Ignacio González niega favorecer a su hermano y cuñado en el caso Lezo

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado este miércoles, 4 de noviembre de 2026, ante la Audiencia Nacional que ordenara adjudicar contratos públicos para beneficiar a su hermano y a su cuñado. El antiguo dirigente del PP ha rechazado las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción durante su declaración en el juicio del caso Lezo, centrado en presuntas irregularidades en las obras y la explotación de un campo de golf del Canal de Isabel II.

González sostiene que nunca intervino para favorecer a sus familiares ni impuso a la constructora Dragados la contratación de Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT), una sociedad vinculada a ambos. Su declaración contradice la tesis de la Fiscalía, que considera que se utilizaron contratos públicos para beneficiar económicamente a esa empresa.

El exmandatario madrileño se enfrenta a una petición de seis años de prisión y una multa de 550.000 euros por dos presuntos delitos de cohecho. Los hechos investigados se remontan a 2004 y 2006, cuando González era vicepresidente del Gobierno regional de Esperanza Aguirre y presidía el Canal de Isabel II.

El procedimiento trata de determinar si las adjudicaciones respondieron a decisiones técnicas y administrativas ordinarias o si, como sostiene Anticorrupción, fueron dirigidas desde la dirección del organismo público para favorecer intereses particulares.

Ignacio González niega haber intervenido en las adjudicaciones

Durante el interrogatorio celebrado en San Fernando de Henares, la fiscal ha preguntado al expresidente madrileño por su supuesta intervención para que Dragados, adjudicataria de las obras del campo de golf, subcontratara a Tecnoconcret.

González ha rechazado esa acusación y ha asegurado que nunca solicitó un trato de favor para ninguna persona o empresa. También ha defendido que sus decisiones respetaron las propuestas de los técnicos responsables de los proyectos.

Su argumento principal es que no utilizó sus responsabilidades institucionales para condicionar las contrataciones del Canal de Isabel II.

La Fiscalía mantiene una interpretación distinta. Según su escrito de acusación, el entonces vicepresidente autonómico y el director gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, habrían intervenido para facilitar que una sociedad vinculada a familiares de González participara en las obras y posteriormente en la explotación de las instalaciones deportivas.

La cuestión no es únicamente si los contratos se tramitaron formalmente, sino si existió una intervención deliberada para beneficiar a una empresa concreta aprovechando los cargos que ocupaban los acusados.

Los contratos del campo de golf que investiga la Audiencia Nacional

El origen de los hechos está en la remodelación de un depósito de agua del Canal de Isabel II situado en la avenida de Filipinas de Madrid.

En 2003, el organismo público adjudicó a Dragados un proyecto valorado en 40,87 millones de euros, que inicialmente contemplaba jardines, estanques, instalaciones deportivas y un helipuerto.

La actuación sufrió modificaciones posteriores. El proyecto pasó a incluir un campo de golf con césped artificial, mientras desaparecían determinados elementos previstos inicialmente.

Anticorrupción sostiene que esas modificaciones permitieron introducir a Tecnoconcret en los trabajos mediante una subcontratación que habría sido impulsada desde la dirección del Canal.

La Fiscalía calcula un beneficio irregular de 504.780 euros

Uno de los elementos centrales de la acusación es el papel económico de Tecnoconcret.

Según la Fiscalía, la compañía carecía de capacidad técnica para ejecutar los trabajos encomendados, pero intervino en las contrataciones y obtuvo un beneficio indebido de al menos 504.780 euros procedentes de fondos públicos.

Los investigadores consideran que la empresa funcionó como una intermediaria innecesaria dentro de las adjudicaciones.

El ministerio público sostiene también que el hermano y el cuñado de González mantenían su participación en la sociedad a través de personas interpuestas, lo que habría permitido ocultar su relación familiar con el entonces presidente del Canal de Isabel II.

A estas operaciones se añadió un segundo contrato. En diciembre de 2006, el organismo adjudicó la gestión y explotación de las instalaciones deportivas a una unión temporal de empresas en la que participaba Tecnoconcret. El contrato ascendía a 3,25 millones de euros y tenía una duración prevista de cinco años.

La Fiscalía considera que ambos procedimientos formaban parte de una misma actuación encaminada a beneficiar a la sociedad. Las defensas rechazan esa interpretación.

Cinco acusados y peticiones de seis años de cárcel

Además de Ignacio González, se sientan en el banquillo su hermano Pablo Manuel González, su cuñado José Juan Caballero, el empresario José Antonio Clemente y el antiguo director gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para los cinco acusados penas de seis años de prisión y multas de 550.000 euros por su presunta participación en dos delitos de cohecho.

Todos negaron las acusaciones al inicio de la vista oral, el pasado 13 de octubre.

El juicio se celebra casi una década después de que estallara la operación Lezo, que condujo a la detención de Ignacio González en abril de 2017. El expresidente madrileño permaneció varios meses en prisión provisional antes de recuperar la libertad.

La investigación dio lugar a diferentes procedimientos judiciales relacionados con la gestión del Canal de Isabel II. La pieza que se examina en esta vista está centrada específicamente en las contrataciones del campo de golf y sus instalaciones deportivas.

Esperanza Aguirre se desvincula de las irregularidades

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre también ha intervenido en el juicio, aunque en calidad de testigo.

Durante su declaración del 22 de octubre, reconoció que la idea de construir las instalaciones de golf surgió de una iniciativa suya, inspirada en un viaje oficial a Tokio.

Sin embargo, negó conocer las supuestas irregularidades relacionadas con la ejecución de las obras y las adjudicaciones posteriores.

Aguirre explicó que había impulsado la creación de un espacio deportivo en los terrenos del Canal, pero se desvinculó de las decisiones administrativas y empresariales que están siendo investigadas.

Durante las sesiones anteriores también comparecieron antiguos responsables públicos que afirmaron que no se les había comunicado la vinculación familiar entre Ignacio González y los socios de Tecnoconcret.

Esas declaraciones forman parte de las pruebas que el tribunal deberá valorar junto con los documentos de contratación, los testimonios de los demás comparecientes y las explicaciones de los acusados.

La Audiencia Nacional deberá determinar si hubo trato de favor

La declaración de Ignacio González supone un momento relevante del juicio porque permite confrontar directamente su versión con la acusación de Anticorrupción.

El antiguo dirigente del PP sostiene que no ordenó contratar a familiares ni alteró las propuestas técnicas. La Fiscalía, por su parte, mantiene que desde la dirección del Canal se favoreció a una empresa vinculada a su entorno familiar.

La vista tiene previsto prolongarse hasta el 6 de noviembre, aunque su finalización dependerá del desarrollo de las sesiones.

La Audiencia Nacional deberá establecer si las actuaciones investigadas constituyeron delitos de cohecho y determinar, en su caso, las responsabilidades individuales.

De momento, no existe una sentencia condenatoria en esta pieza del caso Lezo. La petición de seis años de cárcel es la posición de la Fiscalía, no una pena impuesta.

El proceso llega a su fase decisiva con dos versiones enfrentadas: la de un expresidente autonómico que niega haber intervenido en beneficio de su familia y la de una acusación que sostiene que se aprovecharon contratos públicos para favorecer económicamente a una sociedad vinculada a ella.