El juez prorroga el caso Plus Ultra contra Zapatero seis meses más

La investigación judicial del caso Plus Ultra continuará, al menos, otros seis meses. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado prorrogar la instrucción hasta el 28 de mayo de 2027, una decisión que mantiene abierta la causa en la que figura como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos relacionados con el rescate público de la aerolínea.

La resolución, conocida este miércoles 11 de noviembre, responde a la existencia de diligencias que todavía no se han completado. El magistrado considera necesario incorporar nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y practicar declaraciones pendientes. Esos trabajos podrían conducir a nuevas imputaciones, aunque por el momento no se ha anunciado ninguna como consecuencia de esta prórroga.

El procedimiento examina las circunstancias que rodearon la concesión de 53 millones de euros de fondos públicos a Plus Ultra en 2021, durante la pandemia. Los investigadores tratan de determinar si existió una red de tráfico de influencias que obtuvo beneficios económicos mediante gestiones relacionadas con aquella ayuda y si parte del dinero se canalizó a través de sociedades y contratos de asesoramiento presuntamente ficticios.

La ampliación del plazo, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones, permite continuar unas pesquisas que debían afrontar su límite temporal el próximo 28 de noviembre. No supone una declaración de culpabilidad ni anticipa que el procedimiento vaya a terminar en juicio. La instrucción sigue abierta precisamente porque aún quedan hechos por esclarecer.

Los informes de la UDEF podrían provocar nuevas imputaciones

Uno de los principales motivos para prolongar la investigación es la documentación que todavía debe analizar la Policía Nacional. El juez señala que están pendientes informes relativos a información solicitada a organismos públicos y entidades bancarias, cuyo contenido podría revelar conexiones económicas o personales que todavía no han sido determinadas.

Calama advierte de que esos informes podrían dar lugar a la incorporación de nuevas personas investigadas o justificar diligencias adicionales. No identifica posibles futuros imputados ni concreta qué actuaciones podrían acordarse, ya que dependerán de los resultados de los trabajos policiales.

La UDEF también debe continuar examinando material intervenido durante los registros practicados en el marco del procedimiento, entre ellos los realizados en diciembre de 2025. La cantidad de documentación y la necesidad de contrastarla con movimientos financieros y datos oficiales contribuyen a la complejidad de la causa.

La decisión judicial permite que ese análisis prosiga sin quedar condicionado por el vencimiento del plazo anterior. La ampliación, sin embargo, no equivale a una autorización indiscriminada para investigar cualquier actividad de los afectados: las diligencias deben mantener una conexión justificada con los hechos examinados.

Qué se investiga sobre Zapatero y el rescate de Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero está investigado por su presunta participación en una estructura que habría ejercido influencias para favorecer intereses empresariales. El procedimiento contempla posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La investigación se centra, entre otras cuestiones, en determinar si existieron pagos vinculados a gestiones realizadas para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra. Los agentes examinan las relaciones entre antiguos responsables de la aerolínea, empresarios y sociedades relacionadas con el entorno del expresidente.

Uno de los testimonios relevantes procede de Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, quien declaró ante el juez que la compañía había aceptado pagar una comisión del 1 % vinculada al denominado grupo Zapatero. Su declaración forma parte de las pruebas que deben valorarse y no acredita por sí sola que el expresidente cometiera un delito.

Zapatero, que compareció ante la Audiencia Nacional en junio, ha negado las acusaciones y ha cuestionado distintos aspectos de las investigaciones policiales. El magistrado mantuvo entonces los indicios que justificaban su condición de investigado, pero no le impuso medidas cautelares.

Las declaraciones previstas para noviembre

El calendario judicial incluye dos comparecencias señaladas para el 19 de noviembre. Ese día están citados como testigos José Ángel Partearroyo, antiguo director de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

Sus declaraciones pueden resultar relevantes para reconstruir las gestiones relacionadas con el rescate y aclarar qué contactos mantuvieron los responsables de la compañía durante la tramitación de la ayuda.

El 30 de noviembre está prevista la declaración como investigadas de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente. La Justicia examina determinados movimientos económicos relacionados con su empresa, Whathefav, y su posible vinculación con pagos investigados en el procedimiento.

