Tres detenidos en Valencia por cobrar 6.000 € por un contrato laboral

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres personas por su presunta participación en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular después de que un hombre residente en Pakistán pagara 6.000 euros por un supuesto contrato de trabajo con el que esperaba poder trasladarse y residir legalmente en España.

La operación prometida no permitió finalmente al afectado instalarse en España. El hombre carecía de visado y tampoco disponía de documentación válida vinculada al supuesto empleador que iba a contratarlo. Fue su padre quien acudió a una comisaría y denunció los hechos, lo que puso en marcha la investigación policial.

Los 6.000 euros acabaron repartidos en dos partes

Las pesquisas apuntan a que los tres detenidos habrían desempeñado funciones diferentes dentro de la operación. No se trataría, según la investigación, de una única persona que cobraba por conseguir un empleo, sino de varias intervenciones relacionadas con el supuesto contrato y con el movimiento del dinero abonado.

Uno de los investigados se habría ocupado de facilitar el contrato de trabajo y de presentar la documentación correspondiente ante la Subdelegación del Gobierno. Un segundo habría actuado como intermediario entre el denunciante y el supuesto empleador.

Ese intermediario habría recibido 3.000 euros, exactamente la mitad de la cantidad abonada. Los otros 3.000 euros terminaron, según las pesquisas, en una cuenta bancaria cuyo titular sería el tercer implicado.

La denuncia del padre desencadenó la investigación

El origen del caso está en la promesa realizada al hijo del denunciante, que residía en Pakistán. A cambio de los 6.000 euros, los investigados habrían ofrecido facilitarle un contrato de trabajo en España que formaría parte del procedimiento necesario para poder residir en el país.

Pero el traslado nunca se produjo. El hombre no tenía el visado necesario ni un documento válido relacionado con el empleador que supuestamente iba a contratarlo. Ante la falta de resultados, su padre decidió acudir a dependencias policiales.

A partir de esa denuncia, los agentes realizaron comprobaciones con diferentes entidades y organismos. Esas gestiones permitieron reconstruir tanto la tramitación del supuesto empleo como el destino del dinero y atribuir, de manera provisional, un papel a cada uno de los tres sospechosos.

Un contrato de trabajo no basta para entrar en España

El caso toca uno de los puntos que más confusión genera en los procedimientos de contratación desde el extranjero: tener una oferta laboral o un contrato no concede por sí solo el derecho a entrar y residir en España.

En el procedimiento ordinario para una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, el empleador debe tramitar la autorización correspondiente. El contrato firmado forma parte del expediente, pero también deben cumplirse otros requisitos administrativos relacionados con el trabajador, la empresa y la contratación.

Primero la autorización y después el visado

Cuando la autorización correspondiente se concede, el trabajador que se encuentra fuera de España debe solicitar el visado que proceda ante la representación diplomática o consular competente. El contrato, por tanto, no funciona como un salvoconducto automático para entrar en España.

Ese detalle resulta especialmente relevante en este caso. El afectado no pudo trasladarse desde Pakistán porque no disponía de visado ni documentación válida relacionada con el presunto empleador que iba a contratarlo.

Los tres arrestados fueron puestos a disposición judicial

Tras las comprobaciones realizadas, los agentes consideraron que existían indicios para detener a las tres personas por su presunta implicación en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.

Los arrestados fueron posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial. La detención no equivale a una condena y será el procedimiento judicial el que determine las posibles responsabilidades de cada uno de los investigados.

La información conocida tampoco permite afirmar que existiera una autorización válida de residencia y trabajo ni que el supuesto contrato llegara a producir efectos legales. Sí consta en la investigación el pago de los 6.000 euros, la imposibilidad del afectado de trasladarse desde Pakistán y el reparto del dinero que la Policía atribuye provisionalmente a los investigados.

Una promesa de empleo que terminó en comisaría

El caso de Valencia comenzó con la promesa de conseguir un trabajo en España y terminó con tres detenciones. Entre medias quedaron 6.000 euros, documentación presentada ante la Administración y un viaje que el afectado nunca pudo realizar.

La investigación deberá concretar qué responsabilidad tuvo cada detenido y qué validez tenía realmente la documentación utilizada. Por el momento, el dato central es claro: el afectado pagó miles de euros por una vía que no le proporcionó ni el visado ni los documentos necesarios para trasladarse legalmente a España.