Amplían la denuncia contra Pugilato por 165 tuits borrados de odio

La investigación judicial contra Alberto Pugilato por presuntos delitos de odio incorpora un nuevo capítulo. El particular que promovió las denuncias contra el activista ultraderechista ha presentado una ampliación con 165 publicaciones eliminadas de sus cuentas de Twitter, ahora X, que incluyen llamamientos violentos contra políticos, inmigrantes y musulmanes. La documentación se ha entregado al Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid.

El escrito, presentado el lunes 9 de noviembre y compuesto por 404 páginas, solicita que estos mensajes se incorporen a las diligencias judiciales abiertas contra Pugilato. Entre las publicaciones atribuidas al investigado aparecen expresiones que instan a ejecutar al rey, ahorcar a dirigentes políticos y agredir a personas musulmanas. Su posible relevancia penal deberá ser determinada por el juzgado.

La ampliación llega apenas tres días después de que Pugilato fuera detenido en una operación policial contra Núcleo Nacional, organización neonazi investigada por posibles delitos de odio, asociación ilícita y tenencia de armas. Aunque ambos procedimientos están relacionados con la actividad del mismo investigado, se trata de causas judiciales diferentes.

El nuevo material también plantea una cuestión importante para la investigación: los mensajes habían desaparecido de las cuentas del denunciado, pero parte de su actividad quedó conservada en archivos digitales. Esa circunstancia ha permitido recuperar publicaciones que ya no podían consultarse directamente en sus perfiles.

Los mensajes recuperados contienen amenazas y llamamientos a la violencia

La documentación presentada ante el juzgado recoge publicaciones atribuidas a Pugilato dirigidas contra personas concretas y colectivos identificables por su origen, religión o ideología.

Entre los mensajes figuran llamamientos a ejecutar al rey Felipe VI, propuestas de ahorcar a políticos y expresiones favorables a ejercer violencia física contra musulmanes.

También se incluyen ataques contra mujeres jóvenes por haber bailado con inmigrantes durante una fiesta. Según la denuncia, Pugilato planteaba raparles la cabeza y deportarlas a África como castigo por su comportamiento.

Los ataques no se limitaban a personas extranjeras. El comunicador Bob Pop aparecía entre los destinatarios de mensajes que reclamaban su deportación, mientras que otros contenidos proponían imponer diez años de trabajos forzados a periodistas por informar sobre episodios de violencia racista en Torre Pacheco, Murcia.

La relevancia de estas publicaciones reside tanto en su contenido como en su reiteración. No se trata únicamente de determinar si determinados comentarios resultan ofensivos, sino de establecer si constituyen una incitación penalmente relevante a la discriminación, el odio o la violencia.

Esa valoración corresponde a los tribunales. La presentación de los mensajes como prueba no supone que su autenticidad, autoría y posible carácter delictivo hayan quedado acreditados judicialmente.

Cómo se han recuperado los 165 tuits eliminados

Los mensajes habrían sido borrados a comienzos de septiembre, después de que trascendiera una nueva denuncia de la Fiscalía contra Pugilato por su actividad en redes sociales.

El denunciante sostiene que el investigado eliminó numerosas publicaciones y posteriormente restringió el acceso a dos de sus cuentas secundarias.

Sin embargo, Internet Archive, un servicio que conserva copias históricas de páginas web, permitió recuperar buena parte de los contenidos desaparecidos.

Un expediente con 178 publicaciones de tres perfiles

La ampliación incluye los 165 mensajes eliminados y otras 13 publicaciones destinadas a respaldar la identificación de las cuentas utilizadas.

En total, el expediente reúne 178 publicaciones procedentes de tres perfiles atribuidos al activista: @albertopugilat, @pugilato_hc y @pugilato2014.

La diferencia entre ambas cifras resulta importante. Los 165 mensajes constituyen el nuevo material denunciado por su contenido, mientras que los 13 restantes se aportan para reforzar la vinculación de los perfiles con Pugilato.

La recuperación de publicaciones borradas no determina automáticamente su validez como prueba. El órgano judicial deberá examinar la documentación y valorar, entre otros aspectos, su procedencia, integridad y atribución al investigado.

Pugilato acumula investigaciones por sus mensajes en redes sociales

El procedimiento de Valladolid no comienza con esta ampliación. La Fiscalía había presentado previamente denuncias relacionadas con mensajes de carácter homófobo y con presuntas campañas de hostigamiento contra personas identificadas con posiciones políticas de izquierdas.

Entre los afectados por las publicaciones investigadas figuran el humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, y las comunicadoras Sarah Santaolalla y Elena Reinés.

Una de las denuncias examinaba la posibilidad de que determinados mensajes difundidos desde las cuentas del activista hubieran servido para promover o reforzar situaciones de acoso e intimidación contra personas concretas.

Pugilato, cuyo nombre artístico procede de su actividad como cantante, también cuenta con antecedentes judiciales relacionados con expresiones de odio.

En 2021, el Tribunal Supremo confirmó una condena de un año de prisión por un delito de odio vinculado a las letras racistas de canciones de su grupo musical.

Aquella condena es un antecedente distinto de los hechos que se investigan actualmente. No convierte las nuevas publicaciones denunciadas en delitos probados, aunque permite contextualizar la trayectoria judicial del activista.

Su detención en la operación contra Núcleo Nacional

La ampliación de la denuncia coincide con otra investigación que afecta directamente a Pugilato.

El viernes 6 de noviembre, la Policía Nacional desarrolló una operación contra Núcleo Nacional que terminó con 14 personas detenidas y diez registros en diferentes puntos de España.

El dispositivo se extendió por Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante. Entre los arrestados había varios integrantes destacados de la organización ultraderechista.

La investigación está relacionada con unos altercados ocurridos en febrero en Gijón, donde varios jóvenes denunciaron haber sufrido agresiones. Las actuaciones policiales se dirigieron contra posibles delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas.

Pugilato fue detenido en Valladolid durante el operativo.

El domingo 8 de noviembre, diez de los arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares, entre ellos Pugilato. La resolución judicial incluyó restricciones como la prohibición de abandonar España y la retirada del pasaporte.

Este procedimiento está dirigido por un juzgado de Gijón y es independiente de las diligencias abiertas en Valladolid por las publicaciones del activista en redes sociales.

La investigación de Valladolid deberá valorar los mensajes eliminados

La nueva documentación puede ampliar el alcance de las pesquisas sobre la actividad digital de Alberto Pugilato, pero su incorporación al procedimiento no implica una condena ni anticipa las conclusiones judiciales.

El juzgado deberá determinar si las publicaciones recuperadas aportan indicios suficientes de nuevos hechos delictivos o refuerzan los que ya estaban siendo investigados.

La libertad de expresión protege también opiniones profundamente desagradables, provocadoras o minoritarias. Sin embargo, esa protección no es ilimitada cuando se trata de conductas que pueden constituir incitación al odio, la discriminación o la violencia en los términos previstos por la legislación penal.

La distinción exige examinar las palabras utilizadas, el contexto en el que se difundieron, sus destinatarios y las circunstancias de cada publicación.

Por el momento, el hecho relevante es que 165 mensajes que habían desaparecido de las cuentas de Pugilato han sido aportados a un procedimiento judicial. Corresponderá al juzgado establecer su valor probatorio y decidir si justifican nuevas actuaciones contra el investigado.

El borrado de las publicaciones no ha impedido que vuelvan a examinarse. Su posible responsabilidad penal, en cambio, sigue pendiente de lo que determine la Justicia.