Montero propone nacionalizar Repsol, 80.000 empleos y un súper público

Irene Montero ha propuesto nacionalizar Repsol, contratar a 80.000 profesionales sanitarios y docentes y crear un supermercado público utilizando los recursos que, según sus cálculos, el Gobierno ha destinado al incremento del gasto militar desde 2023. La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre plantea una profunda redistribución del presupuesto estatal, con la energía, la vivienda, la sanidad y la educación como principales prioridades.

La propuesta, presentada este viernes 6 de noviembre durante un desayuno informativo de Europa Press en Madrid, parte de una cifra: 24.000 millones de euros. Esa es la cantidad en la que Montero calcula que ha aumentado el gasto militar español respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2023. La dirigente sostiene que esos recursos permitirían financiar un amplio paquete de medidas sociales sin incrementar el gasto público total, aunque su planteamiento no constituye todavía un presupuesto detallado ni demuestra que todas las actuaciones puedan sufragarse con esa cantidad.

El programa incluye también la expropiación del uso de viviendas pertenecientes a grandes fondos de inversión para destinarlas al alquiler social, una dotación de 1.000 millones de euros para combatir la violencia machista y la remuneración del permiso parental de ocho semanas.

Montero ha presentado estas iniciativas como una alternativa a las prioridades económicas del Ejecutivo de PSOE y Sumar, al que reprocha haber encontrado recursos para defensa mientras persisten dificultades en el acceso a la vivienda y los servicios públicos. El mensaje llega en plena campaña electoral, cuando Podemos intenta diferenciar su proyecto del resto de candidaturas de izquierda.

Nacionalizar Repsol: la propuesta más ambiciosa de Montero

La medida de mayor alcance económico es la nacionalización de Repsol, una de las principales compañías energéticas españolas y una empresa cotizada en Bolsa con actividad internacional.

Montero ha calculado en 9.100 millones de euros el coste de la operación. Sin embargo, esa estimación plantea un interrogante importante: la capitalización bursátil de Repsol rondaba los 32.000 millones de euros al cierre del 5 de noviembre, una valoración muy superior a la cantidad anunciada por la candidata.

La cifra tiene un antecedente concreto. Podemos había registrado una proposición de ley para que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adquiriese primero un 25% de Repsol y ampliase posteriormente su participación hasta el 51%. El Gobierno estimó el coste de esa operación en 8.960,7 millones de euros utilizando como referencia la valoración bursátil de noviembre de 2025.

Con las cotizaciones actuales, aquella estimación necesitaría revisarse. La distinción importa. Comprar una participación, obtener el control mayoritario y nacionalizar la totalidad de una compañía son operaciones diferentes, tanto por sus costes como por sus consecuencias jurídicas y empresariales.

La dirigente de Podemos fundamenta su planteamiento en el artículo 128 de la Constitución española, que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y permite, mediante ley, reservar al sector público determinados recursos o servicios esenciales e intervenir empresas cuando lo exija el interés general.

No obstante, la Constitución también protege la propiedad privada en su artículo 33 y exige una causa justificada, indemnización y respeto a los procedimientos legales para una expropiación. Una nacionalización de esta envergadura requeriría, por tanto, concretar su encaje jurídico, la compensación correspondiente y los recursos necesarios para ejecutarla.

La propuesta tampoco aparece por primera vez en el discurso de Podemos. La formación ya había defendido la recuperación del control público sobre Repsol como instrumento para intervenir en el mercado energético. Montero recupera esa reivindicación y la sitúa entre sus principales compromisos electorales.

Contratar 40.000 sanitarios y otros 40.000 docentes

El segundo gran bloque del plan contempla 80.000 nuevas contrataciones en dos sectores fundamentales del Estado del bienestar.

Según lo expuesto por Montero, se incorporarían 40.000 profesionales sanitarios y otros 40.000 docentes para reforzar los servicios públicos. La candidata considera que el dinero destinado a ampliar el presupuesto militar podría emplearse en mejorar la atención sanitaria y la enseñanza.

La propuesta afecta a dos ámbitos cuya gestión ordinaria corresponde principalmente a las comunidades autónomas. Su aplicación exigiría mecanismos de financiación y coordinación entre administraciones, además de determinar las especialidades, categorías profesionales y territorios donde se producirían las incorporaciones.

También existe una diferencia presupuestaria fundamental: contratar personal supone asumir salarios, cotizaciones y otros gastos que se mantienen durante los años siguientes. No es un desembolso puntual.

Por ese motivo, las 80.000 contrataciones necesitarían financiación permanente, con independencia del coste inicial de la operación. Montero no ha presentado en esta intervención un desglose que permita comprobar cuánto representaría anualmente el conjunto de esas incorporaciones.

Un supermercado público para intervenir en el precio de los alimentos

Otra de las propuestas que Podemos quiere llevar a las urnas es la creación de un supermercado público para ofrecer productos básicos a precios asequibles y ejercer presión competitiva sobre las grandes cadenas de distribución.

La iniciativa responde a una de las preocupaciones recurrentes de la formación: el impacto de los precios de los alimentos sobre los presupuestos familiares y los márgenes comerciales de las empresas distribuidoras.

Un supermercado gestionado desde el sector público podría operar con criterios diferentes a los de las cadenas privadas, pero su capacidad para influir en los precios dependería de factores como el número de establecimientos, la red logística, los acuerdos con productores y los costes de funcionamiento.

