Hegseth, acusado de vetar ascensos militares por vacunas y diversidad

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habría bloqueado los ascensos de militares condecorados y con décadas de experiencia por haber participado en campañas de vacunación contra la covid-19, actos de diversidad o celebraciones institucionales del Día Internacional de la Mujer. Una investigación publicada el 9 de noviembre de 2026 revela que el Pentágono utilizó búsquedas en Internet para examinar el pasado de oficiales que ya habían superado los procedimientos habituales de promoción.

La información, basada en el testimonio de un alto funcionario conocedor del sistema de ascensos y de dos militares afectados, apunta a la existencia de criterios ideológicos ajenos a la trayectoria profesional. Entre los motivos utilizados para cuestionar determinadas promociones figurarían haber defendido la vacunación, participado en iniciativas de inclusión, intervenido en la evacuación de Afganistán o mantenido vínculos profesionales con el general Mark Milley, antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto.

El procedimiento descrito resulta especialmente controvertido porque varios de los oficiales afectados habían recibido previamente el respaldo de las juntas militares encargadas de evaluar sus méritos. No se trataba de aspirantes sin experiencia. Algunos acumulaban miles de horas de vuelo, responsabilidades de mando sobre grandes unidades navales y numerosos destinos internacionales.

Sin embargo, su historial público terminó sometido a una revisión paralela. Una fotografía, una intervención en un acto oficial o unas declaraciones realizadas años atrás podían convertirse en elementos desfavorables para su promoción.

La investigación señala que estas decisiones perjudicaron de manera desproporcionada a mujeres y militares pertenecientes a minorías raciales, aunque no demuestra que todos los ascensos bloqueados respondieran al mismo motivo.

Los cuatro criterios que habrían marcado los ascensos militares

La información identifica cuatro grandes ámbitos utilizados por el entorno de Hegseth para examinar a los candidatos a puestos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El primero era su relación con las políticas de diversidad, equidad e inclusión, conocidas por las siglas DEI. La participación en actividades institucionales destinadas a combatir la discriminación podía despertar sospechas dentro del nuevo sistema de evaluación.

El segundo afectaba a los militares que habían intervenido en la aplicación de las medidas sanitarias contra la covid-19. Se examinaban tanto las declaraciones públicas favorables a la vacunación como las actuaciones de oficiales que hicieron cumplir las órdenes del Pentágono durante la pandemia.

El tercer criterio estaba relacionado con la retirada estadounidense de Afganistán en 2021, una operación desarrollada durante la presidencia de Joe Biden y duramente criticada por Donald Trump.

El cuarto tenía que ver con posibles conexiones profesionales con Mark Milley, quien presidió el Estado Mayor Conjunto entre 2019 y 2023 y posteriormente se convirtió en uno de los críticos más conocidos de Trump dentro de la antigua cúpula militar.

La investigación sostiene que estas circunstancias se utilizaron para cuestionar promociones que ya habían superado los filtros profesionales establecidos.

Desde el Día de la Mujer hasta una fotografía tras vacunarse

Los ejemplos concretos recogidos en la investigación permiten entender hasta dónde habría llegado el escrutinio del Pentágono.

Entre los antecedentes señalados aparecían participaciones en actos del Día Internacional de la Mujer, celebraciones del Mes de la Herencia Hispana y encuentros destinados a promover la presencia de minorías en la aviación militar.

También se identificaron actividades relacionadas con el Mes del Orgullo LGTBI, la presencia de banderas arcoíris y la creación de un comité contra la discriminación a bordo del buque de asalto anfibio USS Kearsarge.

Otros casos resultan igualmente llamativos. Se revisaron declaraciones de militares que habían recomendado vacunarse contra la covid-19 y una fotografía tomada a bordo del portaaviones USS Carl Vinson después de recibir una segunda dosis.

En el listado también figuraba la participación en un encuentro sobre diversidad de la Academia Naval y una intervención en un acto dedicado a la comunidad hispana a bordo del USS Theodore Roosevelt.

Todas estas actividades tenían un elemento común: se habían desarrollado públicamente, en muchos casos dentro de programas oficiales de las propias Fuerzas Armadas.

De confirmarse que se utilizaron para impedir promociones, el problema no sería únicamente político. Los oficiales habrían podido resultar perjudicados por cumplir directrices institucionales que estaban vigentes cuando realizaron esas actividades.

Expedientes de papel y decisiones comunicadas por teléfono

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es el procedimiento utilizado para recopilar y valorar la información de los candidatos.

Según el testimonio del alto funcionario, el entorno del secretario de Defensa organizó un sistema de revisión basado en expedientes físicos con impresiones de búsquedas en Internet.

Los documentos incluían fotografías, noticias, declaraciones y referencias a actividades públicas de los militares sometidos a evaluación.

Los oficiales afectados no podían consultar esos expedientes. Las instrucciones sobre los nuevos criterios se transmitían por teléfono, evitando dejar constancia escrita de determinados aspectos del procedimiento.

Dos militares cuyas promociones fueron bloqueadas confirmaron que recibieron la comunicación telefónicamente y que no tuvieron oportunidad de responder a las objeciones planteadas contra ellos.

La falta de transparencia tiene consecuencias especialmente importantes en una institución donde los ascensos a general o almirante dependen de procedimientos reglados y pueden determinar la continuidad de toda una carrera profesional.

En determinadas circunstancias, la ausencia de promoción dentro de los plazos legalmente establecidos puede terminar provocando la salida del servicio activo.

Para oficiales que llevan décadas en las Fuerzas Armadas, perder una promoción no significa simplemente quedarse sin un puesto mejor remunerado. Puede representar el final de su trayectoria militar.

