La Policía vincula el viaje de Núcleo Nacional a un alzamiento armado

La Policía Nacional ha documentado que varios militantes de Núcleo Nacional, organización española de ideología neonazi, viajaron a Ucrania en agosto de 2026 para recibir adiestramiento paramilitar, practicar con armas de guerra y establecer contactos con grupos afines. Según los investigadores, el objetivo era trasladar esos conocimientos a España para preparar lo que los propios integrantes denominaban un «alzamiento armado».

Los detalles figuran en el sumario de la investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, que desembocó el viernes 6 de noviembre en la detención de 14 personas en siete provincias españolas. Los informes policiales incluyen comunicaciones intervenidas, desplazamientos internacionales y fotografías de militantes equipados con chalecos antibalas y fusiles de asalto AK-47.

La investigación sostiene que el viaje no respondía únicamente al interés de los desplazados por conocer la guerra de Ucrania. Los agentes consideran que existía una intención de adquirir conocimientos militares, fortalecer la estructura de la organización y transmitir posteriormente esa formación a otros miembros en territorio español.

La gravedad de las sospechas es considerable, aunque conviene distinguir entre los planes recogidos en las conversaciones y su ejecución. No consta que se hubiera producido el supuesto levantamiento, ni se ha acreditado públicamente que existiera una fecha concreta para llevarlo a cabo. La causa continúa en fase de instrucción y las personas investigadas mantienen su presunción de inocencia.

Cinco militantes viajaron a Ucrania para recibir formación militar

El sumario reconstruye el desplazamiento de cinco integrantes de Núcleo Nacional durante la segunda quincena de agosto. Entre ellos figura Iván Rico Olivares, conocido como el Rana, identificado por los investigadores como uno de los principales responsables de la organización.

En una comunicación intervenida el 21 de agosto, Rico explicaba el itinerario previsto para llegar a Ucrania, que incluía desplazamientos por Polonia y un posterior recorrido hacia Járkov, en el noreste del país.

Al día siguiente, la Policía constató la salida en avión hacia Múnich de cinco militantes: Iván Rico Olivares, José Manuel Vaquero Martín, Rafael Bonal Sánchez, Roberto Cuadrado Alonso y Aitor Rodríguez Arizmendi.

Las conversaciones posteriores permitieron reconstruir parte de su estancia. Uno de los desplazados relató a su esposa que se encontraba en un campamento militar próximo a la frontera rusa, en una localidad castigada por los combates.

El 28 de agosto comunicó que estaban en Járkov, en mejores condiciones, y que tenían prevista una reunión antes de desplazarse a Kiev.

Los agentes incorporaron estas comunicaciones a la investigación junto con el material publicado en redes sociales, donde varios integrantes aparecían durante prácticas de tiro y actividades de carácter militar.

Fusiles AK-47 y contactos con la Brigada Azov

Uno de los elementos más relevantes del sumario es el contacto que los investigadores atribuyen a los militantes españoles con la 12.ª Brigada Azov, integrada en la Guardia Nacional de Ucrania.

Las imágenes examinadas por la Policía muestran a miembros de Núcleo Nacional utilizando equipamiento táctico, chalecos antibalas y fusiles de asalto AK-47 durante ejercicios de tiro.

La documentación permite relacionar el desplazamiento con actividades de formación militar, aunque debe distinguirse entre establecer contactos con una unidad y acreditar el alcance exacto de su participación en el adiestramiento.

Tampoco supone que las autoridades ucranianas compartieran los objetivos políticos atribuidos a los militantes españoles.

Lo que preocupa a los investigadores es la posible utilización posterior de esa experiencia. El acceso a entrenamiento con armamento de guerra, unido a una organización con presencia en distintas ciudades españolas, constituye uno de los aspectos centrales de las diligencias.

Las conversaciones sobre un alzamiento armado en España

La hipótesis policial no se apoya exclusivamente en las fotografías del viaje. Las comunicaciones intervenidas apuntan a que determinados miembros de Núcleo Nacional debatían sobre la necesidad de adquirir preparación militar para desarrollar sus objetivos.

Una conversación registrada el 12 de agosto contiene una afirmación especialmente significativa: «Sin formación no va a funcionar ningún alzamiento».

El comentario aparece vinculado a las discusiones internas sobre la organización, la seguridad de sus integrantes y la necesidad de disponer de personas capaces de transmitir conocimientos militares.

Los investigadores interpretan que el propósito del viaje a Ucrania era precisamente adquirir esa preparación para formar después a otros militantes en España.

No se trataría, según esa interpretación, de una actividad aislada de unos cuantos simpatizantes, sino de una iniciativa relacionada con las aspiraciones de la organización.

Ahora bien, hablar de un alzamiento no equivale jurídicamente a haberlo preparado de manera ejecutiva. Para determinar la responsabilidad penal será necesario establecer qué actuaciones concretas se realizaron, quiénes participaron y hasta dónde llegaron los supuestos preparativos.

La investigación deberá precisar también si existían medios materiales, capacidad organizativa y decisiones operativas que fueran más allá de las declaraciones recogidas en las conversaciones.

