Ábalos ve coincidencia entre el registro de la UCO y el audio de Koldo

José Luis Ábalos ha señalado una «evidente coincidencia temporal» entre el registro de su vivienda de Valencia por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la difusión de unas declaraciones de su antiguo asesor, Koldo García, sobre un supuesto intento de soborno por parte del Partido Popular. El exministro de Transportes cuestiona la necesidad de la operación policial, desarrollada el jueves 5 de noviembre, y considera llamativo que ambos acontecimientos se produjeran el mismo día.

En un mensaje difundido este viernes 6 de noviembre a través de su cuenta de X, Ábalos ha evitado atribuir intenciones concretas a los investigadores, aunque ha dejado clara su desconfianza sobre las circunstancias del registro. La actuación forma parte de una nueva investigación judicial sobre presuntas irregularidades en contratos de obra pública y se saldó con seis detenciones, incluida la de su pareja, Andrea de la Torre. Todos los arrestados quedaron en libertad horas después.

El exdirigente socialista ha expresado estas críticas desde prisión, donde cumple una condena de 24 años y tres meses impuesta por el Tribunal Supremo por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Su defensa ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Constitucional.

Ábalos cuestiona la coincidencia entre el registro y las declaraciones de Koldo

El antiguo secretario de Organización del PSOE considera especialmente significativo que la nueva intervención policial coincidiera con la publicación de unas declaraciones de Koldo García en las que este sostiene que recibió una supuesta oferta económica para facilitar información perjudicial para Pedro Sánchez y su entorno.

Ábalos ha precisado que no pretende atribuir intenciones que desconoce, pero tampoco ocultar que la coincidencia le resulta llamativa. Su crítica se dirige tanto al momento elegido para realizar el registro como a la propia actuación de los agentes.

El exministro cuestiona la necesidad, oportunidad y proporcionalidad de volver a registrar una vivienda que ya había sido inspeccionada anteriormente. También denuncia que el despliegue policial ha provocado un nuevo episodio de exposición pública de su entorno personal.

Sus declaraciones expresan una sospecha sobre la coincidencia de fechas, pero no acreditan ninguna relación causal entre el operativo judicial y la difusión del testimonio de Koldo. La investigación se había puesto en marcha previamente, después de que la UCO entregara un nuevo informe al juez instructor.

La UCO investiga posibles contratos amañados de obra pública

El registro de la vivienda de Ábalos se produjo dentro de una nueva pieza separada del caso Koldo, abierta el martes 3 de noviembre por el magistrado Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.

La investigación aborda presuntas irregularidades relacionadas con adjudicaciones de obra pública y posibles pagos ilegales. La pieza permanece bajo secreto, por lo que no se conocen todos los elementos que motivaron las actuaciones policiales.

El operativo del 5 de noviembre se desarrolló en distintos puntos de España, incluidos Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla.

Los agentes también acudieron a Adif Alta Velocidad para reclamar documentación sobre contratos presuntamente manipulados. La empresa pública aseguró que había facilitado la información solicitada y colaborado con los investigadores. Se trató de un requerimiento documental, no de un registro de sus instalaciones.

La operación incluyó asimismo actuaciones en la sede sevillana de la constructora Azvi y en inmuebles vinculados a personas investigadas.

La detención de Andrea de la Torre y las explicaciones de Ábalos

Uno de los episodios más controvertidos para el exministro ha sido la detención de su pareja, Andrea de la Torre, que se encontraba en la vivienda cuando llegaron los agentes.

De la Torre fue trasladada a dependencias policiales y posteriormente puesta en libertad. Ábalos considera que la actuación ha perjudicado injustificadamente su imagen y rechaza que se la presente públicamente como integrante de una organización criminal.

El antiguo responsable de Transportes también ha defendido la procedencia del dinero utilizado para adquirir un inmueble en 2024 que algunas informaciones han relacionado con posibles comisiones ilegales.

Según su versión, la propiedad se financió mediante dos préstamos, cuya documentación podría haber aportado su pareja si los investigadores se la hubieran requerido.

Se trata, en cualquier caso, de las explicaciones ofrecidas por Ábalos, no de una conclusión judicial sobre el origen de esos fondos.

