El caso Leire Díez revela que Okdiario pagó la defensa de Koldo García

La investigación judicial del caso Leire Díez ha dado un giro que pone bajo el foco las relaciones entre determinados medios de comunicación, antiguos responsables políticos y las llamadas cloacas del Estado. El sumario que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, inicialmente centrado en una presunta trama para obstaculizar investigaciones contra el PSOE, ha incorporado documentos y testimonios que también remiten a operaciones contra adversarios políticos durante gobiernos del Partido Popular.

La revelación más significativa afecta a Okdiario y los 242.000 euros que su empresa editora abonó al despacho encargado de defender a Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos. Las facturas aportadas al procedimiento contradicen una de las sospechas de los investigadores: que el PSOE sufragaba los honorarios de la abogada Leticia de la Hoz para proteger sus intereses judiciales. El digital dirigido por Eduardo Inda rechaza, sin embargo, que esos pagos respondieran a la defensa jurídica y sostiene que su relación económica con García estaba vinculada a un proyecto editorial y audiovisual.

No es el único episodio que ha adquirido una nueva dimensión. La causa contiene grabaciones sobre antiguas maniobras policiales contra dirigentes independentistas, documentación relativa a la nacionalidad de un exalto cargo venezolano y actuaciones relacionadas con la difusión de información privada de Begoña Gómez.

El conjunto plantea interrogantes sobre el uso político de la información y las conexiones entre determinados aparatos del Estado y medios de comunicación. No acredita, por sí mismo, una operación organizada por el PP, ni elimina las sospechas que pesan sobre los investigados vinculados al PSOE. Pero sí obliga a distinguir entre lo que se presumía, lo que muestran los documentos y lo que todavía debe resolver la Justicia.

Los 242.000 euros de Okdiario que contradicen una sospecha judicial

La documentación presentada por Leticia de la Hoz ante Santiago Pedraz incluye dos facturas y sus correspondientes justificantes bancarios. Ambas fueron emitidas por IDBO Consultants, el despacho vinculado a la letrada, a nombre de Dos Mil Palabras SL, empresa editora de Okdiario.

La primera factura, fechada el 27 de noviembre de 2025, ascendió a 181.500 euros, IVA incluido. La segunda, del 23 de enero de 2026, fue de 60.500 euros. El importe total alcanza los 242.000 euros.

Los documentos describen los servicios mediante conceptos relacionados con honorarios y gastos de asesoramiento jurídico y procedimientos de Koldo García. Las transferencias identifican a la sociedad editora del periódico como pagadora.

El dato tiene especial relevancia porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigaban la posibilidad de que el PSOE hubiera asumido los costes de determinadas defensas jurídicas como parte de una estrategia para limitar las consecuencias de las investigaciones judiciales.

De la Hoz, investigada en el procedimiento, había negado que los socialistas pagaran sus honorarios. Solicitó poder identificar a quien los sufragaba sin vulnerar sus obligaciones de secreto profesional. Tras el requerimiento judicial, entregó la documentación. Las facturas respaldan su versión sobre el origen de esos pagos concretos, aunque no resuelven todas las sospechas que motivaron su investigación.

Existe otra circunstancia relevante: el 27 de noviembre de 2025, fecha de la primera transferencia, Okdiario publicó una entrevista exclusiva con Koldo García en la que este formuló acusaciones contra Pedro Sánchez y su entorno.

La coincidencia temporal merece atención, pero no demuestra por sí sola que se pagara a García para realizar determinadas declaraciones ni que existiera un acuerdo para difundir informaciones falsas.

Durante su intervención final en el juicio del caso mascarillas, García había afirmado que representantes de dos medios le ofrecieron ayuda con sus problemas judiciales a cambio de atacar al Gobierno. Aquellas manifestaciones son acusaciones del propio condenado, no hechos acreditados judicialmente.

Okdiario niega haber pagado la defensa y presenta otro contrato

La versión del medio afectado introduce una controversia que sigue sin resolverse. Okdiario publicó el 30 de octubre un contrato firmado el 26 de noviembre de 2025 con Koldo García. Según su explicación, el acuerdo tenía como finalidad adquirir derechos de imagen y explotación de contenidos para elaborar un libro, una docuserie y otros posibles productos periodísticos o audiovisuales.

El periódico sostiene que esa relación comercial era independiente de la defensa de García ante los tribunales y rechaza las informaciones que relacionan sus pagos con los honorarios de la abogada.

El problema es que existen dos tipos de documentos diferentes. Por una parte, el contrato de colaboración editorial difundido por Okdiario. Por otra, las facturas dirigidas a su empresa editora y los justificantes de transferencias presentados ante la Audiencia Nacional, cuyos conceptos hacen referencia expresa a servicios jurídicos.

La existencia de un contrato editorial no aclara automáticamente el significado de las facturas judiciales. Tampoco permite descartar que las partes mantuvieran más de una relación económica.

