Pedraz no investigará los 242.000 € de OKDiario por defender a Koldo

La Audiencia Nacional descarta investigar los 242.000 euros abonados por la empresa editora de OKDiario al despacho de abogados que asumió la defensa de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos. El juez Santiago Pedraz, instructor del denominado caso Leire Díez, no reclamará más documentación a la compañía sobre unas transferencias que han generado controversia por su cuantía, su destinatario y su coincidencia con la publicación de entrevistas al exasesor ministerial.

La decisión, conocida este martes 3 de noviembre, llega después de que Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García e investigada en esa misma causa, presentara dos facturas y sus justificantes bancarios. Los documentos identifican como pagadora a Dos Mil Palabras S. L., sociedad editora del periódico dirigido por Eduardo Inda. Según la información adelantada por la Cadena SER, el magistrado considera auténtica la documentación, pero entiende que esos pagos no excluyen la posible participación de la letrada en los hechos que se investigan.

La Fiscalía Anticorrupción comparte el criterio de no practicar nuevas diligencias sobre las transferencias, según las fuentes judiciales consultadas por la emisora. Eso no supone que el tribunal haya emitido una resolución general sobre la legalidad de cualquier acuerdo entre OKDiario y Koldo García, ni que haya resuelto las cuestiones deontológicas que plantea la operación.

El asunto tiene dos dimensiones diferentes. Una es judicial: determinar si De la Hoz participó en presuntas maniobras para interferir en investigaciones que afectaban al PSOE y al Gobierno. La otra afecta a la relación económica entre un medio de comunicación y una persona implicada en uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años.

Las dos facturas de OKDiario: 242.000 euros entre noviembre y enero

La documentación entregada al juzgado permite reconstruir los pagos realizados por Dos Mil Palabras S. L. al despacho IDBO Consultants, en el que trabajaba Leticia de la Hoz.

La primera factura, fechada el 27 de noviembre de 2025, asciende a 150.000 euros más IVA, hasta alcanzar los 181.500 euros. La segunda corresponde al 23 de enero de 2026, por 50.000 euros más IVA, equivalentes a 60.500 euros.

En total, 200.000 euros antes de impuestos y 242.000 euros con IVA incluido. No son cantidades estimadas ni una cifra procedente de una denuncia anónima: figuran en las facturas y los justificantes de transferencia que la defensa de la letrada aportó a la Audiencia Nacional.

El concepto consignado en esos documentos se refiere a honorarios, aranceles y gastos derivados del asesoramiento jurídico y los procedimientos de Koldo García.

De la Hoz había asumido su representación en junio de 2025, en una etapa decisiva de las investigaciones por corrupción que afectaban al antiguo hombre de confianza de Ábalos. El Tribunal Supremo acabaría condenando a García a 19 años y ocho meses de prisión por el caso de las mascarillas.

La abogada presentó los justificantes después de que Pedraz le reclamara documentación sobre quién financiaba sus servicios. Hasta entonces, había invocado el secreto profesional para no revelar la identidad del pagador.

Por qué Pedraz se niega a investigar los pagos

La decisión del magistrado se comprende mejor al situarla en el procedimiento del que procede: el caso Leire Díez.

En esa investigación, la Audiencia Nacional examina presuntas maniobras destinadas a conseguir información comprometedora sobre investigadores, fiscales y responsables de instituciones vinculadas a causas que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Leticia de la Hoz figura como investigada por su supuesta intervención en un intento de soborno a Carmen Pano, empresaria relacionada con el caso de los hidrocarburos. Según la acusación que se investiga, habría tratado de conseguir que Pano modificara su testimonio sobre una presunta entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede socialista de Ferraz.

La entrega de ese dinero al PSOE es una afirmación de Pano, no un hecho que deba darse por probado. De la Hoz, por su parte, niega haber participado en el supuesto soborno y rechaza mantener vínculos con el Partido Socialista.

El argumento de la abogada que el juez no acepta

La estrategia defensiva de De la Hoz se apoya en una aparente contradicción: si cobraba sus honorarios de una empresa editora cuyo periódico mantiene una línea muy crítica con Pedro Sánchez, resultaría poco coherente que simultáneamente participase en una operación clandestina destinada a favorecer al PSOE.

Sin embargo, Pedraz no considera incompatibles ambas circunstancias. Que la letrada recibiera dinero de Dos Mil Palabras por defender a Koldo García no demuestra, por sí solo, que no pudiera intervenir en los otros hechos investigados.

El juez ha optado por no solicitar más documentación a la editora sobre esas transferencias, una posición que comparte Anticorrupción, según la información conocida este martes.

Conviene precisar el alcance de la decisión: no investigar esos pagos en esta causa no equivale a absolver a nadie de una acusación relacionada con ellos. Tampoco significa que se haya probado que las transferencias encubrieran una conducta delictiva. La documentación se incorpora al contexto de una investigación que continúa por otros hechos.

OKDiario sostiene que pagó por un libro y una docuserie

La controversia tiene otra parte fundamental: la explicación ofrecida por el propio periódico.

Tras conocerse las facturas, OKDiario publicó el 30 de octubre fragmentos de un contrato de colaboración mercantil fechado el 26 de noviembre de 2025. Según el medio, ese documento acredita que su relación económica con Koldo García respondía a la adquisición de derechos de imagen y explotación de contenidos periodísticos y audiovisuales.

