España
Las quejas de docentes suben un 20 %: 2.402 casos de conflicto escolar
El Defensor del Profesor de ANPE atendió 2.402 casos durante el curso 2025-2026, casi un 20 % más, entre denuncias de acoso, conflictos y agresiones.
Resumen
- Las quejas de docentes aumentaron un 19,9 % hasta alcanzar 2.402 casos
- Faltas de respeto, acusaciones falsas y acoso lideran las reclamaciones
- El 72 % de los profesores atendidos manifestó ansiedad
Las quejas de los profesores en España aumentaron un 19,9 % durante el curso 2025-2026, con 2.402 casos atendidos por el Defensor del Profesor del sindicato ANPE, frente a los 2.004 del curso anterior. Las faltas de respeto, las acusaciones falsas, el acoso, las amenazas y las agresiones figuran entre los problemas que más preocupan al profesorado.
La memoria presentada este jueves, 19 de noviembre de 2026, refleja también un deterioro del bienestar emocional de quienes solicitan ayuda. El 72 % de los docentes atendidos manifestó ansiedad, mientras que el 19,1 % comunicó haber estado de baja laboral. Los datos dibujan una situación que no se limita a los enfrentamientos con el alumnado: las relaciones con las familias y la falta de respaldo institucional también aparecen entre los principales motivos de conflicto.
El informe recoge las actuaciones de un servicio que lleva más de dos décadas prestando asistencia al profesorado. ANPE advierte de que las cifras no representan todos los incidentes que se producen en los centros educativos, sino aquellos que llegan a su conocimiento. Tampoco pueden extrapolarse sus porcentajes al conjunto de profesores españoles, ya que corresponden a profesionales que han recurrido a este recurso.
Las faltas de respeto y las acusaciones falsas encabezan las quejas
Las faltas de respeto constituyen el problema más frecuente entre los docentes atendidos. Se registraron alrededor de 800 casos, equivalentes al 33,3 % del total. Les siguen las acusaciones falsas, con aproximadamente 725 avisos y un 30,2 %.
Las dificultades para impartir clase aparecen en el 20,4 % de las actuaciones, unos 490 casos. El mismo porcentaje corresponde a problemas relacionados con denuncias presentadas en los centros o ante la Inspección educativa.
Los conflictos pueden tener varios protagonistas. Según ANPE, el 41,3 % de los casos incluye problemas con el alumnado, mientras que el 33,5 % afecta a las relaciones con las familias. Cerca de la mitad de los docentes que recurrieron al servicio señalaron problemas relacionados con la Administración o con el respaldo recibido.
Estas categorías no son excluyentes. Un mismo profesor puede comunicar dificultades con sus alumnos, discrepancias con sus familias y falta de apoyo institucional.
El sindicato observa un incremento en términos absolutos tanto de los incidentes relacionados con los estudiantes como de los que afectan a los padres. Entre estos últimos destacan las acusaciones falsas, las faltas de respeto y las denuncias.
Aumentan el acoso, las amenazas y las agresiones físicas
Los episodios más graves también ganan peso en el balance anual. ANPE contabilizó alrededor de 418 casos de acoso, que representan el 17,4 % de las actuaciones, frente al 16 % del curso anterior.
Las amenazas y las agresiones físicas al profesorado forman igualmente parte de las situaciones denunciadas. El informe señala que todas las principales tipologías de conflictos aumentaron en número de casos respecto al curso anterior.
La vicepresidenta de ANPE, Sonia García, ha relacionado en sus intervenciones públicas la conflictividad escolar con un clima social cada vez más complejo y polarizado. El sindicato insiste en que los problemas de convivencia no pueden abordarse exclusivamente desde los centros educativos, sin la implicación de las familias y las administraciones.
El problema tampoco se reduce a los incidentes más visibles. Las interrupciones constantes, los enfrentamientos verbales o las acusaciones que terminan convirtiéndose en conflictos administrativos pueden deteriorar la convivencia cotidiana, incluso cuando no existe violencia física.
Secundaria concentra más conflictos, pero Primaria también preocupa
La Educación Secundaria concentra una parte importante de las solicitudes de asistencia al Defensor del Profesor. También tienen un peso destacado las procedentes de Educación Primaria, lo que confirma que los problemas de convivencia no afectan exclusivamente a los estudiantes adolescentes.
La naturaleza de los conflictos cambia según el nivel educativo. En Secundaria y Formación Profesional predominan las dificultades con los estudiantes, mientras que en Infantil y Primaria adquieren mayor relevancia las relaciones con las familias.
En Educación Infantil, el contacto cotidiano con los padres y madres puede trasladar las discrepancias sobre cuestiones educativas directamente a la relación entre las familias y los docentes. En Secundaria, los problemas relacionados con la conducta del alumnado y el desarrollo de las clases ocupan un lugar más destacado.