Ambas ya tenían la condición de investigadas antes de acordarse la nueva prórroga. Por tanto, sus citaciones no constituyen las posibles nuevas imputaciones a las que se refiere el juez en su resolución.

Los pagos de 200.000 euros y las gestiones en Bolivia

La investigación ha adquirido también una dimensión internacional. El 10 de noviembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló que las pesquisas incluyeran un informe policial relativo a 200.000 euros recibidos por Zapatero a través de la sociedad peruana Focus Social Research, por unas supuestas gestiones relacionadas con el grupo empresarial Gloria.

Según la hipótesis recogida por la UDEF, el expresidente habría tratado de intermediar ante autoridades de Bolivia en asuntos vinculados a litigios económicos y reclamaciones de indemnizaciones del grupo peruano. Los investigadores estudian si esas actuaciones pudieron constituir otro episodio de presunto tráfico de influencias.

La defensa de Zapatero había solicitado retirar el informe del procedimiento. Sostenía que los hechos no guardaban relación suficiente con el objeto de la causa y que la investigación constituía una indagación general sobre sus actividades profesionales.

Los magistrados rechazaron esos argumentos al considerar que los datos surgieron del análisis de dispositivos y documentación intervenidos durante actuaciones judicialmente autorizadas. La Sala entiende que existe una conexión suficiente con los hechos investigados para mantener el informe en la causa.

La resolución permite continuar examinando esos pagos, pero no determina que las gestiones fueran delictivas. Esa diferencia resulta fundamental: una cosa es que existan indicios que justifiquen investigar determinadas operaciones y otra que se haya demostrado una conducta penalmente reprochable.

Las joyas halladas en el despacho del expresidente

Paralelamente, la Audiencia Nacional mantiene una pieza separada relacionada con unas joyas encontradas en el despacho de Zapatero durante el registro policial del pasado mayo. Las piezas fueron valoradas inicialmente en aproximadamente 1,3 millones de euros y han dado lugar a diligencias destinadas a establecer su origen, características y valor.

El expresidente sostiene que se trataba de regalos personales recibidos del fallecido rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz cuando ocupaba la Presidencia del Gobierno. El procedimiento examina la posible existencia de delitos fiscales y de contrabando relacionados con esos bienes.

El 6 de noviembre, Calama rechazó ampliar la investigación por un presunto delito de malversación, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado razonó que, cuando se habrían recibido los obsequios en 2007, no existía una obligación legal equivalente a la establecida posteriormente sobre su incorporación al patrimonio público.

Esa decisión no supone el archivo de todas las actuaciones relacionadas con las joyas. Las pesquisas sobre su procedencia y su situación tributaria continúan por otras posibles infracciones, sin que exista una condena por esos hechos.

El caso Plus Ultra seguirá abierto hasta mayo de 2027

Con la nueva prórroga, la Audiencia Nacional dispone de otros seis meses para completar las diligencias pendientes y decidir qué recorrido procesal corresponde a la investigación. Los próximos informes policiales y las declaraciones de noviembre pueden resultar determinantes para conocer si aparecen nuevos indicios, se incorporan otras personas al procedimiento o se descartan algunas de las sospechas existentes.

El magistrado considera que la complejidad de la causa impide concluirla dentro del plazo inicialmente previsto. La investigación abarca operaciones bancarias, relaciones empresariales, posibles intermediaciones políticas y documentación intervenida en diferentes registros. Todo ello exige comprobaciones que todavía no han terminado.

La prórroga tampoco significa que el procedimiento deba permanecer abierto necesariamente hasta el último día del nuevo plazo ni que el juez haya decidido llevar a juicio a los investigados. Esa decisión dependerá de las pruebas reunidas y de las resoluciones que se adopten durante la instrucción.

Por ahora, el hecho relevante es que Zapatero continúa investigado en el caso Plus Ultra, la UDEF dispone de más tiempo para completar sus informes y el juez mantiene abierta la posibilidad de nuevas imputaciones. El horizonte judicial se desplaza hasta el 28 de mayo de 2027, mientras sigue pendiente determinar si los indicios examinados permiten sostener acusaciones penales. Para todos los investigados continúa vigente la presunción de inocencia.