Terremoto en Colombia: tres meses sin saber si demolerán sus casas

Tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026, numerosas familias continúan sin saber si podrán regresar a sus viviendas o si los edificios donde vivían tendrán que ser demolidos. En Manizales, una de las ciudades más castigadas por el seísmo, las inspecciones estructurales y los trámites administrativos mantienen a parte de los damnificados en una incertidumbre que se prolonga desde el verano.

La emergencia, que dejó al menos 335 muertos en el país, ha dado paso a una reconstrucción compleja. Según el último balance municipal, publicado el 9 de noviembre, Manizales ha ejecutado 52 demoliciones, pero mantiene otros 285 expedientes en distintas fases de tramitación. Mientras tanto, algunos propietarios desconocen si recuperarán sus casas, si tendrán que afrontar reparaciones costosas o si perderán definitivamente su patrimonio.

La situación es especialmente delicada en el barrio de Milán. Allí, Jorge Iván Hurtado, de 61 años, espera una decisión sobre el apartamento que acababa de comprar cuando ocurrió el terremoto. Nunca llegó a instalarse. El edificio Escalinata, donde se encuentra su vivienda, sufrió daños que obligan a determinar si puede recuperarse mediante obras de refuerzo o si debe ser derribado.

Su caso refleja una realidad que las cifras no siempre explican: la de quienes tienen una propiedad, pero no pueden utilizarla ni saben cuánto dinero necesitarán para recuperarla. La seguridad exige comprobar el estado de los inmuebles antes de autorizar su ocupación. El problema es que cada mes de espera también tiene consecuencias económicas y personales para los afectados.

Manizales, tres meses después: edificios pendientes de demolición

El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, pero sus efectos alcanzaron buena parte del occidente y centro de Colombia. Manizales, capital del departamento de Caldas, figura entre los municipios que sufrieron daños importantes en viviendas, edificios y establecimientos comerciales.

En esta ciudad, donde se contabilizaron unas 22.000 familias damnificadas, las autoridades han tenido que organizar evacuaciones, inspecciones de seguridad, ayudas al alquiler y actuaciones sobre construcciones que presentan daños estructurales.

El barrio de Milán concentra algunos de los casos más delicados. Según la información conocida a finales de octubre, ocho de los 15 inmuebles que entonces figuraban con orden de demolición en la ciudad estaban situados en esta zona.

Entre los propietarios afectados se encuentra Claudia Leguimazón, dueña de un apartamento en el edificio Los Árboles, sobre el que pesa una orden de derribo. Su situación es distinta de la de quienes todavía esperan un dictamen: ya sabe que perderá su vivienda, aunque confía en recibir apoyo económico municipal y en la cobertura de su seguro.

Para quienes continúan pendientes de una resolución, las posibilidades siguen abiertas. Una evaluación puede concluir que el edificio necesita reparaciones, que requiere importantes intervenciones de refuerzo o que su demolición es inevitable por razones de seguridad.

Por qué se retrasan las decisiones sobre las viviendas

Determinar qué hacer con un edificio afectado por un terremoto no depende únicamente de observar las grietas de sus paredes. Los especialistas deben evaluar elementos esenciales de la estructura, como columnas, vigas, cimentaciones y conexiones, para establecer si conserva la resistencia necesaria.

En Manizales, numerosos inmuebles están siendo sometidos a estudios de vulnerabilidad estructural. Estos trabajos permiten calcular los daños, identificar los riesgos y valorar si resulta técnicamente viable reforzar el edificio.

Carlos Anderson García Guerrero, que hasta fechas recientes ocupaba la Secretaría de Planeación de Caldas, explicó que estas evaluaciones pueden prolongarse entre dos y tres meses.

El procedimiento tampoco termina necesariamente cuando los ingenieros presentan sus conclusiones. Si se determina que una construcción debe derribarse, es necesario tramitar la correspondiente autorización municipal.

La lentitud del proceso ha generado críticas entre algunos profesionales encargados de las inspecciones. El ingeniero civil Humberto Hurtado Nariño considera que las demoliciones de edificios han avanzado poco y que determinados sectores de Milán apenas muestran cambios respecto a los días posteriores al seísmo.

La precaución técnica es indispensable. Un edificio aparentemente recuperable puede esconder daños estructurales graves, y permitir su ocupación antes de comprobarlos supondría un riesgo. Pero esa necesidad de seguridad convive con otro problema: las familias necesitan saber qué ocurrirá con su patrimonio para empezar a reorganizar su vida.

Las cifras de las demoliciones y las inspecciones

El balance difundido por la Alcaldía de Manizales el 9 de noviembre de 2026 permite conocer el avance de las actuaciones.

