El Supremo mantiene el voto de los hijos de la ley de nietos el 29-N

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho al voto de los hijos de españoles nacionalizados mediante la conocida como ley de nietos. La decisión permitirá que este colectivo, integrado en un grupo censal de cerca de 190.000 personas, pueda participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026, pese a la petición de Vox e Iustitia Europa de ampliar las restricciones electorales acordadas anteriormente.

La resolución, conocida este lunes 9 de noviembre, supone un nuevo capítulo en la controversia sobre el voto de los españoles residentes en el extranjero. El alto tribunal considera que extender ahora la suspensión obligaría a revisar miles de inscripciones electorales cuando apenas quedan tres semanas para los comicios. Una operación cuya viabilidad cuestionan los magistrados y que, según su criterio, comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral.

La decisión tiene, sin embargo, un límite importante: no levanta la suspensión que ya afecta a más de 163.000 nacionalizados mediante otro supuesto de la Ley de Memoria Democrática. Es decir, los hijos podrán votar mientras algunos de sus padres continúan sujetos a una medida cautelar que les impide hacerlo.

Esta diferencia, aparentemente contradictoria, responde a los distintos procedimientos legales utilizados para adquirir la nacionalidad española. Y explica por qué el Supremo ha llegado a decisiones diferentes dentro de una misma controversia electoral.

El Supremo rechaza la petición de Vox e Iustitia Europa

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado la solicitud presentada por Vox e Iustitia Europa para extender la suspensión del sufragio a los hijos mayores de edad de personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la legislación de memoria democrática.

Ambas formaciones pretendían que las restricciones impuestas anteriormente a determinados descendientes de españoles emigrados o exiliados alcanzaran también a la siguiente generación.

La petición afectaba a los ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que habían adquirido la nacionalidad mediante el procedimiento identificado administrativamente como Anexo III.

Según los datos aportados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 189.678 personas figuraban inscritas por esta vía en el censo de referencia del 1 de agosto de 2026.

Existe un matiz relevante: esa cifra incluye tanto a descendientes de nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática de 2022 como a hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad gracias a la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007. No se ha establecido públicamente cuántos corresponden exactamente a cada grupo.

La Abogacía del Estado se había opuesto a ampliar las restricciones. Entre sus argumentos figuraba la dificultad de identificar a todos los afectados y completar los procedimientos administrativos sin interferir en la preparación de las elecciones.

El Supremo ha compartido las reservas relativas a los plazos. Considera que iniciar una nueva revisión del censo a estas alturas resultaría incompatible con las garantías del proceso electoral.

Por qué el Supremo mantiene el voto de estos 190.000 españoles

El elemento determinante de la resolución es el calendario electoral.

Cuando el tribunal acordó las primeras suspensiones en septiembre, todavía no se habían convocado las elecciones generales. La situación cambió después de que el Gobierno adelantara los comicios al 29 de noviembre mediante el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre.

Ahora, el procedimiento electoral está en marcha. La campaña comenzará el 13 de noviembre y concluirá el día 27, mientras que los consulados deben organizar las operaciones correspondientes al voto de los españoles residentes en el exterior.

Extender la suspensión exigiría identificar individualmente a los afectados, comunicarles las actuaciones, permitirles formular alegaciones y adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión.

No se trata simplemente de eliminar nombres de una base de datos.

El tribunal advierte de que estas actuaciones dependen de diferentes organismos, entre ellos la Oficina del Censo Electoral, las juntas electorales y los consulados españoles. Coordinar todas esas intervenciones en el tiempo disponible plantea importantes dificultades materiales y jurídicas.

Los magistrados también recuerdan que las administraciones siguen trabajando para ejecutar las resoluciones anteriores. De hecho, un informe de la Oficina del Censo Electoral del 28 de octubre señalaba que todavía quedaban 30.482 registros pendientes de identificar para cumplir las medidas ya acordadas.

Abrir otro procedimiento de revisión, con un colectivo potencialmente mayor, añadiría una dificultad considerable a una situación que todavía no está resuelta.

La decisión no supone, por tanto, que el Supremo haya validado definitivamente todos los expedientes de nacionalidad examinados. Lo que establece es que no procede ampliar la suspensión cautelar a este segundo grupo de electores.

