España
Aragón sustituye la paga semanal de menores tutelados por incentivos
Aragón acaba con la asignación semanal automática a los menores tutelados, pero permitirá recibir dinero por incentivos y objetivos educativos.
Resumen
- Aragón elimina la paga semanal fija de los menores tutelados
- Los centros podrán dar incentivos vinculados a objetivos educativos
- Los menores podrán seguir recibiendo dinero bajo ciertas condiciones
El Gobierno de Aragón ha decidido eliminar la paga semanal fija que recibían los menores tutelados en los centros de acogida de la comunidad autónoma. La medida afecta a todos los residentes de la red pública de protección, independientemente de su nacionalidad, y sustituye las asignaciones periódicas por un sistema de incentivos educativos individualizados, vinculados al cumplimiento de objetivos concretos.
La decisión, formalizada mediante una instrucción firmada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (Vox), extiende a todos los centros un modelo que se aplicaba provisionalmente desde julio. Sin embargo, la desaparición de la paga automática no significa que los menores dejen de recibir dinero: podrán seguir percibiendo cantidades económicas destinadas a necesidades específicas, siempre que estén justificadas dentro de su programa educativo.
El cambio llega después de casi cuatro meses de evaluación en tres centros de acogida y de una polémica política y jurídica que comenzó con la retirada de las asignaciones a menores extranjeros no acompañados. La nueva instrucción elimina cualquier diferenciación por origen y establece un modelo común para todos los menores tutelados por la Administración aragonesa que residen en estos recursos.
Cómo funcionará el nuevo sistema de incentivos educativos
La principal modificación consiste en que los menores dejarán de recibir una cantidad fija de dinero de forma semanal por el mero hecho de residir en un centro de protección. En su lugar, las entidades responsables deberán establecer objetivos educativos adaptados a las circunstancias de cada niño o adolescente.
Estos incentivos tendrán que integrarse en los programas de intervención socioeducativa, responder a criterios previamente definidos y contar con la supervisión de los profesionales responsables.
El Ejecutivo aragonés pretende que las asignaciones funcionen como un mecanismo de refuerzo positivo, relacionado con la evolución educativa y el cumplimiento de los objetivos individuales.
Los menores podrán seguir recibiendo dinero
La nueva regulación permite conceder incentivos mediante actividades, bienes, servicios o entregas económicas para finalidades concretas, como el ocio, el cuidado personal y otras necesidades.
Por tanto, no se prohíbe entregar dinero a los menores tutelados. Lo que desaparece es el sistema de pagos periódicos, generalizados y automáticos, sin una vinculación específica con el programa educativo.
La instrucción tampoco establece una cantidad económica uniforme ni un límite general para estos incentivos. Las entidades gestoras deberán justificar las asignaciones y documentar su aplicación.
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero (PP), ha aclarado este miércoles 18 de noviembre que los menores con un comportamiento adecuado podrán seguir recibiendo una asignación. Según ha explicado, la diferencia es que dejará de ser un pago sistemático para convertirse en un incentivo asociado a los objetivos individuales.
Una medida que comenzó en julio con una paga de 17 euros
El origen de la decisión se encuentra en julio de 2026, cuando el departamento dirigido por Nolasco anunció la retirada de una asignación de 17 euros semanales a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad autónoma.
Aquella propuesta mantenía inicialmente las pagas para los menores españoles, una distinción por nacionalidad que provocó una fuerte controversia política y jurídica.
El Ministerio de Juventud e Infancia trasladó el asunto a la Fiscalía ante la posibilidad de que la medida constituyera una discriminación por razón de origen. La Fiscalía General del Estado abrió dos expedientes para examinar sus posibles implicaciones y el Justicia de Aragón inició una actuación de oficio.
La instrucción inicial terminó siendo revocada. Posteriormente, la suspensión provisional de las asignaciones quedó limitada a tres centros de acogida: Torrero, Movera y Peralta de la Sal.
El Gobierno aragonés justificó aquella intervención por los problemas de convivencia y seguridad detectados en esos recursos, incluidos episodios de amenazas, agresiones y coacciones entre residentes relacionados, según el Ejecutivo, con el dinero que recibían.
