Canarias exige un plan migratorio para El Hierro o irá a la Justicia

El Gobierno de Canarias ha elevado la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el repunte de la inmigración irregular en el archipiélago, especialmente en El Hierro. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, exigirá este martes, 10 de noviembre, un plan extraordinario de contingencia que incluya financiación, refuerzos de los servicios públicos y traslados de migrantes a la Península. Si no obtiene respuestas concretas, Canarias contempla acudir a los tribunales.

La advertencia llega después de un fin de semana en el que 1.158 migrantes desembarcaron en El Hierro a bordo de once cayucos, según los datos difundidos por RTVE. La isla, que ha declarado la emergencia social, afronta dificultades para atender las llegadas, efectuar las primeras identificaciones y trasladar a las personas rescatadas a otros centros de acogida. El problema ya no se limita a la disponibilidad de plazas: afecta también a la sanidad, los servicios de emergencia y la actividad económica local.

El Consejo de Gobierno canario ha aprobado este lunes una propuesta de ocho puntos consensuada con las formaciones que respaldan el Pacto Canario por la Inmigración, con la excepción de Vox. Clavijo llevará esas reivindicaciones a la Comisión Interministerial de Inmigración, convocada en La Moncloa para abordar la situación. El presidente autonómico reclama medidas inmediatas, responsables identificados y plazos de ejecución, después de semanas de advertencias sobre la reactivación de la ruta atlántica.

El Hierro afronta miles de llegadas y una presión creciente sobre sus servicios

La magnitud del repunte explica la urgencia de las reclamaciones. Según las cifras comunicadas por el Gobierno canario, entre el 1 y el 6 de noviembre llegaron al archipiélago aproximadamente 4.587 personas en 49 embarcaciones. De ellas, 35 embarcaciones arribaron a El Hierro.

Los datos oficiales del Ministerio del Interior también reflejan un cambio considerable en la intensidad de las llegadas. Durante octubre desembarcaron en Canarias 6.194 migrantes, una cifra superior a las 3.708 personas registradas durante todo el primer semestre de 2026.

Sin embargo, conviene distinguir el repunte reciente de la evolución anual. Hasta el 31 de octubre, Canarias había recibido 13.327 migrantes por vía marítima, frente a los 14.099 del mismo periodo de 2025. Es decir, el acumulado todavía era un 5,5 % inferior al del año anterior. La situación actual responde a una aceleración especialmente intensa durante las últimas semanas, no a un incremento sostenido durante todo el ejercicio.

En El Hierro, el problema se agrava por las dimensiones de la isla y la limitada capacidad de sus infraestructuras. El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha advertido de las dificultades para trasladar a los recién llegados con la rapidez necesaria. Cuando las derivaciones se retrasan, la presión se acumula sobre los mismos servicios sanitarios, policiales y humanitarios.

La Restinga, principal punto de desembarco, concentra buena parte de estas dificultades. La presencia continuada de cayucos afecta al funcionamiento del puerto pesquero, mientras los equipos de rescate y asistencia trabajan con una demanda extraordinaria.

Canarias exige financiación, más policías y traslados a la Península

El elemento central de las reivindicaciones es la aprobación de un plan extraordinario de contingencia migratoria que permita responder a las llegadas sin depender constantemente de soluciones improvisadas.

El Gobierno autonómico pretende que el Estado garantice recursos económicos suficientes y refuerce los dispositivos de Salvamento Marítimo, la Policía Nacional y la Guardia Civil. También reclama ampliar la asistencia sanitaria, mejorar las condiciones de los centros de primera acogida y acelerar los procedimientos de identificación y traslado.

Entre las actuaciones inmediatas planteadas por Clavijo figuran la contratación de servicios adicionales de Cruz Roja y la posibilidad de instalar un hospital de campaña que reduzca la presión sobre el Servicio Canario de Salud.

La situación del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés preocupa especialmente al Ejecutivo autonómico. Clavijo ha denunciado las malas condiciones de las instalaciones y la insuficiencia de medios para atender adecuadamente a las personas recién llegadas.

Las derivaciones, uno de los principales puntos de conflicto

Canarias considera imprescindible que los migrantes puedan ser trasladados con mayor agilidad a recursos de acogida situados en la Península. La intención es evitar que El Hierro y el conjunto del archipiélago acumulen personas durante periodos prolongados por falta de alternativas disponibles.

Este asunto también afecta a los menores extranjeros no acompañados, cuya atención requiere dispositivos específicos y coordinación entre administraciones.

Clavijo propone establecer un mecanismo permanente de seguimiento entre el Estado y Canarias, con reuniones semanales para evaluar las llegadas, revisar la capacidad de acogida y comprobar el cumplimiento de los compromisos.

La comunidad autónoma quiere que las responsabilidades queden claramente distribuidas. La acogida inicial, la atención humanitaria, la protección de menores y los procedimientos de extranjería implican a distintas administraciones, pero las personas que llegan necesitan una respuesta coordinada, con independencia del reparto competencial.

Clavijo amenaza con acudir a los tribunales si el Estado no responde

La reunión del martes puede marcar un nuevo episodio en las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central.

