Salarios impagados: cuándo demandar y denunciar a la empresa a la vez

Cuando una empresa no paga lo que debe a un trabajador, reclamar el dinero puede no ser suficiente. Si las cantidades pendientes tampoco se han incluido correctamente en las bases de cotización, existe un segundo problema que puede pasar inadvertido durante años: la pérdida de derechos ante la Seguridad Social. Para proteger ambos intereses puede ser necesario acudir a dos vías diferentes, la demanda judicial y la denuncia ante la Inspección de Trabajo.

La distinción es importante. La demanda laboral permite exigir el pago de los salarios adeudados, mientras que la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sirve para investigar posibles incumplimientos empresariales, incluidas las irregularidades en las cotizaciones. Son procedimientos distintos, con competencias diferentes, y uno no sustituye necesariamente al otro.

El perjuicio puede ir bastante más allá de una nómina pendiente. Una base de cotización inferior a la que legalmente corresponde puede repercutir en el cálculo de la prestación por desempleo, las bajas por incapacidad temporal, determinadas prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado de menores o la futura pensión de jubilación.

Ahora bien, hay un matiz fundamental: no todo salario impagado implica que existan cotizaciones pendientes. Una empresa puede haber declarado correctamente las bases de un trabajador y, sin embargo, no haberle abonado su sueldo. El problema adicional aparece cuando las cantidades que debería percibir tampoco están reflejadas como corresponde ante la Seguridad Social.

La demanda laboral permite reclamar los salarios que debe la empresa

La vía judicial es el procedimiento habitual para exigir el reconocimiento y cobro de una deuda salarial cuando la empresa no la satisface voluntariamente.

El artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores establece, con carácter general, un plazo de un año para reclamar cantidades salariales, contado desde el momento en que pudieron exigirse. No es un plazo que comience necesariamente cuando termina la relación laboral: cada nómina o concepto pendiente puede tener su propio vencimiento.

Por ejemplo, si una empresa dejó de abonar un complemento salarial en enero y el trabajador espera más de un año para reclamarlo, podría encontrarse con que esa cantidad ha prescrito, salvo que se haya interrumpido válidamente el plazo.

El procedimiento ordinario suele comenzar mediante una papeleta de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente. En ese acto se intenta alcanzar un acuerdo entre trabajador y empresa. Si no lo hay, puede presentarse una demanda ante el Juzgado de lo Social.

La solicitud de conciliación tiene efectos sobre los plazos de prescripción en los términos previstos por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. De ahí que resulte importante conservar el justificante de presentación y no dejar pasar el tiempo mientras se mantienen conversaciones informales con la empresa.

La reclamación puede comprender nóminas pendientes, diferencias derivadas del convenio colectivo, complementos salariales, pagas extraordinarias u horas extraordinarias debidamente acreditadas.

El artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores contempla también un interés del 10 % por mora salarial, cuya aplicación a las cantidades reclamadas dependerá de las circunstancias y de los criterios jurisprudenciales correspondientes.

Una sentencia favorable permite reconocer la deuda y, si la empresa no cumple, solicitar su ejecución judicial. Pero el reconocimiento del dinero no debe confundirse con la comprobación de que las cotizaciones se han declarado correctamente.

La denuncia ante la Inspección de Trabajo protege las cotizaciones

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene competencias para investigar irregularidades empresariales relacionadas con los salarios, las altas de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones de cotización.

Cuando existen diferencias salariales que deberían haber formado parte de las bases de cotización, una denuncia puede permitir que la Administración investigue los hechos y, si procede, impulse la regularización de las cuotas.

La obligación de cotizar no depende simplemente de que el salario haya sido pagado. El artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social establece que, con carácter general, la base de cotización comprende la remuneración que el trabajador tenga derecho a percibir por su actividad, o la efectivamente percibida si fuera superior, con las exclusiones y límites legalmente establecidos.

