Guterres denuncia que la guerra en Sudán va contra civiles y pide paz

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado este martes 27 de octubre de 2026 que la guerra de Sudán se ha convertido en una ofensiva contra la población civil. El máximo responsable de la ONU ha advertido de que la lucha por el poder, alimentada por la intervención de actores extranjeros, está dejando un país dividido, millones de desplazados y una sucesión de ataques contra mercados, viviendas e infraestructuras esenciales. Sus declaraciones llegan después de nuevos bombardeos con drones, entre ellos el sufrido por un mercado de Nyala, en Darfur del Sur, que ha causado numerosas víctimas.

Sudán atraviesa el cuarto año de una guerra civil que enfrenta al Ejército regular, dirigido por el general Abdel Fattah al Burhan, con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), la organización paramilitar comandada por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. El conflicto, iniciado el 15 de abril de 2023, ha partido el territorio en grandes zonas de influencia: las fuerzas gubernamentales dominan Jartum y buena parte del norte y el este, mientras los paramilitares controlan casi todo Darfur y mantienen posiciones en Kordofán. La población queda atrapada entre las ofensivas militares, el hambre y un sistema sanitario profundamente deteriorado.

Las dimensiones de la catástrofe son difíciles de abarcar. Naciones Unidas calcula que 33,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria durante 2026, aproximadamente dos tercios de la población. Alrededor de 13 millones de sudaneses se encuentran desplazados dentro del país o han buscado refugio en otros Estados, aunque la cifra cambia con los nuevos movimientos y los retornos. La guerra ha dejado decenas de miles de muertes documentadas, mientras las estimaciones más amplias, que incluyen fallecimientos indirectos, alcanzan varios cientos de miles.

Guterres reclama el cese de los combates, la protección de los civiles y el acceso de la ayuda humanitaria sin obstáculos. También insiste en preservar la soberanía y la integridad territorial de Sudán. No es una cuestión menor: los dos grandes bandos disponen de estructuras políticas rivales y ninguna de las ofensivas militares ha conseguido imponer una solución estable.

Nyala, el ataque que ha provocado la denuncia de Guterres

La reacción del secretario general llega tras los últimos ataques con drones sobre zonas pobladas de Sudán. Uno de ellos alcanzó un mercado de Nyala, capital de Darfur del Sur, en una nueva muestra del peligro que afrontan los civiles incluso cuando se encuentran lejos de las líneas tradicionales del frente.

Las informaciones sobre el ataque mencionadas al difundirse las declaraciones de Guterres apuntan a 21 personas fallecidas y otras 40 heridas. Durante octubre se han registrado varios bombardeos en Nyala, con balances diferentes y dificultades para comprobar de forma independiente el número de víctimas de cada incidente. Las FAR han acusado al Ejército de atacar zonas civiles, mientras las fuerzas gubernamentales han reconocido operaciones aéreas contra posiciones paramilitares en la ciudad, sin asumir la responsabilidad por el impacto en el mercado.

El uso creciente de drones está modificando la guerra. Permite atacar objetivos a cientos de kilómetros del frente y reduce la exposición de los combatientes, pero también extiende el peligro a barrios residenciales, centros comerciales y servicios básicos. El 26 de octubre, la compañía eléctrica sudanesa denunció ataques contra instalaciones energéticas de Sennar, Gedaref, Nilo Blanco y Al Yazira, atribuidos a las FAR, una responsabilidad que no había podido verificarse independientemente.

Guterres ha descrito el conflicto como una lucha por el poder que ha terminado convertida en una guerra contra los civiles. Su exigencia es que terminen los enfrentamientos, se respete el derecho internacional humanitario y se permita la entrada de suministros. Los ataques indiscriminados y los dirigidos deliberadamente contra la población civil están prohibidos por las leyes de la guerra, con independencia del bando que los cometa.

Por qué comenzó la guerra y qué quieren los dos bandos

La actual guerra civil tiene su origen inmediato en el fracaso de la transición política posterior a la caída de Omar al Bashir, derrocado en 2019 después de tres décadas en el poder. Las movilizaciones populares habían abierto la posibilidad de construir un sistema democrático, pero los militares conservaron buena parte de sus privilegios. En octubre de 2021, Al Burhan y Hemedti participaron en un golpe de Estado que interrumpió la transición.

La alianza terminó rompiéndose por el reparto del poder y, especialmente, por la integración de las Fuerzas de Apoyo Rápido en el Ejército nacional. Las FAR habían crecido hasta convertirse en una organización militar con mando propio, recursos económicos y redes de influencia vinculadas, entre otros sectores, a la explotación de oro. Sus antecedentes se encuentran en las milicias asociadas a la violencia de Darfur durante el régimen de Al Bashir.

