El PP promete frenar el cierre de las centrales nucleares en 100 días

El Partido Popular se compromete a eliminar el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas si llega al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación de Alberto Núñez Feijóo promete iniciar durante sus primeros 100 días de mandato los trámites necesarios para prolongar la actividad de los siete reactores que siguen funcionando en España.

La propuesta, recogida en el programa electoral presentado el 10 de noviembre bajo el lema La Reconstrucción Nacional, supone un cambio sustancial respecto a la planificación energética vigente. El PP pretende mantener operativas las centrales de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo, cuyo cierre definitivo está previsto de forma escalonada hasta 2035. No obstante, cualquier ampliación deberá contar con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El anuncio llega en un momento especialmente relevante para el sector. El Gobierno de Pedro Sánchez ya autorizó en agosto de 2026 que los dos reactores de Almaraz continuaran funcionando hasta junio de 2030, una decisión que modificó el calendario inicial, pero mantuvo el objetivo de abandonar completamente la energía nuclear en 2035.

El PP quiere ir más lejos. Su planteamiento no consiste únicamente en conceder nuevas prórrogas, sino en reformular el modelo energético español para que la electricidad nuclear siga teniendo presencia junto a las renovables, los sistemas de almacenamiento y otras tecnologías de respaldo.

El PP quiere eliminar el calendario de cierre nuclear de 2035

El compromiso electoral establece que, durante los primeros cien días de un eventual Gobierno de Feijóo, se tramitará la extensión de la vida útil de las centrales nucleares españolas.

La medida afectaría al conjunto de las cinco instalaciones que permanecen operativas, aunque suman siete reactores porque Almaraz y Ascó disponen de dos unidades cada una.

El calendario que pretende modificar el PP tiene su origen en el acuerdo alcanzado en 2019 entre las compañías propietarias de las instalaciones y Enresa, la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento nuclear.

Ese pacto estableció un abandono progresivo de la generación nuclear, con el objetivo de sustituir su producción mediante nuevas instalaciones renovables, almacenamiento y otras soluciones capaces de garantizar el suministro eléctrico.

La posición de los populares rompe con ese horizonte temporal. El partido defiende que las centrales puedan seguir funcionando mientras cumplan los requisitos técnicos y de seguridad establecidos por el organismo regulador.

Hay, sin embargo, una diferencia importante entre la promesa política y su aplicación. Iniciar los trámites en cien días no equivale a obtener todas las autorizaciones en ese plazo. Cada instalación necesita evaluaciones específicas y la correspondiente resolución administrativa.

Qué centrales nucleares podrían seguir funcionando más años

La propuesta del PP afecta al conjunto del parque nuclear español, distribuido entre Extremadura, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Tras la prórroga concedida a Almaraz en agosto, el calendario de cierre previsto queda establecido de la siguiente manera.

Almaraz (Cáceres) tiene autorización para mantener sus dos reactores operativos hasta el 8 de junio de 2030. Anteriormente, sus cierres estaban previstos para noviembre de 2027 y octubre de 2028.

Ascó (Tarragona) mantiene el cierre de su primer reactor para octubre de 2030 y del segundo para septiembre de 2032, conforme al calendario de retirada progresiva.

Cofrentes (Valencia) tiene previsto cesar su actividad en noviembre de 2030. Su continuidad más allá de esa fecha exigiría revisar las condiciones actualmente autorizadas.

Vandellós II (Tarragona) figura entre las últimas instalaciones del programa de cierre, con el final de su explotación previsto para febrero de 2035.

Trillo (Guadalajara) también tiene establecido su cierre definitivo para 2035, concretamente en mayo, cuando concluiría el proceso de retirada de la energía nuclear del sistema eléctrico español.

Estas fechas corresponden al calendario de cese previsto, que no siempre coincide con el vencimiento de las autorizaciones de explotación vigentes.

Almaraz ya consiguió una prórroga hasta 2030

La central extremeña constituye un precedente importante para el debate que plantea el PP.

El 14 de agosto de 2026, el Boletín Oficial del Estado publicó la autorización para prolongar la actividad de sus dos reactores hasta el 8 de junio de 2030, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiera un informe favorable condicionado al cumplimiento de los requisitos de seguridad.

La decisión fue adoptada por el Gobierno socialista, que justificó la ampliación por la incertidumbre energética internacional y la volatilidad de los mercados de combustibles.

El Ejecutivo insistió en que se trataba de una medida limitada, que no modificaba la retirada definitiva del conjunto del parque nuclear en 2035.

Para el PP, esa decisión evidencia que el calendario puede revisarse. La diferencia es que Feijóo propone extender esa posibilidad al resto de centrales y eliminar el horizonte general de cierre.

El papel del Consejo de Seguridad Nuclear

Una de las condiciones esenciales del programa popular es que la prolongación de la actividad cuente con el respaldo del Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo independiente encargado de supervisar la seguridad nuclear y la protección radiológica en España.

Su intervención resulta imprescindible porque las autorizaciones no dependen únicamente de la voluntad del Gobierno o de las empresas propietarias.