Esto significa que una empresa no puede justificar una cotización inferior a la debida alegando que todavía no ha pagado determinadas cantidades.

Si la Inspección comprueba una infracción, puede adoptar las medidas que correspondan dentro de sus competencias. Entre ellas figuran los requerimientos de regularización, las propuestas de liquidación de cuotas y las actuaciones sancionadoras cuando procedan.

La denuncia formal puede presentarse presencialmente, por correo postal o a través de la sede electrónica de la Inspección de Trabajo. Debe identificar al denunciante, a la empresa y los hechos que se consideran irregulares.

Conviene distinguirla del buzón de fraude laboral. Este último admite comunicaciones anónimas, pero no equivale a una denuncia formal ni ofrece las mismas garantías procedimentales.

La identidad del denunciante está protegida por el deber legal de confidencialidad de la Inspección.

No todos los salarios impagados generan cotizaciones pendientes

Una confusión frecuente consiste en considerar que cualquier nómina no abonada supone automáticamente una falta de cotización. No funciona exactamente así.

Dos situaciones que pueden tener consecuencias diferentes

Imaginemos a un trabajador que tiene reconocido un salario bruto mensual de 1.800 euros. La empresa presenta correctamente sus liquidaciones a la Seguridad Social, declara la base que corresponde y cumple sus obligaciones de cotización, pero deja de pagarle dos mensualidades.

En ese supuesto existe una deuda salarial de 3.600 euros, pero no necesariamente una deuda adicional de cotizaciones. El trabajador deberá reclamar el dinero, mientras que las bases de cotización pueden encontrarse correctamente registradas.

La situación cambia si ese mismo empleado tiene derecho a cobrar 1.800 euros mensuales, pero la empresa únicamente reconoce 1.500 euros a efectos salariales y de cotización, sin causa legal que justifique la diferencia.

Durante seis meses, esa irregularidad supondría 1.800 euros de diferencias salariales y podría haber originado bases de cotización inferiores a las legalmente exigibles.

En este segundo escenario, reclamar las diferencias salariales y promover la comprobación de las cotizaciones permite abordar las dos consecuencias del incumplimiento.

Eso sí, no todas las cantidades que puede reclamar un trabajador forman parte de la base de cotización. Existen conceptos excluidos por ley y también límites máximos aplicables. La naturaleza del pago resulta determinante.

Qué ocurre si ya existe un procedimiento judicial contra la empresa

La posibilidad de presentar una denuncia administrativa mientras se tramita una demanda judicial tiene una particularidad que conviene conocer.

El artículo 20.5 de la Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establece limitaciones para tramitar denuncias sobre asuntos que ya están siendo examinados por un órgano judicial cuando su resolución puede condicionar la actuación inspectora.

Sin embargo, el apartado siguiente contempla una excepción específica para los asuntos que puedan dar lugar a la exigencia de cuotas de la Seguridad Social.

En esos casos puede iniciarse una actuación inspectora aunque exista un procedimiento judicial relacionado con los mismos hechos.

La normativa permite que la Inspección comience sus actuaciones y que, una vez exista sentencia firme y esta le sea comunicada, se tramite el expediente de liquidación de cuotas y, si corresponde, el sancionador, o se archiven las actuaciones.

Este mecanismo resulta especialmente relevante cuando el conflicto judicial consiste en determinar si el trabajador tenía derecho a determinados conceptos salariales y, por tanto, si esas cantidades debían incorporarse a sus bases de cotización.

Presentar ambas actuaciones no garantiza por sí mismo que el trabajador cobre ni que la empresa sea sancionada. Cada procedimiento exige acreditar los hechos y cumplir los requisitos legales.

Tampoco significa que una denuncia sea siempre imprescindible para regularizar las cotizaciones. La empresa puede corregirlas voluntariamente, y la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección disponen de mecanismos para actuar sin necesidad de una denuncia del trabajador.