Las dudas legales sobre la intervención de Hegseth

El sistema estadounidense de ascensos militares establece una serie de controles destinados a garantizar que las decisiones respondan a criterios profesionales.

Las juntas de selección examinan los expedientes de los candidatos y valoran aspectos como su desempeño, experiencia, competencia y capacidad de mando. Las propuestas siguen después un procedimiento de revisión y aprobación en el que intervienen las autoridades militares, el presidente y, según el rango, el Senado.

La legislación federal también fija límites a la retirada de candidatos previamente seleccionados.

En particular, el artículo 618 del título 10 del Código de Estados Unidos reserva generalmente al presidente la facultad de retirar nombres de los informes de selección para ascensos a determinados rangos superiores. Existen excepciones para grados inferiores y procedimientos específicos que deben respetarse.

La normativa contempla asimismo garantías cuando se pretende utilizar información que no había sido examinada inicialmente por la junta de selección, incluida la posibilidad de que el oficial afectado presente observaciones.

Por eso, las revelaciones plantean dudas sobre la legalidad de las intervenciones atribuidas a Hegseth, especialmente si se utilizaron antecedentes ajenos al rendimiento profesional sin ofrecer garantías a los interesados.

No obstante, la investigación periodística no equivale a una resolución judicial. Para determinar si existieron infracciones legales sería necesario examinar las decisiones concretas, la documentación utilizada y la autoridad bajo la que se adoptaron.

El Pentágono ha defendido la actuación de su responsable. Su portavoz, Sean Parnell, sostiene que las promociones deben responder al mérito y que Hegseth actúa dentro de sus competencias legales. También ha vinculado la política de personal del departamento con el fortalecimiento de la capacidad de combate.

Nueve oficiales apartados de una lista de 31 ascensos

Las nuevas revelaciones llegan después de varios meses de controversia por las decisiones de Hegseth sobre la cúpula militar estadounidense.

En junio de 2026 se conoció que el secretario de Defensa había retirado a nueve oficiales de la Armada de una lista de 31 candidatos seleccionados para ascender a contraalmirante de una estrella.

Entre los excluidos se encontraban las tres mujeres que figuraban en aquella relación y dos hombres negros.

La consecuencia fue especialmente significativa: ninguna mujer de esa lista accedería al rango de almirante de una estrella, pese a que las mujeres representaban aproximadamente una cuarta parte del cuerpo de oficiales de la Armada estadounidense, según los datos disponibles de 2024.

La decisión provocó inquietud entre militares que veían amenazada la previsibilidad de sus carreras profesionales.

Las listas habían pasado previamente por los órganos de selección correspondientes y contaban con el respaldo de responsables de la Armada.

Hegseth, sin embargo, intervino antes de que continuaran su tramitación.

El episodio no fue aislado. Durante 2026 se sucedieron las informaciones sobre ascensos bloqueados o retrasados en distintas ramas de las Fuerzas Armadas, incluidos el Ejército de Tierra, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines.

El Senado pidió investigar las posibles interferencias políticas

El 17 de julio de 2026, los senadores demócratas Cory Booker y Brian Schatz solicitaron una investigación independiente al inspector general del Departamento de Defensa.

Su petición se centraba en determinar si Hegseth había intervenido en las promociones utilizando consideraciones políticas o personales en lugar de criterios estrictamente profesionales.

Los senadores también reclamaron información sobre los motivos empleados para apartar a los oficiales, las instrucciones recibidas por los responsables de las revisiones y las garantías ofrecidas a los militares perjudicados.

Una de sus principales preocupaciones era que declaraciones y participaciones en actividades institucionales previamente autorizadas pudieran convertirse posteriormente en argumentos contra los propios oficiales.

La investigación publicada en noviembre añade nuevos detalles sobre ese procedimiento, especialmente acerca de las búsquedas digitales, los expedientes no accesibles y las comunicaciones telefónicas.

La meritocracia militar, en el centro de la polémica

Hegseth ha presentado su reforma del Pentágono como una apuesta por recuperar la disciplina, la eficacia operativa y una selección de mandos basada exclusivamente en el mérito.

Su discurso político rechaza las iniciativas de diversidad que, a su juicio, introdujeron criterios ajenos a la capacidad militar durante administraciones anteriores.

La controversia surge precisamente de la distancia entre ese planteamiento y las prácticas descritas por los funcionarios consultados.

Si un oficial puede perder una promoción por haber participado en una campaña de vacunación organizada por su propia institución, el criterio político estaría desplazando al profesional, independientemente de su experiencia de combate o capacidad de liderazgo.

El problema adquiere otra dimensión cuando se trata de mandos con responsabilidades sobre miles de efectivos, operaciones internacionales y unidades estratégicas.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses dependen de una cadena de mando que debe adaptarse a las decisiones de gobiernos de distinto signo político. Sus oficiales están obligados a cumplir las órdenes legales de las autoridades civiles, incluso cuando posteriormente cambia la Administración.

Las revelaciones plantean así una cuestión de fondo: qué ocurre cuando haber ejecutado una política oficial termina perjudicando la carrera de quienes debían aplicarla.

Por el momento, no existe una resolución que acredite la ilegalidad de las decisiones denunciadas. El Pentágono mantiene su defensa de un sistema basado en el mérito, mientras los testimonios publicados describen un procedimiento de selección condicionado por antecedentes políticos e institucionales.

Lo que está en juego trasciende los ascensos de un grupo de oficiales. Afecta a la confianza de los militares en que su futuro profesional dependerá de su preparación y sus resultados, y no de la interpretación política que una nueva Administración haga de su pasado.