Quirón y Fresenius cobraron 91 millones en contratos a dedo en Madrid

Los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid adjudicaron 70.773 contratos menores por 90,98 millones de euros a Quirónsalud, su matriz alemana Fresenius y otras sociedades vinculadas al grupo entre 2016 y 2024. Las operaciones se realizaron mediante procedimientos de contratación directa, sin necesidad de convocar concursos públicos en los que pudieran competir otros proveedores.

Las cifras proceden de un análisis elaborado a partir de los registros de contratación recopilados por Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad). Los datos revelan la importancia de estas adjudicaciones en el funcionamiento cotidiano del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), desde el suministro de medicamentos hasta las pruebas diagnósticas y los tratamientos de diálisis.

El dato resulta especialmente significativo por la posición que ocupa Quirónsalud en la sanidad madrileña. El grupo privado, adquirido por la multinacional alemana Fresenius en 2016, participa en la gestión de cuatro hospitales integrados en la red pública regional y mantiene una extensa relación económica con la Administración autonómica.

Pero los casi 91 millones de euros identificados corresponden a una vía de ingresos distinta: los contratos menores que los propios hospitales públicos adjudican a empresas relacionadas con el conglomerado sanitario para adquirir productos o contratar servicios concretos.

La investigación también identifica numerosas adjudicaciones con importes situados prácticamente en el máximo permitido por la legislación para contratar sin concurso. Una circunstancia que plantea interrogantes sobre la planificación de las compras y el posible fraccionamiento de determinados encargos, aunque la contratación directa no constituye por sí misma una irregularidad.

Más de 70.000 contratos menores adjudicados entre 2016 y 2024

El volumen de operaciones sitúa al entorno empresarial de Fresenius entre los principales proveedores de los hospitales públicos madrileños mediante contratos menores.

Según los datos examinados, las sociedades incluidas en la investigación acumularon 70.773 adjudicaciones durante los nueve años estudiados, lo que equivale a una media aproximada de 7.864 contratos anuales.

Por número de operaciones, el conjunto ocupa el quinto puesto entre los adjudicatarios de esta modalidad de contratación en el Sermas. Por el importe económico, desciende hasta la decimoctava posición.

La diferencia se explica por la naturaleza de muchas compras hospitalarias. Los centros sanitarios necesitan adquirir continuamente medicamentos, productos clínicos y materiales especializados, con encargos individuales de cuantías relativamente pequeñas.

El problema aparece cuando esas necesidades dejan de ser ocasionales y pasan a repetirse de forma previsible. La contratación menor está concebida para facilitar adquisiciones de importe limitado, pero no para sustituir sistemáticamente procedimientos competitivos cuando las compras pueden planificarse.

La investigación abarca gobiernos madrileños de distintas etapas, desde 2016 hasta 2024. Por tanto, no todas las adjudicaciones corresponden al mandato de Isabel Díaz Ayuso, que llegó a la presidencia autonómica en 2019.

Fresenius Kabi y los productos de diálisis concentran los pagos

La mayor parte del dinero identificado no corresponde directamente a la explotación de hospitales por Quirónsalud, sino al suministro de productos farmacéuticos y material sanitario.

Fresenius Kabi España encabeza las adjudicaciones analizadas, con 60.513 contratos menores valorados en 57,84 millones de euros. Esta compañía está especializada en medicamentos y productos destinados, entre otras aplicaciones, al tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas.

Le sigue Fresenius Medical Care España, dedicada a productos y servicios relacionados con la insuficiencia renal. Entre 2016 y 2024 recibió 9.235 adjudicaciones por 21,36 millones de euros, principalmente para suministrar equipos y materiales de diálisis.

Otras sociedades relacionadas con esta actividad también aparecen en los registros. Fresenius Medical Care Services Madrid obtuvo 214 contratos por 2,2 millones, mientras que Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma sumó 408 adjudicaciones por 1,51 millones.

Conviene introducir una precisión empresarial: Fresenius Medical Care dejó de consolidarse como filial del grupo Fresenius a finales de 2023. La matriz alemana mantenía una participación cercana al 29 % al cierre de 2025. Por tanto, el agregado de la investigación incluye compañías cuyos vínculos societarios han cambiado durante el periodo estudiado.

