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El CNI grabó a un agente investigado por filtrar secretos a EE UU

La investigación a dos agentes del CNI incluye grabaciones en un despacho, encuentros sospechosos en Madrid y 288 archivos presuntamente extraídos.

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El CNI grabó a un agente investigado

Resumen

  • El CNI vigiló a dos agentes por presuntas filtraciones a Estados Unidos
  • Una cámara oculta y 288 archivos sostienen las sospechas de la investigación
  • La causa por posible traición continúa ante la Audiencia de Madrid

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vigiló durante meses a dos de sus propios agentes, sospechosos de extraer información sensible de los servicios secretos españoles para facilitarla a Estados Unidos. La investigación incluyó seguimientos por Madrid, una cámara oculta en un despacho y el análisis de 288 archivos que, según la Policía, habían salido de los sistemas del organismo.

Los dos funcionarios fueron detenidos el 29 de septiembre de 2023 y están investigados por presuntos delitos de traición y descubrimiento y revelación de secretos. La instrucción judicial ha concluido y el procedimiento se encuentra en la Audiencia Provincial de Madrid, pendiente de los trámites necesarios para determinar si finalmente se celebra juicio. Ambos niegan haber entregado información a una potencia extranjera.

Los detalles conocidos este lunes, 16 de noviembre de 2026, permiten reconstruir cómo el CNI comenzó a sospechar de sus funcionarios. Un aparcamiento próximo a Plaza de Castilla, una reunión en un parque del barrio madrileño de Tetuán, un viaje a Portugal sin comunicar y determinados movimientos dentro de la sede de los servicios secretos acabaron formando parte de las diligencias.

El asunto tiene una dimensión especialmente delicada: Estados Unidos es uno de los principales aliados de España en materia de defensa e inteligencia. Precisamente por eso, la posibilidad de que hubiera intentado captar a funcionarios españoles provocó una crisis diplomática entre ambos países.

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Los accesos irregulares que pusieron al CNI en alerta

La investigación comenzó cuando los mecanismos internos de seguridad detectaron que un funcionario identificado como agente 7887, de 46 años, consultaba información ajena a sus responsabilidades profesionales.

Los investigadores sospecharon que determinados documentos habían abandonado los circuitos protegidos del organismo y terminado almacenados en dispositivos particulares. El seguimiento de esos accesos condujo hasta otro miembro del CNI, identificado como agente 7691, un capitán de fragata de 58 años que dirigía el área de Rusia y tenía una larga trayectoria en los servicios de inteligencia.

Ambos se conocían desde años atrás, habían coincidido profesionalmente en Bilbao y mantenían una relación de amistad. También habían adquirido una vivienda en Brasil.

A partir de marzo de 2023, el CNI intensificó la vigilancia sobre el responsable del área rusa. Sus movimientos durante determinados fines de semana comenzaron a despertar sospechas, especialmente cuando abandonaba su domicilio sin llevar ninguno de sus teléfonos.

Esta circunstancia resultaba llamativa para los investigadores porque el funcionario desempeñaba un cargo sensible y debía estar localizable ante determinadas operaciones.

Un aparcamiento de Madrid y una reunión bajo sospecha

Uno de los episodios centrales de la investigación tuvo lugar el 17 de junio de 2023.

Según las diligencias conocidas, el responsable del área de Rusia utilizaba periódicamente un aparcamiento público próximo a Plaza de Castilla. Dejaba sus teléfonos en casa, estacionaba el vehículo y realizaba desplazamientos por la zona antes de acercarse a un parque del distrito de Tetuán.

Aquel 17 de junio, los agentes que lo seguían observaron un encuentro con un hombre al que posteriormente identificaron como integrante de los servicios de inteligencia estadounidenses.

El funcionario español llevaba un rollo de papel que, después del encuentro, apareció en poder del otro hombre, según la reconstrucción policial.

Los investigadores interpretaron el episodio como un posible intercambio de información. Sin embargo, no está acreditado públicamente qué contenía aquel papel ni que incorporase documentación clasificada.

También llamaron la atención las maniobras que realizaba el funcionario durante algunos desplazamientos. En determinados momentos se detenía durante varios minutos para atarse los cordones de los zapatos, un comportamiento que los responsables de la vigilancia relacionaron con posibles intentos de detectar si estaba siendo seguido.

Un viaje a Portugal sin comunicarlo

Otro episodio investigado fue un desplazamiento a Portugal a principios de julio de 2023.

Los funcionarios del CNI tienen la obligación de comunicar sus viajes al extranjero. El responsable del área de Rusia no había informado de aquella salida, una circunstancia que incrementó las sospechas.

En su declaración judicial explicó que le gustaba conducir y que ocasionalmente realizaba trayectos largos, incluso fuera de España.

El agente también reconoció contactos con personas vinculadas a servicios de inteligencia extranjeros, aunque rechazó que aquellos encuentros estuvieran relacionados con actividades de espionaje.

La cámara oculta y los 288 archivos investigados

La vigilancia no se limitó a los desplazamientos del funcionario. El CNI instaló una cámara camuflada en su despacho para comprobar qué hacía con la documentación a la que tenía acceso.

