Más de 160 países plantean medidas para proteger a civiles en guerra

Más de 160 países han participado en la elaboración de medidas para reforzar la protección de la población civil durante los conflictos armados, en una iniciativa internacional impulsada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las propuestas incluyen proteger hospitales, garantizar el suministro de agua y electricidad, preservar las comunicaciones y evitar que las nuevas tecnologías agraven el sufrimiento de quienes viven atrapados en una guerra.

Las orientaciones, presentadas el 3 de noviembre de 2026, son el resultado de dos años de consultas internacionales y buscan mejorar la aplicación del derecho internacional humanitario en un mundo donde, según el CICR, existen más de 130 conflictos armados. No constituyen un nuevo tratado ni son jurídicamente vinculantes, pero ofrecen medidas concretas para cumplir unas obligaciones internacionales que ya existen y que con demasiada frecuencia se incumplen.

La iniciativa ha reunido a Estados de distintos continentes y sistemas políticos en torno a una cuestión fundamental: incluso durante una guerra hay límites que no pueden traspasarse. La protección de los civiles, la atención a los heridos y la preservación de los servicios esenciales no dependen de las simpatías políticas ni de la identidad de quienes participan en las hostilidades.

El trabajo ha desembocado en el Diálogo Mundial sobre Derecho Internacional Humanitario, celebrado los días 3 y 4 de noviembre en Ginebra, bajo la organización de Suiza y el CICR. Se trata de uno de los principales esfuerzos diplomáticos recientes para trasladar las normas humanitarias internacionales a decisiones militares y medidas de protección efectivas.

La presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, ha advertido de que algunas partes enfrentadas recurren a interpretaciones excesivamente permisivas del derecho humanitario o directamente desprecian sus límites. Frente a esa tendencia, considera imprescindible que el respeto de las normas internacionales forme parte de las prioridades políticas y de las decisiones adoptadas sobre el terreno.

Hospitales, agua y electricidad: las prioridades para proteger a los civiles

Una parte esencial de las recomendaciones se concentra en los servicios que permiten sobrevivir a la población durante un conflicto armado. Un hospital que pierde su suministro eléctrico, una ciudad sin agua potable o una comunidad aislada por la destrucción de sus comunicaciones pueden afrontar consecuencias humanitarias graves aunque sus habitantes no hayan sufrido directamente un ataque.

Para reducir estos riesgos, las orientaciones plantean establecer zonas protegidas alrededor de infraestructuras esenciales, reforzar la coordinación entre autoridades civiles y militares e incorporar los centros sanitarios a listados operativos de instalaciones que no deben ser atacadas.

La finalidad es que las fuerzas armadas dispongan de información precisa sobre los edificios y servicios protegidos, y que esa información se integre en la planificación de las operaciones. La identificación de hospitales y otras instalaciones protegidas debe servir para prevenir ataques, no simplemente para documentar sus consecuencias.

Las propuestas también contemplan mantener corredores marítimos seguros para transportar bienes indispensables. El acceso a alimentos, medicamentos, suministros sanitarios y otros productos básicos puede resultar decisivo cuando una población depende de rutas comerciales afectadas por las hostilidades.

El CICR insiste en que proteger a los civiles significa preservar también las condiciones materiales que hacen posible su supervivencia. La asistencia sanitaria, el saneamiento, el abastecimiento de agua y la electricidad forman parte de esa realidad.

La deshumanización también facilita las atrocidades

Las orientaciones internacionales incorporan un elemento que va más allá de las operaciones militares: combatir los discursos y comportamientos que presentan a determinados grupos humanos como menos merecedores de protección.

El organismo humanitario propone que los Estados establezcan criterios sobre el lenguaje utilizado por las fuerzas armadas para referirse al enemigo y a la población civil. También recomienda supervisar el uso de redes sociales por parte de militares y autoridades públicas para evitar mensajes que favorezcan la deshumanización.

La cuestión no es menor. Cuando una población es presentada colectivamente como una amenaza o pierde su condición de sujeto de derechos, se debilitan las barreras políticas y sociales frente a los abusos. El derecho internacional humanitario, sin embargo, no establece categorías de civiles más o menos protegidos en función de su nacionalidad, religión u origen.

Las recomendaciones incluyen incorporar valores humanitarios a la educación cívica y a las conmemoraciones nacionales. El objetivo es reforzar el reconocimiento de la dignidad humana también en situaciones de enfrentamiento político o militar.

La tecnología militar deberá reforzar la protección humanitaria

Otro apartado aborda el uso de nuevas tecnologías en los conflictos armados y los riesgos derivados de una identificación incorrecta de los objetivos militares.

Las orientaciones instan a los Estados a revisar continuamente y contrastar la información sobre posibles objetivos antes de autorizar ataques. La exigencia resulta especialmente relevante en operaciones que utilizan sistemas digitales de vigilancia, análisis de datos o herramientas automatizadas de apoyo a las decisiones militares.

La incorporación de tecnología no elimina la responsabilidad de respetar las normas humanitarias. Un objetivo identificado mediante sistemas avanzados sigue necesitando una evaluación adecuada, y las decisiones militares deben ajustarse a las obligaciones de protección de la población civil.

