Consumo calcula 4.341 euros de ahorro por prorrogar los alquileres

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 calcula que la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler supondría un ahorro mediano de 4.341 euros por hogar durante dos años. La medida podría beneficiar a cerca de cinco millones de personas en España y afectaría potencialmente a 1.895.676 contratos de arrendamiento. El impacto sería especialmente importante en Madrid, Baleares, Málaga y Valencia, donde las diferencias entre los alquileres antiguos y los precios actuales del mercado son mayores.

La ampliación permitiría a los inquilinos que cumplan los requisitos mantener su contrato durante un máximo de dos años adicionales, sin tener que negociar una nueva renta al finalizar el periodo correspondiente. No se trata de una ayuda económica ni de una transferencia del Estado: el ahorro procede de evitar el encarecimiento que podría producirse al firmar otro contrato. La disposición está en vigor desde el 8 de octubre, aunque su continuidad depende de la votación prevista para este jueves, 12 de noviembre, en la Diputación Permanente del Congreso.

El informe del departamento dirigido por Pablo Bustinduy pone cifras a una de las principales preocupaciones de los hogares españoles: cuánto puede aumentar el alquiler cuando vence el contrato. Su estimación apunta a diferencias de varios miles de euros, aunque el resultado depende de la provincia, las condiciones del arrendamiento y la evolución del mercado.

La cifra de 4.341 euros representa la mediana nacional, no una cantidad garantizada para todos los inquilinos. Eso significa que la mitad de los hogares incluidos en la estimación tendría un ahorro inferior a esa cantidad y la otra mitad, superior. Tampoco implica que todos los contratos puedan acogerse automáticamente a la medida.

Quién puede solicitar la prórroga del alquiler durante dos años

La medida está recogida en el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, y afecta a contratos de vivienda habitual que estuvieran vigentes cuando la norma entró en vigor, el 8 de octubre.

Pueden acogerse los arrendatarios cuyo periodo de prórroga obligatoria termine antes del 31 de diciembre de 2028. También se contemplan determinadas situaciones en las que concluye la prórroga tácita o la llamada tácita reconducción, que se produce cuando un alquiler continúa después de agotarse los plazos del contrato.

La duración extraordinaria es de hasta dos años adicionales, mediante prórrogas anuales. Por tanto, el 31 de diciembre de 2028 no es necesariamente la fecha en la que finalizarán todos los contratos ampliados.

Existe una condición especialmente importante: el inquilino debe estar al corriente del alquiler y haber cumplido con sus pagos mensuales durante los ocho meses anteriores a la solicitud.

Cómo pedir la prórroga y cuándo puede negarse el propietario

La ampliación no se activa automáticamente. El arrendatario debe solicitarla al propietario, preferiblemente por un medio que permita acreditar el contenido de la comunicación y su recepción, como un burofax.

Si se cumplen las condiciones legales, el arrendador está obligado a aceptar la solicitud, salvo en determinadas circunstancias.

Una de las excepciones es que el propietario acredite una necesidad real de recuperar la vivienda para destinarla a residencia propia o de familiares en los supuestos previstos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, respetando los requisitos de comunicación correspondientes.

Tampoco procede aplicar esta prórroga cuando ambas partes acuerdan renovar el contrato o suscribir uno nuevo con una renta al menos un 5 % inferior a la vigente. Asimismo, la prórroga extraordinaria específica de las zonas tensionadas tiene preferencia sobre esta medida y no puede acumularse a ella.

La norma no permite, por tanto, prolongar cualquier alquiler sin condiciones. Hay que comprobar el tipo de contrato, su fecha de vencimiento y la situación particular del inquilino.

Madrid, Baleares, Málaga y Valencia concentran los mayores ahorros

Las diferencias territoriales son considerables. El informe de Consumo refleja que el ahorro potencial es mayor en determinadas provincias donde los precios de los nuevos alquileres han aumentado considerablemente.

En Málaga, el ahorro mediano calculado alcanza los 10.625 euros por hogar durante los dos años de prórroga. En Baleares asciende a 10.090 euros y en la Comunidad de Madrid, a 9.152 euros.

La Comunidad Valenciana presenta también cifras elevadas, especialmente en su capital provincial. El ahorro estimado sería de 8.436 euros en Valencia, 7.186 euros en Alicante y 3.890 euros en Castellón.

En Canarias se aprecian diferencias importantes: los hogares de Santa Cruz de Tenerife podrían ahorrar una mediana de 7.596 euros, frente a los 4.128 euros de Las Palmas.

Otros territorios quedan por debajo del dato nacional. Asturias registra un ahorro mediano estimado de 3.997 euros, Cantabria de 3.836 euros, La Rioja de 3.218 euros y Murcia de 2.945 euros.

En Andalucía, las cifras oscilan entre los 2.044 euros de Córdoba y los 10.625 euros de Málaga. En Castilla y León, entre los 2.551 euros de Palencia y los 6.257 de Segovia.

Estos importes no significan que los propietarios estén obligados a aplicar esas rebajas. Reflejan cuánto podrían evitar pagar los inquilinos si conservan su arrendamiento frente al precio estimado de uno nuevo.

Por qué Cataluña no aparece en el cálculo

El Ministerio de Consumo no ha incorporado una estimación de ahorro para Cataluña, donde una parte importante del territorio está declarada zona de mercado residencial tensionado.

En estas áreas existen limitaciones legales sobre la renta que puede exigirse al firmar determinados contratos nuevos. Por ese motivo, la comparación utilizada para calcular el ahorro en otras provincias no resulta directamente equivalente.