Corresponderá a la investigación determinar si esos documentos responden a operaciones independientes, a una misma relación contractual o a alguna otra fórmula de pago.

Hay también una cuestión de transparencia periodística. Cuando un medio mantiene una relación económica con una persona a la que entrevista sobre asuntos de enorme trascendencia política, conocer esa circunstancia resulta relevante para que el público pueda valorar la información.

Pagar por derechos audiovisuales no constituye necesariamente un delito. Pero la naturaleza de esos acuerdos, su comunicación a los lectores y su posible influencia sobre los contenidos merecen explicaciones claras.

La investigación de Leire Díez sigue apuntando a una presunta trama del PSOE

Los pagos de Okdiario no borran el origen del procedimiento ni las graves sospechas recogidas en las diligencias judiciales. La Audiencia Nacional investiga si Leire Díez, Santos Cerdán y otros colaboradores participaron en una organización destinada a obtener información comprometida sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que intervenían en causas relacionadas con dirigentes socialistas o personas próximas al Gobierno.

Según los indicios manejados por el instructor, la presunta estructura habría tratado de desacreditar a investigadores, interferir en procedimientos y conseguir información mediante ofrecimientos económicos o de otra naturaleza.

El juez también examina pagos realizados desde el entorno socialista y el posible empleo de intermediarios para justificar determinadas operaciones económicas.

La responsabilidad penal de cada investigado deberá establecerse individualmente. No basta con haber mantenido reuniones, figurado en conversaciones o trabajado para una organización política para acreditar la participación en un delito.

El 9 de octubre, Pedraz rechazó imputar por el momento al PSOE como persona jurídica. Consideró necesario practicar más diligencias y concretar el origen, la autorización y la finalidad de los pagos investigados.

La situación de Leticia de la Hoz también requiere distinguir dos asuntos. Una cosa es quién pagó su trabajo como defensora de Koldo García. Otra, si participó en el presunto ofrecimiento de 50.000 euros a Carmen Pano para modificar su declaración sobre las entregas de efectivo que aseguró haber realizado en la sede socialista de Ferraz.

La abogada niega ese supuesto soborno y ha aportado conversaciones y documentación para sostener que sus contactos con Pano respondían a una operación empresarial relacionada con el sector de los hidrocarburos.

Aclarar quién pagó sus honorarios no equivale a resolver esa segunda acusación. Ambas cuestiones deben valorarse con sus propias pruebas.

Las grabaciones sobre las falsas cuentas de Xavier Trias

Otra de las piezas incorporadas al caso conecta con un episodio anterior al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre el material intervenido a Leire Díez figuran conversaciones grabadas en 2024 con Francisco Martínez, antiguo secretario de Estado de Seguridad durante el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, del PP.

En esas conversaciones, Martínez aborda la difusión de una información falsa sobre una supuesta cuenta bancaria en Suiza atribuida a Xavier Trias, entonces alcalde de Barcelona.

La acusación apareció publicada en 2014 y atribuía al político catalán una fortuna millonaria en entidades financieras extranjeras. Trias negó los hechos y presentó documentación bancaria para desmentirlos.

En las grabaciones incorporadas al procedimiento, Martínez reconoce la falsedad de aquella información y describe prácticas de filtración de materiales policiales a medios de comunicación. También atribuye a Fernández Díaz una especial inclinación a esas filtraciones.

Son manifestaciones del antiguo número dos de Interior, no una sentencia que establezca la responsabilidad penal de todas las personas mencionadas.

Su importancia reside en que muestran cómo una investigación centrada en presuntas maniobras contra el Gobierno socialista ha terminado incorporando testimonios sobre el uso político de información policial durante un Ejecutivo del PP.

El episodio recuerda una cuestión fundamental: los cuerpos policiales deben investigar delitos y servir al Estado, no convertirse en instrumentos para desacreditar adversarios políticos.

Cuando una información falsa adquiere apariencia de credibilidad por su supuesto origen policial, el daño puede producirse mucho antes de que llegue una rectificación. Y algunas veces, cuando llega, ya es demasiado tarde para reparar sus efectos políticos.

El expediente de un exdirigente venezolano y los correos de Begoña Gómez

El sumario también ha incorporado actuaciones relacionadas con Nervis Villalobos, exviceministro venezolano de Energía investigado en España por blanqueo de capitales.

La Guardia Civil y Anticorrupción examinan las circunstancias en las que obtuvo la nacionalidad española en 2024, ante las sospechas sobre la documentación utilizada para acreditar su ascendencia.

Sin embargo, el recorrido administrativo del expediente comenzó años antes. Villalobos inició sus gestiones en 2016, durante un Gobierno del PP. Posteriormente declaró ante el Congreso que antiguos responsables policiales españoles le habían ofrecido facilitar su nacionalización a cambio de proporcionar información contra Podemos y dirigentes independentistas.