Los titulares de las instalaciones deben presentar documentación técnica que permita evaluar el estado de los equipos, los programas de mantenimiento, las condiciones de funcionamiento y los riesgos asociados a la operación prolongada.

El CSN examina esa información y emite los informes correspondientes. El Gobierno, a través del ministerio competente, adopta las decisiones administrativas de autorización dentro del marco legal.

Tampoco existe una fecha de caducidad técnica idéntica para todos los reactores. La continuidad de una central más allá de su vida de diseño requiere evaluaciones específicas de seguridad, envejecimiento de materiales y mantenimiento.

Por eso, una eventual victoria electoral del PP no supondría automáticamente la ampliación de las autorizaciones. El cambio de política energética tendría que traducirse en procedimientos concretos y resoluciones individualizadas.

La energía nuclear aporta alrededor del 19 % de la electricidad

El debate sobre el cierre nuclear afecta a una parte significativa de la producción eléctrica española.

Según los resultados de generación correspondientes a 2025, los siete reactores españoles produjeron aproximadamente 51.846 gigavatios hora de electricidad, equivalentes al 19,05 % de la generación eléctrica neta nacional.

Se trata de una aportación considerable para una tecnología que representa alrededor del 5,2 % de la potencia instalada.

Las centrales nucleares tienen la particularidad de producir electricidad de manera continuada durante largos periodos, salvo las paradas de mantenimiento, recarga de combustible o determinadas circunstancias operativas. Su generación tampoco depende directamente del viento ni de la radiación solar.

Esa capacidad es uno de los principales argumentos utilizados por quienes defienden prolongar su funcionamiento. Consideran que mantener las instalaciones existentes permitiría conservar generación estable mientras se desarrollan nuevos sistemas de almacenamiento, redes eléctricas y tecnologías de respaldo.

Los partidarios del calendario de cierre, por su parte, destacan la necesidad de avanzar hacia un modelo renovable y recuerdan los costes de operación, gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento asociados a las instalaciones nucleares.

La discusión también tiene una dimensión económica. Prolongar la vida de una central no garantiza por sí solo una reducción de la factura eléctrica, porque el precio final depende del funcionamiento del mercado mayorista, los costes del sistema, los impuestos y otros componentes.

Feijóo plantea combinar nucleares y renovables y revisar la factura eléctrica

El programa del PP no limita su propuesta energética a la prolongación del parque nuclear.

La formación pretende reformular el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el principal instrumento de planificación de la política energética española, para incorporar una estrategia en la que convivan la energía nuclear, las fuentes renovables y los sistemas de almacenamiento.

El partido sostiene que las distintas tecnologías deben competir en igualdad de condiciones en las subastas, ayudas públicas y procedimientos regulatorios.

También propone que España participe en las iniciativas europeas para desarrollar reactores nucleares avanzados y pequeños reactores modulares, conocidos por sus siglas inglesas SMR.

Se trata de tecnologías diferentes de los grandes reactores convencionales. Su desarrollo comercial a gran escala todavía plantea desafíos regulatorios, financieros e industriales, por lo que su incorporación al sistema eléctrico español no sería inmediata.

En paralelo, los populares plantean eliminar el impuesto del 7 % sobre la producción eléctrica, un gravamen cuya retirada gradual ya había sido acordada por el Gobierno, y crear una Tarifa Social Única destinada a los hogares vulnerables, que sustituiría los actuales bonos eléctrico y térmico.

La formación también propone reforzar las redes de distribución y transporte, facilitar las conexiones de nuevos proyectos industriales y mejorar las compensaciones a los consumidores afectados por interrupciones del suministro.

Las elecciones del 29 de noviembre decidirán el futuro del calendario nuclear

La continuidad de las centrales nucleares se ha convertido en una de las diferencias más visibles entre los modelos energéticos que concurren a las elecciones generales.

El PSOE mantiene el objetivo de completar el cierre del parque nuclear en 2035, aunque la prórroga de Almaraz demuestra que el Ejecutivo ha aceptado modificaciones puntuales del calendario ante circunstancias energéticas excepcionales.

El PP propone una modificación más profunda: suprimir el calendario general de cierre y estudiar la continuidad de cada instalación conforme a sus condiciones técnicas y de seguridad.

El resultado tendría consecuencias para las empresas eléctricas, los territorios que albergan las instalaciones y la planificación de nuevas inversiones energéticas. También obligaría a revisar las previsiones de gestión de residuos, desmantelamiento y sustitución de capacidad eléctrica.

La propuesta popular todavía es un compromiso electoral, no una decisión administrativa. Su ejecución dependerá de que Feijóo consiga formar Gobierno tras el 29 de noviembre y de los procedimientos técnicos y regulatorios posteriores.

Lo que sí ha quedado definido es el alcance del cambio que propone el PP: mantener abierta la posibilidad de que España siga produciendo electricidad nuclear más allá de 2035, una fecha que hasta este momento continúa siendo el horizonte oficial para el cierre del parque.