La jueza ordena el cese de Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes

La Justicia ha ordenado el cese total de actividad de Núcleo Nacional, la clausura de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid y el bloqueo del contenido de sus perfiles en redes sociales. La decisión, conocida este jueves 12 de noviembre de 2026, supone la suspensión de las actividades de la organización de extrema derecha después de una operación policial que terminó con 14 detenidos en siete provincias españolas.

La resolución procede del órgano judicial de instrucción número 1 de Gijón, que investiga a integrantes del grupo por presuntos delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. La magistrada también ha impuesto medidas cautelares personales, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado. La asociación ha sido incorporada al procedimiento como persona jurídica investigada.

La decisión judicial va más allá de los registros y las detenciones del pasado 6 de noviembre. Por primera vez en esta causa, las restricciones afectan directamente al funcionamiento de Núcleo Nacional como organización, tanto en sus instalaciones físicas como en su actividad digital.

El procedimiento continúa abierto y las acusaciones deberán examinarse durante la instrucción. La suspensión de actividades no equivale a una disolución judicial definitiva ni supone que se haya declarado culpables a los investigados.

La jueza ordena cerrar las sedes y bloquear las redes sociales

La resolución establece la paralización de las actividades de Núcleo Nacional y el cierre de sus tres principales locales conocidos, situados en Madrid, Valladolid y Burgos. La decisión incluye también el bloqueo de los contenidos digitales vinculados a los perfiles de la organización en redes sociales.

La sede madrileña, considerada el centro principal de operaciones del colectivo, ya había sido registrada por la Policía Nacional durante el dispositivo desplegado el viernes 6 de noviembre. Las instalaciones de Valladolid y Burgos también estuvieron entre los objetivos de la investigación.

El alcance de la medida es significativo porque no se limita a restringir los movimientos de determinados dirigentes. Afecta a la actividad del grupo en su conjunto y a sus medios de difusión pública, dos elementos relevantes de su estructura organizativa.

La jueza también ha comunicado formalmente a un representante de Núcleo Nacional su condición de persona jurídica investigada. Esto permite examinar la posible responsabilidad penal de la propia entidad, diferenciada de la que pudiera corresponder individualmente a sus miembros.

La organización estaba inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. Una inscripción administrativa, sin embargo, no impide que un tribunal suspenda las actividades de una asociación cuando concurren los requisitos legales correspondientes.

Catorce detenidos y más de veinte armas de fuego intervenidas

La operación policial del 6 de noviembre se desarrolló simultáneamente en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante. El dispositivo, coordinado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, terminó con 14 personas detenidas, entre ellas varios integrantes de la dirección de Núcleo Nacional.

El balance policial conocido posteriormente elevó a 12 los registros practicados. Los agentes intervinieron más de veinte armas de fuego, abundante munición, armas blancas, pistolas táser, defensas extensibles y otros objetos potencialmente peligrosos. También localizaron material de propaganda de carácter supremacista.

La presencia de armas de fuego no significa que todas se poseyeran ilegalmente. La resolución judicial conocida el 8 de noviembre precisó que buena parte de los investigados disponía de las correspondientes licencias. Las sospechas de tenencia ilícita se relacionan también con armas prohibidas, como los puños americanos y determinados dispositivos eléctricos.

Diez investigados quedaron en libertad con medidas cautelares

El domingo 8 de noviembre, la jueza acordó la puesta en libertad de diez de los catorce detenidos que habían comparecido ante el órgano judicial de Gijón.

La decisión, adoptada de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, estableció tres obligaciones: entregar el pasaporte, no abandonar territorio español y comparecer ante el juzgado todos los viernes.

Entre los investigados figuraban integrantes de la dirección de Núcleo Nacional. Las pesquisas habían identificado a siete personas como posibles miembros de su estructura dirigente.

La libertad provisional no implica el archivo de las actuaciones. Los investigados continúan sometidos al procedimiento penal y las medidas cautelares pueden revisarse conforme avance la investigación.

Los altercados de Gijón que impulsaron la investigación

El procedimiento judicial está vinculado a una investigación sobre actividades de grupos extremistas y episodios de violencia contra jóvenes en Asturias.

Uno de los antecedentes relevantes fueron los incidentes ocurridos en febrero de 2026 en las inmediaciones del colegio de La Inmaculada de Gijón. La investigación sobre los altercados registrados en aquella zona dio lugar a diligencias relacionadas con la actividad de integrantes de grupos de ultraderecha.