Los plazos y documentos que conviene comprobar

El tiempo juega un papel fundamental en las reclamaciones laborales, pero los plazos aplicables a los salarios y a las cuotas de la Seguridad Social son diferentes.

Para reclamar salarios, el plazo general es de un año desde que la cantidad pudo exigirse. En cambio, la Ley General de la Seguridad Social establece, como regla general, un plazo de cuatro años para exigir el pago de las cuotas, sin perjuicio de las causas legales de interrupción de la prescripción.

No debe interpretarse que un trabajador dispone de cuatro años para reclamar una nómina impagada. Son obligaciones diferentes, sometidas a sus respectivas reglas.

Tampoco conviene confiar en que una denuncia ante la Inspección interrumpa automáticamente el plazo de la reclamación salarial. Ese efecto puede depender de actuaciones concretas y de las circunstancias del caso.

Para comprobar si existe una irregularidad, el primer paso práctico consiste en comparar las nóminas, el contrato y el convenio colectivo aplicable con las bases declaradas a la Seguridad Social.

El portal Importass permite obtener el informe de bases de cotización, que recoge los importes declarados durante los períodos de alta. También ofrece procedimientos para solicitar la incorporación o rectificación de información cuando se detectan errores.

Hay que tener en cuenta que el salario bruto y la base de cotización no siempre coinciden exactamente. Las pagas extraordinarias pueden estar prorrateadas a efectos de cotización, algunos conceptos tienen un tratamiento específico y existen bases máximas y mínimas.

Por eso, una diferencia entre ambos importes no demuestra por sí sola que la empresa esté incumpliendo sus obligaciones.

Para documentar una posible reclamación resultan especialmente relevantes las nóminas, justificantes bancarios, contrato, convenio colectivo, comunicaciones empresariales e informes de cotización. También pueden ser útiles los registros de jornada cuando se discuten horas extraordinarias.

Si ya existe una sentencia o un acuerdo de conciliación que reconoce diferencias salariales, debe comprobarse que la empresa realiza, cuando corresponda, las liquidaciones complementarias y que los datos quedan correctamente registrados.

El salario recuperado también debe proteger la futura pensión

Las bases de cotización tienen una consecuencia económica que muchas veces no se aprecia hasta que llega el momento de solicitar una prestación.

En el caso del desempleo contributivo, la cuantía se calcula, con carácter general, tomando como referencia el promedio de las bases de cotización por desempleo de los últimos 180 días cotizados, con las particularidades y límites legales aplicables.

Una infradeclaración salarial durante ese período puede traducirse en una base reguladora inferior a la que correspondería.

El efecto también puede extenderse a determinadas prestaciones por incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menores o jubilación, aunque el alcance concreto depende de las reglas de cálculo de cada prestación y de los períodos afectados.

No todas las diferencias de cotización producirán necesariamente una prestación menor. Pueden intervenir bases máximas, períodos de referencia y otras circunstancias personales. Pero ignorar una irregularidad puede tener consecuencias que van bastante más allá del importe de una nómina.

La situación cobra especial importancia cuando las diferencias salariales se mantienen durante años. El trabajador puede acabar acumulando bases inferiores a las debidas sin advertirlo, especialmente si únicamente comprueba el dinero que llega a su cuenta bancaria.

Cobrar los atrasos y regularizar las cotizaciones son dos objetivos relacionados, pero jurídicamente distintos. La demanda laboral permite reclamar el dinero que corresponde al trabajador; la actuación administrativa puede servir para corregir incumplimientos en materia de Seguridad Social.

Cuando una deuda salarial afecta también a las bases declaradas, utilizar las dos vías puede resultar necesario para proteger íntegramente los derechos del empleado.

Porque una empresa puede terminar pagando lo que debía y dejar todavía pendiente otra obligación. Una que no aparece en la cuenta corriente, pero que puede repercutir en las prestaciones durante muchos años.