Valeria Racu advierte de más protestas por la vivienda tras el 11-N

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha advertido este miércoles 11 de noviembre de que las movilizaciones por el derecho a la vivienda continuarán después de la huelga general, independientemente de quién gane las próximas elecciones. La activista sostiene que la protesta supone el comienzo de una nueva etapa de presión social y que el movimiento está dispuesto a intensificar el conflicto si las administraciones no ofrecen soluciones a la crisis del alquiler.

Durante una entrevista en Hoy por Hoy, de la Cadena SER, Racu ha calificado la jornada de «día histórico» y ha insistido en que las reivindicaciones no dependen del resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre. Su mensaje llega mientras España celebra la primera huelga general respaldada por los grandes sindicatos en 14 años, una convocatoria impulsada por el movimiento por la vivienda y formalizada por CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales.

La protesta ha trasladado al centro del debate político una cuestión que afecta directamente a millones de trabajadores: la dificultad de acceder a una vivienda pese a tener empleo. También ha provocado enfrentamientos entre representantes del movimiento de inquilinos y comentaristas políticos, especialmente durante una tensa discusión televisiva entre Alicia del Río y la politóloga Pilar Losantos.

Para Racu, el problema no se limita al precio de los alquileres. Su crítica apunta al funcionamiento del mercado inmobiliario, a la insuficiencia de las políticas públicas y a un modelo económico que, según denuncia, permite obtener grandes beneficios de una necesidad básica.

Valeria Racu lanza un aviso ante las elecciones del 29-N

La portavoz del Sindicato de Inquilinas considera que la huelga del 11-N tiene una particularidad respecto a otras movilizaciones laborales: su origen está en la protesta ciudadana por la vivienda, aunque posteriormente haya recibido el respaldo de las organizaciones sindicales tradicionales.

Racu ha explicado que el descontento social ha terminado llegando a los centros de trabajo. A su juicio, los problemas de los trabajadores ya no pueden abordarse únicamente mediante negociaciones salariales, porque los incrementos de sueldo pierden buena parte de su efecto cuando también aumenta el coste de la vivienda.

La activista ha querido marcar distancias con los partidos políticos. Aunque reconoce que existen diferencias entre las distintas opciones electorales, sostiene que el movimiento continuará organizándose con independencia de quién ocupe la Moncloa.

Su advertencia es especialmente significativa porque la huelga se celebra apenas dos días antes del inicio de la campaña electoral para los comicios del 29 de noviembre.

Racu rechaza que la convocatoria pertenezca a una formación política concreta. Considera que las responsabilidades por la situación del mercado inmobiliario se extienden a gobiernos de distinto signo y que las movilizaciones deben servir para exigir cambios estructurales, no únicamente compromisos electorales.

Quién es Valeria Racu y qué reclama el Sindicato de Inquilinas

Valeria Racu nació en Moldavia en 1995 y llegó a España cuando tenía cinco años. Antes de convertirse en una de las portavoces más conocidas del movimiento por la vivienda, trabajó como actriz en producciones televisivas como Hospital Central y Doctor Mateo.

Posteriormente estudió Antropología Social en Londres, donde comenzó a involucrarse en el sindicalismo. También participó en la organización de la huelga de alquileres de 2020.

Su proyección pública ha aumentado durante las protestas de septiembre y octubre de 2026, especialmente después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso se convirtió en símbolo de las reivindicaciones por el acceso a la vivienda.

La acampada organizada en la Puerta del Sol de Madrid contribuyó a extender las protestas y abrió el camino hacia la convocatoria de una huelga general.

Las medidas que propone el movimiento por la vivienda

El Sindicato de Inquilinas defiende una intervención más profunda del mercado inmobiliario para garantizar alquileres asequibles y reducir la inseguridad residencial.

Entre sus propuestas figuran la reducción de los precios del alquiler, la creación de un parque público de vivienda mucho mayor y el establecimiento de contratos de arrendamiento indefinidos que proporcionen estabilidad a los inquilinos.

La organización también plantea incorporar al parque público inmuebles propiedad de bancos y fondos de inversión, incluso mediante mecanismos de expropiación, y financiar esas políticas con impuestos sobre la riqueza y la acumulación de propiedades.

Son planteamientos que suscitan un importante debate sobre la propiedad privada, la intervención pública y sus efectos sobre la oferta de vivienda. El sindicato los considera necesarios para frenar la especulación, mientras que sus detractores cuestionan algunas de las medidas propuestas.

La movilización del 11-N incluye, además, reivindicaciones estrictamente laborales. CCOO y UGT reclaman mejoras salariales, el desbloqueo de la negociación colectiva y medidas que permitan recuperar poder adquisitivo.