Los profesores con menos experiencia también denuncian conflictos
La antigüedad tampoco garantiza una trayectoria libre de enfrentamientos. Los docentes con más de diez años de experiencia aparecen especialmente vinculados a los conflictos con las familias, según el informe.
Sin embargo, los profesionales que están comenzando su carrera tampoco quedan al margen. Entre los profesores que se encuentran en su primer año de trabajo son proporcionalmente más frecuentes las dificultades relacionadas con el alumnado.
La experiencia profesional puede aportar herramientas para gestionar situaciones difíciles, pero no elimina las tensiones derivadas de la convivencia escolar. Y cuando los conflictos se prolongan, sus consecuencias pueden terminar afectando también a docentes con muchos años de trayectoria.
El 72 % de los profesores atendidos presenta ansiedad
Uno de los resultados más preocupantes del estudio afecta a la salud mental de los docentes.
El 72 % de quienes acudieron al Defensor del Profesor manifestó ansiedad, ligeramente por encima del 71,3 % registrado en el curso 2024-2025. La proporción de profesionales que comunicaron depresión se situó en el 11,4 %.
El incremento de las bajas laborales resulta más acusado. Durante el último curso, el 19,1 % de los atendidos declaró haber estado de baja, frente al 17,3 % del periodo anterior.
Las bajas fueron especialmente frecuentes entre los profesores con mayor antigüedad. Por su parte, los docentes con entre diez y quince años de experiencia fueron quienes, proporcionalmente, más comunicaron problemas de ansiedad. Los síntomas depresivos afectaron en mayor medida a profesionales de Educación Primaria y con más experiencia.
ANPE vincula este malestar a una combinación de circunstancias: conflictos de convivencia, exceso de burocracia, carga lectiva elevada, escasez de personal y dificultades para atender adecuadamente a estudiantes con necesidades educativas específicas.
El sindicato sostiene que los centros escolares asumen cada vez más funciones de carácter psicológico y asistencial sin que siempre se incrementen los recursos disponibles. Los profesores, advierte, deben afrontar situaciones complejas para las que no necesariamente cuentan con formación especializada ni tiempo suficiente.
Conviene distinguir entre los síntomas comunicados por los afectados y los diagnósticos clínicos. El informe recoge situaciones declaradas por quienes han solicitado asistencia, no una evaluación médica del conjunto del profesorado español.
La falta de respaldo institucional agrava los conflictos
La relación entre docentes y administraciones educativas constituye otro de los puntos centrales del estudio.
Solo el 24,7 % de los profesionales atendidos indicó haber recibido apoyo de la Inspección educativa u otras instancias contempladas en ese apartado del informe, una proporción inferior a la del curso anterior.
El sindicato observa que algunos profesores perciben una falta de respaldo cuando las familias trasladan directamente sus reclamaciones a la dirección del centro o a la Inspección sin intentar resolver antes las discrepancias con el docente.
Eso no significa que las reclamaciones de las familias deban quedar desatendidas. La cuestión está en garantizar procedimientos que permitan investigar los hechos, proteger los derechos del alumnado y evitar que el profesorado quede desautorizado sin una valoración adecuada de lo ocurrido.
El Defensor del Profesor ofrece asistencia para afrontar estas situaciones. Durante el curso analizado, el 88,6 % de sus actuaciones incluyó asesoramiento, el 65,6 % apoyo y el 50,5 % información sobre legislación educativa.
ANPE considera que la complejidad de los casos obliga a reforzar tanto la orientación jurídica como la atención emocional de los profesionales afectados.
Más protección docente y recursos para recuperar la convivencia
Ante el aumento de los conflictos, ANPE reclama medidas que vayan más allá de intervenir cuando se ha producido una agresión o una situación de acoso.
Entre sus principales demandas figuran el establecimiento de protocolos específicos de protección frente a la violencia, una mayor atención jurídica y psicológica para los docentes afectados y el refuerzo del apoyo que reciben desde las administraciones educativas.
También propone reducir las ratios de alumnos por aula, disminuir la carga lectiva y burocrática, ampliar los recursos humanos e incorporar personal sanitario escolar.
En materia de salud laboral, el sindicato solicita un plan de prevención de la salud mental docente, el reconocimiento de determinadas enfermedades relacionadas con el ejercicio profesional y un estatuto que regule sus condiciones de trabajo.
Las cifras del curso 2025-2026 muestran un incremento significativo de las solicitudes de ayuda, aunque no permiten concluir que la conflictividad haya aumentado en la misma proporción en todos los colegios e institutos españoles.
Lo que sí evidencia el balance es la acumulación de problemas entre quienes buscan asistencia: dificultades para impartir clase, enfrentamientos con las familias, episodios de violencia y malestar emocional.
La convivencia escolar depende de que estudiantes, familias y profesores puedan ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades. Cuando los conflictos se enquistan, las consecuencias no afectan únicamente al docente que solicita ayuda. También comprometen las condiciones necesarias para enseñar y aprender.
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