Aragón extiende la medida a todos los menores, sin distinguir nacionalidades
La nueva instrucción, firmada el 11 de noviembre de 2026 y anunciada públicamente el día 17, establece una regulación común para todos los centros integrados en la red pública de protección de menores.
El cambio es significativo respecto al planteamiento original. La retirada de la paga semanal deja de estar relacionada con la condición de extranjero y pasa a aplicarse también a los menores españoles tutelados.
Mar Vaquero ha insistido en que la nueva regulación no distingue por nacionalidad y que todos los menores tendrán acceso al sistema de incentivos bajo los mismos principios generales.
La medida también introduce una diferencia entre el discurso político y su aplicación práctica. Mientras Nolasco ha presentado la decisión como el final definitivo de las denominadas «propinas», la propia instrucción mantiene la posibilidad de entregar dinero a los residentes cuando esté vinculado a una finalidad educativa concreta.
En realidad, los incentivos por objetivos no eran completamente nuevos. Las entidades que gestionan centros de acogida ya utilizaban mecanismos de recompensa relacionados con los programas educativos, que convivían con las asignaciones semanales.
La novedad principal consiste en suprimir la parte fija y extender el sistema condicionado a toda la red de protección.
Más controles sobre el dinero destinado a los centros de acogida
El Ejecutivo autonómico sostiene que la experiencia desarrollada durante los últimos meses ha contribuido a mejorar la seguridad, la convivencia y la supervisión de los recursos económicos destinados a los menores.
Los informes recabados entre las direcciones de los centros han servido para justificar la extensión de la medida. No obstante, esas valoraciones corresponden a las propias entidades responsables de su gestión.
La nueva instrucción también refuerza las obligaciones de seguimiento económico. Las entidades deberán informar mensualmente de los resultados del sistema de incentivos y justificar los gastos realizados.
Hasta ahora, los acuerdos de gestión contemplaban mecanismos de control económico, entre ellos memorias anuales, auditorías externas y la posibilidad de que la Administración solicitara justificantes adicionales.
El nuevo modelo incorpora un seguimiento más frecuente de las asignaciones concedidas.
La Cámara de Cuentas de Aragón había iniciado en febrero de 2026 un procedimiento de fiscalización del gasto de los centros de protección, que incluía las cantidades destinadas al denominado dinero de bolsillo.
El ahorro económico todavía no está acreditado
Cuando se anunció la retirada inicial de las asignaciones, Nolasco calculó un posible ahorro de 180.000 euros anuales.
Sin embargo, la nueva instrucción no incorpora esa previsión ni modifica el precio por plaza establecido en los conciertos de atención residencial.
El dinero destinado a las asignaciones formaba parte de la financiación de los servicios prestados por las entidades gestoras. La sustitución de las pagas fijas por incentivos no implica necesariamente una reducción equivalente del gasto público, puesto que los recursos pueden seguir utilizándose para atender las necesidades de los menores.
Por el momento, no se ha acreditado un ahorro concreto derivado de la aplicación general del nuevo sistema.
La autonomía de los menores, ante un modelo de ayudas condicionadas
La reforma introduce un debate que va más allá de la entrega semanal de pequeñas cantidades de dinero: el papel que debe desempeñar la autonomía económica en la educación de los menores que viven bajo tutela administrativa.
Disponer de una asignación permite familiarizarse con decisiones cotidianas sobre el gasto, el ahorro y la administración de recursos personales. Son habilidades especialmente importantes para los adolescentes que se aproximan a la mayoría de edad y deberán afrontar una vida progresivamente independiente.
El Gobierno aragonés considera que vincular las entregas económicas a objetivos educativos proporciona mayores garantías de protección y favorece la convivencia en los centros.
El nuevo sistema deberá compatibilizar esa finalidad con el aprendizaje de la autonomía personal y la atención a las necesidades particulares de cada menor.
La desaparición de la paga fija es definitiva en la regulación aprobada, pero su resultado dependerá de cómo se apliquen los incentivos, de los criterios educativos utilizados y del seguimiento que realicen los profesionales.
Aragón no elimina toda posibilidad de recibir dinero para los menores tutelados. Elimina la asignación periódica automática y la sustituye por un sistema de ayudas condicionadas, con controles económicos más frecuentes y sin distinciones por nacionalidad.
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