Raquel Sánchez cobró 217.933 euros en Paradores con el LZB pendiente

La exministra de Transportes Raquel Sánchez Jiménez percibió una retribución bruta de 217.933 euros en 2025 como presidenta y consejera delegada de Paradores, la empresa hotelera pública. Su situación vuelve a estar en el centro de la polémica por el retraso en la sustitución del sistema de seguridad LZB de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, una modernización que debía completarse en 2026 y que todavía no ha entrado plenamente en servicio.

Sánchez dirigió el Ministerio de Transportes entre julio de 2021 y noviembre de 2023, un periodo decisivo para la ejecución del proyecto ferroviario. Bajo su mandato se adjudicó el contrato de renovación, aunque el retraso acumulado no puede atribuirse exclusivamente a una decisión personal de la exministra con la documentación pública disponible. La controversia combina dos cuestiones distintas: las responsabilidades políticas sobre una infraestructura esencial y las retribuciones de quienes abandonan el Gobierno para dirigir empresas estatales.

El debate ha adquirido especial relevancia tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el 28 de octubre de 2026, que dejó 69 fallecidos y más de un centenar de heridos. El siniestro, precedido por un fallo del sistema LZB, ha provocado una profunda crisis en Transportes y la dimisión de Óscar Puente.

De ministra de Transportes a presidenta de Paradores

Raquel Sánchez fue nombrada presidenta y consejera delegada de Paradores el 28 de diciembre de 2023, poco más de un mes después de abandonar el Ministerio de Transportes.

La exalcaldesa de Gavà, vinculada al PSC, pasó así de dirigir uno de los departamentos con mayor capacidad inversora del Estado a ponerse al frente de la cadena pública de establecimientos turísticos.

El cambio también supuso una importante mejora salarial. Como ministra, su retribución anual en 2023 se situaba en torno a 79.415 euros brutos. Al asumir Paradores, las referencias salariales publicadas para el puesto apuntaban a una remuneración cercana a los 200.000 euros.

Los datos oficiales del ejercicio 2025 permiten concretar esa cantidad. La retribución correspondiente a la presidencia ejecutiva de Paradores se desglosa en 177.268 euros de salario anual y 40.665 euros de retribución variable. La suma asciende a 217.933 euros.

Es una cantidad aproximadamente 2,7 veces superior a la retribución que tenía como ministra en 2023, aunque la comparación corresponde a dos ejercicios diferentes.

El sueldo está vinculado a la dirección de una sociedad mercantil estatal y se encuadra en el régimen retributivo aplicable a sus máximos responsables. No constituye, por sí mismo, una irregularidad.

Otra cosa es la valoración política del nombramiento y de las responsabilidades asumidas anteriormente. Ahí reaparece el debate sobre la gestión de Transportes.

El contrato para sustituir el LZB se adjudicó en 2021

La controversia ferroviaria tiene un origen anterior al nombramiento de Raquel Sánchez como ministra.

La primera licitación para modernizar las instalaciones de seguridad de la línea Madrid-Sevilla se puso en marcha en febrero de 2020, cuando José Luis Ábalos dirigía Transportes.

El procedimiento inicial fue desistido y posteriormente se convocó una nueva licitación. Durante febrero de 2021 también quedó suspendida temporalmente la apertura de ofertas de ese segundo expediente.

Finalmente, el 16 de septiembre de 2021, con Raquel Sánchez al frente del ministerio, Adif Alta Velocidad anunció la adjudicación de tres contratos para modernizar la línea por un importe conjunto de 136,42 millones de euros, IVA incluido.

El principal, adjudicado a Thales España GRP por 93,83 millones de euros, comprendía la renovación de las instalaciones de señalización, protección de trenes, telecomunicaciones y otros equipos de seguridad.

Entre las actuaciones previstas figuraba la implantación del sistema europeo ERTMS, destinado a sustituir progresivamente al LZB utilizado desde la inauguración de la línea en 1992.

Una renovación que debía completarse en enero de 2026

El contrato principal contemplaba un plazo de ejecución de 52 meses, lo que situaba su finalización prevista en enero de 2026.

Sin embargo, cuando se produjo el accidente de Urda, el 28 de octubre, el nuevo sistema ERTMS todavía no estaba operativo.

