València Activa: 21 nóminas retrasadas en 2025 y cierre por PP y Vox

Los 21 trabajadores de València Activa incorporados al Ayuntamiento de València el 1 de octubre de 2025 se encontraron con un problema inesperado: no cobraron su primera nómina municipal en la fecha prevista. La liquidación de la fundación, impulsada por el gobierno local de PP y Vox, provocó un retraso salarial que la Concejalía de Empleo atribuyó a dificultades administrativas. El consistorio anunció entonces que los salarios de octubre se abonarían a finales de noviembre.

La situación afectó a empleados que habían sido integrados en los servicios municipales de Empleo y Emprendimiento para garantizar la continuidad de sus puestos de trabajo. El traslado debía realizarse sin perjuicio para la plantilla, pero terminó acompañado de retrasos en las nóminas, incertidumbre sobre la antigüedad laboral y cambios en determinadas condiciones retributivas. Todo ello mientras la fundación afrontaba su desaparición en medio de una investigación sobre presuntas irregularidades contractuales.

El episodio salarial se produjo en octubre de 2025. Desde entonces, el proceso ha avanzado: el 11 de junio de 2026 se aprobó la disolución definitiva de València Activa, con sus antiguos trabajadores integrados en el Ayuntamiento. La información pública posterior confirma el cierre de la entidad, aunque no permite establecer con precisión la fecha en que se regularizaron todas las nóminas afectadas.

Un mes de retraso por los trámites de integración municipal

La incorporación de los trabajadores al Ayuntamiento estaba inicialmente prevista para el 1 de septiembre de 2025, pero el calendario tuvo que modificarse y la subrogación se hizo efectiva el 1 de octubre.

El cambio suponía que los empleados pasaban a depender directamente del consistorio. Sin embargo, la tramitación de sus expedientes laborales no avanzó al mismo ritmo que su incorporación administrativa.

La Concejalía de Empleo, encabezada por José Gosálbez, de Vox, explicó que era necesario adaptar la documentación de los trabajadores a los procedimientos municipales de gestión de personal y nóminas.

Según las previsiones comunicadas entonces, el salario de octubre se abonaría a finales de noviembre, con aproximadamente un mes de retraso. El departamento aseguró también que la incidencia no debería afectar a las siguientes mensualidades.

El problema no era completamente nuevo. En abril de 2025, empleados de València Activa también habían sufrido retrasos salariales, atribuidos entonces a cambios en las competencias de gestión del organismo.

La antigüedad y los complementos salariales, otra preocupación

El retraso de los sueldos no fue la única incertidumbre que acompañó al traspaso de los trabajadores.

La integración en el Ayuntamiento introdujo dudas sobre el reconocimiento de la antigüedad acumulada durante los años de servicio en la fundación. A los empleados se les había comunicado que conservarían los trienios consolidados, pero existían interrogantes sobre otros efectos de su trayectoria laboral anterior.

La distinción tiene importancia. Los trienios son complementos retributivos vinculados al tiempo trabajado, mientras que la antigüedad puede tener consecuencias en otros aspectos de la relación laboral.

Qué ocurría con los salarios superiores al convenio municipal

Otro cambio afectaba a quienes percibían remuneraciones superiores a las establecidas para puestos equivalentes en el convenio del personal laboral municipal.

En esos casos se contemplaba la utilización de complementos absorbibles, un mecanismo que permite mantener inicialmente determinadas diferencias salariales y compensarlas progresivamente con futuros incrementos retributivos, según las condiciones aplicables.

La plantilla quedó integrada en el Ayuntamiento bajo una modalidad de personal laboral a extinguir, con continuidad en sus funciones.

No se trataba, por tanto, de un despido colectivo. El conflicto estaba relacionado con las condiciones del traslado, la seguridad jurídica de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones salariales.

Vox promovió la desaparición de València Activa

La Fundación València Activa llevaba dos décadas vinculada a las políticas municipales de empleo y formación. Creada en 2005, había funcionado durante gobiernos locales de diferente signo político.

En mayo de 2025, José Gosálbez anunció la intención del gobierno municipal de extinguirla. La decisión fue respaldada por el ejecutivo de PP y Vox, presidido por la alcaldesa María José Catalá.

