La UE pide a Nawrocki desbloquear el Tribunal Constitucional polaco

La Comisión Europea ha intervenido en la grave crisis institucional de Polonia y ha instado al presidente Karol Nawrocki a permitir que el Tribunal Constitucional funcione conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. Bruselas ha recordado, en particular, que corresponde al Sejm, la Cámara Baja del Parlamento, elegir a los miembros del tribunal, una competencia expresamente recogida en la Constitución polaca.

La posición europea llega después de una jornada extraordinariamente tensa en Varsovia, con policías desplegados en torno a la sede del Constitucional, protestas, una pugna abierta por la dirección de la institución y el propio Nawrocki entrando durante la madrugada en el edificio tras interrumpir un viaje a Senegal. En el centro del choque están ocho magistrados elegidos por el Sejm durante 2026 y, sobre todo, los cinco cuya incorporación sigue bloqueada por el presidente.

El conflicto ha dejado de ser una discusión técnica sobre nombramientos. Gobierno, Presidencia y distintos sectores del propio tribunal mantienen interpretaciones incompatibles sobre quién puede ejercer como magistrado y quién tiene autoridad para dirigir una de las instituciones fundamentales del sistema constitucional polaco.

Bruselas entra en la batalla por el Constitucional polaco

La Comisión Europea ha pedido a las autoridades polacas que garanticen que el Tribunal Constitucional pueda trabajar con normalidad, de acuerdo con la Constitución nacional y respetando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El mensaje contiene un detalle político y jurídico especialmente importante. Bruselas sostiene que el nombramiento de los miembros del Constitucional corresponde al Sejm. Es decir, el jefe del Estado no dispone, según esta interpretación, de una facultad política para seleccionar cuáles de los magistrados elegidos por el Parlamento pueden asumir el cargo y cuáles quedan fuera.

La intervención comunitaria refuerza así una de las posiciones enfrentadas en Varsovia, aunque no resuelve por sí sola el laberinto legal creado alrededor del tribunal. El conflicto no se limita a quién ocupa determinados puestos. A estas alturas, las partes discuten incluso quién tiene autoridad para dirigir la institución. Y ahí está buena parte del problema.

Ocho jueces elegidos por el Sejm y cinco todavía bloqueados

Durante 2026, el Parlamento polaco ha elegido a ocho magistrados para el Tribunal Constitucional. Seis fueron designados el 13 de marzo: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek y Maciej Taborowski. Después llegaron Sławomir Patyra, elegido en junio, y Maciej Berek, elegido el 4 de septiembre.

Nawrocki aceptó el juramento de Bentkowska, Szostek y Patyra, pero no hizo lo mismo con los otros cinco. Estos últimos recurrieron a fórmulas alternativas para prestar juramento, entre ellas hacerlo ante el Sejm, una solución que la Presidencia considera insuficiente para que puedan asumir plenamente sus funciones.

La diferencia es mucho más que ceremonial. Sin poder incorporarse con normalidad, los magistrados no pueden ejercer de manera efectiva dentro de una institución encargada precisamente de determinar si las leyes respetan la Constitución.

La Constitución atribuye la elección al Parlamento

El artículo 194 de la Constitución polaca establece que el Tribunal Constitucional está compuesto por 15 jueces elegidos individualmente por el Sejm para mandatos de nueve años. La reelección no está permitida.

La controversia aparece después, en torno al juramento y a las competencias presidenciales durante ese procedimiento. La mayoría parlamentaria sostiene que el presidente debe recibir el juramento y que no puede convertir esa intervención en una especie de derecho de veto sobre la elección realizada por los diputados.

La Presidencia mantiene otra interpretación: considera que quienes no hayan prestado juramento ante el jefe del Estado no pueden asumir válidamente el cargo. Ese desacuerdo, aparentemente procedimental, tiene consecuencias enormes cuando afecta a cinco miembros de un tribunal de 15 magistrados.

La cuestión tampoco ha quedado aislada dentro de Polonia. La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, examinó en octubre de 2026 precisamente las facultades del presidente durante la toma de juramento de los magistrados del Constitucional.

La lucha por los jueces acaba en una batalla por controlar el tribunal

El enfrentamiento dio un salto cualitativo el viernes 30 de octubre. Anna Korwin-Piotrowska anunció una interrupción temporal de las funciones del presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, y asumió la dirección provisional de la institución.

Święczkowski no reconoce esa decisión. Nawrocki tampoco. La legalidad de la suspensión está discutida incluso entre sectores que cuestionan el bloqueo presidencial de los nuevos magistrados.

La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos de Polonia, crítica con la negativa a incorporar a los jueces elegidos por el Parlamento, ha señalado que no encuentra base jurídica suficiente para apartar de ese modo al presidente del tribunal. Al mismo tiempo, ha reclamado a Nawrocki que deje de impedir la incorporación de los magistrados. El resultado es insólito: dos autoridades diferentes reivindican la dirección del mismo Constitucional.

