Irene Montero propone jubilación a los 63, 30 horas y SMI de 1.800 €

Irene Montero ha propuesto rebajar la edad de jubilación a los 63 años, reducir la jornada laboral a 30 horas semanales y elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.800 euros mensuales. La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno ha presentado estas medidas como parte de su proyecto económico y social para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La propuesta, defendida este viernes 6 de noviembre durante un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, incluye también aumentar las pensiones mínimas y las no contributivas. Montero sostiene que España dispone de capacidad para reforzar su sistema público de protección social y considera que los beneficios empresariales y los avances tecnológicos deben traducirse en mejores salarios, menos horas de trabajo y más tiempo libre.

La eurodiputada ha situado estas reivindicaciones en el centro de su campaña electoral, marcada por el encarecimiento de la vivienda, los alimentos y otros gastos esenciales. Su planteamiento supone una modificación importante de las condiciones actuales de jubilación y empleo, aunque las medidas todavía son propuestas políticas y no implican cambios inmediatos en la legislación.

Jubilación a los 63 años: qué cambiaría respecto a la edad actual

La reducción de la edad de jubilación constituye una de las principales novedades del planteamiento de Montero. En España, durante 2026, la edad ordinaria para retirarse es de 66 años y 10 meses para quienes no alcanzan los 38 años y tres meses cotizados. Los trabajadores que acreditan ese periodo de cotización pueden jubilarse ordinariamente a los 65 años.

A partir de 2027, la edad general se elevará a 67 años, aunque se mantendrá en 65 para quienes hayan cotizado al menos 38 años y seis meses. Son los últimos pasos del calendario de incremento gradual de la edad de jubilación aprobado en 2011.

La propuesta de Podemos supondría, por tanto, adelantar entre dos y cuatro años el acceso ordinario a la jubilación respecto al marco previsto para 2027, dependiendo de la trayectoria laboral de cada trabajador.

Existe un matiz importante: actualmente ya es posible jubilarse a los 63 años en determinados supuestos, mediante la jubilación anticipada voluntaria, pero esta modalidad exige cumplir requisitos específicos y generalmente conlleva reducciones en la cuantía de la pensión.

Montero no ha detallado en su intervención cómo se aplicarían los 63 años como edad de jubilación, qué periodos mínimos de cotización se exigirían o si desaparecerían los coeficientes reductores asociados al retiro anticipado. Son aspectos decisivos para determinar el alcance económico y social de la medida.

Pensiones mínimas y no contributivas más elevadas

La candidata también ha defendido aumentar las pensiones mínimas contributivas y las prestaciones no contributivas, destinadas a personas que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una pensión contributiva.

Durante su intervención, Montero aseguró que el sistema público de pensiones está «perfectamente preparado» y rechazó las fórmulas que, a su juicio, favorecen su privatización.

La dirigente de Podemos criticó las políticas de ajuste asociadas a la derecha y cuestionó el aumento del gasto militar impulsado en el ámbito internacional, al considerar que puede comprometer recursos destinados a servicios públicos y protección social.

El principal interrogante económico de su propuesta es cómo financiar una jubilación más temprana y pensiones más elevadas en un sistema que necesita cubrir prestaciones durante más años. La candidata defendió una mayor redistribución de la riqueza, aunque en este acto no presentó una estimación detallada del coste de las medidas.

Salario mínimo de 1.800 euros: cuánto subiría respecto a 2026

La segunda gran propuesta económica de Irene Montero es elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.800 euros mensuales, una cantidad considerablemente superior a la actualmente establecida en España.

En 2026, el SMI se sitúa en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros anuales. La cifra que reclama Podemos supone un incremento nominal de 579 euros mensuales respecto a ese importe.

La propuesta llega, además, en un momento especialmente significativo. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, anunció el 5 de noviembre su intención de elevar el salario mínimo un 5,3 % en 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Ese incremento de 65 euros todavía se encuentra pendiente de aprobación definitiva. El proyecto de real decreto está sometido a audiencia pública hasta el 16 de noviembre.

