Ucrania investiga a altos cargos por cobrar sobornos y tapar estafas

Ucrania ha abierto una nueva fase de una investigación por corrupción que afecta a altos cargos de sus servicios de seguridad, la Policía Nacional y la Fiscalía General. Las autoridades anticorrupción sospechan que funcionarios de estas instituciones recibían sobornos para proteger una red de centros de llamadas dedicados a cometer estafas contra ciudadanos ucranianos y extranjeros.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) anunciaron este miércoles, 4 de noviembre de 2026, que habían descubierto nuevos indicios de una organización criminal que pagaba sistemáticamente a responsables de las fuerzas de seguridad para garantizar el funcionamiento de negocios ilegales. La investigación, denominada operación Cartago, comenzó a hacerse pública en septiembre y ha ido ampliando el número de personas bajo sospecha.

El caso ha provocado registros en instalaciones y domicilios vinculados al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), el principal organismo de inteligencia y contrainteligencia del país. La operación también ha desencadenado un enfrentamiento entre instituciones: los investigadores denunciaron que un alto cargo del SBU llegó a amenazar con utilizar un arma de fuego para impedir un registro autorizado judicialmente.

Una red de estafas protegida mediante sobornos

Según las investigaciones, la organización había establecido un sistema de pagos periódicos a funcionarios con capacidad para intervenir en investigaciones penales. A cambio, los responsables de los centros de llamadas fraudulentas podían continuar sus actividades sin sufrir las consecuencias habituales de una actuación policial.

El funcionamiento de la trama era relativamente sencillo. Los negocios ilegales pagaban por una protección que, presuntamente, incluía evitar investigaciones, impedir actuaciones contra sus instalaciones y reducir el riesgo de persecución penal.

Los centros investigados realizaban operaciones fraudulentas que afectaban tanto a ciudadanos de Ucrania como a personas de otros países. Las autoridades no han detallado todavía todas las modalidades de estafa utilizadas ni el número total de víctimas.

La operación Cartago permitió descubrir en septiembre una organización presuntamente dirigida por un responsable de la Fiscalía General, que habría comenzado a funcionar a mediados de 2025.

En aquella primera fase fueron identificados cinco presuntos integrantes. Las pesquisas posteriores ampliaron el alcance del procedimiento y, el 22 de octubre, los investigadores anunciaron nuevas acusaciones contra un antiguo responsable de un departamento de la Fiscalía.

La NABU sostiene que el beneficio ilícito documentado supera los 1.000 millones de grivnas, la moneda ucraniana. Esta cantidad corresponde al conjunto de ventajas económicas investigadas y no debe confundirse con el dinero cuyo blanqueo se había identificado inicialmente.

Registros en los servicios secretos y amenazas a los investigadores

La nueva fase de la operación ha dirigido la atención hacia altos responsables del Servicio de Seguridad de Ucrania, una institución especialmente relevante en un país que continúa afrontando la invasión rusa.

Los agentes anticorrupción realizaron registros autorizados por el Tribunal Superior Anticorrupción. Durante uno de ellos, según la NABU, un alto funcionario del SBU impidió el acceso de los investigadores y amenazó con emplear un arma de fuego.

El organismo denunció también la presencia de unidades especiales del servicio de seguridad en el lugar del registro y calificó de inaceptable la actuación de los funcionarios implicados.

Medios ucranianos han identificado al general Serhii Duka entre los responsables afectados por las diligencias. También han informado de registros relacionados con otros mandos del SBU. Sin embargo, las autoridades anticorrupción no han confirmado públicamente todas las identidades difundidas ni han anunciado cargos penales contra cada uno de los funcionarios mencionados.

El SBU ha reconocido que se estaban realizando registros relacionados con varios procedimientos penales y ha asegurado que colabora con la investigación.

La Policía Nacional, por su parte, ha comunicado la suspensión de los agentes investigados, aunque ha advertido contra las conclusiones precipitadas. La Fiscalía General también ha expresado su disposición a colaborar, pero sostiene que desconoce las supuestas actividades ilegales atribuidas a los empleados señalados.

