El PP estudia dividir la CNMC de Rajoy en tres organismos reguladores

El Partido Popular estudia dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en tres organismos independientes si Alberto Núñez Feijóo consigue llegar a la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre. La reforma supondría deshacer buena parte de la estructura creada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y permitiría abrir nuevos nombramientos en uno de los principales órganos de supervisión económica de España.

La propuesta, todavía en estudio, contempla separar las competencias de energía, telecomunicaciones y defensa de la competencia. Según la información conocida este sábado 14 de noviembre, los populares quieren tener preparada la reorganización para los primeros 100 días de un eventual Ejecutivo de Feijóo. El movimiento tiene una importante dimensión política: la reciente renovación de la CNMC ha dejado a sus actuales responsables con mandatos que, en varios casos, se prolongarán hasta 2032.

La paradoja resulta evidente. El PP sopesa desmontar una institución que él mismo impulsó hace trece años, cuando Rajoy decidió reunir bajo una sola autoridad a los reguladores sectoriales. Entonces se defendía la integración como una fórmula para mejorar la coordinación y reducir duplicidades. Ahora, el partido considera recuperar organismos especializados.

No existe, por el momento, una decisión definitiva ni una reforma aprobada. Tampoco se ha concretado públicamente cómo quedarían distribuidos los actuales consejeros ni cuántos nuevos puestos directivos se crearían.

El PP quiere recuperar tres reguladores independientes

El modelo que estudia el equipo económico de Feijóo supondría regresar a una organización parecida a la que existía antes de octubre de 2013.

La actual CNMC concentra funciones que anteriormente correspondían a distintas autoridades. Su eventual separación permitiría recuperar una Comisión Nacional de Energía (CNE), un organismo especializado en telecomunicaciones y una autoridad dedicada a investigar las prácticas contrarias a la libre competencia.

La división afectaría a tres ámbitos especialmente relevantes para la economía española.

En energía, el supervisor interviene en cuestiones relacionadas con las redes eléctricas y gasistas, el funcionamiento de los mercados y determinadas condiciones económicas del sistema. En telecomunicaciones, vigila aspectos de la regulación sectorial y las relaciones entre operadores. La autoridad de competencia, por su parte, investiga posibles cárteles, abusos de posición dominante y otras conductas empresariales que perjudican el funcionamiento de los mercados.

La especialización podría facilitar decisiones técnicas más ajustadas a las necesidades de cada sector. Sin embargo, multiplicar los organismos también exigiría nuevas estructuras administrativas, sistemas de coordinación y órganos de gobierno.

El resultado dependería de cómo se diseñase la reforma, de los recursos asignados y, especialmente, de las garantías de independencia de cada autoridad.

La renovación de la CNMC complica los planes de Feijóo

Uno de los motivos que explican el interés del PP por reorganizar el supervisor es la composición de su actual Consejo.

El pasado julio, el Gobierno aprobó el nombramiento de Juan José Ganuza como presidente de la CNMC, junto con la incorporación de tres nuevos consejeros: Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría. Los cuatro tomaron posesión de sus cargos el 9 de septiembre.

La renovación modificó el equilibrio institucional del organismo. En el PP consideran que la actual composición les deja sin influencia en las decisiones de su máximo órgano de gobierno, una circunstancia especialmente relevante ante la posibilidad de un cambio de Ejecutivo.

El problema para los populares es que los consejeros no pueden ser sustituidos simplemente porque cambie el Gobierno.

La Ley 3/2013 establece mandatos de seis años sin posibilidad de reelección. También limita los supuestos de cese anticipado, precisamente para impedir que cada alternancia política provoque una renovación automática de los supervisores económicos.

Nombramientos protegidos hasta 2031 y 2032

Los cuatro integrantes nombrados en 2026 tienen, en principio, mandato hasta 2032. Otros cinco consejeros permanecen en sus puestos con horizontes que alcanzan 2031.

La renovación ordinaria más próxima corresponde a María Jesús Martín, cuyo mandato finaliza en octubre de 2028.

Esta distribución significa que un eventual Gobierno del PP encontraría muy poco margen para modificar rápidamente el Consejo mediante los procedimientos ordinarios de nombramiento.

Separar la CNMC en tres autoridades permitiría crear nuevos órganos de dirección y abrir procesos para designar a sus responsables, aunque el alcance de esos nombramientos dependería de la legislación que finalmente se aprobase.

Eso no significa que los actuales consejeros pudieran ser destituidos sin más. Sus derechos y la protección legal de sus mandatos continuarían siendo una cuestión fundamental.

El precedente judicial que limita una posible destitución

La experiencia de 2013 dejó una advertencia jurídica que cualquier nueva reforma tendría que considerar.

Cuando el Gobierno de Rajoy creó la CNMC y eliminó los antiguos organismos sectoriales, también se produjeron ceses que terminaron en los tribunales.