El acuerdo difundido contempla proyectos como entrevistas, libros, series documentales y otros productos informativos. OKDiario sostiene que la operación tenía naturaleza editorial y que no estaba vinculada a la financiación de la defensa judicial del exasesor.

Existe, no obstante, una diferencia entre las dos explicaciones documentales conocidas.

Las facturas presentadas ante la Audiencia Nacional identifican expresamente servicios jurídicos relacionados con Koldo García. El contrato difundido por OKDiario describe, en cambio, una colaboración para la elaboración y explotación de contenidos.

Ambos documentos pueden responder a aspectos distintos de una relación económica más amplia, pero la información disponible públicamente no permite reconstruir de forma completa cómo se relacionaban las obligaciones editoriales con los pagos al despacho de abogados.

Tampoco basta esa diferencia para afirmar que existió una operación ilícita. Lo acreditado por los justificantes es la existencia de las transferencias, sus importes, fechas y destinatario. La explicación sobre su finalidad completa continúa siendo objeto de versiones enfrentadas.

La coincidencia con las entrevistas a Koldo y Ábalos

Uno de los elementos que más interés ha despertado es la fecha del primer pago.

El 27 de noviembre de 2025, cuando se efectuó la transferencia de 181.500 euros, OKDiario publicó una entrevista a Koldo García en la que el antiguo asesor formulaba acusaciones sobre Pedro Sánchez y su entorno político. Ese mismo día, el Tribunal Supremo acordó su ingreso en prisión provisional, junto al de José Luis Ábalos.

El periódico difundió también una entrevista con el exministro y continuó publicando contenidos relacionados con aquellas conversaciones.

La coincidencia temporal es verificable. Su significado, en cambio, exige cautela. Que un pago coincida con una publicación no demuestra que se comprara un testimonio concreto, ni permite determinar por sí solo si existían obligaciones contractuales adicionales.

Hay un precedente que añade interés al debate. Durante su última intervención en el juicio del Supremo, Koldo García denunció que representantes de dos medios de comunicación le habían ofrecido ayuda con su situación judicial a cambio de realizar acusaciones falsas contra el Gobierno.

Aquellas manifestaciones fueron realizadas por el propio acusado. No acreditan que OKDiario fuera uno de los medios a los que aludía, ni permiten relacionar automáticamente esa denuncia con las transferencias documentadas.

El contraste entre los pagos, las entrevistas y las distintas versiones sobre la operación ha situado el asunto en un terreno donde se cruzan intereses políticos, comerciales y periodísticos. Precisamente por eso importa separar los hechos comprobados de las interpretaciones.

La decisión judicial deja intacto el debate sobre los medios

El episodio plantea una cuestión que trasciende el caso Leire: la relación económica entre un medio informativo y una persona directamente implicada en los acontecimientos que ese mismo medio cubre.

Pagar por determinados derechos de explotación de una obra o por una colaboración audiovisual no constituye, por sí mismo, una actividad delictiva. Sin embargo, cuando una operación económica afecta a una fuente con capacidad para influir en el debate político, surge un posible conflicto de intereses periodístico.

El problema no depende exclusivamente de la existencia de un contrato. También importa conocer qué se adquirió realmente, qué condiciones se pactaron y si los pagos pudieron condicionar la independencia de los contenidos publicados.

Una información obtenida mediante una relación comercial puede ser verdadera y relevante. Pero la existencia de esa relación añade una circunstancia que el lector debería poder valorar, especialmente cuando se trata de declaraciones sobre posibles delitos o comportamientos de responsables públicos.

La transparencia resulta aquí tan importante como la verificación. No todo lo que es legal es necesariamente una buena práctica profesional, del mismo modo que una conducta discutible desde el punto de vista deontológico no tiene por qué constituir un delito.

Lo que permanece abierto tras la decisión de la Audiencia Nacional

La resolución práctica adoptada por Santiago Pedraz delimita el alcance inmediato de las actuaciones judiciales: no habrá nuevas pesquisas sobre los pagos de OKDiario dentro de esta línea del caso Leire, al menos con la información conocida hasta el 3 de noviembre.

Las dos transferencias por 242.000 euros están documentadas. La abogada sostiene que esos justificantes descartan que el PSOE abonase sus honorarios por defender a Koldo García. OKDiario afirma que su acuerdo con el exasesor respondía a derechos para desarrollar contenidos editoriales y audiovisuales. Y el instructor considera que el origen de esos pagos no elimina las sospechas que se investigan sobre la conducta de la letrada.

Queda así una distinción esencial: la Audiencia Nacional renuncia a profundizar en las transferencias, pero no ha aclarado públicamente todos los extremos de la relación económica entre la editora y el entorno jurídico de Koldo García.

En una democracia, que un acusado disponga de defensa es una garantía fundamental. Que un periódico establezca acuerdos comerciales para obtener información también puede formar parte de su actividad. Lo que merece una explicación suficiente es cómo encajan ambas cosas cuando aparecen unidas en facturas de casi un cuarto de millón de euros.

Por ahora, el juez no seguirá ese camino. La controversia pública, en cambio, no desaparece con su decisión.