La ley de nietos y la diferencia entre padres e hijos

La llamada ley de nietos no es una norma independiente. Se trata de una denominación popular para referirse a los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española establecidos en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

Esta legislación permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de personas que tuvieron que abandonar España o perdieron su nacionalidad en circunstancias relacionadas con el exilio y la represión.

También contempla otros supuestos, entre ellos el de los hijos mayores de edad de españoles que recuperaron o adquirieron la nacionalidad de origen mediante las leyes de memoria de 2007 y 2022.

Dos vías de nacionalización con consecuencias electorales distintas

La controversia judicial se concentra especialmente en la aplicación del primer supuesto de la disposición adicional octava.

En septiembre, el Supremo acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA mientras se verificaba que sus beneficiarios cumplían los requisitos legales.

El conflicto surgió por la interpretación de las condiciones de exilio y por una instrucción administrativa de octubre de 2022 que permitía presumir esa condición para quienes habían abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Los magistrados cuestionaron que dicha presunción pudiera sustituir la acreditación exigida por la ley para determinados expedientes.

Sin embargo, los hijos mayores de edad de aquellos nacionalizados accedieron a la nacionalidad por un apartado diferente, el 1.b de la misma disposición adicional, conocido como Anexo III.

Ese procedimiento no estaba comprendido en la suspensión inicial.

De ahí surge una de las circunstancias más llamativas del caso: dentro de una misma familia puede haber un padre cuyo voto permanece suspendido y un hijo que conserva su derecho a participar en las elecciones generales.

Ambos son españoles. La diferencia está en el fundamento jurídico de su nacionalización y en el alcance concreto de las medidas cautelares.

Más de 163.000 nacionalizados siguen con el voto suspendido

El pronunciamiento de este lunes no modifica las decisiones adoptadas previamente por el Supremo.

El pasado 12 de octubre, el tribunal confirmó la suspensión cautelar que afecta a los españoles nacionalizados por determinadas vías de la ley de nietos e inscritos, o pendientes de inscripción, en el censo de residentes en el extranjero.

A finales de octubre, el Gobierno entregó al alto tribunal la identificación de 163.355 personas incluidas en el procedimiento.

La suspensión contempla una excepción para quienes acrediten mediante certificación consular que obtuvieron la nacionalidad cumpliendo los requisitos relativos al exilio establecidos por la legislación.

Según los datos comunicados entonces, los consulados habían expedido 901 certificados que permitían a sus titulares conservar el derecho al voto.

Conviene distinguir también a los españoles nacionalizados por la ley de nietos que residen en territorio nacional. El Supremo rechazó el 30 de octubre extender a estos ciudadanos la suspensión acordada sobre el censo de residentes ausentes, al considerar que esa petición quedaba fuera del objeto del procedimiento examinado.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional inadmitió el 21 de octubre, por considerarlo prematuro, el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra las restricciones electorales. El procedimiento judicial en el Supremo seguía abierto.

La situación no afecta, por tanto, de manera uniforme a todas las personas que adquirieron la nacionalidad española mediante la legislación de memoria democrática.

El 29-N deja dos situaciones electorales diferentes

La decisión del Supremo despeja una de las principales incertidumbres que pesaban sobre el voto exterior a menos de tres semanas de las elecciones generales.

Los hijos de nacionalizados comprendidos en el procedimiento ahora examinado mantendrán su derecho al sufragio el 29 de noviembre, siempre que cumplan las condiciones electorales ordinarias, incluida su inscripción en el censo aplicable.

Para los más de 163.000 españoles afectados por la suspensión anterior, la situación continúa siendo distinta. Su participación permanece condicionada a las medidas cautelares y a las excepciones establecidas judicialmente.

El tribunal ha dado prioridad, en esta última resolución, a la estabilidad de un calendario electoral que ya está en marcha. Pero no ha resuelto definitivamente el litigio sobre los requisitos de nacionalidad y sus consecuencias censales.

Queda así una realidad difícil de ignorar: la misma legislación que permitió recuperar el vínculo jurídico con España a miles de familias ha terminado generando situaciones electorales diferentes entre padres e hijos.

El Supremo ha decidido no extenderlas. Al menos, de cara a las urnas del 29 de noviembre.