Familias exhiben ante León XIV fotos de víctimas de protestas en Perú

Los familiares de las personas fallecidas durante la represión de las protestas en Perú de 2022 y 2023 han mostrado este domingo, 15 de noviembre de 2026, fotografías de sus seres queridos ante el papa León XIV durante su recorrido en papamóvil por Cusco. Con este gesto, las familias han llevado hasta el pontífice una reclamación que sigue sin resolverse casi cuatro años después de los hechos: conocer toda la verdad, identificar a los responsables y obtener justicia.

La protesta se ha producido cuando el vehículo papal pasaba frente a la Municipalidad de Cusco, donde representantes de distintas asociaciones de víctimas exhibieron los rostros de los fallecidos. Los familiares habían viajado desde varias localidades del sur andino, entre ellas Huamanga, Andahuaylas y Juliaca, algunas de las zonas más afectadas por la violencia que acompañó a las movilizaciones contra el Gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte.

La concentración ha coincidido con el penúltimo día de la visita apostólica de León XIV a Perú, un país especialmente vinculado a su trayectoria personal y religiosa. Para los familiares, la presencia del pontífice supone una oportunidad de dar visibilidad internacional a las muertes y a la situación de unas investigaciones judiciales que todavía no han proporcionado todas las respuestas que reclaman.

Los rostros de las víctimas aparecen ante el papamóvil en Cusco

La exhibición de las fotografías se ha desarrollado durante el paso de León XIV por el centro histórico de Cusco, donde miles de fieles se habían congregado para recibirlo.

Entre los asistentes se encontraban representantes de organizaciones de familiares de fallecidos y supervivientes de las protestas antigubernamentales. Frente al papamóvil, mostraron imágenes de quienes perdieron la vida durante los enfrentamientos y las intervenciones de las fuerzas de seguridad.

La iniciativa había sido preparada con anterioridad. El sábado 14 de noviembre, los familiares ofrecieron una conferencia de prensa en Cusco para solicitar una audiencia con el papa y pedir su intervención moral en favor de las víctimas.

Su intención era trasladarle personalmente las circunstancias de las muertes y las dificultades que, según denuncian, siguen encontrando para conseguir justicia. También habían expresado su deseo de entregarle una carta con sus reivindicaciones.

La exhibición de las fotografías está confirmada, pero no consta que León XIV haya mantenido una audiencia con los familiares ni que haya respondido públicamente a sus peticiones durante el recorrido.

Qué reclaman los familiares de los fallecidos

Las asociaciones de víctimas solicitan el esclarecimiento de las muertes, la identificación y sanción de los responsables, reparaciones para los afectados y medidas que impidan que se repitan hechos semejantes.

Entre los colectivos movilizados figura la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca, vinculada a uno de los episodios más graves de la represión.

Los familiares insisten en que las consecuencias de aquellos acontecimientos continúan afectando a numerosas familias. No se trata únicamente de las personas fallecidas. También reclaman atención para quienes sobrevivieron con lesiones graves y para los hogares que perdieron a uno de sus principales sustentos económicos.

Las asociaciones han utilizado el lema «Nos faltan 50» para recordar a las víctimas mortales y mantener viva su reclamación. Sus representantes sostienen que una reconciliación verdadera exige conocer lo sucedido y establecer las correspondientes responsabilidades.

La petición dirigida al pontífice tiene, fundamentalmente, un carácter moral. La Iglesia católica no puede sustituir a las autoridades judiciales ni determinar responsabilidades penales, pero los familiares confían en que la atención internacional contribuya a mantener sus reivindicaciones presentes en el debate público.

Qué ocurrió durante las protestas de Perú en 2022 y 2023

Las movilizaciones comenzaron en diciembre de 2022, después de que el entonces presidente Pedro Castillo intentara disolver el Congreso y establecer un Gobierno de excepción. Su decisión desencadenó una crisis institucional que terminó con su destitución y detención.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió la Presidencia, pero el relevo no puso fin al conflicto. En distintas regiones, especialmente en el sur andino, se organizaron manifestaciones que exigían cambios políticos, la celebración de elecciones anticipadas y, entre otras demandas, la dimisión de la nueva mandataria.