Por el momento, Montero no ha concretado cuántos supermercados se abrirían, dónde se instalarían ni qué inversión requeriría desplegar una red de distribución pública.

La propuesta, defendida anteriormente por Podemos, forma parte de una estrategia más amplia que incluye intervenir sobre los precios de determinados productos básicos. Su efectividad dependería de cómo se diseñase y de la dimensión que alcanzase dentro del mercado alimentario español.

Viviendas de fondos de inversión para alquiler social

La candidata también ha planteado intervenir sobre las propiedades acumuladas por grandes fondos inmobiliarios mediante la expropiación de su uso y su incorporación al parque de alquiler social.

No se trata exactamente de la misma figura que expropiar definitivamente la propiedad de una vivienda. La expropiación del uso supone intervenir sobre el derecho a utilizar un inmueble en las condiciones que establezca la legislación aplicable, sin implicar necesariamente una transferencia permanente de su titularidad.

Montero sostiene que esta medida permitiría movilizar miles de viviendas y facilitar el acceso al alquiler social a personas que encuentran dificultades para asumir los precios del mercado.

Su aplicación exigiría identificar los inmuebles afectados, establecer los requisitos legales y determinar las compensaciones correspondientes. La candidata no ha presentado una valoración económica individualizada de esta intervención.

El paquete incorpora otras dos actuaciones. Por un lado, aumentar hasta 1.000 millones de euros los fondos destinados a combatir las violencias machistas. Por otro, garantizar la remuneración del permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos e hijas.

Son compromisos con implicaciones presupuestarias diferentes que tendrían que desarrollarse mediante las correspondientes normas y asignaciones de recursos.

Los 24.000 millones del gasto militar, en el centro del debate

La financiación es el elemento que conecta todas las propuestas. Montero sostiene que el Gobierno ha incrementado el gasto en defensa en 24.000 millones de euros desde 2023, tomando como referencia las partidas de los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados.

Durante su intervención, la candidata criticó que el Ejecutivo haya aumentado los recursos militares sin someter ese incremento, según su valoración, a una votación parlamentaria específica.

Su planteamiento consiste en sustituir parte de esas prioridades militares por inversión social, una decisión que también tendría consecuencias sobre los compromisos de defensa y los programas de adquisición de material ya establecidos.

El coste real de las medidas aún está por concretar

El principal interrogante económico no reside únicamente en la cantidad anunciada, sino en cómo se distribuiría ese dinero entre medidas de distinta naturaleza.

Una eventual adquisición de participaciones de Repsol supondría una operación patrimonial. Las contrataciones sanitarias y docentes generarían obligaciones recurrentes. El supermercado público necesitaría inversión inicial y presupuesto de funcionamiento, mientras que las actuaciones sobre vivienda exigirían determinar sus costes jurídicos, administrativos y de compensación.

A ello se suman las obligaciones presupuestarias y contractuales existentes en defensa, que no necesariamente pueden cancelarse y trasladarse de manera inmediata a otros ministerios.

La propuesta de Podemos establece una prioridad política, pero su viabilidad financiera completa dependería de un desglose que todavía no se ha dado a conocer.

La candidata ha aprovechado también su intervención para defender una mayor presión fiscal sobre los patrimonios elevados y criticar la distribución de la riqueza en España.

Preguntada por la propuesta de Ada Colau, candidata de Frente Amplio, de crear un impuesto a los superricos con una recaudación potencial de 10.000 millones de euros, Montero respaldó una política tributaria más exigente con quienes disponen de mayores recursos.

«Hay que freírles a impuestos», afirmó al defender que las grandes fortunas contribuyan más a la financiación de los servicios públicos.

La dirigente acusó a los gobiernos españoles y europeos de actuar como representantes de los intereses económicos más poderosos, en lugar de garantizar una distribución más equilibrada de la riqueza.

También reprochó al PSOE la desaparición de medidas tributarias que Podemos había impulsado durante su etapa en el Gobierno de coalición, mencionando el gravamen extraordinario sobre las empresas energéticas.

Sus declaraciones encajan con la estrategia electoral de la formación, que pretende presentarse como una alternativa más intervencionista frente a la propuesta económica de PSOE y Frente Amplio.

Un programa de intervención pública ante las elecciones del 29-N

Las propuestas de Irene Montero sitúan la intervención del Estado en sectores estratégicos en el centro de la campaña de Podemos para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La nacionalización de Repsol, la contratación de 80.000 profesionales y la creación de un supermercado público representan tres formas diferentes de ampliar la presencia de las administraciones en la economía: mediante la propiedad empresarial, el empleo público y la distribución de productos esenciales.

El debate trasciende las cifras. Afecta al papel que debe desempeñar el Estado en la energía, la alimentación, la vivienda y los servicios públicos, así como a los recursos necesarios para sostener esas políticas.

La candidata ha dejado clara su preferencia por reducir el incremento del gasto militar y redirigir esos fondos hacia prestaciones y servicios sociales. La principal incógnita sigue siendo presupuestaria: convertir esos compromisos electorales en medidas aplicables exigiría resolver sus costes reales, su financiación a largo plazo y los procedimientos legales para llevarlos a cabo.

En plena campaña, Podemos ha fijado sus prioridades. Su concreción económica determinará hasta qué punto pueden convertirse en políticas de gobierno.