Huelga educativa en Madrid: miles exigen a Ayuso que negocie mejoras

Miles de profesores, estudiantes y familias de la educación pública madrileña se manifestaron el jueves 5 de noviembre por el centro de Madrid para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que abra una negociación sobre las condiciones de la enseñanza. La protesta reunió a 26.000 personas, según la Delegación del Gobierno, mientras que los organizadores elevaron la participación a 80.000 asistentes.

La movilización culminó dos jornadas de huelga en las seis universidades públicas de Madrid, cuyos trabajadores y estudiantes se sumaron a las protestas del profesorado no universitario, en huelga indefinida desde el 14 de octubre. Sus reivindicaciones incluyen reducir las horas lectivas y el número de alumnos por aula, aumentar las plantillas, mejorar las instalaciones y garantizar una financiación suficiente para las universidades públicas.

La manifestación comenzó en Atocha, recorrió el paseo del Prado y pasó ante la Consejería de Educación, en la calle Alcalá, antes de finalizar en la Puerta del Sol. Fue una de las mayores movilizaciones conjuntas de la comunidad educativa madrileña en este ciclo de protestas.

El mensaje de los manifestantes fue claro: no reclaman únicamente mejoras laborales, sino también recursos para sostener la calidad de la enseñanza. El conflicto alcanza a escuelas infantiles, colegios, institutos, centros de Formación Profesional y universidades. Y, por el momento, las posiciones entre los convocantes y el Ejecutivo autonómico continúan enfrentadas.

Qué reclaman los profesores: menos horas lectivas y más recursos

Las reivindicaciones de los docentes madrileños van más allá de una mejora salarial. Una de sus principales exigencias es la reducción de la carga lectiva hasta 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y 22 en Primaria, con el objetivo de disponer de más tiempo para preparar clases, evaluar al alumnado y realizar tareas de coordinación.

También reclaman reducir las ratios, es decir, el número de estudiantes por aula. Los convocantes consideran que las clases numerosas dificultan la atención individualizada, especialmente cuando hay alumnos con necesidades educativas específicas.

La contratación de más orientadores y especialistas, una mayor dotación para la atención a la diversidad y mejores condiciones en los centros forman parte de las peticiones. A ello se suman medidas de climatización de las instalaciones escolares y cambios en el modelo de enseñanza bilingüe.

En el ámbito laboral, las organizaciones convocantes plantean una subida salarial de 600 euros mensuales, así como mejoras retributivas y profesionales para el personal de Educación Especial. Son demandas del comité de huelga, no acuerdos alcanzados con la Administración.

Las seis universidades públicas denuncian falta de financiación

El conflicto universitario tiene características propias. La Universidad Complutense, la Autónoma, la Politécnica, la Carlos III, la de Alcalá y la Rey Juan Carlos participaron en los paros convocados para el 4 y 5 de noviembre.

Sus representantes denuncian una infrafinanciación estructural que, según sostienen, compromete la calidad de la docencia, la investigación y las condiciones laborales de sus trabajadores.

La protesta llega después del acuerdo plurianual de financiación alcanzado entre el Gobierno autonómico y los rectores, que contempla cerca de 14.800 millones de euros hasta 2031. Mientras la Comunidad de Madrid lo presenta como un avance para garantizar los recursos del sistema, los colectivos movilizados cuestionan su suficiencia y las condiciones de reparto.

Las plataformas universitarias también rechazan lo que consideran un proceso de privatización de la enseñanza superior. Su preocupación se centra en la evolución del modelo universitario madrileño y en la capacidad de los centros públicos para mantener sus servicios sin incrementar su dependencia de otras vías de financiación.

La huelga, por tanto, ha unido conflictos diferentes bajo una reivindicación compartida: más recursos para la educación pública y una negociación efectiva con la Administración regional.

Un encierro en Educación y un profesor detenido

La jornada del 5 de noviembre comenzó con una acción de protesta de nueve integrantes del comité de huelga, que accedieron a la sede de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación para exigir una reunión con sus responsables.

Los representantes sindicales denunciaron la falta de diálogo después de varias semanas de movilizaciones. La acción terminó sin que consiguieran la reunión solicitada.

Horas después, cientos de docentes se concentraron frente a la Consejería de Educación, donde la afluencia de manifestantes provocó el corte del tráfico en la calle Alcalá.

Durante esa concentración matinal se produjo la detención de un profesor por parte de la Policía Municipal de Madrid, que atribuyó su actuación a presuntos hechos de desobediencia y resistencia.