Esa afirmación constituye su testimonio, no una acreditación judicial de que se produjera el ofrecimiento.

Durante los gobiernos socialistas también se rechazaron solicitudes de nacionalidad del exdirigente venezolano. Finalmente, un recurso relacionado con su ascendencia española permitió que prosperara su petición.

La investigación ha examinado igualmente la intervención de Sofía Puente, responsable de Seguridad Jurídica y Fe Pública, quien se interesó por el expediente en 2020.

Un elemento relevante es que, tras revisar los antecedentes de Villalobos, Puente ordenó denegar aquella solicitud. Esa circunstancia modifica sustancialmente cualquier interpretación que presente su intervención como una gestión dirigida necesariamente a favorecer al solicitante.

Que un funcionario consulte un expediente no demuestra que haya cometido una irregularidad. Y que un asunto administrativo aparezca en una causa penal no acredita automáticamente su relación con la organización investigada.

Otro frente afecta a la difusión de información privada de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Un informe de la UCO recoge que la jueza Beatriz Biedma, instructora del procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente, solicitó incorporar comunicaciones que incluían datos de Gómez pese a que los agentes habían planteado dudas sobre su relevancia para aquella investigación.

Posteriormente, parte de esa información, incluida una dirección de correo electrónico, apareció publicada en Okdiario.

La difusión provocó una avalancha de mensajes ofensivos y amenazas que obligó a inutilizar la cuenta afectada.

La documentación conocida permite reconstruir cómo esos datos llegaron al procedimiento y acabaron publicados, pero no demuestra quién los filtró ni que la magistrada participara en una revelación ilícita.

Las amenazas a la jueza Biedma siguen bajo investigación

El caso también investiga presuntas maniobras de presión contra Beatriz Biedma por su actuación en el procedimiento relacionado con David Sánchez.

La Guardia Civil recogió testimonios sobre posibles amenazas y contactos del exjuez Luis Sáenz de Tejada con personas enfrentadas a la magistrada. Algunas declaraciones aludían a expresiones que podían interpretarse como amenazas de violencia física.

Sáenz de Tejada, citado como investigado, ha negado haber participado en una conspiración para agredir a Biedma y ha rechazado determinados contactos que se le atribuyen. La jueza ha solicitado que se esclarezcan los hechos.

La ausencia de una prueba concluyente sobre un supuesto plan de agresión no convierte las amenazas denunciadas en irrelevantes. Lo que corresponde es investigar su origen, alcance y posibles responsables, sin presentar como demostrado aquello que todavía está sometido a comprobación.

Las cloacas políticas y el dinero exigen las mismas respuestas

El caso Leire Díez se ha convertido en una investigación que trasciende las sospechas iniciales sobre una presunta red vinculada al PSOE. Los documentos incorporados al procedimiento plantean cuestiones que afectan a empresas periodísticas, antiguos responsables del Ministerio del Interior, funcionarios públicos y dirigentes políticos de distintas etapas.

Pero la responsabilidad no se transmite por proximidad ideológica. Que un medio tenga una línea editorial favorable al PP no demuestra que el partido ordenase sus actuaciones. Del mismo modo, que una persona investigada militara en el PSOE no convierte automáticamente a toda la organización en responsable penal de sus conductas.

La relación entre Okdiario y las administraciones gobernadas por el Partido Popular merece, por otra parte, un análisis independiente. La editora del periódico ha recibido ingresos por publicidad institucional y patrocinios de distintas administraciones, incluidas algunas dirigidas por los populares.

Esos contratos no prueban que el PP financiara la defensa de Koldo García ni que existiera una operación coordinada contra el Gobierno. Confundir esos extremos sería precisamente incurrir en el tipo de salto interpretativo que exige tanta cautela en una investigación de estas características.

Lo comprobable es que una empresa editora pagó 242.000 euros a un despacho jurídico, que el medio discute la finalidad atribuida a esos desembolsos y que el juez dispone de documentación relevante para examinar una sospecha concreta.

También existen grabaciones sobre antiguas prácticas de filtración policial, testimonios contradictorios y expedientes cuya interpretación exige revisar algo más que los fragmentos políticamente convenientes.

La investigación deberá determinar qué actuaciones fueron delictivas, quiénes participaron y si existieron instrucciones o financiación desde estructuras políticas o empresariales.

Mientras tanto, hay una exigencia democrática bastante sencilla: el mismo rigor para investigar las maniobras atribuidas al PSOE que para examinar los indicios relacionados con el entorno del PP.

Porque las cloacas del Estado no dejan de serlo cuando perjudican al adversario. Y tampoco se convierten en aceptables porque quien las denuncia haya podido beneficiarse de otras.

La independencia de la Justicia y la credibilidad de la información pública dependen, en buena medida, de que esa distinción nunca se pierda.