EH Bildu denuncia 981 pisos de Vitoria con ayudas en manos privadas

EH Bildu ha denunciado que 981 viviendas del programa Vitalquiler en Vitoria-Gasteiz, impulsado con apoyo institucional y ayudas públicas en determinadas promociones, hayan terminado vinculadas a intereses inmobiliarios privados. La controversia afecta a un proyecto creado para facilitar el acceso al alquiler protegido y vuelve a poner sobre la mesa una cuestión especialmente delicada: el destino de las viviendas que recibieron subvenciones para cumplir una función social.

La cifra de 981 inmuebles corresponde al parque original de Vitalquiler, una iniciativa nacida en 2003 de la colaboración entre Caja Vital y la promotora Adania. El programa incluía viviendas en Salburua, Zabalgana e Ibaiondo, pero su evolución ha sido desigual. Una parte se vendió a un fondo de inversión y otra ha ido perdiendo su calificación protegida, con consecuencias directas para los inquilinos.

El problema no es únicamente quién figura como propietario. La pérdida de protección ha permitido que determinadas viviendas pasen al mercado libre, mientras sus residentes denuncian subidas del alquiler de hasta 300 euros mensuales y dificultades para renovar los contratos. No obstante, conviene distinguir ambas situaciones: que una vivienda esté en manos privadas no significa necesariamente que haya dejado de estar protegida.

La denuncia de EH Bildu recupera así un debate que lleva años abierto en la capital alavesa. La inversión destinada a facilitar alquileres asequibles puede producir beneficios sociales durante décadas, pero también plantea conflictos cuando cambian las condiciones que inicialmente justificaron las ayudas.

Las 981 viviendas de Vitalquiler y el origen del conflicto

Vitalquiler comenzó a funcionar en 2003 para ampliar la oferta de alquiler protegido en Vitoria-Gasteiz. Su parque original estaba compuesto por 457 viviendas en Salburua, 340 en Zabalgana y 184 en Ibaiondo, repartidas entre tres de las principales zonas de expansión residencial de la ciudad.

El programa contó con el respaldo de Caja Vital, a través de su obra social, y con la participación de Adania. También hubo ayudas públicas vinculadas a determinadas promociones. Su finalidad era ofrecer alquileres con condiciones más favorables que las del mercado ordinario.

Durante años, las subvenciones contribuyeron a reducir las cantidades que debían pagar las familias. En 2012, según los datos difundidos entonces por EH Bildu, el programa gestionaba ingresos por alquileres de unos 5,5 millones de euros anuales, de los que aproximadamente 1,5 millones procedían de aportaciones de la obra social de Caja Vital.

Aquellas condiciones dependían de acuerdos concretos y de la normativa aplicable a cada promoción. Y ahí aparece una parte esencial del conflicto: las viviendas no compartían necesariamente el mismo régimen de protección ni las mismas condiciones de permanencia.

La venta de 500 viviendas al fondo Catella por 51 millones

Uno de los principales cambios llegó en abril de 2020, cuando Vitalquiler vendió 500 viviendas protegidas al fondo de inversión Catella por 51 millones de euros.

Los inmuebles estaban situados en Salburua y Zabalgana y habían sido construidos en 2008 con ayudas públicas. La operación fue autorizada por el Gobierno Vasco y despertó críticas de EH Bildu, que cuestionó que un patrimonio residencial destinado al alquiler protegido quedara bajo el control de un fondo inmobiliario.

Sin embargo, estas 500 viviendas presentan una particularidad importante. El Gobierno Vasco explicó que disponían de calificación permanente como viviendas de protección oficial, de modo que su venta no suponía su conversión automática en viviendas libres.

Catella también asumió el compromiso de mantenerlas en alquiler asequible hasta un periodo que puede prolongarse a 2033. Su titularidad privada y su condición de viviendas protegidas son, por tanto, compatibles.

Adania y las subidas de hasta 300 euros en los alquileres

La situación es diferente en otra parte del antiguo parque de Vitalquiler.

En 2025, Caja Vital vendió su participación en la sociedad a Adania, que pasó a controlar el negocio bajo la denominación Adalquiler. La pérdida progresiva de la calificación protegida de determinadas promociones abrió la posibilidad de aplicar nuevas condiciones contractuales.

Desde febrero de 2026, residentes de los portales 9, 11 y 13 del Paseo de Estrasburgo, en Salburua, han denunciado que la empresa pretende imponerles incrementos cercanos a los 300 euros mensuales cuando finalizan sus contratos.