Una organización con unos 60 militantes y presencia territorial

La Policía describe a Núcleo Nacional como una estructura jerarquizada, con una dirección central y distintas áreas encargadas de su funcionamiento.

En la cúspide se situaría un órgano denominado internamente «La Cúpula», compuesto por siete personas, entre ellas Iván Rico Olivares, Alberto Gonzalo de Juan, conocido como Pugilato, y otros dirigentes identificados en las diligencias.

El informe recoge asimismo varios departamentos especializados en organización, seguridad, economía, asuntos jurídicos, propaganda, relaciones internacionales y afiliaciones.

Entre las personas vinculadas al área de redes sociales y propaganda aparece Isabel Peralta, una de las figuras públicas más conocidas del movimiento y también detenida durante la operación policial.

La investigación atribuye a Núcleo Nacional siete delegaciones territoriales consolidadas, repartidas entre Madrid y Guadalajara, Valladolid, Barcelona, Asturias, Burgos, Valencia y Murcia.

A ellas se sumarían otras estructuras en diferentes puntos del país, incluidas Alicante, Baleares, Canarias, Ceuta, Andalucía, Navarra, País Vasco, Extremadura, Aragón y Galicia.

A partir de esa distribución, los agentes calculan que la organización dispone de unos 60 integrantes. Se trata de una estimación policial basada en su despliegue territorial, no necesariamente de un censo individual de afiliados acreditados.

Núcleo Nacional ganó visibilidad durante las movilizaciones de extrema derecha relacionadas con las protestas de noviembre de 2023 frente a la sede del PSOE en Ferraz, en Madrid. Desde entonces ha participado en distintas concentraciones y ha sido objeto de investigaciones e intervenciones policiales.

Catorce detenidos y diez registros en siete provincias

La operación desarrollada el 6 de noviembre de 2026 estuvo coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

El dispositivo se extendió por Asturias, Madrid, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante, con un balance de 14 detenidos y diez registros, entre ellos el de la sede central de Núcleo Nacional en Madrid.

Durante las actuaciones, los agentes intervinieron armas blancas, material pirotécnico y propaganda con simbología nazi y fascista, entre otros efectos incorporados a la investigación.

Las diligencias judiciales tienen su origen en unos altercados registrados a comienzos de 2026 en las inmediaciones del colegio de La Inmaculada, en Gijón. Aquellos incidentes dieron lugar a actuaciones de la Fiscalía de Menores que acabaron conectando con una investigación de mayor alcance.

Posteriormente, los investigadores examinaron la estructura de Núcleo Nacional, sus actividades y las posibles conductas delictivas de sus integrantes.

La Policía solicitó acelerar las detenciones ante la convocatoria de una manifestación en Madrid para el 7 de noviembre. Los informes advertían del riesgo de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y otros grupos, teniendo en cuenta los antecedentes investigados y la información recopilada sobre la organización.

Diez investigados quedaron en libertad con medidas cautelares

El domingo 8 de noviembre, diez de los arrestados comparecieron ante el juzgado de Gijón y quedaron en libertad con medidas cautelares, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía.

La resolución estableció la prohibición de abandonar España, la retirada de sus pasaportes y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

Las actuaciones judiciales contemplan posibles delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas, sin perjuicio de que su calificación pueda modificarse conforme avance la instrucción.

La puesta en libertad no implica el archivo de la investigación ni una declaración de inocencia o culpabilidad. Significa que, en esta fase, el órgano judicial no consideró necesario acordar prisión provisional para esas diez personas.

El alcance real del supuesto plan armado sigue bajo investigación

La principal cuestión pendiente es determinar hasta qué punto los propósitos recogidos en las conversaciones de Núcleo Nacional se habían convertido en preparativos concretos para una acción violenta en España.

La Policía considera relevante la combinación de adiestramiento militar, contactos internacionales y organización territorial. Son elementos que, examinados conjuntamente, podrían revelar una capacidad operativa superior a la que se desprende de las habituales actividades públicas del movimiento.

Pero la investigación deberá acreditar la relación entre esos elementos y los posibles delitos. Las fotografías con fusiles prueban una actividad concreta; por sí solas no demuestran la existencia de un plan plenamente articulado para ejecutar una insurrección.

También queda por esclarecer qué responsabilidades corresponderían a los participantes en el viaje a Ucrania y cuáles, en su caso, a otros integrantes de la dirección.

El caso plantea una cuestión que trasciende las manifestaciones y la propaganda de extrema derecha: el posible paso de la radicalización ideológica a la preparación de acciones armadas. Esa frontera resulta decisiva tanto desde el punto de vista policial como judicial.

Los nuevos datos sitúan el viaje a Ucrania en el centro de una investigación que había alcanzado a la dirección de Núcleo Nacional. La existencia de conversaciones sobre un «alzamiento armado» y de prácticas con armas de guerra aumenta la gravedad de los hechos examinados, aunque será la instrucción judicial la que determine si hubo un proyecto delictivo concreto y quiénes participaron en él.