La ONU vincula a Emiratos con 2.000 mercenarios colombianos en Sudán

Un informe de expertos de Naciones Unidas vincula a Emiratos Árabes Unidos con el reclutamiento y despliegue de mercenarios colombianos para combatir en Sudán junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar acusado de cometer atrocidades contra la población civil. Las investigaciones de la ONU sitúan en hasta 2.000 los contratistas militares colombianos involucrados en el conflicto, una cifra que revela la dimensión internacional de una guerra que comenzó en abril de 2023.

La investigación confidencial, remitida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y conocida a principios de noviembre de 2026, identifica una red de empresas de seguridad, intermediarios y rutas de transporte que habría facilitado la llegada de antiguos militares colombianos a territorio sudanés. Los investigadores atribuyen a una compañía establecida en Emiratos un papel fundamental en las contrataciones. Abu Dabi niega haber respaldado militarmente a las FAR, pero las nuevas conclusiones aumentan la presión internacional sobre el Gobierno emiratí.

El caso ha adquirido especial relevancia porque los combatientes extranjeros no se habrían limitado a tareas de vigilancia. Participaron en operaciones militares y manejaron sistemas de artillería, drones y armamento avanzado, según las investigaciones de Naciones Unidas. Su presencia ha quedado documentada en Darfur, una de las regiones más castigadas por la guerra, y particularmente durante el asedio de El Fasher, escenario de asesinatos masivos y otras violaciones graves de los derechos humanos.

Una red de reclutamiento que conecta Colombia, Emiratos y Sudán

La investigación señala a Global Security Services Group (GSSG), una empresa privada de seguridad con sede en Abu Dabi y vinculaciones con figuras próximas a las autoridades emiratíes. Según el informe confidencial, la compañía contrató a combatientes colombianos que terminaron integrándose en las operaciones de las FAR.

El sistema de reclutamiento comenzaba en Colombia, donde intermediarios buscaban principalmente a antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas. La experiencia de estos veteranos resultaba especialmente atractiva para las organizaciones que necesitaban personal capaz de utilizar armamento complejo y participar en operaciones militares.

Entre los nombres identificados figura Álvaro Andrés Quijano Becerra, coronel retirado del Ejército colombiano relacionado con las operaciones de contratación. Las investigaciones también han examinado el papel de su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, y de empresas que actuaban como intermediarias entre Colombia y Oriente Próximo.

El traslado de los combatientes seguía diferentes itinerarios internacionales. Una de las rutas identificadas atravesaba Bosaso, en Somalia, donde los investigadores localizaron instalaciones vinculadas a Emiratos utilizadas para el tránsito de los contratistas. Otra pasaba por Bengasi, en Libia, desde donde los hombres podían continuar por territorio chadiano hasta llegar a Darfur.

Human Rights Watch ya había documentado en mayo de 2026 el paso de contratistas colombianos por instalaciones militares de Emiratos, incluidas las situadas en Ghiyathi y Al Wathba. La organización analizó documentos empresariales, testimonios, fotografías y vídeos para reconstruir parte de estos desplazamientos.

De contratos de seguridad a operaciones de combate

Algunos de los reclutados aseguraron que inicialmente habían recibido ofertas relacionadas con labores de protección o seguridad privada. Sin embargo, terminaron destinados a una guerra en la que debían participar directamente en operaciones militares.

Las investigaciones recogen casos de trabajadores que desconocían su destino final y otros que denunciaron salarios inferiores a los prometidos. La existencia de contratos laborales no elimina las posibles responsabilidades de quienes organizaron los traslados ni convierte automáticamente en legales las actividades desarrolladas sobre el terreno.

El grupo conocido como Lobos del Desierto, integrado por combatientes colombianos, aparece vinculado a operaciones militares de las FAR. Su participación ilustra cómo la guerra sudanesa ha incorporado personal especializado procedente de otros continentes.

El papel de los mercenarios en la caída de El Fasher

La participación de los colombianos resultó especialmente relevante durante las operaciones en El Fasher, capital de Darfur Norte, que cayó en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido en octubre de 2025, después de un prolongado asedio.

Los investigadores han identificado a contratistas extranjeros operando drones de reconocimiento y ataque, sistemas de artillería y otros equipos militares. Estas capacidades permitieron reforzar las operaciones de las FAR, una organización que ha recurrido al uso intensivo de armamento pesado contra posiciones enemigas.

El asalto a El Fasher estuvo acompañado de atrocidades contra la población civil. Investigaciones de Naciones Unidas han documentado asesinatos masivos, agresiones sexuales y ataques contra comunidades no árabes. Una investigación posterior documentó más de 6.000 personas asesinadas durante tres días de la ofensiva.

La presencia de contratistas colombianos en aquellas operaciones está documentada, aunque eso no significa que todos los combatientes extranjeros participaran personalmente en los crímenes denunciados. La determinación de responsabilidades individuales exige pruebas específicas.

