La Audiencia vuelve a revocar la semilibertad de Anboto y dos etarras

La Audiencia Nacional ha vuelto a revocar la semilibertad concedida a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, y ha anulado también los terceros grados penitenciarios otorgados a otros dos antiguos miembros de la organización terrorista: Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria.

La decisión, conocida este martes 10 de noviembre de 2026, supone un nuevo revés judicial para la política penitenciaria del Gobierno vasco. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha estimado tres recursos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ha rechazado las medidas que permitían ampliar las salidas de prisión de los tres condenados.

En el caso de Anboto, el tribunal considera que no existen cambios relevantes respecto a la situación que ya examinó en abril, cuando anuló por primera vez su régimen de semilibertad. La resolución vuelve a destacar la gravedad de los delitos cometidos y recuerda que la exjefa de ETA no terminará de cumplir definitivamente su condena hasta septiembre de 2034.

Los tres casos presentan circunstancias distintas, pero comparten un elemento: las discrepancias entre las decisiones de la administración penitenciaria vasca y el control judicial sobre la progresión de grado de presos condenados por terrorismo.

La Audiencia Nacional rechaza por segunda vez la semilibertad de Anboto

Soledad Iparraguirre, una de las antiguas dirigentes de ETA, había obtenido nuevamente un régimen penitenciario flexible mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Esta disposición permite combinar características de diferentes grados penitenciarios cuando existe un programa individualizado de tratamiento que justifique la medida. En determinadas circunstancias, un interno clasificado en segundo grado puede salir de prisión durante parte del día sin acceder formalmente al régimen abierto.

El Gobierno vasco había vuelto a impulsar esta posibilidad en septiembre, después de que la Audiencia Nacional rechazara una primera concesión en abril.

La nueva propuesta contemplaba que Anboto pudiera abandonar el centro penitenciario durante ocho horas diarias, de lunes a viernes, para realizar actividades de voluntariado. Después debía regresar a prisión para pasar la noche.

La Fiscalía se opuso nuevamente al considerar que no se habían producido cambios sustanciales en su evolución penitenciaria que justificaran revisar la decisión anterior.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha respaldado esa posición. La resolución conocida este martes insiste en que las circunstancias examinadas meses atrás permanecen esencialmente iguales.

Diez asesinatos y una condena que se prolonga hasta 2034

La trayectoria delictiva de Anboto constituye uno de los elementos que el tribunal tiene en cuenta al examinar su situación penitenciaria.

La antigua dirigente terrorista acumula condenas por diez asesinatos, además de delitos relacionados con atentados, explosivos, tenencia de armas, estragos, incendios y delitos contra la Corona.

Sus distintas penas fueron acumuladas en un máximo de cumplimiento efectivo de 30 años de prisión.

Aunque se aproxima al cumplimiento de las tres cuartas partes de su condena, previsto para 2027, su licenciamiento definitivo está fijado para septiembre de 2034.

La proximidad de esa primera fecha no implica una salida automática de prisión. La legislación exige valorar otros requisitos penitenciarios y personales antes de autorizar determinados cambios de régimen.

La Audiencia Nacional ya había advertido en abril de que la flexibilización de la condena debía responder a una evolución acreditada de la interna y a un programa de tratamiento suficientemente justificado.

También revocado el tercer grado del exjefe de ETA Olarra Guridi

La segunda resolución afecta a Juan Antonio Olarra Guridi, antiguo responsable del aparato militar de ETA, al que el Gobierno vasco había concedido nuevamente el tercer grado penitenciario en octubre.

No era la primera vez.

En julio, el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro ya había anulado una medida similar al entender que todavía no existían garantías suficientes sobre la consolidación de su proceso de reinserción.

Pese a aquella decisión, la administración penitenciaria vasca volvió a aprobar su progresión al régimen abierto apenas tres meses después.

La Fiscalía recurrió la nueva concesión. Entre sus argumentos figuraban el escaso tiempo transcurrido desde la resolución anterior, la gravedad de los delitos cometidos y la reparación económica del daño causado a las víctimas, que consideraba insuficiente.

Olarra Guridi fue condenado por numerosos atentados de ETA, entre ellos el cometido con coche bomba el 6 de noviembre de 2001 contra el entonces subsecretario de Política Científica Juan Junquera, en Madrid, que dejó 95 heridos.

También recibió una condena por el asesinato del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez Burillo en San Sebastián en 1993.

El antiguo dirigente terrorista disfrutaba desde julio de 2025 de salidas penitenciarias mediante el artículo 100.2. La progresión al tercer grado le habría permitido ampliar el tiempo fuera de prisión y acceder a más permisos.