El argumento defendido por la Concejalía de Empleo fue la necesidad de eliminar estructuras administrativas duplicadas y concentrar los servicios en departamentos municipales.

El 30 de junio de 2025, el Patronato aprobó por unanimidad iniciar el procedimiento de extinción y liquidación, con el apoyo de los representantes sindicales y empresariales presentes.

La decisión contemplaba la incorporación del personal a los servicios municipales y la supresión de tres puestos directivos.

El Ayuntamiento sostuvo que el cambio permitiría mejorar la eficiencia administrativa y mantener los programas de apoyo a desempleados, emprendedores y empresas.

La investigación sobre los contratos de Juan Manuel Badenas

La iniciativa municipal llegó después de que la Fiscalía Anticorrupción comenzara a investigar posibles irregularidades en contratos vinculados a la fundación durante la etapa de Juan Manuel Badenas, antiguo responsable del área de Empleo y exportavoz municipal de Vox.

En abril de 2025, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a dependencias municipales para recabar documentación sobre adjudicaciones relacionadas con la entidad.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de denuncias presentadas por grupos de la oposición, que cuestionaron distintos procedimientos de contratación.

La investigación penal y el procedimiento administrativo de extinción eran asuntos diferentes. La existencia de diligencias sobre determinados contratos no implicaba que los 21 trabajadores afectados por los retrasos salariales estuvieran investigados.

En abril de 2026, la Fiscalía volvió a solicitar documentación sobre expedientes de contratación. La oposición había ampliado sus denuncias a otros contratos, mientras continuaban las comprobaciones sobre posibles irregularidades.

Las sospechas sobre adjudicaciones no equivalen a una condena, y deben distinguirse de los hechos administrativos acreditados.

El cierre definitivo llegó en junio de 2026

El proceso de liquidación de València Activa se prolongó durante más tiempo del anunciado inicialmente.

Aunque el gobierno municipal había planteado completar la desaparición de la fundación antes de finalizar 2025, la extinción definitiva no se aprobó hasta el 11 de junio de 2026.

La liquidación dejó también otro dato relevante sobre el coste del procedimiento.

El abogado Luis Ignacio Sierra Mallol, designado liquidador de València Activa, presentó alrededor de medio centenar de facturas por un importe conjunto de aproximadamente 101.000 euros.

La cifra abrió un nuevo debate sobre el coste de extinguir una entidad cuya desaparición se había justificado, precisamente, por razones de eficiencia y ahorro administrativo.

Desde la Concejalía de Empleo se defendió que la integración permitiría eliminar duplicidades. La oposición, por su parte, cuestionó las circunstancias del cierre y las actuaciones desarrolladas durante la liquidación de la fundación.

El importe facturado por el liquidador es una cuestión distinta del retraso salarial registrado en 2025. Ambos episodios forman parte del mismo proceso de reorganización municipal, pero no consta una relación económica directa entre ellos.

Los trabajadores continúan en los servicios municipales

La desaparición jurídica de València Activa no supuso la eliminación de los servicios públicos que prestaba.

El Ayuntamiento asumió las competencias de la fundación a través de sus áreas de Empleo, Formación y Emprendimiento, manteniendo la atención a personas desempleadas, trabajadores que buscan mejorar su cualificación y ciudadanos interesados en iniciar actividades empresariales.

También se confirmó la incorporación de los antiguos empleados a la estructura municipal, un compromiso expresamente anunciado cuando comenzó el procedimiento de extinción.

El retraso de las nóminas de octubre de 2025 dejó, sin embargo, una cuestión relevante sobre la ejecución de aquella reorganización: la continuidad de los puestos de trabajo no evitó los problemas administrativos relacionados con el cobro de los salarios.

Con la fundación definitivamente extinguida desde junio de 2026, la integración laboral y la gestión directa de los servicios son una realidad. El episodio de las nóminas permanece como uno de los problemas que acompañaron a la liquidación de València Activa y que evidenciaron las dificultades de trasladar una plantilla de una entidad pública a la administración municipal.