El entonces ministro Óscar Puente explicó que la instalación física había concluido en junio de 2026, pero que faltaban pruebas técnicas y autorizaciones necesarias para permitir su utilización comercial.

Según el calendario comunicado por Transportes, la entrada en funcionamiento del ERTMS de nivel 2 en toda la línea Madrid-Sevilla está prevista para principios de 2027.

La diferencia es importante. Instalar equipos no equivale a tener un sistema de seguridad autorizado y funcionando con trenes comerciales.

Mientras se completa la transición, el corredor continúa utilizando el LZB, una tecnología contrastada, pero que está siendo reemplazada progresivamente por el estándar europeo.

La responsabilidad de Raquel Sánchez en los retrasos

La antigua ministra estuvo al frente de Transportes durante más de dos años de ejecución del contrato, desde su adjudicación en septiembre de 2021 hasta su salida del Gobierno en noviembre de 2023.

Su responsabilidad política sobre el departamento durante ese periodo resulta evidente. Sin embargo, no está acreditado que tomara personalmente una decisión concreta de aplazamiento que explique por sí sola la demora total de la reforma.

Parte de los problemas administrativos del proyecto se remontan a 2020 y principios de 2021, antes de que asumiera la cartera. Otras fases de ejecución y comprobación técnica se prolongaron durante el mandato de su sucesor, Óscar Puente.

En abril de 2022, durante el trigésimo aniversario del AVE Madrid-Sevilla, la propia Raquel Sánchez destacó públicamente el programa de modernización de la línea y la incorporación del ERTMS como una de sus principales actuaciones tecnológicas.

Lo que estaba planteado como una mejora estratégica terminó convirtiéndose, cuatro años después, en una cuestión especialmente delicada para el Gobierno.

El retraso es verificable. La distribución exacta de las responsabilidades administrativas, técnicas y políticas requiere distinguir las decisiones adoptadas en cada etapa, las dificultades de ejecución y los plazos de homologación.

El accidente de Urda vuelve a poner el foco en la seguridad

La tragedia del 28 de octubre de 2026 cambió radicalmente el alcance del debate.

Según la reconstrucción conocida hasta el momento, el sistema LZB sufrió un fallo informático que provocó la detención automática de varios trenes en un tramo de la línea Madrid-Sevilla.

Después, el centro de control de Adif autorizó a un AVE a reanudar la circulación, pese a que un convoy de Iryo continuaba detenido más adelante. Los investigadores examinan las comunicaciones y los protocolos aplicados antes de la colisión.

La existencia de un fallo del LZB no significa que esté demostrado que la demora en instalar el ERTMS fuera la causa directa de las 69 muertes.

La investigación debe determinar las circunstancias del fallo técnico, cómo actuaron los responsables de circulación y por qué se permitió la reanudación de la marcha en aquellas condiciones.

El accidente ha tenido consecuencias políticas inmediatas.

Óscar Puente presentó su dimisión el 3 de noviembre de 2026, después de comparecer en el Congreso. Pedro Sánchez encargó posteriormente al vicepresidente Carlos Cuerpo que asumiera de forma transitoria las competencias de Transportes.

También ha presentado su renuncia, el 4 de noviembre, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

El Gobierno ha anunciado medidas extraordinarias para reforzar la seguridad ferroviaria, entre ellas una revisión de protocolos, nuevas herramientas de control y mecanismos de supervisión adicional cuando fallen los sistemas automáticos.

Un sueldo público y una modernización todavía pendiente

La situación de Raquel Sánchez reúne dos hechos acreditados: su paso del Ministerio de Transportes a la presidencia de Paradores, con una retribución de 217.933 euros en 2025, y su participación como responsable política del departamento durante una parte importante del proyecto de sustitución del LZB.

Lo que no está demostrado es que el nombramiento en Paradores fuera una recompensa por decisiones relacionadas con aquella renovación ferroviaria.

La distinción importa, tanto para evaluar la actuación del Gobierno como para exigir responsabilidades con fundamento.

Mientras tanto, la línea Madrid-Sevilla sigue esperando la puesta en servicio del ERTMS. Tras los accidentes de Adamuz y Urda, las dimisiones y el relevo en Transportes, el principal compromiso pendiente no es una explicación salarial, sino garantizar que la modernización ferroviaria se complete con todas las comprobaciones de seguridad necesarias.