Mientras la tensión aumentaba dentro del edificio, numerosos manifestantes, entre ellos simpatizantes y dirigentes de la derecha nacionalista, se concentraron en el exterior. La Policía desplegó efectivos y se produjeron incidentes cuando algunos manifestantes intentaron superar las barreras de seguridad. Varias personas fueron detenidas.

Nawrocki interrumpe su viaje y regresa a Varsovia

La crisis sorprendió al presidente polaco cuando se encontraba de camino a Senegal. Nawrocki ordenó regresar a Polonia y durante la madrugada acudió al Tribunal Constitucional.

Su entrada quedó registrada en imágenes en las que se observa un forcejeo en el acceso al edificio. Las versiones sobre lo ocurrido son contradictorias: los magistrados enfrentados a Nawrocki aseguran que el presidente los apartó físicamente, mientras que su entorno sostiene que fueron ellos quienes intentaron impedir el paso al jefe del Estado. No existe una resolución judicial que haya establecido responsabilidades por ese episodio.

Horas después, Nawrocki denunció una supuesta toma por la fuerza de un órgano constitucional y pidió que los efectivos enviados por el Gobierno abandonaran el entorno del tribunal. También respaldó a Święczkowski y Sochański frente a quienes intentan sustituirlos.

Donald Tusk plantea exactamente lo contrario. El primer ministro sostiene que su Gobierno está intentando restablecer el Estado de derecho después de los cambios introducidos durante los años de gobierno del partido Ley y Justicia, PiS, entre 2015 y 2023, y afirma que los magistrados elegidos legalmente por el Parlamento deben poder trabajar.

Dos interpretaciones del orden constitucional, frente a frente. Y ninguna parece dispuesta a ceder. La disputa entre Tusk y Nawrocki ha trasladado al corazón del sistema judicial una cohabitación política que ya era complicada desde la llegada del actual presidente al cargo.

Una crisis judicial que Polonia arrastra desde la etapa del PiS

Para entender por qué Bruselas ha entrado en escena hay que retroceder más de una década. El Tribunal Constitucional fue uno de los principales focos del conflicto entre la Unión Europea y los gobiernos del PiS.

La Comisión Europea cuestionó durante años diferentes reformas judiciales polacas por considerar que reducían la independencia de los tribunales. La disputa llegó al Tribunal de Justicia de la UE y acabó afectando también a la financiación europea destinada a Varsovia.

El 18 de diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que Polonia había incumplido obligaciones derivadas del derecho comunitario en relación con su Tribunal Constitucional. La sentencia cuestionó, entre otros aspectos, graves irregularidades en la composición de la corte y su capacidad para actuar como un tribunal independiente e imparcial establecido por ley.

Tusk, que regresó al poder en 2023, convirtió la recuperación de la independencia judicial en uno de los grandes compromisos de su Gobierno. Pero el escenario cambió con la llegada a la Presidencia de Karol Nawrocki en 2025, respaldado electoralmente por el PiS.

Desde entonces, la cohabitación política entre el Gobierno y la Presidencia ha convertido numerosas reformas en un pulso institucional. El Constitucional es, probablemente, su expresión más delicada porque afecta al árbitro encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes.

Tras abandonar el Tribunal Constitucional, Nawrocki convocó el 31 de octubre una serie de reuniones urgentes con representantes de los partidos parlamentarios. Por el Palacio Presidencial pasaron dirigentes del PSL, Polonia 2050, PiS, Razem, Konfederacja y otras formaciones. Las consultas pretendían encontrar una salida, pero no se anunció ningún acuerdo capaz de resolver el bloqueo.

La Comisión Europea intervino después con su mensaje sobre las competencias del Sejm, elevando de nuevo un conflicto interno polaco al plano europeo. La dificultad está en que ya no existe únicamente un desacuerdo entre Gobierno y Presidencia. Hay magistrados que no se reconocen mutuamente, dos versiones sobre quién dirige el tribunal y una discusión abierta acerca de la validez de las decisiones adoptadas desde cada lado.

El Tribunal sigue dividido entre dos legitimidades enfrentadas

La posición de Bruselas aporta una referencia clara sobre uno de los elementos centrales de la crisis: para la Comisión Europea, la elección de los magistrados corresponde al Parlamento polaco y las autoridades nacionales deben garantizar que el Constitucional pueda funcionar respetando la Constitución y el derecho europeo.

Pero queda pendiente lo más difícil. Nawrocki mantiene su rechazo a reconocer plenamente a cinco de los magistrados elegidos en 2026, Święczkowski reivindica su continuidad al frente del tribunal y el sector encabezado por Korwin-Piotrowska sostiene que puede dirigir provisionalmente la institución.

Polonia vuelve así al mismo terreno que ha marcado buena parte de su política institucional durante la última década: quién controla los tribunales, quién puede nombrar a sus jueces y hasta dónde llegan las facultades del poder político.

Esta vez, sin embargo, el conflicto ha dejado de ser una disputa jurídica relativamente abstracta. Ha llevado policías, manifestantes, jueces y al propio presidente de la República hasta las puertas del Constitucional. Y Bruselas acaba de dejar claro que también está mirando.