Ayuso pagó 234.000 € a The Objective, con Lupe Sánchez de consejera

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, destinó cerca de 234.000 euros en publicidad institucional a The Objective entre 2024 y 2025. Durante ese periodo, la abogada Guadalupe Sánchez Baena, conocida como Lupe Sánchez, formaba parte del consejo editorial del periódico digital y representaba judicialmente a Alberto González Amador, expareja de la presidenta madrileña, y al juez Juan Carlos Peinado.

La coincidencia de estos vínculos ha vuelto a situar bajo el foco el reparto de publicidad institucional del Ejecutivo autonómico. La inversión de la Comunidad de Madrid en The Objective alcanza aproximadamente 340.000 euros desde 2021, una cifra a la que se añaden las campañas contratadas por el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida.

La cuestión va más allá de la cantidad. Sánchez Baena no es únicamente una columnista del periódico dirigido por Álvaro Nieto: pertenece a un órgano que asesora a su dirección desde noviembre de 2022. Al mismo tiempo, ha desarrollado una intensa actividad judicial en representación de personas relacionadas con algunas de las principales controversias políticas y judiciales de los últimos años.

La existencia de estos vínculos, por sí sola, no demuestra una adjudicación irregular ni un intercambio de favores. Sí plantea una cuestión relevante sobre la transparencia en la distribución del dinero público destinado a los medios y la identificación de posibles conflictos de intereses.

Los 234.000 euros que recibió The Objective en dos años

La evolución de las campañas contratadas por la Comunidad de Madrid muestra un incremento considerable de la inversión publicitaria en The Objective.

En 2021, el Gobierno autonómico destinó 14.500 euros al periódico. La cantidad ascendió a 35.000 euros en 2022 y a 56.500 euros en 2023.

El mayor aumento llegó durante 2024, cuando la administración madrileña contrató 21 campañas por 116.250 euros, antes de IVA. En 2025, la cantidad alcanzó aproximadamente los 117.140 euros, también antes de impuestos.

La suma de ambos ejercicios asciende a 233.390 euros, que las informaciones publicadas redondean a 234.000 euros.

En conjunto, la inversión autonómica entre 2021 y 2025 se aproxima a los 340.000 euros. Los datos de publicidad institucional permiten comprobar una evolución ascendente, especialmente pronunciada durante los dos últimos ejercicios analizados.

Conviene precisar que se trata de contrataciones de espacios publicitarios con fondos públicos, no de pagos personales realizados por Ayuso ni de transferencias acreditadas a la abogada.

Lupe Sánchez, consejera editorial desde noviembre de 2022

La relación de Guadalupe Sánchez Baena con The Objective comenzó antes de los dos ejercicios en los que se concentró la mayor parte de la inversión autonómica.

El 7 de noviembre de 2022, el periódico anunció la creación de un consejo editorial presidido por Antonio Caño, antiguo director de El País. Entre sus integrantes figuraban Fernando Savater, Félix de Azúa, Francesc de Carreras, Victoria Carvajal y la propia Sánchez Baena.

El nuevo órgano fue presentado como una estructura de asesoramiento a la dirección, con reuniones periódicas destinadas a abordar las grandes orientaciones del periódico y sus principios editoriales.

Guadalupe Sánchez continúa figurando en el consejo editorial de The Objective, según la información disponible en el portal de transparencia del propio medio.

La distinción resulta importante. Ser miembro de un consejo editorial no equivale necesariamente a participar en las decisiones cotidianas sobre cada noticia publicada. Sin embargo, supone una vinculación institucional con el periódico que va más allá de la colaboración ocasional de un articulista.

La abogada de González Amador y del juez Peinado

Sánchez Baena dirige el despacho Novalex y ha asumido la representación de varias personas protagonistas de procedimientos judiciales con una importante repercusión política.

Entre sus clientes figura Alberto González Amador, empresario investigado por presuntos delitos fiscales y que mantuvo una relación sentimental con Isabel Díaz Ayuso durante aproximadamente cinco años.

Como representante del empresario, la letrada ha promovido acciones judiciales relacionadas con las declaraciones públicas sobre su situación procesal.

Entre las personas contra las que se han dirigido reclamaciones figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios integrantes o antiguos integrantes del Ejecutivo y del PSOE. Las acciones se centran principalmente en la protección del derecho al honor.

También representa al juez Juan Carlos Peinado, instructor del procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

En este caso, las actuaciones judiciales han afectado a políticos y periodistas que realizaron declaraciones críticas sobre su instrucción. Entre los nombres señalados figuran Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska, Gabriel Rufián, Pablo Iglesias e Ignacio Escolar.

No todas las reclamaciones se encuentran en la misma situación procesal, y su presentación no implica que los tribunales hayan estimado las pretensiones de los demandantes.

La letrada también mantiene una actividad pública como columnista de The Objective y colaboradora de COPE, donde expresa opiniones sobre asuntos políticos y judiciales.

