Un concejal del PP, denunciado por abofetear al delegado en Cantabria

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha denunciado ante la Guardia Civil al concejal del Partido Popular David Setién por una presunta agresión física y verbal durante la Feria Ganadera de Arredondo. Según la denuncia, el edil popular le habría propinado una bofetada después de recriminarle la política del Gobierno central sobre la protección del lobo. El incidente ocurrió el domingo 1 de noviembre de 2026, durante una visita oficial del representante del Ejecutivo.

Casares, que también es secretario general del PSOE de Cantabria, formalizó la denuncia el lunes 2 de noviembre. La Policía Nacional tuvo que intervenir a través del escolta que acompañaba al delegado del Gobierno, cuyo relato figura en un parte de actuaciones. El PP cántabro, consultado sobre lo sucedido, ha declinado realizar declaraciones. La denuncia está presentada, aunque la agresión todavía debe esclarecerse en el correspondiente procedimiento.

El episodio ha provocado una nueva controversia política en Cantabria. No solo por la identidad de los implicados, sino porque el enfrentamiento se produjo durante un acto público vinculado al sector ganadero, en un momento de especial sensibilidad por las diferencias sobre la gestión del lobo y los daños que ocasiona a las explotaciones.

Una discusión sobre el lobo acaba en una presunta bofetada

Los hechos denunciados ocurrieron alrededor del mediodía del domingo, en las inmediaciones de la plaza de la iglesia de Arredondo, donde se celebraba el tradicional concurso de cabras integrado en la Feria de Todos los Santos.

Pedro Casares había acudido al municipio en calidad de delegado del Gobierno. Según la información facilitada por la Delegación, esperaba para saludar al alcalde y participar en un programa informativo relacionado con la celebración ganadera.

Fue entonces cuando David Setién, concejal del PP en Ruesga, se habría acercado al dirigente socialista para reprocharle su posición respecto a la protección del lobo en Cantabria.

La discusión, siempre según la versión recogida en la denuncia, fue subiendo de tono hasta desembocar en una presunta agresión física. El edil popular habría abofeteado a Casares, lo que obligó a intervenir a uno de los agentes encargados de su protección.

El origen del enfrentamiento resulta significativo. La gestión del lobo es una cuestión especialmente conflictiva en numerosas zonas rurales de Cantabria, donde los ganaderos llevan años reclamando medidas frente a los ataques al ganado.

Es un debate legítimo, con intereses económicos, ambientales y sociales que no siempre encuentran una solución sencilla. Pero una discrepancia sobre la política de conservación de una especie no puede justificar una agresión. Ni contra un representante público ni contra cualquier ciudadano.

Quién es David Setién, el concejal del PP denunciado

David Setién es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ruesga, un municipio cántabro próximo a Arredondo. Fue candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2023 y ejerce como portavoz del grupo popular en el consistorio.

Su condición de cargo público añade relevancia institucional al incidente denunciado, ya que el enfrentamiento habría tenido lugar entre dos responsables políticos durante una actividad oficial.

Por su parte, Pedro Casares combina la representación del Gobierno de España en Cantabria con la Secretaría General del PSOE autonómico. Esta doble responsabilidad sitúa el episodio tanto en el ámbito institucional como en el de la confrontación entre los principales partidos.

Conviene precisar que la presentación de una denuncia no equivale a una condena. Setién figura como presunto autor de los hechos relatados por Casares y conserva plenamente su presunción de inocencia.

Hasta la información conocida este 3 de noviembre, no consta una resolución judicial que determine responsabilidades por lo sucedido.

El escolta de Pedro Casares intervino durante el incidente

Uno de los elementos relevantes del caso es la intervención del dispositivo de seguridad que acompañaba al delegado del Gobierno.

Según la Delegación, un agente de la Policía Nacional presenció el incidente y tuvo que intervenir durante el enfrentamiento. Su versión de lo ocurrido quedó recogida en el correspondiente parte de actuaciones, elaborado por los efectivos encargados de la protección de Casares.

Este documento tiene especial importancia porque incorpora el relato de un agente que se encontraba desempeñando sus funciones profesionales en el momento de los hechos.

La información disponible señala que el testimonio del escolta se incorporará a la denuncia presentada ante la Guardia Civil.

Qué deberá aclarar la investigación

La existencia de una denuncia y de un parte policial permite identificar los elementos iniciales del caso, pero todavía quedan aspectos que deberán esclarecerse.

Entre ellos, las circunstancias exactas del enfrentamiento, el alcance del contacto físico denunciado y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.

Tampoco se ha comunicado públicamente la existencia de lesiones que permitan precisar las consecuencias físicas de la presunta bofetada.

La Guardia Civil deberá examinar los hechos denunciados y tramitar las actuaciones que correspondan. La eventual intervención de un juzgado y la calificación jurídica de lo sucedido dependerán del resultado de esas diligencias.

El PP de Cantabria guarda silencio y la Delegación condena la violencia

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha reaccionado con dureza a lo ocurrido. En un comunicado institucional ha calificado los hechos denunciados de «gravísimos» por su repercusión sobre la convivencia democrática y el respeto a la pluralidad política.

El organismo también ha defendido que la violencia resulta incompatible con una sociedad democrática y ha vinculado lo sucedido con el clima de creciente crispación política en España.

La institución recuerda que la Constitución española reconoce la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico.

Por su parte, el Partido Popular de Cantabria ha declinado pronunciarse sobre la denuncia. Tampoco se ha conocido una versión pública del concejal David Setién que permita contrastar directamente su relato con el presentado por Casares.

La ausencia de declaraciones no permite anticipar cuál será la posición definitiva de la formación ni debe interpretarse como un reconocimiento de los hechos denunciados.

El caso plantea, no obstante, una cuestión de responsabilidad política que va más allá de su posible recorrido judicial. Los partidos pueden discrepar sobre las políticas públicas, defender a sus representantes y cuestionar las decisiones de sus adversarios. Lo que resulta incompatible con el debate democrático es sustituir los argumentos por la intimidación o la violencia.

De la protesta ganadera a un conflicto institucional

La Feria de Todos los Santos de Arredondo reúne a ganaderos y visitantes en torno a una celebración vinculada a las tradiciones rurales de Cantabria. El concurso de cabras constituye uno de sus actos característicos.

Este año, sin embargo, la cita ha quedado marcada por un enfrentamiento político que poco tiene que ver con su finalidad original.

El trasfondo de la discusión, la gestión del lobo, merece un debate propio. Los daños al ganado, las medidas de protección de las explotaciones y la conservación de la fauna salvaje son asuntos que afectan directamente al medio rural y requieren respuestas de las administraciones.

Precisamente por eso, reducir ese conflicto a un enfrentamiento personal supone desviar la atención de los problemas que los ganaderos pretenden poner sobre la mesa.

La denuncia contra David Setién abre un asunto distinto: el de una presunta agresión a una autoridad durante un acto oficial. Su esclarecimiento corresponde a las instituciones competentes, con todas las garantías para ambas partes.

Mientras tanto, permanece un hecho confirmado: Pedro Casares ha acudido a la Guardia Civil y existe un parte de actuación del dispositivo policial que le acompañaba.

La investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente en Arredondo. La discrepancia política, por intensa que sea, tiene cauces democráticos para expresarse. Una bofetada no es uno de ellos.