El episodio adquiere especial gravedad por los antecedentes de las FAR. En enero de 2025, Estados Unidos determinó que la organización había cometido genocidio en Sudán. Los investigadores internacionales también han identificado indicios de actos genocidas en Darfur.

Emiratos rechaza las acusaciones de apoyo militar

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha negado reiteradamente que financie, arme o preste apoyo logístico a las Fuerzas de Apoyo Rápido. También ha sostenido que su territorio no puede utilizarse legalmente para reclutar o entrenar combatientes destinados a conflictos extranjeros.

La controversia reside en la relación entre las empresas privadas investigadas y las estructuras estatales emiratíes. Las investigaciones describen vínculos empresariales, políticos y personales, además del uso de instalaciones militares y rutas logísticas relacionadas con el país del Golfo.

Una cuestión es demostrar que una compañía establecida en Emiratos contrató a los combatientes. Otra, jurídicamente distinta, es determinar qué autoridades conocían las operaciones, qué participación tuvieron y si existe responsabilidad del Estado.

Los informes incrementan la presión sobre Abu Dabi para que investigue las actividades desarrolladas desde su territorio y adopte medidas contra las redes que puedan estar contribuyendo a violaciones del derecho internacional humanitario.

Colombia intenta frenar la salida de antiguos militares

El caso también ha provocado inquietud en Colombia, un país con numerosos militares retirados que cuentan con experiencia en conflictos armados y operaciones de seguridad.

El Gobierno colombiano ha expresado su oposición al mercenarismo y ha promovido medidas legales para combatir estas prácticas. Los investigadores de Naciones Unidas no han encontrado pruebas de que el Estado colombiano dirigiera o respaldara las actividades de reclutamiento examinadas.

La distinción es importante. La participación de ciudadanos de un país en una guerra extranjera no implica necesariamente que su Gobierno intervenga en ella.

Estados Unidos también ha impuesto sanciones a integrantes de las redes de reclutamiento y a entidades relacionadas con el envío de combatientes a Sudán. El objetivo es dificultar la financiación y el funcionamiento de organizaciones que contribuyen a prolongar el conflicto.

La contratación de veteranos extranjeros revela, además, un problema que trasciende a Sudán: la circulación internacional de personal con experiencia militar a través de empresas de seguridad cuya actividad puede resultar difícil de controlar.

El informe complica una candidatura emiratí a la ONU

Las revelaciones llegan en un momento delicado para la diplomacia de Emiratos. Lana Nusseibeh, una de las representantes internacionales más destacadas del país, aspira a convertirse en secretaria general de Naciones Unidas.

La candidatura ha recibido críticas por la posición que Emiratos mantiene respecto a la guerra de Sudán. Durante su trayectoria diplomática, Nusseibeh ha rechazado las acusaciones de que su Gobierno proporcionara apoyo militar a las FAR.

Tras conocerse las nuevas investigaciones, la diplomática afirmó que no había tenido acceso al informe y aseguró que, si llegara a dirigir Naciones Unidas, abordaría las conclusiones de sus órganos investigadores con independencia de los países afectados.

La controversia introduce un elemento político adicional: las actuaciones atribuidas a entidades vinculadas a Emiratos pueden influir en la percepción internacional de la candidatura de Nusseibeh, que pretende asumir la máxima responsabilidad administrativa y diplomática de la organización.

Sudán, una guerra agravada por la intervención extranjera

La guerra civil sudanesa comenzó el 15 de abril de 2023, cuando estallaron los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas, dirigidas por Abdel Fattah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti.

Ambos habían compartido el poder antes de romper su alianza. La disputa por el control del aparato militar terminó convirtiéndose en una guerra devastadora que ha dividido el país y ha provocado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

El conflicto ha dejado decenas de miles de muertos, aunque las estimaciones más amplias apuntan a una mortalidad muy superior. Cerca de 13 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y millones de sudaneses afrontan graves dificultades para acceder a alimentos, agua potable y asistencia sanitaria.

Las investigaciones internacionales han documentado violaciones graves del derecho humanitario atribuidas tanto al Ejército como a las FAR. La entrada de armas, drones, financiación y combatientes extranjeros ha incrementado la capacidad destructiva de las partes enfrentadas.

El informe sobre los mercenarios colombianos muestra hasta qué punto la guerra de Sudán depende también de redes internacionales de financiación, contratación y transporte militar. La identificación de esas estructuras abre nuevas vías para investigar responsabilidades y aplicar sanciones.

Mientras esas redes sigan funcionando, los intentos diplomáticos de detener los combates tendrán que afrontar algo más que la rivalidad entre dos jefes militares sudaneses. También los intereses y recursos de quienes, desde fuera del país, contribuyen a mantener la guerra.