Un concejal de Vox, acusado de insultos y amenazas a Podemos en Adeje

El pleno del Ayuntamiento de Adeje, en el sur de Tenerife, terminó convertido en escenario de un enfrentamiento político que ha provocado la condena del alcalde y una denuncia pública de Podemos. El concejal de Vox Christian Pablo Comellas Barreneche está acusado de insultar y realizar gestos amenazantes contra el representante de Podemos, Gabriel González, mientras este defendía una propuesta para reconocer a las víctimas de la represión franquista.

Los hechos ocurrieron el martes 27 de octubre de 2026. Según la denuncia de Podemos Canarias, Comellas se dirigió a González con expresiones como «eres un hijo de puta» y «me tienes hasta los cojones». El edil también habría levantado repetidamente el puño cerrado hacia su compañero de corporación, un comportamiento que González interpretó como una amenaza de agresión física.

La tensión obligó a intervenir a Epifanio Hernández, primer teniente de alcalde y responsable de presidir aquella sesión. El episodio ha abierto una controversia sobre el respeto institucional y los límites del enfrentamiento político en un municipio donde Vox y Podemos cuentan con un representante cada uno y comparten el grupo mixto.

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), que no estuvo presente durante el incidente, condenó posteriormente lo ocurrido. Vox, por su parte, ha declinado pronunciarse ante los medios que solicitaron su versión.

Los insultos de Vox durante el pleno de Adeje

El enfrentamiento comenzó mientras Gabriel González defendía una moción relacionada con la memoria democrática. La iniciativa pretendía impulsar el reconocimiento institucional de las personas que sufrieron persecución política durante la dictadura franquista y recuperar sus historias en el ámbito municipal.

Según el relato del concejal de Podemos, Christian Comellas interrumpió su intervención con descalificaciones personales y gestos intimidatorios.

González sostiene que no se trató de una discusión especialmente acalorada, sino de un intento de amedrentarlo mientras ejercía sus funciones como representante público. Para el edil, levantar el puño cerrado de manera reiterada en medio de los insultos suponía una advertencia de posible violencia física.

No consta que llegara a producirse una agresión física. La denuncia se refiere a las expresiones pronunciadas durante el pleno y al carácter amenazante que González atribuye a los movimientos de su compañero.

El concejal de Podemos ha insistido en que las discrepancias ideológicas no justifican comportamientos intimidatorios dentro de una institución pública. También ha rechazado que lo ocurrido pueda ampararse en la libertad de expresión.

El presidente del pleno tuvo que intervenir

La situación llevó a Epifanio Hernández, que presidía la reunión municipal en ausencia del alcalde, a intervenir para advertir sobre el lenguaje utilizado.

El primer teniente de alcalde llamó la atención al representante de Vox, aunque no llegó a expulsarlo de la sesión. Ambos concejales permanecieron en el pleno.

Una circunstancia añade importancia al episodio: Comellas y González pertenecen al grupo mixto y se sientan juntos en el salón de plenos. Esa proximidad física hizo especialmente delicado el enfrentamiento.

La sesión no fue grabada, por lo que no existe un vídeo del incidente que permita comprobar directamente todos los gestos denunciados. Sin embargo, según la información trasladada desde el Ayuntamiento, las expresiones ofensivas quedaron recogidas en el acta municipal.

Conviene distinguir ambos aspectos. Los insultos cuentan con constancia documental municipal, mientras que la interpretación de los gestos como una amenaza de agresión corresponde a la denuncia formulada por González.

Una moción para reconocer a 36 víctimas del franquismo

El origen del enfrentamiento fue una propuesta presentada por Podemos para desarrollar medidas locales de recuperación de la memoria democrática, de acuerdo con la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

La iniciativa planteaba reconocer públicamente a las víctimas de la represión franquista en Adeje, colaborar con asociaciones memorialistas y promover actividades destinadas a divulgar las historias de quienes sufrieron persecución política durante la dictadura.