El escándalo que provocó la dimisión del fiscal general

La investigación tiene antecedentes políticos importantes. En septiembre, la primera fase de la operación Cartago provocó una crisis en la Fiscalía General ucraniana después de que uno de sus responsables apareciera vinculado a la presunta red de protección de centros fraudulentos.

El entonces fiscal general, Ruslan Kravchenko, presentó su dimisión y abandonó posteriormente Ucrania. El Parlamento aceptó su salida el 15 de septiembre y el presidente Volodímir Zelenski formalizó su destitución.

Kravchenko no ha sido acusado penalmente en este procedimiento. Su salida del cargo estuvo relacionada con el escándalo que afectaba a personas de su entorno profesional, pero eso no equivale a una responsabilidad criminal demostrada. El antiguo fiscal general ha negado su participación en las actividades investigadas.

El dinero investigado y las operaciones de blanqueo

Las primeras diligencias también destaparon supuestas operaciones para blanquear los ingresos obtenidos mediante sobornos.

Los investigadores identificaron la adquisición de inmuebles, joyas y otros bienes, además de transferencias a cuentas bancarias de personas próximas a los sospechosos.

Según la información publicada por la NABU en septiembre, más de 20 millones de grivnas se destinaron a compras de bienes, otros 12 millones quedaron vinculados a propiedades registradas a nombre de terceros y más de 10 millones fueron ingresados en cuentas de allegados bajo apariencia de ingresos legales.

Estas operaciones muestran que la investigación no se limita a determinar quién recibía los pagos. También pretende reconstruir el destino del dinero y la posible participación de intermediarios.

La corrupción, otro desafío para Ucrania en plena guerra

Las acusaciones llegan en un momento especialmente delicado para las instituciones ucranianas. El país mantiene su esfuerzo militar frente a Rusia mientras intenta consolidar las reformas exigidas para avanzar hacia su incorporación a la Unión Europea.

La lucha contra la corrupción constituye una de las condiciones fundamentales de ese proceso. Bruselas y los socios internacionales de Kiev consideran imprescindible garantizar la independencia judicial y la capacidad de los organismos anticorrupción para investigar a responsables públicos, incluso cuando ocupan puestos de especial influencia.

No es una cuestión menor. La presunta implicación de funcionarios encargados de perseguir delitos plantea un problema distinto al de una organización criminal convencional: los investigadores sospechan que determinadas personas habrían utilizado sus propias atribuciones institucionales para proteger negocios fraudulentos.

La situación también reaviva las tensiones entre el Servicio de Seguridad de Ucrania y los organismos anticorrupción. En 2025, los intentos de limitar la independencia de estas agencias provocaron protestas y una considerable controversia política.

La investigación actual vuelve a poner a prueba la autonomía de esas instituciones y su capacidad para actuar sin interferencias.

La investigación sigue abierta y puede alcanzar a más responsables

La NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción continúan trabajando para determinar el alcance de la presunta organización criminal, identificar a todos sus participantes y establecer las responsabilidades individuales.

La información conocida hasta el 4 de noviembre apunta a una trama que podría haber contado con protección dentro de varias instituciones del Estado, aunque todavía está pendiente de esclarecer qué funcionarios participaron realmente, qué cantidades recibieron y durante cuánto tiempo funcionó el sistema.

Por el momento, las acusaciones forman parte de procedimientos judiciales abiertos y los implicados mantienen su presunción de inocencia.

El elemento más relevante de esta nueva fase no es únicamente el dinero investigado. Es la posibilidad de que funcionarios encargados de combatir la delincuencia organizada hubieran facilitado su actividad a cambio de sobornos.

La operación Cartago ha dejado de ser una investigación centrada en una red de estafas para convertirse en un caso que afecta directamente a la integridad de las instituciones de seguridad y justicia de Ucrania.