Los representantes de los manifestantes cuestionaron la intervención policial y denunciaron que había sido desproporcionada. Responsables políticos de la oposición solicitaron explicaciones sobre lo sucedido.

Conviene diferenciar ambos acontecimientos: la detención tuvo lugar durante la concentración de la mañana, mientras que la manifestación multitudinaria celebrada por la tarde transcurrió sin incidentes relevantes.

La jornada también incluyó actividades educativas fuera de los campus. Profesores universitarios impartieron clases abiertas en las inmediaciones del Museo Reina Sofía, una iniciativa con la que quisieron trasladar sus reivindicaciones al espacio público.

El Gobierno de Ayuso cuestiona las movilizaciones

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, defendió el jueves ante la Asamblea regional la actuación del Ejecutivo y cuestionó el carácter de algunas acciones protagonizadas por los huelguistas.

Zarzalejo reconoció el derecho constitucional a la huelga, pero sostuvo que determinadas actuaciones no pueden justificarse mediante ese derecho. También acusó a sectores de la izquierda de utilizar las movilizaciones como una campaña de confrontación política contra el Gobierno autonómico.

Según la consejera, algunas protestas han perjudicado el funcionamiento ordinario de los centros y han generado situaciones que afectan a los docentes y estudiantes que desean continuar sus actividades académicas.

La responsable regional insistió en la necesidad de proteger la normalidad educativa, especialmente en etapas sensibles como segundo de Bachillerato y en los centros de Educación Especial.

Por su parte, los sindicatos y las plataformas convocantes rechazan que se descalifiquen sus reivindicaciones por la presencia de consignas políticas y reclaman que la Consejería aborde sus propuestas concretas.

El desacuerdo también alcanza al coste de las medidas solicitadas. El Gobierno madrileño considera que algunas exigencias económicas resultan inasumibles, mientras que los trabajadores sostienen que la inversión educativa es necesaria para mejorar las condiciones del sistema público.

Una huelga que comenzó el 14 de octubre y puede continuar

La manifestación del 5 de noviembre no fue una protesta aislada. Las educadoras de las escuelas infantiles madrileñas iniciaron sus movilizaciones el pasado 7 de abril y los docentes no universitarios comenzaron una huelga indefinida el 14 de octubre.

La incorporación de las universidades públicas durante los días 4 y 5 de noviembre amplió el alcance del conflicto y permitió que trabajadores y estudiantes de diferentes niveles educativos coincidieran en las calles.

El seguimiento de los paros también ha generado diferencias entre la Administración y los convocantes. La Comunidad de Madrid situó la participación en la huelga del jueves en el 11,6 %, mientras que los sindicatos no ofrecieron una cifra conjunta comparable para esa jornada.

Este porcentaje no debe confundirse con las cifras de asistentes a la manifestación. El seguimiento de una huelga mide la participación en los paros laborales dentro del ámbito considerado; la asistencia a una marcha puede incluir también a estudiantes, familias y otras personas que apoyan las reivindicaciones.

Las dos jornadas de huelga universitaria previstas para noviembre han concluido, pero eso no implica que termine el conflicto educativo. La convocatoria indefinida del profesorado no universitario mantiene abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones.

La negociación sigue pendiente tras la protesta de Madrid

El siguiente paso depende, en buena medida, de si la Consejería de Educación y los representantes de los trabajadores consiguen establecer una vía de negociación.

El comité de huelga presentó el 26 de octubre un requerimiento formal para solicitar una reunión urgente con Mercedes Zarzalejo, advirtiendo de posibles actuaciones judiciales si no se atendía su petición.

Las plataformas universitarias también han avanzado que las movilizaciones podrían intensificarse si no se abre un diálogo sobre sus demandas.

La situación afecta a un ámbito especialmente sensible para las familias madrileñas. Las condiciones del profesorado, los recursos para atender al alumnado y la financiación de las universidades son cuestiones distintas, pero estrechamente relacionadas con el funcionamiento cotidiano de la educación pública.

La manifestación del 5 de noviembre mostró la capacidad de movilización conjunta de docentes y estudiantes. Sin embargo, la asistencia a las protestas no resuelve por sí sola las diferencias sobre financiación, horarios, plantillas o salarios.

El conflicto permanece abierto. La comunidad educativa reclama compromisos concretos y el Ejecutivo autonómico defiende su política de gestión y financiación. Tras semanas de huelga, el principal asunto pendiente sigue siendo el mismo que llevó a miles de personas a las calles de Madrid: la posibilidad de alcanzar acuerdos sobre las condiciones de la enseñanza pública.