La documentación utilizada para elaborar la moción identifica de manera provisional a 36 personas nacidas o residentes en Adeje que fueron objeto de persecución por motivos políticos.

Entre ellas figuran antiguos representantes municipales republicanos, docentes, trabajadores y personas vinculadas a organizaciones políticas y sindicales.

La propuesta también contemplaba estudiar fórmulas de reconocimiento institucional a estas personas y a sus familias. No se trataba únicamente de recordar unos acontecimientos históricos, sino de impulsar actuaciones concretas desde el Ayuntamiento.

El contexto resulta especialmente relevante porque el enfrentamiento se produjo durante el debate de una iniciativa destinada, precisamente, a reconocer a ciudadanos represaliados por sus ideas políticas.

La memoria democrática fue el asunto que se estaba discutiendo cuando estalló el conflicto, aunque las descalificaciones denunciadas se dirigieron personalmente contra el representante de Podemos.

El alcalde de Adeje condena las amenazas y los insultos

La polémica continuó después de la sesión municipal. El alcalde socialista, José Miguel Rodríguez Fraga, expresó su rechazo a las actitudes denunciadas y las consideró inaceptables dentro de una institución democrática.

Rodríguez Fraga recordó que el Ayuntamiento ha trabajado durante años para consolidar un espacio de discusión política donde puedan expresarse posiciones enfrentadas sin recurrir a las agresiones ni a las faltas de respeto.

El regidor defendió la necesidad de mantener un debate sosegado y apeló a la convivencia entre los representantes municipales.

Su pronunciamiento llegó después de que Podemos Canarias reclamara una respuesta pública de los responsables institucionales.

Podemos exige una condena expresa de Vox

La formación morada ha calificado lo sucedido de «violencia política» y exige que Vox, incluida su dirección autonómica, condene expresamente los insultos y los gestos denunciados.

También solicita que la corporación municipal rechace formalmente estos comportamientos y adopte medidas para impedir que vuelvan a repetirse.

Entre sus peticiones figura la activación de un protocolo de convivencia y respeto institucional, destinado a proteger a los representantes públicos frente a posibles situaciones de intimidación durante el ejercicio de sus funciones.

Podemos considera especialmente grave que el episodio se produjera mientras uno de sus concejales defendía el reconocimiento de las víctimas de la dictadura.

Por el momento, no se ha difundido una respuesta pública de Christian Comellas que permita conocer su explicación de lo ocurrido. Diversos medios canarios han solicitado declaraciones a Vox, pero la formación ha optado por no comentarlo.

Tampoco consta en la información disponible que se haya presentado una denuncia judicial por estos hechos. La actuación conocida hasta ahora es la denuncia pública de Podemos y su petición de medidas institucionales.

El enfrentamiento deja un debate abierto en Adeje

El incidente del 27 de octubre ha trasladado al Ayuntamiento de Adeje una discusión que va más allá de las diferencias entre Vox y Podemos: qué comportamiento debe exigirse a quienes representan a los ciudadanos y cómo deben responder las instituciones cuando se producen insultos o situaciones de intimidación.

El desacuerdo político forma parte del funcionamiento democrático. Puede ser intenso, incómodo y, en ocasiones, especialmente duro. Pero cuestionar una propuesta no equivale a descalificar personalmente a quien la presenta, y mucho menos a intentar intimidarlo.

En este caso, los hechos han dejado varios elementos concretos: insultos recogidos en el acta municipal, una denuncia por presuntos gestos amenazantes, la intervención del presidente de la sesión y una condena posterior del alcalde.

Queda por determinar si la corporación adoptará alguna medida adicional y si Vox ofrecerá finalmente una explicación sobre la conducta atribuida a su concejal.

Mientras tanto, la moción que originó la disputa mantiene su contenido: el reconocimiento de 36 vecinos y antiguos residentes de Adeje identificados provisionalmente como víctimas de persecución política durante el franquismo. Una cuestión que merece un debate institucional por sus propios argumentos, sin necesidad de convertir el salón de plenos en un escenario de amenazas.