Un tribunal de EE.UU. abre la puerta a restablecer el TPS venezolano

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha rechazado la petición del Gobierno de Donald Trump para mantener suspendida una orden judicial que protege a cientos de miles de venezolanos acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión despeja el camino para que esas protecciones migratorias vuelvan a estar vigentes a partir del 6 de noviembre, salvo que el Tribunal Supremo intervenga de nuevo.

El alcance es considerable. El TPS permite a sus beneficiarios permanecer temporalmente en Estados Unidos con protección frente a la deportación y acceso a una autorización de empleo mientras persistan las circunstancias que justificaron la designación de su país. En enero de 2025, el Gobierno estadounidense calculaba que alrededor de 607.000 venezolanos podían acogerse a la extensión entonces aprobada.

El Noveno Circuito rechaza la petición del Gobierno de Trump

La resolución, dictada el 30 de octubre por un panel de tres jueces, deniega la solicitud del Ejecutivo para prolongar la suspensión de una orden de un tribunal federal de California. También rechaza una petición alternativa del Gobierno para obtener una suspensión administrativa de al menos 21 días.

Los magistrados Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone acordaron además que el litigio continúe mediante un calendario acelerado, de modo que el Noveno Circuito pueda volver a examinar el fondo del caso. La resolución es breve y no zanja toda la disputa, pero su efecto inmediato es bastante más concreto: Washington no ha conseguido mantener congelada la protección cuando expire la suspensión vigente.

Ese momento llegará el viernes 6 de noviembre de 2026. Hasta entonces continúa operando la suspensión concedida por el Tribunal Supremo. Si el alto tribunal no dicta otra orden antes de esa fecha, la resolución favorable a los beneficiarios del TPS podrá volver a desplegar efectos mientras prosigue la batalla judicial.

Por qué el TPS de los venezolanos terminó en los tribunales

El conflicto se remonta a las decisiones adoptadas durante la transición entre las administraciones de Joe Biden y Donald Trump. En enero de 2025, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, había aprobado una extensión de 18 meses de la designación venezolana, hasta el 2 de octubre de 2026, al considerar que seguían existiendo condiciones extraordinarias y temporales que impedían un retorno seguro.

Tras el cambio de Administración, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anuló aquella decisión y avanzó hacia la terminación del TPS venezolano. La National TPS Alliance y varios beneficiarios llevaron esas medidas ante los tribunales, abriendo una disputa que ha ido pasando de una instancia judicial a otra.

Un juez federal determinó posteriormente que Noem había excedido las facultades que le concedía la legislación al intentar dejar sin efecto la extensión y terminar anticipadamente la designación. Ahí comenzó una larga sucesión de recursos, suspensiones y decisiones provisionales.

El Supremo cambió el rumbo del litigio

El Tribunal Supremo permitió en octubre de 2025 que la Administración mantuviera suspendidos los efectos de la decisión favorable a los migrantes mientras continuaba el procedimiento. Esa medida dejó a numerosos beneficiarios sin la protección migratoria que reclamaban los demandantes.

La causa volvió después al Supremo. El 5 de octubre de 2026, los magistrados anularon una sentencia anterior del Noveno Circuito y devolvieron el caso al tribunal de apelaciones para que lo reconsiderara teniendo en cuenta una doctrina fijada previamente por el alto tribunal que limitaba la capacidad de los tribunales federales para revisar determinadas decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre el TPS.

El Gobierno consideraba que ese precedente reforzaba su posición y pidió al Noveno Circuito que mantuviera suspendida la orden inferior una vez venciera la protección temporal decretada por el Supremo. Los tres jueces, sin embargo, han rechazado prolongar esa suspensión.

Qué cambia para los venezolanos con TPS

La decisión del viernes no resuelve definitivamente el litigio ni significa que el TPS venezolano quede garantizado de manera permanente. Ese matiz importa. Lo que hace el Noveno Circuito es negarse a prolongar la suspensión solicitada por el Gobierno mientras se decide el recurso.

En términos prácticos, si no aparece una nueva intervención del Tribunal Supremo, los venezolanos afectados por la terminación podrán ver restablecido su TPS el 6 de noviembre mientras continúa el proceso judicial.

La situación administrativa puede resultar compleja porque durante meses coexistieron distintas designaciones de Venezuela, fechas de expiración y documentos de autorización laboral. Algunos beneficiarios conservaron determinados permisos hasta octubre de 2026, mientras que otros perdieron anteriormente su protección como consecuencia de las medidas adoptadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

El eventual restablecimiento judicial puede obligar a las autoridades migratorias a concretar cómo deberán tratarse los permisos de trabajo, los registros pendientes y las acreditaciones de estatus de las personas afectadas. Para los beneficiarios, esa letra pequeña administrativa es casi tan importante como la propia resolución judicial.

Qué es el TPS y qué derechos concede

El Estatus de Protección Temporal es una figura de la legislación estadounidense destinada a ciudadanos de países donde una guerra, una catástrofe natural u otras condiciones extraordinarias hacen inseguro el regreso. Se trata de una protección temporal, no de una concesión automática de residencia permanente.

El TPS tampoco concede por sí mismo una vía hacia la ciudadanía. Mientras una persona mantiene el estatus y cumple los requisitos establecidos, queda protegida frente a la expulsión por su situación migratoria y puede obtener autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Venezuela fue designada inicialmente para este programa en 2021. En 2023 se produjo una nueva designación y posteriormente llegaron distintas extensiones. El Gobierno de Joe Biden justificó la última prolongación por la persistencia de condiciones extraordinarias en el país latinoamericano, mientras que la Administración Trump defendió después que ya no se cumplían los requisitos necesarios para conservar la protección.

La disputa también afecta al poder del Gobierno

El fondo jurídico va más allá de Venezuela. La discusión no gira únicamente alrededor de si el país debe conservar o no el TPS, sino de qué facultades tiene el secretario de Seguridad Nacional para cancelar, revisar o terminar una designación previamente aprobada y hasta dónde pueden los tribunales revisar esas decisiones.

Ese punto explica por qué un asunto que afecta directamente al permiso de residencia temporal y de trabajo de cientos de miles de personas ha acabado convirtiéndose también en una discusión sobre el alcance del poder ejecutivo en materia migratoria.

El Supremo todavía puede volver a intervenir

La Administración Trump conserva una vía inmediata: acudir nuevamente al Tribunal Supremo y pedirle que intervenga antes del 6 de noviembre. Ya consiguió medidas favorables en fases anteriores de este mismo procedimiento, por lo que la decisión del Noveno Circuito no convierte todavía el restablecimiento del TPS en irreversible.

Si el Supremo no actúa, la negativa del tribunal de apelaciones permitirá que vuelva a entrar en vigor la protección reconocida por el tribunal inferior mientras se tramita el recurso. Entretanto, el propio Noveno Circuito deberá reconsiderar el fondo de la causa bajo las reglas fijadas por el alto tribunal.

El 6 de noviembre marca el próximo paso del TPS venezolano

Para cientos de miles de venezolanos, la diferencia entre una resolución procesal y una sentencia definitiva es jurídicamente enorme. En la vida diaria, bastante menos: tener o no tener TPS puede determinar la posibilidad de trabajar legalmente y mantener la protección frente a una deportación.

El 6 de noviembre se convierte así en la próxima fecha decisiva. Si no llega una nueva orden del Supremo, la protección podrá reactivarse mientras continúa un litigio que sigue abierto y que todavía puede producir nuevos giros en los tribunales estadounidenses.