Polonia se tensa tras la suspensión del presidente del Constitucional

Polonia afronta una nueva y grave crisis institucional después de que Bogdan Święczkowski, presidente del Tribunal Constitucional, fuera apartado temporalmente de sus funciones en una decisión cuya legalidad rechaza la propia dirección del órgano. La tensión llevó al despliegue de unidades policiales alrededor de la sede del tribunal en Varsovia y provocó protestas de simpatizantes de la oposición conservadora.

La situación llegó incluso hasta el avión presidencial. Karol Nawrocki interrumpió su viaje oficial a Senegal cuando se encontraba en pleno vuelo y ordenó regresar a Polonia. El presidente justificó la decisión por la gravedad de una crisis que afecta directamente al equilibrio entre las principales instituciones del Estado.

El episodio no se limita a un cambio en la dirección de un tribunal. Ha abierto una disputa sobre quién controla legalmente el Constitucional polaco. La jueza Anna Korwin-Piotrowska sostiene que asumió su dirección tras suspender a Święczkowski y al vicepresidente Bartłomiej Sochański. La dirección del propio tribunal, sin embargo, niega que ambos hayan perdido sus cargos y denuncia una toma ilegal de la institución.

La paradoja resume bastante bien el momento político polaco: dos grupos enfrentados dentro de una institución diseñada precisamente para decidir qué es constitucional.

Antidisturbios y protestas ante el Tribunal Constitucional

La policía desplegó decenas de agentes alrededor de la sede del Tribunal Constitucional durante la tarde y la noche del viernes 30 de octubre. Las autoridades sostuvieron que su objetivo era proteger la seguridad de las personas y mantener el orden público, no intervenir en el funcionamiento judicial.

Durante las protestas, tres personas fueron detenidas después de que algunos participantes atravesaran la valla del recinto. También se registró el lanzamiento de objetos contra los agentes. La policía aseguró que sus efectivos se encontraban en los terrenos del tribunal, aunque negó que hubieran entrado en el interior del edificio.

Ante la sede se concentraron simpatizantes de Ley y Justicia (PiS), principal partido de la oposición y formación que gobernó Polonia entre 2015 y 2023. También acudieron dirigentes conservadores. El líder de PiS, Jarosław Kaczyński, calificó lo ocurrido como un intento de golpe contra el orden constitucional.

Dentro y fuera del edificio se libraban así dos batallas distintas pero inseparables: una sobre el control físico de la sede y otra, bastante más profunda, sobre la legitimidad de quienes pueden ejercer como jueces del Constitucional.

Una suspensión que el propio tribunal rechaza

El detonante inmediato fue un comunicado publicado en la página web del Tribunal Constitucional en el que se anunciaba una interrupción de un mes en las funciones de Święczkowski y Sochański.

Anna Korwin-Piotrowska afirmó posteriormente que había sido ella quien dictó las decisiones, presentándose como la magistrada con mayor antigüedad y asumiendo temporalmente las funciones de dirección. Según su versión, la medida responde, entre otras cuestiones, al bloqueo que impedía ejercer sus funciones a jueces elegidos por el Parlamento.

La orden citó el artículo 130 de la legislación polaca sobre la organización de los tribunales ordinarios. Su utilización en el Tribunal Constitucional, sin embargo, ha generado dudas jurídicas, ya que las competencias previstas para la jurisdicción ordinaria no pueden trasladarse necesariamente a un órgano constitucional con un estatuto diferente.

Dos versiones sobre quién dirige el Constitucional

La situación se volvió todavía más insólita cuando la cuenta oficial del tribunal contradijo lo publicado en su propia página web. Según esa versión, la web había sido tomada ilegalmente y Święczkowski continuaba siendo presidente, mientras Sochański seguía ocupando la vicepresidencia.

El mismo mensaje negó que Korwin-Piotrowska tenga autoridad para actuar como magistrada del Tribunal Constitucional y acusó a quienes participan en la operación de cometer un golpe de Estado. El origen de esa acusación está en otro conflicto sin resolver: Korwin-Piotrowska figura entre los magistrados elegidos por el actual Parlamento cuya incorporación efectiva al tribunal ha sido rechazada por el sector encabezado por Święczkowski y cuestionada por el presidente Nawrocki.

En otras palabras, la suspensión del presidente del Constitucional depende en parte de reconocer previamente la autoridad de la jueza que lo suspendió. Y esa autoridad es precisamente uno de los asuntos en disputa.

Nawrocki da media vuelta en pleno vuelo hacia Senegal

La magnitud política de la crisis quedó clara con la reacción de Karol Nawrocki. El presidente polaco viajaba hacia Senegal para una visita oficial cuando decidió dar media vuelta y regresar a Varsovia.