El Ejército de Al Burhan pretende recuperar el monopolio de las armas y mantener la autoridad del Estado sobre todo el territorio. Cuenta con el respaldo de movimientos armados aliados y sectores políticos diversos, aunque su posición dominante no equivale a un gobierno civil plenamente democrático. La administración respaldada por los militares, con Kamil Idris como primer ministro, trasladó nuevamente su actividad a Jartum durante 2026, después de que las fuerzas gubernamentales recuperaran la capital.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido de Hemedti aspiran a consolidar su peso político y militar. En julio de 2025 impulsaron una administración paralela en Nyala mediante la alianza Tasis, que presenta su proyecto como la construcción de un Estado descentralizado, secular e inclusivo. Hemedti preside su consejo presidencial y Mohamed Hassan al Taishi fue designado primer ministro. La creación de este gobierno rival, rechazado internacionalmente, ha incrementado el temor a una partición duradera del país.

Entre ambos bloques existe una realidad política más compleja. Movimientos civiles como Sumoud, vinculado al ex primer ministro Abdalla Hamdok, defienden una salida negociada que no quede subordinada a los mandos militares. También operan partidos, organizaciones ciudadanas y grupos armados con intereses regionales propios. Reducir el conflicto a dos generales enfrentados ayuda a entender su origen, pero no basta para explicar todas sus consecuencias.

El mapa de Sudán: quién controla cada región

Sudán no está dividido por una frontera oficial entre los dos ejércitos, pero sí por una extensa fragmentación territorial. Las posiciones cambian con cada ofensiva y hay localidades disputadas, corredores de abastecimiento inestables y territorios administrados por milicias que no obedecen directamente a ninguno de los grandes bandos.

El Ejército controla Jartum, Omdurmán y buena parte del centro, norte y este. Entre sus principales áreas de influencia figuran los estados del Norte, Río Nilo, Mar Rojo, Kassala, Gedaref, Al Yazira, Sennar y gran parte de Nilo Blanco. Puerto Sudán, sobre el mar Rojo, fue durante buena parte del conflicto la sede provisional de las autoridades gubernamentales y sigue siendo un punto estratégico para el comercio y la recepción de suministros.

La recuperación de Jartum en 2025 y de amplias zonas agrícolas de Al Yazira y Sennar modificó el equilibrio militar. En estas regiones han disminuido los enfrentamientos terrestres y han regresado numerosos desplazados. Pero recuperar una ciudad no significa recuperar su normalidad: edificios destruidos, instalaciones sanitarias dañadas, redes eléctricas deterioradas y riesgos para los retornados siguen condicionando la vida cotidiana.

Darfur: dominio paramilitar y riesgo de atrocidades

En el oeste, las FAR controlan casi toda la región de Darfur, incluidos importantes territorios de Darfur Occidental, Central, Meridional, Oriental y Septentrional. Nyala constituye su principal centro político y militar. La conquista de El Fasher, capital de Darfur del Norte, en octubre de 2025, fue decisiva para consolidar ese dominio después de un prolongado asedio.

La toma de El Fasher estuvo acompañada de denuncias de asesinatos masivos, violencia sexual y persecución étnica. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas estimó que más de 6.000 personas fueron asesinadas durante tres días de la ofensiva final, entre el 25 y el 27 de octubre de 2025, a partir de testimonios de supervivientes y otras pruebas. Investigaciones internacionales han señalado indicios de actos genocidas cometidos por las FAR y sus aliados contra determinados grupos étnicos.

El dominio paramilitar tampoco es absoluto. El movimiento de liberación encabezado por Abdel Wahid al Nur, que no forma parte de los dos grandes bandos, conserva posiciones en el macizo montañoso de Yebel Marra. La región combina así extensas áreas controladas por las FAR con territorios bajo autoridades armadas locales. Para sus habitantes, la principal preocupación sigue siendo la seguridad, el acceso a alimentos y la posibilidad de desplazarse sin sufrir ataques.

Kordofán y Nilo Azul: los frentes que pueden decidir la guerra

La región de Kordofán, situada entre Darfur y el valle del Nilo, concentra algunos de los combates más importantes. Las FAR dominan amplias zonas de Kordofán Occidental y disputan posiciones en el norte y el sur. El Ejército mantiene enclaves estratégicos, entre ellos El Obeid, capital de Kordofán del Norte, cuyo control resulta fundamental para las comunicaciones entre Jartum y el oeste del país.