El CICR también plantea regular el empleo de dispositivos digitales personales en entornos operacionales para ayudar a prevenir delitos como la violencia sexual y el reclutamiento de menores.

Son medidas orientadas tanto a prevenir abusos como a reforzar los procedimientos de control. El principio que las sostiene es que los avances tecnológicos deben contribuir a reducir el sufrimiento humano, no proporcionar nuevas formas de eludir las responsabilidades existentes.

Las leyes de la guerra ya obligan a proteger a la población civil

Las nuevas orientaciones se apoyan en el derecho internacional humanitario, cuyo núcleo se encuentra en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus normas complementarias.

Este conjunto de reglas establece límites a los métodos y medios empleados durante los conflictos armados y protege a las personas que no participan, o han dejado de participar, en las hostilidades. Entre ellas figuran los civiles, los heridos, los enfermos y las personas privadas de libertad.

Tres principios fundamentales regulan la conducción de las operaciones militares.

El primero es la distinción, que obliga a diferenciar entre combatientes y población civil, así como entre objetivos militares y bienes civiles. Los ataques no pueden dirigirse deliberadamente contra personas civiles ni contra instalaciones que no constituyan objetivos militares.

El segundo es la proporcionalidad. Incluso cuando existe un objetivo militar legítimo, está prohibido ejecutar un ataque si se prevé que los daños incidentales a civiles serán excesivos respecto a la ventaja militar concreta y directa esperada.

El tercero es la precaución, que exige adoptar todas las medidas factibles para verificar los objetivos, reducir los daños civiles y suspender operaciones cuando se advierta que vulnerarían las normas aplicables.

Estas obligaciones alcanzan a las partes enfrentadas con independencia de quién haya iniciado el conflicto. Las infracciones cometidas por un adversario no autorizan a responder mediante nuevas violaciones del derecho humanitario.

Más de 160 Estados consultados, pero las medidas no son vinculantes

Existe una diferencia importante entre el alcance diplomático de esta iniciativa y sus consecuencias jurídicas.

Los más de 160 Estados mencionados por el CICR han participado en las consultas internacionales que permitieron elaborar las orientaciones. Eso no significa que todos hayan firmado un nuevo acuerdo obligatorio ni que las recomendaciones se hayan convertido automáticamente en normas internacionales adicionales.

Según el balance presentado en noviembre, 127 Estados se habían incorporado formalmente a la Iniciativa Mundial sobre Derecho Internacional Humanitario.

El proceso comenzó en septiembre de 2024 por impulso de Brasil, China, Francia, Jordania, Kazajistán y Sudáfrica, en colaboración con el CICR. Posteriormente se organizaron diferentes líneas de trabajo, con la participación de 27 Estados de cinco continentes en la dirección de los debates temáticos.

España figura entre los países adheridos a la iniciativa internacional.

El alcance político del proyecto es significativo porque reúne a Gobiernos con posiciones internacionales muy diferentes. Sin embargo, su utilidad dependerá de que las recomendaciones se incorporen a la formación militar, la planificación operativa y los mecanismos de supervisión, además de las decisiones de los responsables políticos.

El carácter no vinculante de las nuevas orientaciones tampoco modifica las obligaciones legales que ya imponen los Convenios de Ginebra y el resto del derecho internacional humanitario aplicable.

Jordania pondrá a prueba el compromiso de los Estados

El siguiente paso será la Conferencia de Alto Nivel sobre la Humanidad en la Guerra, prevista para el 7 de diciembre de 2026 en Jordania, bajo el auspicio del rey Abdalá II.

La reunión permitirá trasladar al máximo nivel político los resultados de las consultas internacionales y los debates celebrados en Ginebra. Los dirigentes de los Estados adheridos estarán invitados a demostrar su compromiso con la aplicación de las leyes de la guerra.

El objetivo no consiste únicamente en alcanzar nuevas declaraciones diplomáticas. Se pretende que los Gobiernos adopten decisiones que mejoren la protección de hospitales, instalaciones civiles y poblaciones expuestas a las consecuencias de las operaciones militares.

Para el CICR, la situación exige una respuesta que vaya más allá del reconocimiento formal de las normas humanitarias. La organización recuerda que el respeto del derecho internacional debe reflejarse en las decisiones de quienes planifican y ejecutan operaciones armadas.

Las orientaciones representan un avance en la búsqueda de criterios comunes, pero todavía no permiten afirmar que los civiles estarán mejor protegidos sobre el terreno. Esa mejora deberá comprobarse mediante cambios efectivos en las prácticas militares y en el comportamiento de las partes enfrentadas.

Con más de 130 conflictos armados identificados por el organismo humanitario, la distancia entre las obligaciones jurídicas y su cumplimiento sigue siendo uno de los problemas centrales de la protección internacional.

La conferencia de diciembre ofrecerá una primera oportunidad para evaluar hasta dónde están dispuestos a llegar los Estados. Porque las normas para proteger a la población civil existen desde hace décadas. Lo que sigue pendiente es conseguir que se respeten de manera efectiva, también cuando hacerlo condiciona las decisiones militares.