Los afectados, organizados con el sindicato LAB, sostienen que las nuevas condiciones amenazan su continuidad en unas viviendas a las que accedieron mediante un programa de finalidad social.

Las reclamaciones también incluyen otras exigencias contractuales que los inquilinos consideran abusivas. El conflicto llegó al Parlamento Vasco y provocó movilizaciones durante 2026, entre ellas una concentración celebrada el 3 de octubre en la plaza de la Virgen Blanca.

Qué viviendas han perdido la protección oficial

Las promociones afectadas no han seguido un calendario único.

Según la información conocida durante 2026, Adania gestionaba 208 viviendas en Salburua, de las que aproximadamente la mitad habían perdido la calificación protegida o tenían previsto perderla durante el verano.

En Zabalgana se identificaron otras 100 viviendas, con una previsión de pérdida de protección para 60 de ellas en noviembre de 2026 y las 40 restantes en febrero de 2027. A estas se suman 72 inmuebles de Ibaiondo cuya protección había terminado en 2023.

Estos datos no deben confundirse con las 981 viviendas originales del programa, puesto que parte del parque fue vendido anteriormente y las condiciones jurídicas de las promociones son diferentes.

La desaparición de la calificación protegida tampoco anula automáticamente los derechos de los arrendatarios. Los contratos vigentes siguen sujetos a la legislación aplicable, mientras que las renovaciones y los nuevos precios deben respetar las restricciones correspondientes.

El Gobierno Vasco reconoce el problema de las antiguas VPO

El Gobierno Vasco ha admitido que los casos de Vitalquiler ponen de manifiesto las dificultades que aparecen cuando viviendas concebidas para el alquiler social pierden su protección y pasan al mercado libre.

En junio de 2026, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, mantuvo una reunión con la responsable navarra del área, Begoña Alfaro, para examinar las medidas adoptadas en Navarra destinadas a impedir que determinadas viviendas protegidas en alquiler pierdan su calificación.

El Ejecutivo vasco incluyó expresamente entre sus preocupaciones las promociones del antiguo Vitalquiler y las viviendas de Benta Berri, en San Sebastián.

La Administración autonómica también ha defendido la necesidad de garantizar la seguridad residencial y utilizar los instrumentos legales disponibles para evitar incrementos abusivos de las rentas.

Vitoria-Gasteiz está declarada zona de mercado residencial tensionado, circunstancia que permite aplicar determinadas limitaciones a los alquileres conforme a la legislación vigente. La controversia con Adania incluye precisamente la interpretación de esas restricciones cuando una vivienda deja de estar protegida.

La empresa ha defendido la modificación de las condiciones por el cambio de régimen de los inmuebles. Los residentes y sus representantes cuestionan que ese cambio permita imponer los aumentos denunciados.

El futuro de las viviendas subvencionadas en Vitoria

La denuncia de EH Bildu plantea un problema que va más allá del antiguo Vitalquiler: cómo garantizar que las ayudas destinadas a crear vivienda asequible mantengan su utilidad social a largo plazo.

La colaboración entre administraciones y empresas privadas puede contribuir a construir más viviendas. De hecho, el Gobierno Vasco continúa utilizando este modelo para impulsar nuevas promociones de alquiler asequible, con compromisos de mantenimiento de las condiciones durante periodos prolongados.

Pero la experiencia de Vitoria evidencia la importancia de establecer garantías claras sobre la duración de la protección, las posibilidades de venta y las condiciones aplicables a los arrendatarios cuando finalizan los convenios.

El debate no se limita a impedir cualquier intervención empresarial. También afecta a la capacidad de las administraciones para controlar el destino de las subvenciones y evitar que las viviendas pierdan su función social al terminar los periodos de protección.

Para los residentes, la cuestión es bastante más inmediata. Una subida de 300 euros mensuales supone 3.600 euros adicionales al año, una diferencia que puede hacer inviable permanecer en la misma vivienda.

Las 981 viviendas originales de Vitalquiler representan, en definitiva, un ejemplo de las consecuencias que puede tener la evolución de los programas de alquiler protegido. Algunas continúan sujetas a limitaciones permanentes; otras han perdido esa protección y afrontan un escenario diferente.

La controversia deja una cuestión de fondo para las instituciones vascas: no basta con financiar nuevas viviendas asequibles si, con el paso de los años, una parte de las existentes deja de cumplir la finalidad para la que recibió apoyo económico.