UGT ha defendido también una subida del salario mínimo interprofesional de al menos el 7 % para 2027, junto con actuaciones para controlar los precios del alquiler, proteger a las personas amenazadas de desahucio y ampliar la vivienda protegida.

El enfrentamiento entre Alicia del Río y Pilar Losantos

La huelga general también ha provocado un duro enfrentamiento en Espejo Público, de Antena 3, entre Alicia del Río, otra de las portavoces del Sindicato de Inquilinas, y la politóloga Pilar Losantos.

La discusión comenzó cuando Del Río defendió que la movilización se dirigía contra todos los gobiernos que, a su juicio, habían contribuido a mantener el actual modelo inmobiliario, incluido el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Losantos cuestionó esa interpretación y recordó que la convocatoria laboral había sido formalizada por UGT y CCOO. Durante el intercambio, reprochó a los representantes del movimiento de inquilinos que se presentaran como sindicato sin tener, según su planteamiento, la misma naturaleza que las organizaciones sindicales de trabajadores.

Del Río respondió reivindicando el papel de quienes participaron en la acampada de Sol y en las protestas por el desahucio de Maricarmen. Para la portavoz, la movilización no podía entenderse sin el trabajo previo de los colectivos ciudadanos.

El enfrentamiento fue subiendo de tono. Del Río criticó que el debate televisivo se centrara en los incidentes de algunos piquetes mientras, en su opinión, quedaban en segundo plano las dificultades económicas de las familias.

La discusión derivó después hacia la extrema derecha y la violencia política. Del Río formuló una advertencia especialmente dura sobre las consecuencias que, según ella, tendría un gobierno de ultraderecha para las mujeres.

José Antonio Pérez, adjunto de ABC, le pidió que rectificara. La representante del Sindicato de Inquilinas se negó y Losantos respondió con una referencia a los asesinatos cometidos por ETA.

El intercambio reflejó hasta qué punto la huelga por la vivienda se ha convertido también en una confrontación política, más allá de sus reivindicaciones económicas.

Quién puede convocar legalmente una huelga general

Una de las cuestiones planteadas durante el debate tiene una explicación jurídica importante.

El artículo 28.2 de la Constitución española reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para defender sus intereses. Su ejercicio está regulado, entre otras disposiciones, por el Real Decreto-ley 17/1977, que establece las condiciones de convocatoria y sus garantías.

El Sindicato de Inquilinas es una organización dedicada a defender los intereses de quienes viven de alquiler. No tiene, por esa condición, la misma función jurídica que un sindicato laboral encargado de representar a trabajadores frente a sus empleadores.

Esto no significa que carezca de legitimidad para organizar manifestaciones, promover protestas o impulsar reivindicaciones sociales. La diferencia aparece cuando se pretende convocar una huelga laboral legalmente protegida.

Precisamente por eso, la movilización del 11 de noviembre se articuló con la participación de CCOO, UGT, CGT, CNT y otras organizaciones sindicales. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas también participó en la presentación y el registro conjunto de la convocatoria ante el Ministerio de Trabajo el 19 de octubre.

La distinción importa: una cosa es impulsar políticamente una movilización y otra disponer de capacidad jurídica para convocar un paro laboral. Ambos papeles pueden coincidir en una misma protesta sin ser equivalentes.

La vivienda seguirá marcando la agenda política

La huelga del 11 de noviembre se desarrolla en un contexto de creciente tensión por el acceso a la vivienda y a pocas semanas de unas elecciones generales en las que las políticas inmobiliarias ocupan un lugar destacado.

Los sindicatos laborales vinculan directamente esta crisis con los salarios y las condiciones de trabajo. El movimiento de inquilinos, por su parte, considera que las medidas adoptadas hasta ahora no han corregido los problemas estructurales del mercado.

Valeria Racu ha dejado claro que no contempla la jornada de huelga como una movilización aislada. Su organización pretende mantener la presión sobre las instituciones y continuar reclamando cambios después de las elecciones.

La capacidad del movimiento para sostener esas protestas, conseguir apoyos y transformar sus reivindicaciones en medidas concretas sigue siendo una incógnita.

Lo que ya resulta evidente es que la discusión sobre la vivienda ha desbordado el terreno estrictamente inmobiliario. Afecta a los salarios, las oportunidades de emancipación, la estabilidad de las familias y, cada vez más, al debate sobre las prioridades económicas del país.

El resultado electoral del 29 de noviembre no resolverá por sí solo esos problemas. Y ese es, precisamente, el argumento con el que Racu justifica que las movilizaciones continúen después de las urnas.