Koldo García pide al TC suspender su condena de 19 años y 8 meses

Koldo García ha solicitado al Tribunal Constitucional que suspenda cautelarmente su condena de 19 años y ocho meses de prisión por el caso mascarillas. El exasesor del Ministerio de Transportes pretende salir de la cárcel mientras se resuelve el recurso de amparo que ha presentado contra la sentencia del Tribunal Supremo, al que atribuye vulneraciones de varios derechos fundamentales.

La petición, conocida este miércoles 11 de noviembre de 2026, sigue los pasos de la presentada por el exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años y tres meses de prisión en la misma causa. Ambos intentan que el Constitucional anule la sentencia y revise las garantías con las que fueron juzgados por la trama de corrupción vinculada a contratos públicos de material sanitario durante la pandemia.

Por ahora, Koldo García continúa en prisión, donde permanece desde el 27 de noviembre de 2025. La presentación del recurso no implica su excarcelación automática. Para recuperar la libertad tendría que obtener una resolución favorable del Constitucional sobre las medidas cautelares solicitadas, una decisión distinta de la que resuelva el fondo de su recurso.

El escrito también plantea una alternativa: si el tribunal no acepta suspender la pena en los términos solicitados, la defensa pide que estudie medidas de control menos restrictivas que la prisión.

Koldo sostiene que el Supremo no debía haberlo juzgado

Uno de los principales argumentos del recurso afecta a la competencia del Tribunal Supremo para celebrar el juicio.

La defensa sostiene que el procedimiento debería haberse trasladado a la Audiencia Nacional cuando José Luis Ábalos renunció a su escaño en el Congreso, en enero de 2026, y perdió la condición de aforado.

El aforamiento determina qué órgano judicial es competente para investigar y juzgar a determinadas autoridades. Ábalos estaba sometido a esa jurisdicción por su condición de diputado, pero Koldo García nunca disfrutó de esa prerrogativa.

Según el planteamiento del exasesor, al desaparecer la circunstancia que justificaba la intervención del Supremo, la causa tendría que haber pasado a otro órgano judicial.

La cuestión ya fue discutida durante el procedimiento. El Supremo mantuvo su competencia y posteriormente rechazó las solicitudes de nulidad de las defensas.

Koldo reclama al Constitucional que anule la sentencia y retrotraiga las actuaciones para que su causa sea examinada por el tribunal que considera competente. Como petición subsidiaria, solicita que se deje sin efecto la resolución que rechazó la nulidad y se dicte otra.

La defensa cuestiona las pruebas utilizadas para condenarlo

El recurso no se limita a discutir qué tribunal debía juzgarlo. También denuncia supuestas vulneraciones de la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y las garantías de un proceso justo.

Uno de los aspectos controvertidos es el acceso al material informático examinado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La defensa sostiene que no pudo disponer de determinadas copias de los dispositivos analizados ni de los códigos de verificación necesarios para comprobar la integridad de los archivos. Considera que esas limitaciones perjudicaron su capacidad para contrastar las pruebas incorporadas a la causa.

El escrito también cuestiona la valoración de determinados testimonios y la negativa a practicar algunas diligencias solicitadas durante el juicio.

Estas alegaciones forman parte de la argumentación de Koldo García. No constituyen, por sí mismas, una constatación de irregularidades judiciales.

La declaración de Víctor de Aldama vuelve al centro del recurso

El empresario Víctor de Aldama ocupa un lugar destacado en la impugnación.

El Supremo lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión por su participación en la trama, pero acordó suspender la ejecución de la pena en reconocimiento a su colaboración con la justicia y bajo determinadas condiciones.

La defensa de Koldo cuestiona el tratamiento procesal de esa colaboración. Sostiene que Aldama obtuvo una reducción importante de su condena y que los términos de su entendimiento con la Fiscalía no quedaron documentados de una forma que permitiera conocerlos y discutirlos adecuadamente.