Los combates alrededor de El Obeid, los ataques con drones y la inseguridad en las rutas han dificultado el transporte de mercancías y asistencia. En Kordofán del Sur interviene también el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte, dirigido por Abdelaziz al Hilu, que mantiene una alianza con las FAR y controla zonas de los montes Nuba. Su presencia añade reivindicaciones históricas relacionadas con la autonomía regional y la distribución del poder.

Más al sureste, en Nilo Azul, el Ejército y la alianza formada por las FAR y los combatientes de Al Hilu disputan posiciones próximas a las fronteras con Etiopía y Sudán del Sur. Los avances rebeldes registrados durante el verano de 2026 elevaron la presión sobre Ed Damazin, capital estatal. La extensión de los combates a esta zona amenaza nuevas rutas comerciales y aumenta el riesgo de que la inestabilidad afecte a los países vecinos.

Cuántos muertos y desplazados deja la guerra de Sudán

El balance humano continúa siendo incierto porque numerosas localidades permanecen aisladas, los servicios públicos funcionan de manera irregular y muchas muertes nunca llegan a registrarse. Hasta junio de 2026, la organización especializada ACLED había contabilizado 52.904 fallecimientos asociados directamente a episodios documentados de violencia, incluyendo combatientes y civiles. No se trata de un recuento completo de todas las personas muertas a consecuencia de la guerra.

La ONU documentó alrededor de 11.300 civiles muertos durante 2025. Las estimaciones de mortalidad total son mucho más elevadas: distintos análisis han situado el impacto acumulado entre 150.000 y 400.000 fallecimientos, aunque no existe una cifra definitiva verificable. La diferencia responde, entre otros factores, a la inclusión de muertes provocadas indirectamente por enfermedades, desnutrición y falta de atención médica.

El desplazamiento forzoso es otra de las grandes consecuencias. Los registros humanitarios situaban a mediados de 2026 en torno a 8,7 millones los desplazados internos y en aproximadamente 4,6 millones las personas que habían salido del país desde el inicio de la guerra. Estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta los movimientos sucesivos de población y los millones de retornos registrados en las zonas donde ha disminuido la violencia.

Muchos sudaneses han buscado refugio en Chad, Egipto, Sudán del Sur y otros países vecinos, mientras otros permanecen en asentamientos provisionales dentro de su propio territorio. La llegada de grandes cantidades de población a comunidades con recursos limitados está aumentando la presión sobre el agua potable, los alimentos, la vivienda y la asistencia sanitaria.

La emergencia alimentaria es especialmente grave. Las evaluaciones realizadas durante el primer semestre de 2026 señalaron que alrededor de 19,5 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria aguda, mientras 14 zonas de Darfur y Kordofán estaban expuestas al riesgo de hambruna. La destrucción de cosechas, el cierre de mercados, el encarecimiento de los productos básicos y los obstáculos al transporte humanitario explican buena parte del deterioro.

Los niños son particularmente vulnerables. UNICEF calculó que 17,3 millones de menores necesitaban ayuda humanitaria en 2026. La desnutrición, la interrupción de la escolarización, los brotes de enfermedades y la pérdida de servicios esenciales amenazan a una generación que lleva años creciendo entre desplazamientos y violencia.

Una paz que no dependa únicamente de los generales

La denuncia de Guterres también apunta a la dimensión internacional del conflicto. El secretario general considera que la guerra está siendo alimentada por actores externos, una cuestión que complica los intentos de mediación. Egipto mantiene estrechos vínculos con el Ejército sudanés, mientras Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de prestar apoyo a las FAR, unas acusaciones que las autoridades emiratíes rechazan.

Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos han participado en iniciativas diplomáticas para negociar una tregua. La Unión Africana, Naciones Unidas y otras organizaciones regionales también trabajan en propuestas de diálogo. Sin embargo, las negociaciones siguen sin traducirse en un alto el fuego duradero ni en garantías suficientes para el acceso humanitario.

El problema va más allá de conseguir que los mandos militares firmen un acuerdo. Sudán necesita reconstruir instituciones, restablecer servicios públicos y resolver quién ejercerá legítimamente el poder. Para Guterres, el futuro del país debe decidirlo el propio pueblo sudanés mediante un proceso político inclusivo, sin renunciar a la unidad, la soberanía y la integridad territorial del Estado.

Esa exigencia recoge una de las grandes contradicciones de la guerra. Los dos bandos hablan de representar a Sudán y de defender su futuro, pero la población ha perdido hogares, medios de vida y buena parte de sus derechos. Mientras continúen los bombardeos, los bloqueos y la fragmentación territorial, la protección de los civiles seguirá siendo la urgencia inmediata. La reconstrucción política vendrá después, aunque difícilmente podrá sostenerse si las decisiones vuelven a quedar exclusivamente en manos de quienes controlan las armas.