La organización había protagonizado un acto de exaltación del fascismo junto al monumento a los Héroes de Simancas, situado en la fachada del centro educativo. Aquellos acontecimientos llevaron al Gobierno asturiano a reclamar medidas contra organizaciones de extrema derecha vinculadas a comportamientos violentos.

Las pesquisas también examinan presuntas actividades de captación y adoctrinamiento de menores. Los investigadores sostienen que miembros de Núcleo Nacional habrían intentado incorporar a jóvenes a su estructura y promover entre ellos comportamientos discriminatorios y violentos.

Según las actuaciones policiales, una parte de esa actividad estuvo relacionada con un grupo juvenil identificado como White Boyz, investigado por episodios de amenazas y agresiones contra otros menores.

La investigación sobre Núcleo Nacional terminó adquiriendo una dimensión nacional, con registros y detenciones en distintas comunidades autónomas.

El sumario investiga el adiestramiento paramilitar en Ucrania

Uno de los aspectos más graves de las pesquisas es la posible preparación de acciones violentas mediante formación militar.

Según los informes policiales incorporados al procedimiento, varios integrantes de Núcleo Nacional viajaron a Ucrania en agosto de 2026 para recibir instrucción paramilitar y establecer contactos con organizaciones ideológicamente afines.

Los investigadores documentaron prácticas de tiro con fusiles de asalto, utilización de equipamiento táctico y comunicaciones entre miembros de la organización sobre la posibilidad de preparar un «alzamiento armado» en España.

La Policía sostiene que el objetivo de algunos desplazamientos era adquirir conocimientos militares y transmitirlos posteriormente a otros militantes. Esta hipótesis forma parte de las actuaciones judiciales y no constituye, por sí sola, una declaración de culpabilidad.

El sumario describe también una estructura jerárquica con un órgano central de dirección, departamentos especializados y delegaciones territoriales.

De acuerdo con las estimaciones policiales, Núcleo Nacional contaba con alrededor de 60 integrantes, distribuidos entre siete delegaciones consolidadas y otras estructuras territoriales en distintas fases de implantación.

Las autoridades investigan hasta qué punto esas actividades respondían a iniciativas individuales o formaban parte de una estrategia organizada y compartida.

La suspensión de Núcleo Nacional no supone su disolución definitiva

La orden judicial plantea una distinción importante: el cese cautelar de actividades no debe confundirse con la disolución definitiva de una asociación.

El artículo 38 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, establece que las asociaciones solo pueden ser suspendidas o disueltas mediante una resolución motivada de la autoridad judicial competente, salvo cuando la propia entidad decide disolverse voluntariamente.

La legislación permite acordar la suspensión provisional mientras se tramita un procedimiento. La disolución definitiva exige, en cambio, que concurran las causas legales correspondientes.

En el caso de Núcleo Nacional, la investigación deberá determinar si los hechos atribuidos a la organización y a sus integrantes constituyen delitos y qué responsabilidades penales pueden derivarse de ellos.

El grupo también había impulsado una formación política denominada Noviembre Nacional, inscrita bajo un nombre distinto al de la asociación. La resolución conocida este jueves se refiere específicamente a Núcleo Nacional, sin que pueda darse por acreditada una prohibición automática de esa otra entidad.

La existencia de una estructura asociativa o política legalmente registrada no impide perseguir conductas delictivas. Pero tampoco convierte por sí misma en delito la defensa de determinadas ideas, por radicales o contrarias al consenso democrático que resulten.

La diferencia jurídica está en los hechos: las amenazas, la incitación delictiva al odio, la organización de actuaciones violentas o la eventual constitución de una asociación ilícita.

Núcleo Nacional queda sin actividad mientras avanza la causa

La decisión del 12 de noviembre representa un cambio sustancial en la situación judicial de Núcleo Nacional. Después de las detenciones, los registros y las medidas impuestas a sus dirigentes, el procedimiento alcanza directamente al funcionamiento de la organización.

El colectivo tiene ordenado detener sus actividades, mantener cerradas sus sedes de Madrid, Burgos y Valladolid y afrontar el bloqueo de los contenidos de sus perfiles digitales.

Queda por determinar el resultado de las diligencias sobre las armas intervenidas, la presunta captación de menores, las comunicaciones internas y las actividades de formación paramilitar investigadas.

La causa continúa en fase de instrucción, con la presunción de inocencia vigente para los investigados. Mientras tanto, la resolución judicial impide que Núcleo Nacional siga desarrollando su actividad asociativa en las condiciones anteriores a la operación policial.