Quirónsalud también recibió encargos para pruebas diagnósticas

La actividad hospitalaria del grupo aparece reflejada en adjudicaciones destinadas a realizar exploraciones y consultas especializadas.

IDCQ Hospitales y Sanidad, sociedad vinculada a Quirónsalud, obtuvo 131 contratos por 328.425 euros para proporcionar pruebas como resonancias magnéticas, tomografías computarizadas (TAC) y ecografías.

Entre los centros que recurrieron a estos servicios figuran los hospitales públicos de Móstoles, Getafe y Gregorio Marañón.

La Fundación Jiménez Díaz, igualmente integrada en Quirónsalud, recibió otros 236 contratos menores por 217.928 euros. En este caso, los servicios comprendían estudios del sueño, pruebas relacionadas con la epilepsia y consultas de genética.

Estas operaciones reflejan cómo determinados hospitales públicos recurren a proveedores sanitarios privados para cubrir necesidades asistenciales específicas.

No obstante, resulta importante distinguir estos pagos de los contratos de gestión hospitalaria que Quirónsalud mantiene con la Comunidad de Madrid. Son mecanismos de financiación diferentes y sus importes no deben confundirse.

Contratos de 14.999 euros: las adjudicaciones bajo sospecha

Uno de los aspectos más controvertidos de la investigación es la concentración de adjudicaciones en cantidades prácticamente idénticas al límite legal establecido para los contratos menores de suministros y servicios.

Entre Fresenius Kabi y Fresenius Medical Care se identificaron 470 contratos por exactamente 14.999 euros, apenas un euro por debajo del umbral de 15.000 euros, sin IVA, que obliga a recurrir a otros procedimientos de contratación.

La proximidad al límite no demuestra automáticamente una infracción. Sin embargo, cuando varias adjudicaciones coinciden en fecha, proveedor y objeto, surge una cuestión jurídicamente relevante: si responden a necesidades independientes o si se ha dividido artificialmente una contratación de mayor importe.

La investigación recoge varios ejemplos.

El Hospital Infanta Sofía adjudicó el 17 de noviembre de 2023 tres contratos por 14.999 euros cada uno a Fresenius Medical Care Services Madrid para adquirir equipos de diálisis. Los tres encargos sumaban 44.997 euros.

En el Hospital Gregorio Marañón se identificó alrededor de un centenar de contratos menores adjudicados a Fresenius Medical Care durante 2020, también por importes de 14.999 euros, destinados a materiales de diálisis.

Por su parte, el Hospital Infanta Leonor formalizó 108 contratos de esa cuantía con Fresenius Kabi. Entre los ejemplos figuran cuatro encargos de medicamentos oncológicos fechados los días 27 y 29 de noviembre de 2020.

Las coincidencias justifican examinar cómo se organizaron las compras, si existía una necesidad recurrente y qué motivos documentaron los responsables de contratación para utilizar este procedimiento.

También aparecen situaciones similares en los servicios diagnósticos.

El Hospital de Móstoles adjudicó a IDCQ Hospitales y Sanidad dos contratos el 26 de enero de 2024 con el mismo objeto, pruebas diagnósticas, que conjuntamente alcanzaron 22.871 euros.

Determinar si estas operaciones constituyeron un fraccionamiento indebido exige estudiar los expedientes completos, la naturaleza de cada prestación y las justificaciones administrativas correspondientes. Los importes y las coincidencias son indicios que merecen comprobación, no una sentencia sobre su legalidad.

Qué permite la ley y cuándo puede existir fraccionamiento

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público regula la utilización de los contratos menores. Su artículo 118 establece, con carácter general, un límite de 15.000 euros sin IVA para suministros y servicios y de 40.000 euros para obras.

Estos procedimientos permiten adjudicar determinados encargos directamente, con una tramitación más sencilla que la de un concurso público ordinario.

La Administración debe justificar la necesidad del contrato, aprobar el gasto y cumplir las exigencias documentales y de publicidad aplicables.

La cuestión fundamental es que no se puede alterar o dividir artificialmente el objeto de un contrato para evitar las reglas de adjudicación.

Por ejemplo, un hospital puede necesitar de manera imprevista un material sanitario determinado y adquirirlo mediante un contrato menor si se cumplen los requisitos legales.