También considera que determinadas conclusiones condenatorias, especialmente las relacionadas con el delito de cohecho, descansan excesivamente en las declaraciones del empresario, sin suficientes elementos independientes que las corroboren.

El Supremo ya examinó las objeciones de las defensas sobre el papel de Aldama y rechazó que su colaboración constituyera una conformidad irregular. En su resolución de octubre defendió la aplicación de las atenuantes por la cooperación prestada durante la investigación.

El recurso de amparo está firmado por Leticia de la Hoz, la abogada que ha representado a Koldo García durante el procedimiento y que esta semana ha renunciado a continuar con su defensa por discrepancias.

El Constitucional puede suspender la pena, pero no está obligado

La posibilidad de que Koldo García abandone temporalmente la prisión depende de una decisión específica del Tribunal Constitucional.

El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que presentar un recurso de amparo no suspende automáticamente los efectos de una sentencia.

Sin embargo, permite adoptar medidas cautelares cuando ejecutar la resolución pueda ocasionar un perjuicio que haga perder al recurso su finalidad, siempre que la suspensión no provoque una perturbación grave de intereses constitucionalmente protegidos o de los derechos de otras personas.

La defensa sostiene que mantener a Koldo en prisión mientras se examina su recurso puede ocasionarle un perjuicio difícil de reparar si finalmente se reconocen las vulneraciones denunciadas.

Como alternativa a la permanencia en prisión, propone que puedan imponerse medidas como las comparecencias periódicas ante el juzgado, la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España o el control telemático.

Corresponderá al Constitucional valorar si concurren los requisitos legales para adoptar alguna de esas medidas.

Hay una distinción importante: suspender la ejecución de una condena no significa anularla. Una eventual puesta en libertad cautelar tampoco supondría una absolución ni eliminaría los delitos declarados probados por el Supremo.

Una condena firme por la trama de las mascarillas

El Tribunal Supremo condenó el 22 de junio de 2026 a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por su participación en una organización dedicada a obtener beneficios económicos mediante actuaciones irregulares relacionadas con la contratación pública.

La sentencia consideró acreditadas maniobras de corrupción relacionadas con la adquisición de 13 millones de mascarillas por organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entre ellos Puertos del Estado y Adif, a través de la empresa Soluciones de Gestión.

También examinó pagos y beneficios económicos vinculados a los condenados, así como contrataciones en empresas públicas relacionadas con personas del entorno del exministro.

Ábalos recibió una pena de 24 años y tres meses de prisión, mientras que su antiguo asesor fue condenado a 19 años y ocho meses. Ambos fueron considerados responsables de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Tras conocerse la sentencia, las defensas promovieron incidentes de nulidad para intentar dejarla sin efecto.

El 14 de octubre, el Supremo desestimó esas peticiones al considerar que las alegaciones ya habían sido analizadas durante el procedimiento y en la propia sentencia.

Agotada esa vía judicial, ambos condenados han recurrido al Constitucional, al que corresponde examinar las vulneraciones de derechos fundamentales que denuncian.

La prisión de Koldo queda pendiente de una decisión judicial

El nuevo movimiento de Koldo García abre una fase centrada en la protección de sus derechos constitucionales, pero no reabre automáticamente el juicio ni convierte al Tribunal Constitucional en una segunda instancia encargada de revisar todas las pruebas.

El órgano de garantías tendrá que determinar si admite y examina el recurso y, de forma diferenciada, si existen motivos suficientes para suspender la ejecución de la pena mientras se tramita.

La situación de Ábalos es similar: el exministro también solicita la anulación de su condena y la suspensión de su cumplimiento.

Por el momento, no consta una resolución del Constitucional que haya concedido la suspensión solicitada por Koldo García.

La condena de 19 años y ocho meses sigue vigente y su situación penitenciaria no cambia por el simple hecho de haber presentado el recurso. La próxima decisión relevante será la que determine si debe continuar en prisión mientras el Constitucional examina las posibles vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por su defensa.