La respuesta de las autoridades provocó graves denuncias por uso excesivo de la fuerza. La intervención de policías y militares dejó decenas de muertos y numerosos heridos durante las semanas siguientes.

El balance de fallecidos atribuidos a la actuación de las fuerzas de seguridad se sitúa en torno a medio centenar, aunque las cifras varían según los criterios utilizados para contabilizar las víctimas.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado graves irregularidades y posibles vulneraciones de derechos fundamentales durante las operaciones de seguridad. Entre las cuestiones investigadas figuran el empleo de armas de fuego, las circunstancias de los disparos y la responsabilidad de quienes participaron en las intervenciones o tenían funciones de mando.

Las investigaciones judiciales siguen abiertas

El avance de los procedimientos judiciales es uno de los principales motivos de preocupación para las familias.

En enero de 2026, el fiscal general peruano, Tomás Gálvez, dispuso la desactivación del equipo especial creado para investigar los delitos relacionados con las protestas sociales. La decisión generó inquietud entre los afectados.

El Ministerio Público sostuvo entonces que las investigaciones continuarían bajo una nueva estructura especializada y que los fiscales encargados de los expedientes seguirían trabajando en ellos.

Según la información comunicada por la Defensoría del Pueblo de Perú el 1 de octubre de 2026, la Fiscalía tramitaba 51 expedientes relacionados con muertes y lesiones durante las movilizaciones. De ellos, 19 investigaciones se encontraban en fase intermedia, con escritos de acusación presentados, y dos casos habían llegado a juicio oral.

Estos datos muestran que existen procedimientos judiciales avanzados, aunque el esclarecimiento global de los hechos continúa pendiente.

La Defensoría también advirtió de dificultades presupuestarias para realizar pruebas periciales y atender a las víctimas. La falta de recursos, señaló, estaba provocando retrasos en las investigaciones.

Para los familiares, la lentitud de la justicia agrava las consecuencias de unas muertes que siguen marcando a numerosas comunidades del país.

León XIV regresa al Perú donde fue misionero y obispo

La presencia del pontífice en Cusco tiene un significado especial por su estrecha relación con Perú.

León XIV, nacido en Estados Unidos como Robert Francis Prevost, desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa en el país sudamericano, donde también obtuvo la nacionalidad peruana.

Su vinculación comenzó en 1982, cuando llegó como misionero, y se prolongó durante diferentes etapas hasta su incorporación a la Curia romana en 2023. Entre sus principales responsabilidades estuvo la de obispo de Chiclayo, cargo que desempeñó durante aproximadamente ocho años.

El actual viaje apostólico comenzó en territorio peruano el 11 de noviembre. Después de visitar Lima y Chiclayo, el papa llegó este domingo a Cusco, donde participó en un encuentro multitudinario con fieles en el parque arqueológico de Sacsayhuamán y rezó el ángelus desde la plaza mayor de la antigua capital del Imperio inca.

La visita ha permitido al pontífice reencontrarse con comunidades que conoce desde su etapa pastoral. También ha situado ante él algunas de las heridas políticas y sociales que permanecen abiertas en el país.

Las víctimas mantienen su reclamación casi cuatro años después

La aparición de los retratos frente a León XIV ha trasladado al escenario de una visita religiosa internacional una reclamación que las familias mantienen desde diciembre de 2022.

Los afectados han recurrido a manifestaciones, actos conmemorativos, reuniones institucionales y procedimientos judiciales para exigir respuestas. La presencia del papa les ha ofrecido otra oportunidad para recordar públicamente lo ocurrido.

La responsabilidad de investigar los hechos y, cuando corresponda, sancionar a sus autores sigue siendo de las instituciones peruanas. La verdad, la justicia y la reparación constituyen el núcleo de las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas.

Casi cuatro años después de las protestas, las fotografías mostradas en Cusco recuerdan que los procedimientos judiciales continúan abiertos y que numerosas familias siguen esperando una respuesta definitiva sobre la muerte de sus seres queridos.