Hasta esa fecha se habían realizado 6.461 visitas a inmuebles y se habían registrado 337 expedientes relacionados con demoliciones.

De esos 337 casos, 52 intervenciones estaban ejecutadas y 285 seguían abiertas. Entre las pendientes, 148 permanecían en evaluación técnica, 104 estaban en tramitación administrativa, 27 contaban con aprobación para demolición y seis se encontraban en ejecución.

Conviene distinguir estas categorías. Las 52 intervenciones realizadas incluyen derribos completos y parciales, tanto de viviendas como de edificios. No equivalen, por tanto, a 52 bloques residenciales demolidos.

La evaluación de los daños también refleja la magnitud del trabajo pendiente. El Ayuntamiento había elaborado 1.117 presupuestos preliminares de reparación, de los cuales 1.052 continuaban pendientes de validación técnica.

Estos datos explican por qué la reconstrucción todavía está lejos de completarse. Una cosa es identificar los desperfectos y otra, bastante más complicada, determinar quién debe repararlos, cuánto costarán las obras y cuándo podrán comenzar.

Ayudas económicas para los damnificados: alquileres y reparaciones

La pérdida de una vivienda supone un problema que va mucho más allá de encontrar otro lugar donde dormir. Muchos propietarios siguen pagando obligaciones relacionadas con inmuebles que no pueden ocupar, mientras necesitan afrontar nuevos gastos de alojamiento.

La Alcaldía de Manizales había contabilizado, hasta el 9 de noviembre, 8.511 ayudas municipales al alquiler distribuidas en tres fases. Se trata de aportaciones destinadas a facilitar alojamiento a las familias afectadas mientras se resuelve la situación de sus propiedades.

Entre las damnificadas, Claudia Leguimazón espera acceder a una ayuda de 300.000 pesos colombianos mensuales durante un máximo de seis meses, además de la posible indemnización de su compañía aseguradora.

El problema es que no todos los afectados cuentan con esa segunda posibilidad. Según las estimaciones de Carlos Anderson García Guerrero, aproximadamente el 70 % de los edificios de Manizales carece de seguro.

Esta circunstancia complica especialmente la reconstrucción. Cuando una propiedad resulta inhabitable y no existe cobertura aseguradora, sus propietarios pueden depender de recursos propios, subvenciones públicas o nuevas fórmulas de financiación para recuperar una vivienda.

Nuevas ayudas de hasta 25 millones de pesos

El 10 de noviembre, al cumplirse tres meses del terremoto, el Ayuntamiento comenzó a entregar los primeros Aportes para la Recuperación Patrimonial.

Estas ayudas pueden alcanzar los 25 millones de pesos colombianos, dependiendo de los daños acreditados en cada propiedad.

La Administración municipal prevé entregar antes de finalizar 2026 unas 4.000 ayudas a propietarios de viviendas y otras 2.000 a comerciantes afectados. Se trata de una previsión, no de aportaciones que ya se hayan abonado en su totalidad.

El programa forma parte de un plan de reconstrucción financiado mediante un préstamo municipal autorizado por 220.000 millones de pesos. Incluye también actuaciones para mejorar viviendas, apoyar la construcción de nuevos hogares y facilitar materiales a las familias con menos recursos.

No obstante, las ayudas para reparar inmuebles y las destinadas a quienes necesitan una vivienda nueva responden a situaciones diferentes. Para los propietarios que todavía esperan una evaluación estructural definitiva, conocer el destino del edificio sigue siendo el primer paso.

Reconstruir las casas también exige recuperar la estabilidad

El terremoto del 10 de agosto dejó una emergencia de enormes dimensiones en Colombia. Tres meses después, la atención se ha desplazado de las operaciones de rescate y las evacuaciones urgentes hacia una tarea más prolongada: garantizar viviendas seguras y encontrar soluciones para quienes lo perdieron todo.

En Manizales, la reconstrucción avanza entre inspecciones, derribos y ayudas económicas. Las autoridades también han recibido apoyo técnico internacional para evaluar edificaciones afectadas, especialmente en sectores como Milán y El Carmen.

Pero los avances administrativos no significan necesariamente que la incertidumbre haya terminado para las familias.

Jorge Iván Hurtado sigue esperando una resolución sobre el apartamento que compró y nunca pudo estrenar. A su situación económica se añade una circunstancia personal especialmente dolorosa: su madre falleció dos semanas después del terremoto, una pérdida que él relaciona con el estrés provocado por la tragedia.

Su caso muestra uno de los grandes desafíos pendientes. La recuperación no termina cuando se retiran los escombros, sino cuando los damnificados conocen sus opciones reales y pueden volver a disponer de una vivienda segura.

Tres meses después del terremoto, esa certeza continúa sin llegar a todos los hogares de Manizales.