Entre los detenidos también figuró Cristian Corvillo, militante socialista que condujo el vehículo utilizado por Pedro Sánchez durante parte de su campaña de primarias de 2017.

Ábalos reconoce conocerlo por su actividad política, pero niega haber mantenido relaciones empresariales con él. La UCO investiga posibles conexiones de Corvillo con las operaciones económicas examinadas en esta nueva rama del procedimiento.

La supuesta oferta de un millón de euros que denuncia Koldo

La otra parte de la controversia procede de unas declaraciones de Koldo García difundidas el jueves por la Cadena SER.

El antiguo asesor ministerial asegura que el abogado del Partido Popular Alberto Durán le planteó un acuerdo que incluía el pago de sus gastos de defensa y un millón de euros a cambio de proporcionar información que pudiera perjudicar políticamente al presidente del Gobierno.

Según su relato, las conversaciones también contemplaban posibles beneficios para su situación judicial. Koldo sostiene que los contactos se produjeron en 2025 y que el supuesto acuerdo económico implicaba a la empresa editora de OKdiario.

La información publicada indica que el millón de euros no llegó a abonarse. El relato de Koldo y las circunstancias de esos supuestos contactos siguen siendo objeto de controversia.

El abogado mencionado ha negado las acusaciones.

El PP rechaza las acusaciones y también cuestiona las fechas

El Partido Popular ha rechazado tajantemente la versión de Koldo García. Su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha negado que se produjera la reunión descrita por el exasesor.

Muñoz también ha destacado la coincidencia entre la publicación de las acusaciones y el registro de la UCO en la vivienda de Ábalos, aunque desde una interpretación política opuesta a la del exministro.

Mientras Ábalos considera llamativo el momento de la intervención policial, el PP cuestiona que las declaraciones de Koldo aparecieran precisamente cuando se desarrollaba el operativo.

El PSOE, por su parte, ha reclamado explicaciones a Alberto Núñez Feijóo sobre el supuesto ofrecimiento económico.

Las acusaciones de Koldo no constituyen por sí mismas una prueba de que existiera un soborno. Tampoco la coincidencia temporal señalada por Ábalos demuestra que la actuación de la Guardia Civil respondiera a motivaciones ajenas a la investigación judicial.

El caso Koldo mantiene varios frentes judiciales abiertos

La nueva operación se produce después de que el Tribunal Supremo dictara sentencia en la parte del caso relacionada con los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos fue condenado a 24 años y tres meses de prisión, mientras que Koldo García recibió una pena de 19 años y ocho meses. El empresario Víctor de Aldama también fue condenado, aunque el tribunal suspendió el cumplimiento de su pena de prisión bajo determinadas condiciones, teniendo en cuenta su colaboración con la Justicia.

El exministro ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar la anulación de su condena y la suspensión de su cumplimiento mientras se resuelve el recurso.

Su defensa cuestiona, entre otras cuestiones, la valoración de las declaraciones de Aldama y la competencia del Supremo para juzgarlo después de haber renunciado a su condición de diputado.

Esta nueva pieza sobre presuntas irregularidades en obras públicas constituye un procedimiento distinto de los hechos ya juzgados. Su desarrollo dependerá del análisis de la documentación obtenida, de las diligencias que acuerde el magistrado y de las pruebas que puedan incorporarse a la causa.

Una nueva investigación que amplía el alcance del caso

La intervención de la UCO en Valencia ha devuelto a Ábalos al centro de la actualidad judicial y política, esta vez por una investigación que afecta también a personas de su entorno.

Su reacción introduce una controversia sobre el momento del registro y su repercusión pública, mientras las acusaciones de Koldo contra el PP abren otro enfrentamiento entre los principales partidos.

Por ahora, los hechos confirmados son la apertura de una nueva pieza judicial, el registro de la vivienda, las seis detenciones seguidas de la puesta en libertad de los arrestados y el requerimiento de documentación a Adif.

La coincidencia de fechas existe. Lo que no está demostrado es que responda a una actuación coordinada o a una motivación política. La investigación judicial continúa y será la valoración de las pruebas, no las sospechas de las partes, la que determine las posibles responsabilidades.