Montero considera insuficiente esa actualización y ha cuestionado que una persona pueda afrontar sus gastos habituales con un salario de 1.286 euros, especialmente cuando debe pagar un alquiler.

Su propuesta de 1.800 euros también supera en 514 euros mensuales la cantidad prevista por el Ministerio de Trabajo para 2027.

La discusión no se limita al incremento de las nóminas. Una subida de esta magnitud tendría consecuencias sobre los costes laborales de las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y con salarios próximos al mínimo. Su aplicación, calendario y posibles medidas de acompañamiento serían cuestiones fundamentales en cualquier reforma.

Trabajar 30 horas semanales en lugar de 40

La tercera medida defendida por Podemos es establecer una jornada laboral de 30 horas semanales. Frente al máximo legal actual de 40 horas de trabajo efectivo de promedio anual, supondría una reducción del 25 % del tiempo de trabajo.

La iniciativa va bastante más lejos que la reforma de las 37,5 horas impulsada por el Gobierno de coalición, cuya tramitación fue rechazada por el Congreso de los Diputados en septiembre de 2025 con los votos de PP, Vox y Junts.

Montero sostiene que los avances tecnológicos deben permitir reducir las horas dedicadas al empleo remunerado y facilitar una distribución más equilibrada del trabajo.

En sus intervenciones de campaña ha defendido que «la vida está para algo más que trabajar», una expresión que resume su intención de vincular la productividad económica con la mejora de las condiciones de vida.

La reducción a 30 horas plantea, no obstante, cuestiones prácticas relevantes. Su efecto dependería de la organización de las empresas, la productividad, la contratación necesaria para mantener determinados servicios y el tratamiento de los salarios durante la transición.

Tampoco debe confundirse automáticamente una semana de 30 horas con una semana laboral de cuatro días. El reparto de esas horas dependería del modelo finalmente aprobado y de la regulación aplicable.

Vivienda y redistribución de la riqueza, otras prioridades

Las propuestas laborales y de pensiones forman parte de una estrategia económica más amplia. Montero también ha planteado prohibir la compra de viviendas con fines especulativos y limitar las adquisiciones a inmuebles destinados a residencia.

Asimismo, ha defendido incorporar al parque de alquiler social las viviendas acumuladas por fondos de inversión, una medida con la que pretende ampliar la oferta de vivienda accesible y reducir el peso de los grandes propietarios en el mercado residencial.

La candidata considera que el encarecimiento de los gastos básicos está absorbiendo buena parte de las mejoras salariales registradas durante los últimos años.

Para defender una redistribución más intensa de la riqueza, ha apelado al artículo 128 de la Constitución española, que establece que toda la riqueza del país, independientemente de su titularidad, está subordinada al interés general.

Su argumento es que el crecimiento económico y los beneficios de las grandes empresas deben traducirse en una mejora más perceptible de las condiciones materiales de la población.

Un programa económico que Podemos lleva a las elecciones del 29-N

Las propuestas de jubilación a los 63 años, salario mínimo de 1.800 euros y semana laboral de 30 horas sitúan a Podemos en una posición diferenciada respecto a otras formaciones de izquierda en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

Montero aspira a convertir las condiciones de vida en uno de los principales asuntos del debate electoral, con especial atención a los trabajadores con salarios bajos, las personas próximas a la jubilación y los hogares que destinan una parte elevada de sus ingresos a la vivienda.

Sin embargo, ninguna de estas medidas entraría en vigor por el mero hecho de haber sido anunciada. Su aplicación requeriría los correspondientes cambios normativos y, en el caso de reformas de esta envergadura, suficiente respaldo parlamentario.

La viabilidad económica, los plazos de implantación y las condiciones concretas siguen siendo cuestiones pendientes de desarrollar.

Lo que sí ha quedado definido es el objetivo político de Podemos: adelantar la jubilación, aumentar los ingresos mínimos y reducir el tiempo de trabajo. Tres compromisos que afectan directamente a millones de ciudadanos y que sitúan el debate sobre salarios, pensiones y jornada laboral entre los principales asuntos económicos de la campaña electoral.