La ausencia de cifras no implica que los inquilinos catalanes carezcan de protección ni que no puedan solicitar las prórrogas que legalmente les correspondan.

Cómo calcula Consumo los 4.341 euros de ahorro por hogar

El departamento de Pablo Bustinduy ha elaborado una microsimulación utilizando información del Panel de Hogares del IRPF, una base de datos del Instituto de Estudios Fiscales y de la Agencia Tributaria.

El análisis utiliza información de alquileres declarados por propietarios particulares en territorio fiscal común, con datos disponibles hasta 2023.

A partir de esa información, el Ministerio estima cuánto pagaría cada hogar si pudiera mantener su contrato durante otros dos años, teniendo en cuenta las actualizaciones permitidas por la legislación.

Después compara ese importe con el coste de un nuevo arrendamiento, calculado a partir de la evolución de los precios de oferta publicados por Idealista en cada provincia.

La diferencia acumulada durante el periodo de prórroga constituye el ahorro estimado.

Para entenderlo, puede utilizarse un ejemplo sencillo. Una familia que paga 850 euros mensuales y que, al finalizar su contrato, tuviera que asumir un nuevo alquiler de 1.100 euros se enfrentaría a una diferencia de 250 euros cada mes.

Manteniendo constantes ambos importes, esa diferencia supondría 6.000 euros durante 24 meses. Es un ejemplo ilustrativo, no una previsión oficial para un hogar concreto.

El cálculo ministerial es más complejo porque incorpora las actualizaciones de renta y las limitaciones legales. También tiene una incertidumbre relevante: los precios anunciados no siempre coinciden con los finalmente pactados.

Por otra parte, el informe presupone que todos los inquilinos con derecho a solicitar la prórroga lo harán. En la práctica, algunos pueden preferir cambiar de vivienda, negociar otras condiciones o abandonar el alquiler.

Así se explica que los casi cinco millones de beneficiarios constituyan una estimación potencial, no una cifra de personas que hayan solicitado efectivamente la ampliación.

Qué sucede con la renta mientras el contrato esté prorrogado

Durante la extensión extraordinaria se mantienen los términos y condiciones del contrato existente. Esto proporciona al inquilino continuidad en la vivienda, pero no significa necesariamente que la mensualidad quede congelada durante todo el periodo.

La normativa distingue entre renovar un contrato y actualizar anualmente su renta.

El propio Real Decreto-ley 29/2026 establece límites extraordinarios para las revisiones anuales comprendidas entre su entrada en vigor y el 31 de diciembre de 2027.

Cuando el alquiler supera el límite máximo aplicable conforme al sistema de índices de referencia, la norma impide incrementar la renta. En los demás supuestos, permite negociar una actualización y establece que, sin un nuevo pacto, el incremento no podrá superar el 2 %.

Estas restricciones deben tenerse presentes al valorar el ahorro real. Conservar un contrato protege frente a determinados incrementos asociados a la firma de otro, pero las actualizaciones legalmente permitidas pueden seguir teniendo efectos.

El Congreso decide sobre la continuidad de la prórroga

La iniciativa afronta este jueves, 12 de noviembre de 2026, una votación decisiva en la Diputación Permanente del Congreso, encargada de ejercer determinadas funciones parlamentarias mientras las Cortes permanecen disueltas por las elecciones generales del 29 de noviembre.

El decreto entró en vigor el 8 de octubre, pero necesita la convalidación parlamentaria para mantener su vigencia.

La votación llega después de dos intentos anteriores que no consiguieron superar el trámite parlamentario. El Gobierno recuperó la medida en octubre con una nueva formulación, en un escenario político marcado por las discrepancias sobre la intervención pública en el mercado de la vivienda.

El Ejecutivo pretende evitar que el vencimiento de numerosos contratos se traduzca en nuevas subidas para las familias. La oposición a estas medidas cuestiona, entre otros aspectos, las restricciones impuestas a los propietarios y sus posibles consecuencias sobre la oferta de viviendas en alquiler.

La continuidad de la prórroga depende del resultado de la votación. Los cálculos publicados por Consumo describen su impacto potencial, pero no constituyen una garantía de que todos los contratos identificados vayan a ampliarse.

Un ahorro importante que depende de cada contrato

Los 4.341 euros por hogar representan una diferencia económica significativa. Repartidos entre 24 mensualidades equivaldrían aproximadamente a 181 euros al mes, aunque el ahorro efectivo no tiene por qué distribuirse de manera uniforme.

La dimensión social de la medida también es considerable. Consumo estima que los casi 1,9 millones de contratos potencialmente afectados podrían beneficiar a alrededor de 4,9 millones de personas, utilizando los datos de tamaño medio de los hogares en alquiler del Instituto Nacional de Estadística.

El objetivo inmediato consiste en proporcionar estabilidad a quienes ya tienen una vivienda alquilada y evitar que tengan que afrontar un nuevo precio de mercado al terminar su contrato.

Sin embargo, la ampliación no resuelve por sí sola las dificultades de quienes buscan alquilar por primera vez ni incrementa directamente el número de viviendas disponibles.

Para los hogares que reúnen los requisitos, la diferencia puede ser muy concreta: conservar durante dos años más un alquiler asumible o enfrentarse a uno nuevo considerablemente más caro.

Ese es el alcance económico que intenta cuantificar el Ministerio de Consumo. La aplicación definitiva de la medida y el ahorro que realmente consiga cada familia dependerán de su situación contractual, de la evolución del mercado y de la continuidad de la norma.