Más de 400.000 euros entre la Comunidad y el Ayuntamiento

La publicidad contratada por el Gobierno autonómico no constituye la única entrada de fondos públicos madrileños identificada en las informaciones sobre The Objective.

El Ayuntamiento de Madrid destinó al periódico 67.442 euros en 20 campañas publicitarias durante 2023.

Si se suma esta cantidad a los aproximadamente 339.390 euros contratados por la Comunidad entre 2021 y 2025, el resultado supera los 406.000 euros.

Se trata de importes correspondientes a distintas administraciones y ejercicios, por lo que no deben confundirse con una única contratación ni interpretarse como una cantidad recibida directamente por las personas que colaboran con el medio.

La inversión pública procedente de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Castilla y León y Aragón, también forma parte de un conjunto más amplio de contratos publicitarios.

La financiación institucional forma parte de los ingresos habituales de numerosos medios españoles. No es una práctica excepcional ni constituye por sí misma una irregularidad.

La discusión aparece cuando se examinan los criterios utilizados para seleccionar las cabeceras, las cantidades asignadas y la justificación de la inversión.

La publicidad institucional y sus criterios de reparto

Las administraciones públicas pueden contratar espacios en periódicos, radios, televisiones y plataformas digitales para informar de servicios, campañas sanitarias, convocatorias, actuaciones públicas y otras iniciativas de interés general.

La contratación debe responder a criterios objetivos, ajustarse a la normativa aplicable y permitir conocer cómo se utilizan los recursos públicos.

En una campaña destinada a alcanzar a la población madrileña, por ejemplo, resultan relevantes la audiencia del medio, su implantación territorial, el perfil de sus lectores, el coste de los anuncios y la eficacia prevista de la difusión.

La afinidad política no debería sustituir a esos criterios a la hora de justificar una inversión sufragada con presupuestos públicos.

La Comunidad de Madrid publica documentación sobre sus contratos y planes de medios. Ese mecanismo de transparencia permite identificar campañas e importes, aunque conocer las cantidades no siempre basta para evaluar la eficacia de cada decisión.

Para determinar si una adjudicación concreta fue adecuada sería necesario examinar sus condiciones, los objetivos de la campaña y la comparación con otros soportes publicitarios.

Por eso, los datos sobre The Objective permiten constatar el volumen de contratación, pero no bastan para afirmar que se haya producido una actuación ilegal o una contraprestación política.

La relación de Ayuso con la abogada y el periódico

Los vínculos entre Isabel Díaz Ayuso y Guadalupe Sánchez Baena no se limitan a la representación judicial de González Amador.

La presidenta madrileña ha participado en la presentación de los dos libros publicados por la abogada en la editorial Deusto, una relación pública que precede a la información difundida este noviembre sobre los contratos publicitarios.

Sánchez Baena, por su parte, combina su ejercicio profesional con una presencia continuada en medios de comunicación y con su participación en el consejo editorial de The Objective.

El periódico está dirigido por Álvaro Nieto y tiene como editora y consejera delegada a Paula Quinteros. Su consejo editorial constituye un órgano diferenciado de la dirección ejecutiva.

Hay otro matiz temporal. Ayuso y González Amador habrían puesto fin a su relación sentimental durante el verano de 2026, según una información conocida el pasado 6 de noviembre. Ninguno de los dos había confirmado públicamente los detalles de esa ruptura.

La noticia sobre las cantidades destinadas a The Objective se refiere, por tanto, a ejercicios en los que ambos mantenían su relación.

El Plural también figura entre las partes demandadas en procedimientos en los que interviene Sánchez Baena. Una circunstancia relevante para contextualizar la controversia judicial y mediática.

El destino del dinero público, en el centro del debate

El caso reúne tres elementos que deben examinarse por separado: la contratación de publicidad institucional, la presencia de una abogada en el consejo editorial de un periódico y su representación de personas vinculadas a controversias políticas.

La coincidencia temporal de esas circunstancias está documentada. Lo que no queda demostrado mediante las cantidades publicadas es que los contratos se concedieran para favorecer a la letrada, influir en procedimientos judiciales o condicionar la cobertura informativa del medio.

El interés público reside precisamente en poder comprobar cómo se adoptaron las decisiones de gasto, qué campañas se contrataron y cuáles fueron sus resultados.

Entre 2024 y 2025, el Gobierno de Ayuso destinó aproximadamente 234.000 euros a The Objective. El periódico mantuvo durante ese periodo a Lupe Sánchez en su consejo editorial, mientras la abogada representaba a González Amador y al juez Peinado.

Los contratos publicitarios y los vínculos profesionales son hechos distintos. La transparencia sobre los primeros y la identificación de los segundos permiten examinarlos sin convertir una coincidencia acreditada en una acusación que los datos disponibles no sostienen.