La revocación judicial afecta a esa ampliación del régimen abierto, lo que no debe confundirse necesariamente con la eliminación de todas las salidas autorizadas anteriormente mediante otros mecanismos penitenciarios.

Arkaitz Aguirregabiria, condenado por el último asesinato de ETA

El tercer afectado es Arkaitz Aguirregabiria, condenado por su participación en el asesinato del policía francés Jean-Serge Nérin, cometido el 16 de marzo de 2010 en Dammarie-lès-Lys, cerca de París.

Nérin fue la última víctima mortal de ETA. Su asesinato ocurrió aproximadamente un año y medio antes de que la organización terrorista anunciara el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011.

Aguirregabiria recibió una condena de 25 años de prisión por su participación en aquel crimen.

El Gobierno vasco le había concedido el tercer grado en julio de 2026, después de valorar favorablemente su comportamiento penitenciario.

Entre los aspectos positivos recogidos en su expediente figuraban el aprovechamiento de permisos de salida sin incidencias, su actividad dentro de prisión, el apoyo familiar y la existencia de una oferta de trabajo en el exterior.

También constaba el pago íntegro de la responsabilidad civil que le había sido impuesta y el envío de cartas de perdón a las víctimas.

Su fecha prevista de extinción de condena se sitúa en noviembre de 2029.

La Audiencia Nacional ha revocado ahora su clasificación en tercer grado, aunque los antecedentes favorables recogidos en su expediente no equivalen, por sí solos, a una autorización definitiva para acceder al régimen abierto.

Qué permite el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario

Una parte importante de las discrepancias judiciales sobre los presos de ETA gira alrededor de la interpretación del artículo 100.2.

Esta disposición introduce un principio de flexibilidad penitenciaria que permite adaptar las condiciones de cumplimiento de una condena a las necesidades concretas del tratamiento de cada preso.

Su aplicación exige un programa específico que justifique por qué resulta necesario combinar características de distintos grados.

La medida debe recibir la aprobación posterior del juez de Vigilancia Penitenciaria, aunque el propio reglamento contempla que pueda ejecutarse inmediatamente.

Ahí reside uno de los puntos más controvertidos: un preso puede comenzar a disfrutar de determinadas salidas antes de que exista un pronunciamiento judicial definitivo sobre su procedencia.

El tercer grado, por su parte, supone una clasificación formal en régimen abierto y permite una mayor autonomía fuera del establecimiento penitenciario.

Los requisitos especiales para condenados por terrorismo

La Ley Orgánica General Penitenciaria establece condiciones específicas para que las personas condenadas por terrorismo puedan progresar al tercer grado.

Entre ellas figura la valoración de la responsabilidad civil derivada de los delitos, los signos inequívocos de abandono de los fines y medios terroristas y la colaboración con las autoridades en los términos previstos legalmente.

La desvinculación de la actividad terrorista puede acreditarse mediante declaraciones de rechazo de la violencia, peticiones de perdón a las víctimas e informes técnicos sobre la evolución del condenado, entre otros elementos.

No basta, por tanto, con valorar aisladamente una buena conducta penitenciaria o la proximidad de determinadas fechas de cumplimiento.

Tampoco significa que los condenados por terrorismo estén excluidos de cualquier posibilidad de reinserción. El sistema penitenciario español contempla esa finalidad, pero exige que las decisiones se adopten conforme a los requisitos legales y las circunstancias individuales.

Una nueva discrepancia entre el Gobierno vasco y la Justicia

El Gobierno vasco gestiona las prisiones de Euskadi desde octubre de 2021, cuando asumió las competencias penitenciarias transferidas por el Estado.

Desde entonces, la progresión de grado de antiguos integrantes de ETA ha provocado diversos enfrentamientos jurídicos entre la administración autonómica y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El Ejecutivo vasco defiende que su actuación responde a los principios de legalidad, individualización del tratamiento y reinserción social.

Por su parte, asociaciones de víctimas del terrorismo han cuestionado algunas de estas decisiones al considerar que determinados presos no han acreditado suficientemente su arrepentimiento o desvinculación del entorno que respaldó a ETA.

La discrepancia no elimina el principio de reinserción reconocido por la legislación española. Lo que está en discusión es cuándo concurren las condiciones necesarias para flexibilizar el cumplimiento de condenas por delitos de especial gravedad.

Las resoluciones conocidas este 10 de noviembre vuelven a situar ese debate en el terreno judicial.

En el caso de Anboto, la Audiencia Nacional mantiene que no se han producido novedades suficientes para modificar su situación anterior. Respecto a Olarra Guridi y Aguirregabiria, anula los terceros grados concedidos.

El resultado es concreto: tres medidas penitenciarias revocadas y un nuevo límite judicial a las decisiones adoptadas para ampliar la semilibertad de antiguos miembros de ETA.