Clavijo ha endurecido su discurso después de considerar insuficientes las respuestas recibidas a sus anteriores reclamaciones. El presidente autonómico sostiene que Canarias lleva meses advirtiendo del posible incremento de las llegadas y cuestiona que no se hayan desplegado los recursos necesarios con antelación.

La amenaza de recurrir a la Justicia forma parte de esa presión institucional, aunque no supone que se haya presentado ya una nueva demanda por esta crisis. La vía judicial dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno central y de las obligaciones concretas cuyo cumplimiento pueda reclamar Canarias.

Pedro Sánchez se comprometió el pasado sábado, según explicó Clavijo, a reforzar los recursos sanitarios en El Hierro y convocar una reunión urgente de la Comisión Interministerial de Inmigración.

El encuentro estará presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y contará con la participación extraordinaria de Clavijo y del presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas.

La disputa también ha alcanzado a los partidos nacionales. El PP reclama una política de mayor control fronterizo, mientras Torres ha rechazado que Canarias termine convertida en un territorio donde los migrantes permanezcan retenidos por falta de traslados.

El Gobierno autonómico insiste en que necesita decisiones operativas. La convocatoria de una reunión constituye un primer paso, pero no equivale a la aprobación del plan extraordinario que reclama Canarias.

Canarias reclama a Europa que asuma parte de la emergencia migratoria

Las exigencias del Ejecutivo canario también se dirigen a la Unión Europea. Clavijo ha solicitado una intervención urgente de Bruselas y una mayor participación de las instituciones comunitarias en la gestión de la ruta atlántica.

Entre sus propuestas figura la activación de los mecanismos de solidaridad previstos en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, así como una mayor implicación de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Canarias también pretende incorporarse a los instrumentos europeos de respuesta ante emergencias en las fronteras exteriores. Su condición de región ultraperiférica y su proximidad al continente africano son dos de los argumentos utilizados para reclamar medidas adaptadas a sus circunstancias.

El Ejecutivo autonómico propone intensificar la cooperación diplomática con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, países relevantes para la gestión de los movimientos migratorios en África occidental.

El objetivo declarado es mejorar la prevención de las travesías peligrosas, combatir las redes dedicadas al tráfico de personas y reforzar la coordinación entre los países de origen, tránsito y destino.

Las propuestas incluyen, asimismo, solicitar una modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Clavijo considera que la regulación actual presenta limitaciones para perseguir determinados delitos graves cometidos en alta mar, especialmente homicidios relacionados con las travesías migratorias.

Se trata, por ahora, de una reforma legal solicitada, no aprobada. Su eventual tramitación exigiría una iniciativa legislativa y el correspondiente procedimiento parlamentario.

La Restinga reclama ayudas ante el impacto económico de los cayucos

La emergencia migratoria tiene consecuencias que van más allá de los centros de acogida. El Gobierno canario también solicita medidas económicas extraordinarias para los habitantes de El Hierro, con especial atención a La Restinga.

La acumulación de embarcaciones en el puerto está dificultando la actividad pesquera. Los profesionales del sector denuncian problemas para maniobrar y desarrollar su trabajo con normalidad.

Clavijo también ha advertido del impacto sobre las empresas de buceo, los restaurantes y otros negocios vinculados al turismo. Según las cifras expuestas por el presidente autonómico, de los once centros de buceo que existían hace unos años en la zona actualmente permanecen cuatro.

El paquete de compensaciones planteado incluye planes de empleo, posibles bonificaciones fiscales y recursos económicos específicos para aliviar las consecuencias de la situación sobre la población local.

Estas medidas deberán negociarse entre las administraciones competentes. No existe todavía una dotación económica aprobada para el conjunto de las actuaciones reclamadas.

El planteamiento canario combina dos necesidades: garantizar una atención digna a quienes llegan después de una travesía peligrosa y evitar que la población residente soporte de forma desproporcionada las consecuencias de la emergencia.

El Gobierno deberá concretar recursos y plazos para El Hierro

La reunión del 10 de noviembre será determinante para comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo central en su respuesta al repunte migratorio.

Canarias reclama cuatro actuaciones especialmente urgentes: más efectivos policiales, refuerzos de Salvamento Marítimo, asistencia sanitaria adicional y financiación extraordinaria para El Hierro. A ellas se suma la necesidad de agilizar los traslados a otros centros de acogida.

El desafío no consiste únicamente en responder al volumen de desembarcos registrado durante los últimos días. La ruta atlántica ha demostrado que puede experimentar cambios bruscos de intensidad, y las administraciones necesitan mantener capacidad de respuesta incluso después de periodos de menor actividad.

La experiencia de anteriores crisis migratorias ha dejado una evidencia difícil de discutir: cuando los recursos llegan después de que los dispositivos estén saturados, las consecuencias las sufren tanto las personas rescatadas como los profesionales que las atienden y los habitantes de los territorios de primera llegada.

Canarias exige compromisos verificables. El Gobierno central ha convocado la reunión, pero todavía debe concretar qué recursos movilizará, cómo organizará las derivaciones y en qué plazos se ejecutarán las medidas.

En El Hierro, mientras tanto, los desembarcos continúan y las necesidades de atención no esperan al resultado de las negociaciones políticas.