrocki interrumpió una visita a Senegal para regresar a Polonia y acudió a la sede del tribunal, donde se registraron momentos de tensión y enfrentamientos verbales entre representantes de ambas partes.

Este lunes, Tusk ha defendido que la solución no requiere una reforma constitucional. A su juicio, bastaría con que el presidente reconociera a los jueces elegidos por el Parlamento y permitiera su incorporación efectiva al tribunal.

La propuesta, sin embargo, no elimina las diferencias sobre la legalidad de los procedimientos utilizados.

Los nombramientos judiciales, origen de una crisis prolongada

La situación actual no puede entenderse únicamente como una disputa por dos cargos directivos.

Desde 2015, cuando Ley y Justicia llegó al Gobierno, el sistema judicial polaco ha acumulado controversias relacionadas con los procedimientos de designación de magistrados, la independencia de los tribunales y la influencia de los poderes políticos sobre la justicia.

Estas reformas provocaron conflictos con las instituciones europeas y dieron lugar a resoluciones judiciales sobre el funcionamiento del sistema polaco.

La llegada de Tusk al Ejecutivo abrió una nueva etapa, pero no eliminó automáticamente los problemas heredados. Su coalición pretende modificar el funcionamiento de varias instituciones mientras el presidente y una parte de los magistrados defienden la continuidad del modelo anterior.

En 2026, la elección parlamentaria de ocho nuevos miembros del Constitucional reactivó el enfrentamiento. Nawrocki tomó juramento a tres y se negó a hacerlo con los cinco restantes, incluida Korwin-Piotrowska.

Los magistrados afectados defendieron la validez de su elección parlamentaria, mientras la anterior dirección del tribunal sostuvo que no podían ejercer sus funciones sin completar el procedimiento ante el jefe del Estado.

Así, el Constitucional terminó dividido entre quienes reconocen plenamente a los nuevos jueces y quienes cuestionan la legalidad de su incorporación.

El problema trasciende la identidad de sus dirigentes. Si los propios magistrados no comparten criterios sobre la composición legítima del tribunal, también queda comprometido el reconocimiento de sus decisiones.

La Fiscalía y el presupuesto de 2027 complican la reunión

La Asamblea del martes deberá afrontar asuntos que van bastante más allá de la dirección del tribunal.

Uno de ellos es la situación procesal de los responsables suspendidos. El fiscal general y ministro de Justicia, Waldemar Żurek, ha presentado cinco solicitudes para levantar la inmunidad judicial: cuatro relativas a Święczkowski y una relacionada con Sochański.

La retirada de la inmunidad permitiría avanzar en los procedimientos correspondientes, pero no supondría una declaración de culpabilidad.

Korwin-Piotrowska también pretende incorporar al orden del día el sorteo de los jueces encargados de examinar los procedimientos disciplinarios abiertos a raíz de las suspensiones.

La magistrada defiende que la selección debe realizarse con transparencia y con conocimiento de los integrantes de la Asamblea.

Otro asunto pendiente es la aprobación del plan financiero del Tribunal Constitucional para 2027. La falta de una decisión sobre sus previsiones presupuestarias puede dificultar la organización administrativa del organismo.

No está garantizado que todos estos asuntos puedan resolverse en una sola sesión. Especialmente delicada resulta la cuestión de las inmunidades, ya que los magistrados necesitan examinar previamente la documentación presentada por la Fiscalía.

El conflicto, por tanto, afecta tanto al funcionamiento judicial como a la capacidad administrativa del Constitucional.

El quórum decidirá el futuro inmediato del Constitucional polaco

La reunión del 3 de noviembre representa el primer intento formal de encauzar la crisis desde la suspensión de la cúpula del tribunal.

Pero su resultado dependerá de algo más que la presencia física de los magistrados. Será necesario determinar qué jueces pueden participar, qué mayorías resultan aplicables y hasta dónde llegan las competencias de quienes actualmente dirigen la institución.

La ausencia de los magistrados contrarios a Korwin-Piotrowska podría impedir la celebración de la Asamblea o abrir nuevas impugnaciones sobre la validez de sus acuerdos.

Por su parte, el Gobierno mantiene que la normalización del Constitucional exige permitir que los magistrados elegidos por el Parlamento ejerzan sus responsabilidades, mientras sus adversarios políticos cuestionan los métodos utilizados para conseguirlo.

La independencia judicial y la legitimidad de las instituciones siguen siendo el centro del enfrentamiento. La Asamblea podría facilitar una salida administrativa y jurídica, pero difícilmente resolverá por sí sola una división política e institucional acumulada durante más de una década.

Por ahora, Polonia llega a la cita del martes con un Tribunal Constitucional dividido, cuyos magistrados ni siquiera coinciden plenamente sobre quién puede dirigirlo. Y esa discrepancia es, precisamente, el principal obstáculo para recuperar su funcionamiento ordinario.