En enero de 2017, el Tribunal Supremo anuló las decisiones que habían apartado de sus cargos a Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea, presidente y consejero, respectivamente, de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

El alto tribunal declaró contrarios a derecho aquellos ceses y condenó a la Administración a reponer a los afectados en sus puestos, con el correspondiente abono de retribuciones e intereses.

El precedente tiene consecuencias prácticas para los planes del PP. Una reorganización institucional no constituye, por sí sola, una autorización general para terminar anticipadamente los mandatos de los reguladores.

Entre las posibilidades que se estudian figura distribuir a los actuales consejeros entre las nuevas autoridades, respetando sus periodos de nombramiento.

La creación de nuevas presidencias y consejos, no obstante, podría permitir una redistribución de responsabilidades y abrir espacios para incorporar otros perfiles.

Una reforma que también planteó el Gobierno de Sánchez

La separación de las funciones regulatorias no es una idea completamente nueva en la política española.

En septiembre de 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un proyecto de ley para recuperar la Comisión Nacional de Energía como organismo especializado. La iniciativa, impulsada durante la etapa de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica, pretendía reforzar la supervisión de un sector sometido a profundos cambios tecnológicos y regulatorios.

El proyecto llegó al Congreso, pero permaneció bloqueado en su tramitación parlamentaria.

El PP cuestionó entonces el diseño de la nueva autoridad energética, especialmente por su vinculación administrativa con el Ministerio para la Transición Ecológica y las dudas que, a juicio de los populares, podía suscitar respecto a su independencia.

La propuesta que estudia el partido presenta una diferencia importante: no se limitaría a recuperar el regulador energético, sino que contemplaría una separación más amplia de las funciones de la CNMC.

La cuestión es políticamente delicada porque las autoridades reguladoras deben actuar con autonomía respecto de los gobiernos, independientemente del partido que ocupe el poder.

El programa electoral del PP apuesta por reguladores independientes

El programa presentado por Feijóo el 10 de noviembre, denominado Reconstrucción Nacional, incluye una medida específica sobre la gobernanza de las autoridades independientes.

Su punto 81 propone aprobar un marco común para organismos como la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos.

También plantea que sus máximos responsables sean profesionales de reconocido prestigio que no hayan ocupado recientemente cargos políticos.

Sin embargo, el programa electoral no recoge expresamente la división de la CNMC en tres organismos. Esa reorganización continúa siendo una posibilidad estudiada dentro del entorno económico del PP, no un compromiso electoral formulado con todos sus detalles.

Qué cambiaría para las empresas y los consumidores

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no es una institución que afecte únicamente a grandes compañías. Sus resoluciones tienen consecuencias para actividades económicas que forman parte de la vida cotidiana.

Su labor incluye supervisar aspectos de los mercados energéticos y de telecomunicaciones, estudiar operaciones de concentración empresarial y perseguir acuerdos que restringen la competencia.

Una reforma podría alterar qué organismo investiga determinadas conductas, quién aprueba ciertas decisiones y cómo se coordinan los supervisores.

Para las empresas reguladas, la especialización podría aportar interlocutores técnicos más centrados en cada actividad. También podría aumentar las necesidades de coordinación cuando una cuestión afectase a varios sectores.

Para los consumidores, lo determinante sería que las nuevas autoridades mantuviesen capacidad suficiente para detectar abusos, proteger la competencia y garantizar un funcionamiento adecuado de los mercados.

No hay motivos para concluir que una eventual división provocaría automáticamente cambios en las facturas eléctricas, los precios de las telecomunicaciones o las sanciones a las empresas. Esas consecuencias dependerían de las competencias efectivamente transferidas y de las decisiones posteriores.

La independencia del regulador, en el centro del debate

La posible reforma de la CNMC llega en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, cuando los partidos presentan sus propuestas de reorganización de la Administración y renovación institucional.

El PP defiende la necesidad de contar con supervisores ágiles y especializados, capaces de responder a los cambios de sectores como la energía y las telecomunicaciones. La reorganización, sin embargo, también ofrecería a un futuro Ejecutivo la posibilidad de intervenir en el diseño de los órganos de gobierno y participar en nuevos nombramientos.

Ahí aparece la principal controversia. Cambiar la estructura de un regulador no equivale necesariamente a mejorar su independencia. Tampoco mantener el modelo actual garantiza por sí solo que todas sus decisiones sean inmunes a las presiones políticas.

La cuestión tendrá que resolverse mediante garantías legales, procedimientos transparentes de selección y mecanismos que protejan la autonomía de las autoridades frente a los intereses gubernamentales y empresariales.

De momento, la CNMC continúa funcionando con su estructura actual y con Juan José Ganuza al frente. Una reforma de este alcance exigiría cambios legislativos y suficientes apoyos parlamentarios.

El PP estudia regresar al modelo anterior a 2013, pero con una diferencia sustancial: si llega al Gobierno, encontrará un organismo cuyos principales responsables tienen varios años de mandato por delante. Deshacer la institución que creó Rajoy sería posible mediante una reforma legal; utilizar esa reforma para modificar su dirección tendría límites jurídicos.