Justicia cede 50 herramientas para agilizar los trámites judiciales

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha cedido gratuitamente 50 soluciones tecnológicas a las 12 comunidades autónomas con competencias judiciales transferidas. La medida busca facilitar los trámites por internet, mejorar el acceso a los expedientes judiciales y reducir desplazamientos innecesarios a juzgados y registros civiles.

La iniciativa permitirá extender herramientas como Carpeta Justicia, una plataforma desde la que los ciudadanos pueden consultar procedimientos judiciales, solicitar certificados oficiales y acceder a determinados servicios sin acudir presencialmente a una oficina. También incluye sistemas destinados a abogados, procuradores, funcionarios y órganos judiciales, con el objetivo de mejorar las comunicaciones y agilizar la gestión de los procedimientos.

El departamento dirigido por Félix Bolaños anunció el acuerdo el pasado 6 de noviembre, después de completar los convenios de colaboración con las administraciones autonómicas. El primero se firmó con Asturias en febrero de 2025 y el último con Andalucía el 27 de octubre de 2026. La documentación publicada posteriormente en el Boletín Oficial del Estado concreta las condiciones de estas transferencias.

No se trata de crear 50 aplicaciones nuevas ni de ponerlas todas a disposición del público de forma inmediata. Las comunidades podrán adoptar las soluciones según sus necesidades, aprovechando sistemas desarrollados por el Ministerio que ya se utilizan en distintos ámbitos de la Administración de Justicia.

Los trámites judiciales que podrán hacerse por internet

Una de las principales herramientas incluidas en los acuerdos es Carpeta Justicia, un espacio digital que reúne distintos servicios relacionados con los procedimientos judiciales y administrativos.

Su utilidad resulta especialmente relevante para quienes necesitan realizar gestiones habituales, consultar documentación o conocer la situación de un procedimiento en el que participan.

Entre sus funciones se encuentran la consulta del estado de expedientes judiciales, el acceso a determinadas resoluciones, la comprobación de señalamientos y la posibilidad de gestionar citas previas en registros civiles y órganos judiciales.

También permite consultar determinados apoderamientos judiciales y acceder a documentos electrónicos cuando el usuario está autorizado para ello.

Por ejemplo, una persona implicada en un procedimiento puede comprobar si existe información disponible sobre su expediente sin tener que desplazarse al juzgado. Eso sí, el acceso depende del tipo de procedimiento, de los permisos del interesado y de que el órgano judicial correspondiente tenga habilitado el servicio.

La plataforma funciona como una puerta de entrada a diferentes servicios públicos. No sustituye todos los procedimientos presenciales ni elimina las comparecencias que deban celebrarse físicamente.

Certificados de nacimiento, matrimonio y antecedentes penales

La digitalización también afecta a una de las gestiones más frecuentes de los ciudadanos: la solicitud de certificados oficiales.

Carpeta Justicia permite acceder a los procedimientos electrónicos para obtener certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, documentos necesarios para numerosos trámites personales, familiares y administrativos.

La plataforma incluye igualmente el acceso a la solicitud de certificados de antecedentes penales y de ausencia de delitos de naturaleza sexual. Este último se exige para determinadas actividades profesionales o de voluntariado que implican contacto habitual con menores.

Otros documentos disponibles son los certificados de actos de última voluntad y de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, especialmente relevantes para realizar gestiones relacionadas con una herencia.

La posibilidad de solicitar estos documentos por internet no significa que todos se expidan automáticamente. Los requisitos, los plazos y las condiciones de expedición dependen de cada trámite, y algunos pueden exigir comprobaciones adicionales o el pago de tasas.

Cómo acceder a Carpeta Justicia y utilizar sus servicios

El acceso se realiza mediante el portal oficial Carpeta Justicia, disponible para ciudadanos, empresas y profesionales del ámbito judicial.

Para entrar en el área personal es necesario identificarse mediante Cl@ve, DNI electrónico o un certificado digital reconocido. El sistema también admite las modalidades de identificación Cl@ve Móvil y Cl@ve Permanente.

Una vez identificado, el usuario puede consultar los servicios disponibles y seleccionar la gestión que necesita. Para solicitar un certificado, debe acceder al apartado correspondiente y seguir las indicaciones del procedimiento electrónico.