Las grabaciones recogieron cómo el agente realizaba anotaciones a partir de información de su ordenador profesional, doblaba los papeles y los guardaba en los bolsillos o los ocultaba entre billetes antes de abandonar las instalaciones.

Los investigadores consideraron sospechosa esa forma de actuar, especialmente porque algunas operaciones se realizaban cuando estaba solo y fuera de los horarios habituales.

El funcionario ofreció otra explicación: aseguraba que utilizaba esas notas para continuar trabajando en su domicilio y que no se trataba de información clasificada.

Tras las detenciones, los registros domiciliarios y el examen de los dispositivos electrónicos ampliaron el alcance del procedimiento. La Policía contabilizó 288 archivos presuntamente extraídos de los sistemas del CNI.

Entre el material examinado figuraban referencias a fuentes de información, operaciones, despliegues internacionales, comunicaciones internas y estructuras del servicio secreto.

En el domicilio del principal investigado se localizaron también dispositivos electrónicos protegidos, un monedero de criptomonedas y 1.450 euros guardados en una caja fuerte portátil.

La aparición de esos objetos no demuestra por sí misma que existieran pagos a cambio de secretos. De hecho, uno de los aspectos que la investigación no ha conseguido aclarar públicamente es si los funcionarios recibieron alguna remuneración de servicios extranjeros.

Información sobre Rusia, Marruecos y el estrecho de Gibraltar

La documentación presuntamente extraída no se limitaba al área de Rusia que dirigía uno de los investigados.

El material analizado incluía información relacionada con la OTAN, la Unión Europea, China, Venezuela, Marruecos y el estrecho de Gibraltar, además de referencias a otras zonas estratégicas y al despliegue internacional de los servicios españoles.

La importancia de estos documentos no depende únicamente de su contenido político o militar. En inteligencia, la identidad de un colaborador, sus contactos o los procedimientos empleados para obtener información pueden resultar especialmente sensibles. La protección de las fuentes humanas es una de las prioridades de cualquier servicio secreto.

El CNI advirtió durante la investigación de que la exposición de determinadas fuentes humanas podía comprometer su seguridad e incluso poner en peligro sus vidas.

No obstante, sigue siendo fundamental distinguir entre la extracción irregular de archivos, su contenido y una eventual entrega a otra potencia. Son hechos diferentes y cada uno requiere pruebas.

El caso también tuvo consecuencias diplomáticas. España forzó la salida de al menos dos agentes estadounidenses destinados en Madrid, presuntamente relacionados con la captación de los funcionarios españoles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió explicaciones a la entonces embajadora estadounidense, Julissa Reynoso, por una actuación considerada especialmente grave entre países aliados.

Qué delitos se investigan y qué puede ocurrir en los tribunales

El procedimiento está relacionado con presuntos delitos de traición y descubrimiento y revelación de secretos.

El artículo 584 del Código Penal contempla penas de seis a doce años de prisión para quien, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, obtenga, manipule, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta susceptible de perjudicar la seguridad o la defensa nacional.

Para aplicar ese delito no basta con demostrar una irregularidad administrativa o un contacto con funcionarios extranjeros. Deben concurrir los elementos exigidos por la ley, incluido el propósito de favorecer a una potencia extranjera y la naturaleza de la información afectada.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha concluido la investigación y remitido el sumario a la Audiencia Provincial de Madrid.

El procedimiento se encuentra pendiente de los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Aunque las informaciones judiciales apuntan hacia un posible juicio por traición, todavía no debe confundirse esa perspectiva con una condena ni con una vista oral ya celebrada.

Los dos investigados permanecieron inicialmente en prisión provisional, aunque posteriormente recuperaron la libertad. Ambos mantienen su inocencia y sus defensas cuestionan que se haya probado una entrega efectiva de documentación a Estados Unidos.

El principal investigado sostiene, asimismo, que los documentos localizados en sus dispositivos no correspondían a las categorías de secreto o reservado.

Una investigación excepcional con pruebas todavía pendientes

El caso recuerda al del antiguo agente Roberto Flórez, condenado por traición tras facilitar información a Rusia. Aquel procedimiento constituye uno de los precedentes más relevantes en la historia reciente de los servicios secretos españoles.

La particularidad de la investigación actual es que la potencia presuntamente beneficiaria sería Estados Unidos, país con el que España mantiene relaciones militares, diplomáticas y de inteligencia estrechas.

Quedan cuestiones esenciales sin resolver judicialmente: qué información salió realmente del CNI, quién pudo recibirla, qué perjuicios ocasionó y si existió una contraprestación económica.

Los seguimientos, las grabaciones y los archivos examinados explican por qué se abrió la investigación. Pero el eventual juicio deberá determinar si esos indicios permiten demostrar los delitos atribuidos a los dos agentes.

Hasta entonces, el caso muestra la gravedad de una posible vulneración de la seguridad del Estado sin que las sospechas puedan presentarse como una culpabilidad demostrada.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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