Nawrocki mantiene una relación política próxima al espacio conservador de PiS y ha sido uno de los principales obstáculos para los planes del Gobierno de Donald Tusk destinados a reorganizar las instituciones judiciales heredadas de la etapa anterior. Durante 2026 ha rechazado tomar juramento a varios jueces elegidos por la mayoría parlamentaria, mientras Święczkowski ha impedido que parte de esos magistrados asumieran sus funciones.

Su regreso precipitado convierte el conflicto del Constitucional en un choque entre los principales poderes del Estado. El Gobierno defiende que está reconstruyendo la independencia judicial después de los años de PiS. La Presidencia y la oposición consideran, por el contrario, que algunas de esas medidas vulneran las garantías constitucionales que el Ejecutivo dice querer restaurar.

Tusk defiende la restauración del Estado de derecho

El primer ministro, Donald Tusk, respondió a la escalada defendiendo la actuación de su mayoría política y aseguró que restaurar el Estado de derecho constituye una obligación. Para el Gobierno, el proceso posterior a los años de administración de PiS exige corregir las consecuencias de unas reformas judiciales ampliamente cuestionadas.

El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, había presentado además solicitudes para levantar la inmunidad de Święczkowski y Sochański. El Ejecutivo acusa a la dirección del tribunal de haber impedido que magistrados elegidos legalmente desempeñasen sus funciones.

La oposición ofrece la interpretación contraria. Para PiS, el Ejecutivo está utilizando las instituciones del Estado para hacerse con el control de un tribunal que no acepta su estrategia de reforma judicial. Las referencias a un “golpe de Estado” forman parte de esa acusación política y no equivalen, por sí mismas, a una declaración judicial de que se haya producido un golpe.

Esa distinción importa. Mucho. En un conflicto de esta intensidad, el lenguaje político ha avanzado más deprisa que cualquier resolución jurídica definitiva.

Una pelea por los tribunales que viene de lejos

La crisis no apareció de repente el 30 de octubre. El Tribunal Constitucional de Polonia lleva años situado en el centro del enfrentamiento sobre el Estado de derecho y la independencia de la Justicia.

Durante los gobiernos de PiS entre 2015 y 2023, las reformas judiciales polacas provocaron un duro enfrentamiento con las instituciones europeas. Bruselas y numerosos juristas cuestionaron la independencia de diversos organismos y denunciaron la creciente influencia política sobre la Justicia. Las disputas acabaron derivando en procedimientos y sanciones europeas.

Cuando Tusk regresó al poder en 2023 al frente de una coalición proeuropea, prometió desmontar parte de aquellas reformas y recuperar la independencia judicial. La tarea resultó bastante menos sencilla de lo que parecía desde la oposición.

El Gobierno controla el Parlamento, pero no controla la Presidencia, que dispone de importantes facultades institucionales. Primero encontró resistencia en el anterior jefe del Estado y después en Nawrocki, respaldado por el campo conservador. El resultado ha sido una sucesión de vetos, nombramientos cuestionados y decisiones que cada bando considera ilegítimas.

El Constitucional queda atrapado entre dos legitimidades

La composición del tribunal se ha convertido en uno de los puntos más delicados. El Parlamento actual ha elegido nuevos magistrados para cubrir vacantes, pero Nawrocki ha rechazado aceptar el juramento de varios de ellos. Święczkowski, por su parte, se ha negado a reconocer a algunos como miembros efectivos del tribunal.

Los nuevos jueces y la mayoría parlamentaria sostienen que fueron elegidos conforme al procedimiento legal y que no puede bloquearse indefinidamente su incorporación mediante la negativa presidencial a recibir el juramento. Sus adversarios responden que el cumplimiento formal de esos requisitos es indispensable para ejercer el cargo.

Ahí está el nudo. Sin acuerdo sobre quién es juez, tampoco existe acuerdo sobre quién puede elegir, sustituir o suspender al presidente del tribunal.

Una crisis institucional sin árbitro aceptado por todos

Polonia llega al 31 de octubre con el Tribunal Constitucional dividido, policías desplegados en su entorno, tres detenidos durante las protestas y el presidente del país regresando precipitadamente a Varsovia desde un viaje internacional.

Lo más importante, sin embargo, permanece sin resolver: Święczkowski ha sido suspendido según una parte del propio tribunal, pero continúa siendo presidente según la otra. Korwin-Piotrowska asegura haber asumido la dirección; sus adversarios niegan incluso que tenga autoridad para ejercer como magistrada.

Por debajo de la espectacularidad de los antidisturbios y del avión presidencial dando media vuelta hay un problema más serio. Polonia tiene dos interpretaciones enfrentadas de la legalidad judicial y, de momento, ninguna institución consigue imponer una solución que la otra parte reconozca como legítima.

La batalla por el Constitucional, lejos de terminar con una suspensión, entra así en una fase mucho más delicada para el equilibrio institucional de Polonia.