La plataforma está concebida para funcionar durante las 24 horas del día, todos los días del año, aunque determinados servicios pueden quedar temporalmente fuera de funcionamiento por tareas de mantenimiento.

La consulta de expedientes tiene límites

Conviene distinguir entre poder acceder a la plataforma y tener derecho a consultar un expediente judicial concreto.

La información de los procedimientos no es pública de manera indiscriminada. Para consultar determinados datos, el usuario debe figurar como interviniente en el procedimiento y disponer de la autorización correspondiente.

Tampoco todos los juzgados ofrecen exactamente las mismas posibilidades. Algunas herramientas de consulta de expedientes y documentos judiciales tienen una implantación territorial limitada o están disponibles únicamente para determinadas jurisdicciones.

Por tanto, que un expediente no aparezca en Carpeta Justicia no significa necesariamente que no exista o que se haya producido alguna incidencia en su tramitación.

Las 12 comunidades autónomas que reciben las herramientas

Los acuerdos de transferencia tecnológica afectan a Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Son las 12 comunidades autónomas que tienen transferidas competencias sobre los medios personales y materiales de la Administración de Justicia.

Esta distribución de competencias explica por qué la modernización tecnológica requiere acuerdos entre administraciones. Aunque la Justicia es un poder único del Estado, su organización material depende parcialmente de los gobiernos autonómicos en numerosos territorios.

Los convenios permiten compartir aplicaciones sin que cada comunidad tenga que desarrollarlas desde cero. También contemplan la posibilidad de incorporar mejoras y adaptar los sistemas a las necesidades de cada administración.

La cesión es gratuita entre las administraciones firmantes, aunque eso no elimina los posibles costes de implantación, mantenimiento o adaptación de los servicios.

Inteligencia artificial, LexNet y comunicaciones judiciales

La transferencia no se limita a los servicios que utilizan directamente los ciudadanos. Una parte importante de las 50 soluciones está destinada al funcionamiento interno de los juzgados y a las comunicaciones entre profesionales.

Entre ellas figura LexNet, el sistema de intercambio electrónico de escritos, documentos y notificaciones judiciales utilizado por los operadores jurídicos.

También se incluye DICIREG, una plataforma destinada a la tramitación electrónica de expedientes del Registro Civil.

Otra herramienta relevante es el Hub de Interoperabilidad, diseñado para facilitar el intercambio de expedientes judiciales electrónicos entre diferentes órganos. Su función resulta especialmente importante cuando los procedimientos requieren trasladar documentación entre sistemas informáticos distintos.

El Ministerio ha incorporado igualmente el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), utilizado para gestionar y consultar información de distintos registros judiciales, así como el Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), que permite realizar determinadas comparecencias por videoconferencia.

Los acuerdos incluyen soluciones basadas en automatización e inteligencia artificial para apoyar tareas como el tratamiento documental, la búsqueda de información y la gestión de procedimientos.

El convenio con Aragón, publicado en el BOE del 12 de noviembre, contempla expresamente aplicaciones de inteligencia artificial destinadas, entre otras funciones, al análisis de documentos, la anonimización de datos y el apoyo a actuaciones procesales automatizadas conforme a la legislación.

Estas herramientas deben respetar las garantías legales, la protección de datos personales y las condiciones de seguridad exigidas a los sistemas judiciales.

La implantación determinará las mejoras para los ciudadanos

La firma de los convenios supone un avance en la coordinación tecnológica de la Administración de Justicia, pero no garantiza que todas las herramientas estén operativas en las 12 comunidades al mismo tiempo.

Cada administración puede incorporar los sistemas en función de sus necesidades, infraestructura y planificación. Además, algunos servicios ya estaban disponibles antes de estos acuerdos, por lo que la cesión no debe confundirse con el estreno de todas las funcionalidades.

El objetivo es reducir las diferencias territoriales y facilitar que ciudadanos y profesionales puedan utilizar servicios digitales compatibles, con independencia de la comunidad autónoma en la que se tramite un procedimiento.

Para quienes necesitan solicitar un certificado, consultar un expediente o gestionar una cita judicial, la mejora más tangible será disponer de más trámites accesibles desde casa y evitar desplazamientos que no sean imprescindibles.

El alcance definitivo de la iniciativa dependerá de su despliegue efectivo en cada territorio. Compartir la tecnología es el primer paso; conseguir que funcione de manera homogénea y accesible será lo que determine su utilidad real.