Una situación distinta sería dividir una compra planificada de 60.000 euros en varios encargos de 14.999 euros únicamente para evitar una licitación competitiva.

La legislación y los criterios de los organismos supervisores buscan precisamente impedir estas prácticas, que pueden restringir la competencia y reducir la transparencia del gasto público.

La repetición de importes cercanos al máximo legal tampoco basta, por sí sola, para acreditar una actuación irregular. Es necesario comprobar si los contratos responden a prestaciones independientes, si existe una unidad funcional y si la Administración podía prever conjuntamente las necesidades.

Esta distinción importa porque no todos los contratos menores son sospechosos, pero tampoco todos quedan justificados por el simple hecho de mantenerse por debajo del límite económico.

Quirón Prevención y su vínculo con el novio de Ayuso

La investigación también identifica adjudicaciones a Quirón Prevención, sociedad especializada en seguridad y prevención de riesgos laborales.

Esta compañía recibió 24 contratos menores por 90.417 euros de hospitales públicos madrileños para prestar servicios relacionados con la prevención laboral, consultoría y seguridad.

Entre las operaciones examinadas figuran tres contratos adjudicados por el Hospital Puerta de Hierro durante julio, agosto y octubre de 2020, todos por 13.666,78 euros y relacionados con la prevención de riesgos laborales durante la pandemia de coronavirus.

La relevancia política de esta sociedad procede de su relación comercial con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a través de su empresa Maxwell Cremona.

Quirón Prevención fue uno de los principales clientes de esa sociedad privada. Sin embargo, conviene no mezclar operaciones: los 90.417 euros identificados en contratos hospitalarios corresponden a adjudicaciones públicas recibidas por Quirón Prevención y no acreditan, por sí mismos, pagos de ese dinero a González Amador.

Respecto a las adjudicaciones examinadas, Fresenius manifestó que actuaba conforme a la legislación aplicable, aunque evitó entrar en los detalles de los contratos. Quirónsalud tampoco ofreció una explicación específica sobre los criterios utilizados para seleccionar sus servicios en esas adjudicaciones.

Los 91 millones, una parte de la relación económica con Madrid

Los contratos menores representan únicamente una parte de los fondos públicos que reciben las empresas relacionadas con Quirónsalud por su actividad en la Comunidad de Madrid.

El grupo participa en la gestión de cuatro centros integrados en la red sanitaria regional: la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital Universitario General de Villalba.

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, cifró en unos 7.000 millones de euros los pagos realizados a Quirónsalud desde la llegada de Ayuso a la presidencia regional, en contraprestación por la asistencia hospitalaria prestada a los pacientes madrileños.

Estas cantidades corresponden a un modelo de colaboración público-privada de mayor alcance y no forman parte de la misma categoría contractual que los 90,98 millones analizados.

El debate, por tanto, va más allá de una empresa concreta. La investigación sobre la contratación menor en los hospitales madrileños contabiliza 3,84 millones de adjudicaciones por 7.761 millones de euros entre 2016 y 2024, repartidas entre numerosos proveedores.

En ese contexto, los contratos vinculados a Quirónsalud y Fresenius representan aproximadamente el 1,17 % del importe total identificado.

El porcentaje puede parecer reducido dentro del conjunto de la contratación hospitalaria, pero supone casi 91 millones de euros adjudicados mediante procedimientos que no requieren una licitación abierta ordinaria.

El principal interrogante está en el uso continuado de los contratos menores, una herramienta concebida para facilitar compras concretas y de pequeña cuantía. Cuando las necesidades se repiten durante años, la planificación administrativa y la competencia entre proveedores adquieren especial importancia.

La sanidad pública necesita medicamentos, equipos de diálisis y servicios diagnósticos sin interrupciones. Esa necesidad es indiscutible. Lo que debe poder justificarse es cómo se elige a los proveedores y por qué se utiliza cada procedimiento de contratación.

Los datos conocidos no permiten concluir que todas las adjudicaciones examinadas sean irregulares. Sí muestran una elevada dependencia de los contratos menores y operaciones concretas cuya documentación merece un examen detallado.

Porque el dinero público puede destinarse legítimamente a empresas privadas para prestar servicios sanitarios. Lo exigible es que cada adjudicación cumpla la ley, tenga una justificación verificable y responda al interés de los pacientes y de la Administración que la financia.